Tal como estaba previsto, los independentistas aplicaron ayer su rodillo y permitieron que la ley del referéndum fuera aprobada por la vía de urgencia en una maratoniana sesión parlamentaria marcada por la bronca política, las tretas legales y la aplicación del reglamento de la Cámara catalana a la medida de Junts pel Sí y la CUP.
Así, tras 12 horas de debate, la ley que regula la organización del referéndum independentista del 1-O fue aprobada con los votos de Junts pel Sí y la CUP y la abstención de CSQP, mientras que los diputados de PSC, PP y Ciudadanos abandonaron el hemiciclo y no participaron en la votación.
Las enmiendas
Previamente, los grupos parlamentarios intervinieron para expresar sus posturas. Germà Gordó, diputado adscrito, ha tomado la palabra para “pedir perdón a la ciudadanía por el espectáculo que hemos dado hoy”. El exconsejero de Justicia, que fue expulsado de PDeCAT por su supuesta implicación en el caso del 3%, ha presentado enmiendas en las que pide que el referéndum incluya una pregunta más inclusiva que contemple un estado independiente dentro de la UE.
Por su parte, la diputada de la CUP, Anna Gabriel, ha dicho que la votación de hoy no es un debate de legalidades, sino de legitimidades. Ha explicado que su grupo no ha querido intervenir en la bronca parlamentaria. “Menos mal que los antisistema éramos nosotros”, ha ironizado. Ha defendido la necesidad de “desbordar” las leyes, tras un proceso que comenzó en 1978 con el inicio de la democracia y que, a su juicio, debe culminar “en un derecho a la autodeterminación que abre puerta a otros derechos y a que el pueblo sea el que tenga en poder”. Y ha advertido de que, mientras duren las amenazas del PP, C,s y del Tribunal Constitucional, “saldremos a la calle”.
Hostilidad del Estado
Lluís Corominas ha intervenido por parte de JxS para insistir en que el derecho a la autodeterminación no está prohibido por las normas internacionales y es inherente a Cataluña como nación. “Es una ley que permite votar, que es vinculante y que, ante la hostilidad que nos ha demostrado el Estado, no hemos tenido más remedio que tramitarla de esta manera, por la vía de urgencia”, ha dicho.
El presidente del PPC, Xavier García Albiol, ha rechazado que “una elite política irresponsable nos eche de nuestro país, no lo vamos a permitir”. El dirigente popular ha dicho que “lo que estamos viviendo está muy lejos de lo digno y heroico”, sino un “un engaño perverso que pretende colocar a Cataluña fuera de las instituciones europeas y del Estado de derecho”. Ha tildado de “cobardes y soberbios” a quienes no quieren rectificar y han embarcado a Cataluña “en la peor crisis institucional de la democracia”. Ha acusado al presidente Carles Puigdemont y al vicepresidente Oriol Junqueras de poner a Cataluña “en ridículo” antes las instituciones internacionales y de correr hacia el precipicio.
Fractura en la izquierda popular
CSQP ha escenificado su fractura interna cuando cuatro diputados han abandonado el hemiciclo mientras intervenía el presidente del grupo, Lluís Rabell. Éste ha dicho que “más allá de las trabas del Estado y la movilización social, el 1 de octubre no se celebrará un referéndum con garantías y el aval de la comunidad internacional”. Ha calificado de “golpe gravísimo” la actuación de los independentistas, a los que ha acusado de degradar el Parlament. Por ello, avanzó que no votaría a favor de la ley.
El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha arremetido contra la presidenta del Parlament por “no estar a la altura”, mientras que ha agradecido la labor de los letrados de la Cámara. Ha advertido de que “corremos el riesgo de adentrarnos en una etapa de desconcierto y desánimo, y de descrédito de las instituciones catalanas”.
