Una nueva metedura de pata del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, sigue acreditándole como ‘pisacharcos oficial’ del Gobierno de Rajoy. En esta ocasión, el descalabro ministerial ha consistido en revelar a través de un tuit y una nota informativa, antes de tiempo, el supuesto éxito de la ‘operación Jaque’ desarrollada por la Guardia Civil contra el denominado ‘aparato de Makos’ y para detener a los abogados de ETA que Interior considera 'tentáculos' de la banda terrorista en el ámbito carcelario. La intervención se enmarcaba dentro de la investigación judicial que lleva a cabo el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.
La Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales del Ministerio del Interior, que dirige Alberto Gimeno, informó a todos los medios de España a las 15:06 horas de la redada a través de la Red antes, incluso, de que los agentes de la Benemérita que la iban a ejecutarla salieran de su base en el cuartel de La Salve de Bilbao, dando por hecho de forma anticipada el arresto de “varios presuntos miembros de ETA en el País Vasco y Navarra”, y asegurando que “las detenciones se han realizado mientras se celebraba una reunión orgánica en una de las sedes de los abogados defensores de los miembros de ETA”. La realidad es que cuando se lanzó la información urbi et orbi aún no se había irrumpido en el despacho de la abogada Arantza Zulueta, ubicado en la calle Elcano número 20 de la capital vizcaína, donde estaban reunidos los seis abogados que iban a ser detenidos (otros dos serían arrestados más tarde en Burlada (Pamplona) y Hernani (Guipúzcoa).
Gracias a esa masiva alerta informativa, al personarse la Guardia Civil en el despacho objeto de la intervención, los abogados de ETA ya habían disuelto la reunión y se encontraban manipulando varios ordenadores. No obstante, ninguno de ellos pudo huir porque los alrededores del despacho estaban vigilados a la espera de iniciarse el registro.
No es la primera vez que Jorge Fernández provoca el enfado de los servicios antiterroristas por adelantar operaciones públicamente. En su función de auténtico ‘pisacharcos’ ya convocó una conferencia de prensa para dar detalles sobre una operación policial contra los Grapo por el secuestro de Publio Cordón, mientras la operación estaba abierta y bajo secreto sumarial. Entonces, la indignación en la Audiencia Nacional fue de tamaño mayúsculo, hasta el punto de que el juez Javier Gómez Bermúdez abrió una investigación al ministro, que luego archivó, para determinar si había incurrido en un delito de revelación de secretos.
Por otra parte, en julio de 2012 el ministro Fernández también reveló en una emisora de radio y con cuatro horas de antelación la detención de Juan María Mujika Dorronsoro, acusado de participar en 2001 en un triple intento etarra de derribar con un misil tierra-aire Strela-7 el avión Falcon 900 en el que viajaba el entonces presidente del Gobierno José María Aznar. Como es lógico, los gritos y maldiciones de los guardias civiles que durante dos años y medio habían trabajado para arrestar al etarra, fueron sonoros cuando escucharon al propio Ministro del Interior anunciar que en breve iba a haber “buenas noticias” en la lucha antiterrorista.
La desmedida afición del ínclito Jorge Fernández al protagonismo mediático y su avidez para apuntarse tantos políticos precipitados, son de una torpeza rayana en lo patológico. A ellas debe Mariano Rajoy una buena parte de la pésima valoración que la sociedad española otorga a su Gobierno: pues que lo mantenga pisando charcos hasta agotar la legislatura y que con su pan se lo coman, él y el PP.