Sin avances
“Tras cinco años de proceso, no hemos tenido grandes avances”, ha manifestado Iceta, para quien el referéndum se plantea como una vía de “deshacer un empate que defraudará a todos”. El socialista ha recordado que el Consejo de Garantías Estatutarias se ha pronunciado en contra de la legalidad de la norma que hoy se tramita, mientras que los letrados del Parlament han advertido de que el Tribunal Constitucional ha suspendido las iniciativas rupturistas en las que se basa la ley del referéndum. “Ustedes quieren cargarse la legalidad catalana, el Estatuto, el Consejo de Garantías y la norma que regula el reglamento del Parlament. No podemos legitimar este disparate. No en nuestro nombre”, ha dicho el dirigente del PSC, quien ha retirado la enmienda a la totalidad tras tomar la decisión de no participar en la votación.
La líder catalana de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha dicho que su grupo “tampoco participará en esta ilegalidad. Lo que hemos visto hoy es demencial”. También ha felicitado a los letrados de la Cámara catalana “que han intentado mantener la legitimidad de esta institución”. Tras denunciar la publicación “clandestina” de la inclusión de la ley del referéndum en el orden del día del pleno, así como el desacato al Consejo de Garantías, Arrimadas ha denunciado la vulneración de la separación de poderes. “La presidenta del Parlament ha actuado hoy como la gestoría de Puigdemont y Junqueras”, ha afirmado la dirigente de la formación naranja, quien cree que los independentistas “se sienten dioses inmunes”, pero delante de los jueces “echan la culpa a los funcionarios, como pasó con el 9N. No sé en qué régimen antidemocrático se inspiran”. Ha recordado que en el programa electoral de JxS no aparecía el referéndum, sino que ya estaban dispuestos a la declaración unilateral. Y que en esa estrategia de hacerle el juego a la CUP, “PDeCAT no va a ganar nada”.
Finalmente, el diputado de Podemos, Albano Dante Fachín, ha hecho una breve intervención para denunciar que el Parlament “no ha estado a la altura de las circunstancias, nos vemos el 1 de octubre”, ha dicho, posicionándose así a favor de la celebración del referéndum.
Manifiesto sindical contra la independencia
Exdirigentes como José Luis López Bulla (CC.OO) o Josep Maria Rañé (UGT) advierten de que la secesión debilita la lucha de los trabajadores en un documento que será presentado el día 21
“No a la independencia, no a la secesión de Cataluña”. Esta frase encabeza el manifiesto que, el próximo 21 de setiembre, se presentará en las Cotxeres de Sants de Barcelona, impulsado por antiguos dirigentes sindicales, entre los que se encuentran el exdiputado de ICV José Luis López Bulla (CC.OO) o el exconsejero de la Generalitat Josep Maria Rañé (UGT).
“Queremos aportar un poco de sensatez. Hace poco me dijeron que el que calla otorga. Así que los no independentistas hablaremos”, explica Rañé a Crónica Global. El pasado fin de semana, el secretario general de CCOO de Cataluña, Javier Pacheco, aseguró que el sindicato no puede dar apoyo al referéndum del 1-O que prepara el Govern.
El Manifiesto 21-S, al que ha tenido acceso este diario, indica que “la independencia de Cataluña debilitaría gravemente la cohesión y la fuerza de la clase trabajadora en un momento histórico decisivo, con los desafíos de fondo como revertir y superar los brutales impactos de la crisis, de las reformas laborales, de la desigualdad social cada vez más aguda, de la hegemonía de un capitalismo improductivo y especulativo, de la amenaza estructural sobre el Estado del Bienestar”.
Afirman que la secesión “crearía una situación en Cataluña que podría comprometer la integración social actual, lograda a lo largo de muchos años y de muchas luchas realizadas en conjunto y podría crear graves problemas en la relación de Cataluña con el resto de España”. También “debilitaría la lucha necesaria para reconducir el debate y la acción sindical y sociopolítica al terreno de los problemas reales y urgentes para millones de ciudadanos y ciudadanas especialmente golpeados por la crisis”.
“La identidad de clase construida frente a la política de la derecha española aliada con la derecha nacionalista catalana, nos posibilita y exige hacer frente a proyectos identitarios de división”, afirman.
También impulsan el manifiesto Isidor Boix, Victória Corbacho, Manuel Gómez Acosta, Dolors Hernández, Isabel López Chamosa, Pedro López Prudencio, Francisco Neira y José María Rodríguez.
16 mentiras de Puigdemont y el independentismo
El secesionismo va a cruzar la última línea roja, aprobando una ilegal Ley de Referéndum que se salta todas las normas legales, democráticas y de convivencia para adentrarse en un camino sin salida.
Pese a las advertencias del Gobierno, de la mayoría del Parlamento, del Tribunal Constitucional y de la Fiscalía General del Estado; el soberanismo va a decidir aprobar unilateralmente un texto 'legal' con el que se arroga la convocatoria de consultas destinadas a 'avalar' la independencia catalana.
Una locura, en términos legales y políticos, que tendrá una respuesta contundente, ya anunciada por todas las instituciones del Estado, pero aún imprecisa. ¿Se aplicará el artículo 155 para garantizar que la generalitat cumpla con sus obligaciones? ¿Será el Constitucional quién corte la deriva y los jueces quienes dispongan las medidas? ¿Habrá tensión en la calle?
Mientras las incógnitas se acumulan, hay preguntas que sí tienen respuesta: todo el 'procés' se sustenta en una cadena de afrentas que, según el secesionismo, lleva décadas cometiendo España con Cataluña. ¿Tiene algo de cierto?
Con los datos en la mano, no existe un agravio hacia Cataluña. Ni económico ni histórico ni lingüístico
¿Hay algo de realidad en todas las críticas y quejas que se arguyen, desde el independetismo, para tratar de justifica el pulso y atraer a miles de catalanes a la orilla separatista? ¿Existe un agravio histórico, económico o lingüístico? La respuesta a todos los mantras del secesionismo es negativa: España lleva décadas haciendo un esfuerzo de integración, casi nunca correspondido, y éstas son las pruebas.
¿Se puede hablar con razón de una historia de España contra Cataluña?
No, en absoluto. Ni en 1714 ni en los trescientos años transcurridos desde entonces. Si la política democrática consistiera en esgrimir agravios históricos probablemente los pueblos europeos, y con ellos el español, nunca hubiéramos logrado superar nuestras diferencias de forma pacífica.
¿La Transición fue querida por los catalanes?
De manera abrumadora, la Transición española fue también una transición muy catalana. Los catalanes tenían una clara conciencia de que no había habido una guerra civil de Cataluña contra España, sino una guerra civil de todos los españoles, también de unos catalanes contra otros catalanes.
¿La Constitución y el Estatuto de 1979 fueron queridos por los catalanes?
La Constitución española es también la Constitución de los catalanes, que la celebraron masivamente. Lo es sea cual sea su residencia, igual que es la Constitución de los madrileños, los vascos o los andaluces que viven y trabajan en Cataluña. Dos de los siete ponentes constitucionales eran catalanes y muchos diputados y senadores catalanes hicieron aportaciones destacadas a la Constitución, apoyada en definitiva por más del 90% de los catalanes, una de las cifras más altas de España.
¿La Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de 2006 impide que los catalanes tengan un estatus satisfactorio dentro del marco constitucional español?
Obviamente no. Eso se repite todos los días en declaraciones y documentos, hasta el punto de que esa es la creencia general de muchos ciudadanos catalanes, pero no es verdad. Es una lamentable excusa, porque el Estatuto era inconstitucional en numerosos e importantes aspectos y el Tribunal Constitucional no tuvo más remedio que declararlo así. No fue por razones más que legales, aunque políticas y sociales existan muchas desde luego.
¿Puede hablarse de falta de representación de los catalanes en el proceso constituyente o en las instituciones del Estado?
No, bajo ningún concepto. Desde 1977 hasta hoy el número de diputados en el Congreso elegidos en Cataluña ha sido de 579. Los diputados elegidos en Madrid han sido 429. Algo parecido puede decirse del Senado. Desde ese punto de vista, la Constitución y las leyes que se han hecho en el Congreso de los Diputados para toda España han sido, de alguna manera, mucho más catalanas que madrileñas. La negativa de Puigdemont a debatir su desafío en el Congreso resume el carácter ilegal del monólogo secesionista, que se magnifica en su emproio de medios públicos, en la educación en los centros públicos y no reconoce el derecho a rebatir ni la jerarquía de las leyes o de la soberanía compartida de todos los españoles.
¿Existe un derecho a decidir al margen de la Constitución y el Derecho?
Ni en España ni en ninguna otra democracia. La Constitución y las leyes son precisamente las que aseguran el derecho a decidir sobre los asuntos políticos que nos afectan, como se viene haciendo con absoluta transparencia y naturalidad en las elecciones locales, autonómicas, europeas y generales, entre otros procedimientos, incluido el referéndum en los términos fijados en la Constitución.
¿Es aplicable a Cataluña el llamado derecho de autodeterminación?
No, no lo es. Se trata de un derecho limitado a procesos de descolonización y regímenes no democráticos y que no respetan el Estado de Derecho, sujeto a condiciones enumeradas por la ONU que no tienen nada que ver con lo que sucede en Cataluña ni en ninguna otra parte de España. Ninguna Constitución del mundo democrático lo reconoce y sólo dos lo hacen: la de Nigeria y la de una pequeña isla del archipiélago caribeño, San Cristóbal y Nieves.
¿Es legal convocar referendos como el 2014 o el próximo otoño?
No. Ni la Generalitat de Cataluña ni ninguna otra institución española pueden plantear un referéndum con semejante contenido. Cuando se apela al derecho a decidir, como ocurría en la Ley del Parlamento Vasco y ahora en Cataluña, el Tribunal observa que ese derecho presupondría la existencia de un sujeto (pueblo vasco, pueblo catalán) equivalente al sujeto titular de la soberanía que es el pueblo español. Pero ni cabe otro soberano, ni el derecho a decidir deja de afectar al conjunto de los ciudadanos. El independentismo supone alrededor del 7% de la población española, donde reside la soberanía nacional, pero también la democracia: se pretende quitar, de manera unilateral e ilegal, un derecho básico del Estado de Derecho al 93% de los españoles, catalanes incluidos.
¿Puede el Estado convocar una consulta o delegar la convocatoria de la misma en la Generalitat, tal y como ha acordado el Parlament?
Es imposible. No cabe que ninguna institución, ni siquiera el Gobierno del Estado, convoque un referéndum de secesión. Como tampoco cabe que el Gobierno delegue en la Generalitat la competencia para convocar una consulta de esta naturaleza, y menos aún para convocar un referéndum con unas preguntas anunciadas por los propios interesados, que ya se conoce que son inequívocamente inconstitucionales.
¿Existe algún otro cauce legal para una consulta de secesión en Cataluña sin modificar la Constitución?
No existe ningún otro cauce legal para una consulta de secesión en Cataluña sin modificar la Constitución. Si la Constitución no se puede reformar fácilmente es porque de ese modo se garantiza que el acuerdo de todos no se puede cambiar entre unos cuantos, y esto es algo que beneficia a los partidos pequeños, no al revés, como en ocasiones se afirma. Ni aunque el Gobierno de Rajoy quisiera, pues, podría aceptarse algo así.
¿España ha robado en el pasado a Cataluña?
No. Desde el siglo XVIII se constata un intenso proceso de modernización de la sociedad catalana, uno de cuyos indicadores más claros es el aumento de su población. Gracias a estas políticas proteccionistas y no de libre competencia, Barcelona pudo convertirse en una gran ciudad comercial e industrial, como núcleo de una Cataluña próspera. En cifras, la dependencia de Cataluña de España es absoluta; tanto por el comercio interior cuanto por la participación en Europa gracias a la pertenencia a un Estado integrado.
¿España roba ahora a Cataluña?
Por supuesto que no. El secesionismo afirma que existe un presunto maltrato fiscal que padecen los ciudadanos catalanes en el actual modelo de Estado y que por ello es urgente alterar el sistema de financiación de Cataluña, como primera etapa, y avanzar luego por la senda de la ruptura como un empeño ineludible tras tantos años de injusticia. Pero eso no es más que un mito, algo que a fuerza de ser repetido puede llegar a parecer verdadero, pero no lo es.
Es, simplemente, la propaganda que algunos partidos catalanes han alimentado para activar uno de los factores más peligrosos del populismo nacionalista: el sentimiento de pertenencia a una comunidad que es agredida desde el exterior y cuya identidad está siendo puesta en peligro. Los medios públicos catalanes, los más costosos de España con un gasto superior a canales nacionales como Antena 3 y Tele 5, han sido una sistemática maquinaria de envenenamiento de los ciudadanos con propaganda incompatible con los datos fríos.
Cataluña vende hasta 60.000 millones al resto de España y ha recibido otros tantos de rescate
¿Cuál sería la moneda de una Cataluña fuera de España?
Una Cataluña fuera de España estaría fuera también de la Unión Europea y, cómo no, de la Unión Económica y Monetaria, es decir, del euro. La deslocalización de instituciones financieras, los costes de financiación más elevados, la caída de las exportaciones a España y a la UE, y la deslocalización de empresas no financieras son algunos de los efectos que se seguirían naturalmente del mantenimiento del “euro catalán” como moneda de una Cataluña escindida. Basta recordar que, cuando la Generalita ha querido financiarse al lado de España, su deuda ha sido calificado de 'bono basura' y ha tenido que inventar 'bonos patrióticos' para que los catalanes les presten dinero. Sin España, Cataluña hubiera quedado arrollada por la crisis: unos 60.000 millones de euros han ido a parar allí a través del FLA, el mismo importe que uno de los rescates a Grecia.
¿Sería más rica una Cataluña fuera de España?
Al contrario. Su situación económica cambiaría muchísimo y para mal. Además de perder el euro, si Cataluña se encontrase fuera de la Unión Europea se vería separada de sus vecinos, España y Francia, y del resto de socios europeos por el Arancel Exterior de la Unión; la legislación de la Unión dejaría de aplicarse en Cataluña, y también se vería privada de los Fondos de la Política Agrícola Común y de los demás fondos que a lo largo de su historia Europa ha creado para paliar los efectos de la crisis en países que han estado seriamente afectados por ella o para favorecer el desarrollo regional de algunos de ellos. Sería, simplemente, un desastre quizá irreversible: su reincoporación a Europa sería lenta, condicionada o directamente imposible. Nadie en la UE avalaría algo así a costa de España.
¿Seguiría Cataluña en la OTAN?
No, no seguiría en la OTAN, por razón equivalente a la anterior. Su portavoz recientemente ha dejado claro que si una parte del territorio nacional de un país se secesiona, tendría que renegociar su entrada: “Para que cualquier nación se incorpore a la Alianza necesitaría obtener el consenso de todos los aliados de la OTAN”. Seguiría dependiendo, también en eso, de España. Y tampoco podría estar en la ONU: países con tensiones internas como Francia, Rusia o China lo vetarían, sin la menor duda.
¿Cuánto empleo y riqueza perdería Cataluña?
Por efecto frontera y deslocalización, los Flujos Comerciales de Cataluña con el resto de España se contraerían un 45%. En la actualidad, la economía catalana vende entre 44.000 millones y 62.000 millones de euros al resto de España, según qué magnitudes se incluyan en el epígrafe, que se pondrían en peligro. El stock de Inversión Extranjera Directa se reduciría en 20.000 millones.
El impacto en el empleo sería muy grave: provocaría una destrucción de hasta 447.000 puestos de trabajo, el 16% de la ocupación, de modo que la tasa de paro alcanzaría el 34,4%. El déficit público aumentaría al 10,3% del PIB y la deuda pública hasta el 118% del PIB, con vencimientos anuales del 25% del PIB, lo que situaría a Cataluña entre los países más endeudados.
El grave deterioro de las finanzas públicas obligaría a fuertes recortes de gasto público de la Generalitat en partidas clave para el bienestar social. Las implicaciones negativas en el balance bancario harían inviable la financiación de PYMES y supondrían una restricción financiera insalvable. En fondos europeos, Cataluña perdería cada año unos 500 millones de euros, en su mayoría agrícolas, lo que reduciría un 16% la renta de las 59.000 masías. Y, por último, Cataluña tendría que hacerse cargo de al menos 100.000 millones de la deuda de España que le correspondería liquidar como cuota propia del conjunto.
El repugnante mensaje contra Inés Arrimadas y el sectarismo de dos periodistas
La portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, Inés Arrimadas, denunció ayer el mensaje publicado por una separatista en Facebook deseándole que la violaran en grupo por su opinión.
El mensaje incitando a la violación era de acceso público
Éste es el mensaje publicado por Arrimadas, en el que muestra la captura del comentario hecho por la usuaria de Facebook:
Como se puede observar, ese nauseabundo mensaje se publicó en Facebook dando acceso a todo el mundo (lo indica el pequeño globo terráqueo que se ve en el mensaje, a la derecha de la hora). Así pues, no era un mero mensaje privado que sólo podían leer los contactos de su autora.
La autora del mensaje es despedida por su empresa
Ante la indignación provocada por su comentario, la usuaria cerró sus perfiles de redes sociales en Facebook, Twitter y Linkedon. Por la tarde, la empresa para la que trabajaba la autora de esa incitación a la violación anunció su despido:
Es lógico que una empresa no quiera mantener relación alguna con alguien capaz de escribir semejante salvajada. Ya no sólo por lo que puede perjudicar a la imagen de la empresa, sino por la clase de persona que demuestra ser la autora de esa incitación a la violación. ¿Quién que tenga un mínimo de cordura desea contar en su empresa con alguien que incita a violar a una mujer porque no le gustan sus opiniones?
Un mensaje tan repugnante como el señalado, al menos, ha servido para poner de acuerdo a toda la clase política: desde los afines a Arrimadas hasta sus rivales han condenado esa incitación a la violación. Es un alivio saber que al menos, ante un hecho tan grave, no hay políticos poniendo “peros”. Sin embargo, no se puede decir lo mismo del periodismo.
¿Desear la violación de alguien sólo es “insultar”?
Dos periodistas afines a Podemos han aprovechado para dar la nota y hacer gala de su sectarismo. Sin haber escrito nada en todo el día sobre lo ocurrido, el primer mensaje de Ignacio Escolar sobre esta noticia llegó a las 19:10 y fue para cuestionar la legalidad del despido. Para colmo, el director de Eldiario.es ha usado el verbo “insultar” para referirse a la citada incitación a la violación, recibiendo una avalancha de críticas por ello.
¿Una incitación a la violación es equiparable a despedir a quien la hace?
Peor aún fue la reacción del otro periodista afín a Podemos, Antonio Maestre, que equiparó el despido con la incitación a la violación:
Unas horas después, y ante las críticas recibidas por esa equiparación, Maestre se defendía con este argumento:
Lo que dijo cuando los linchados eran un cardenal y los hijos de un dirigente del PP
Este mismo señor que ayer hablaba de “linchamientos” para referirse al despido de la autora de ese vomitivo mensaje, hace dos años acusó de victimismo al Cardenal Cañizares por llamar “linchamiento” a la ola de insultos que sufrió en las redes sociales por decir lo obvio sobre los refugiados: que entre ellos se estaban colando yihadistas.
Antonio Maestre tampoco consideró adecuado usar la palabra “linchamiento” cuando en junio de 2013 dirigió este mensaje a Esteban González Pons burlándose de un “escrache” hecho dos meses antes, en el que aporrearon durante 10 minutos la puerta de su domicilio, en su ausencia y estando sus hijos dentro, hecho que la Justicia calificó como coacciones.
Es decir, que aporrear la puerta de una vivienda de un dirigente del PP habiendo niños en la casa le parece algo de lo que uno se puede mofar, pero ojito con despedir a una energúmena que publica una incitación a violar a una diputada de Ciudadanos. ¿Se puede ser más sectario?
Fuente: Crónica Global, esdiario.es, ECD
