El Senado argentino votó en contra de legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, sin embargo el Ejecutivo planea una reforma del Código Penal que evite que las mujeres que abortan sean sancionadas penalmente.
Un día después del rechazo del Senado argentino a la legalización del aborto, varios medios de comunicación se hicieron eco de una propuesta del Poder Ejecutivo. En el marco de la reforma del Código Penal que se enviará este mismo mes al Congreso, podría incluirse la despenalización de las mujeres que interrumpan sus embarazos voluntariamente.
Hasta el momento, de acuerdo al Código vigente que data de 1921, el aborto es no punible solo ante casos de violación, peligro de vida o salud de la madre e inviabilidad extrauterina del feto. Cualquier otra circunstancia acarrea la sanción penal de la mujer de uno a cuatro años de prisión.
Con esta propuesta que, de acuerdo al diario Clarín es impulsada sobre todo por el ministro de Justicia, Germán Garavano, las mujeres dejarían de ser penalizadas. De todas formas, se mantendría la ilegalidad del aborto con lo cual, tal como reza la actual legislación, habría condenas para médicos, cirujanos y/o farmacéuticos que lleven adelante la práctica.
Esta propuesta tiene, a priori, un consenso mayoritario entre los legisladores, ya que durante el debate por el aborto, casi todos ?más allá de su postura? sostuvieron que las mujeres no deberían ir presas por esto. Así lo expresó el senador Esteban Bullrich, uno de los principales opositores al proyecto de legalización. "No es razonable pensar que si una mujer aborta debe ir presa", sostuvo este jueves en diálogo con radio La Red.
"No me siento aliviado por el resultado. Creo que hay mucho trabajo por delante. Creo que hay una vocación de muchos senadores de cambiar las cosas", completó el exministro de Educación.
"La legalización del aborto se volverá a discutir en Argentina"
LIMA (Sputnik) — La cuestión de la legalización del aborto tendrá que volver a discutirse en Argentina, afirmó a Sputnik el secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Mario Cimoli.
"Argentina es un país independiente, que tiene su Senado, y la ley (de legalización del aborto) la votaron los representantes del pueblo en un espíritu democrático; así que fue una decisión que se tomó en un debate muy interesante; es evidente que el tema está sobre la mesa y que estos temas, cuando empiezan así, antes o después hay que volver a discutirlos", dijo Cimoli.
El experto se encontraba en la capital peruana en el último día de la Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, que comenzó el 6 de agosto.
En los tres días de la reunión, enfocada en temas de desarrollo, se vio fuertemente marcada por el debate y la movilización en torno del proyecto de legalización del aborto, votado por el Senado argentino.
Cimoli estimó que, más allá de lo sucedido en Argentina, América Latina avanza en materia de desarrollo y derechos humanos.
"La región está atrasada, pero tampoco es la más atrasada del mundo; es una región muy desigual, con muchos problemas sociales, con un tema grave de pobreza y desigualdad, pero poner estos temas de desarrollo sobre la mesa, sabiendo que cada uno tiene un rostro, sí nos parece importantísimo", opinó Cimoli.
El Senado de Argentina rechazó la legalización del aborto
Tras 17 horas de debate, el Senado de Argentina ha rechazado la ley de interrupción voluntaria del embarazo aprobada por la Cámara de Diputados de ese país el pasado 14 de junio. El proyecto obtuvo 38 votos en contra, 31 a favor y 2 abstenciones.
La mayoría de los votos en contra los emitieron senadores de la Alianza Cambiemos y el Partido Justicialista (PJ).
Esta iniciativa no se podrá volver a abordar hasta el año que viene y, si nada cambia en el ámbito legislativo argentino, es posible que no se debata de nuevo hasta después de las elecciones de 2020.
El proyecto
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, compuesta por más de 300 organizaciones y fundada en 2005, presentó esta propuesta, ya que desde su creación realiza tareas de difusión e impulso de un proyecto de ley que, tras varios intentos fallidos, logró llegar a los legisladores argentinos este 2018.
El texto planteaba la posibilidad de realizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. Esa intervención debería ser garantizada en todos los centros de salud públicos o privados en un plazo de cinco días una vez hecho el requerimiento.
Los profesionales que no desearán realizar esas intervenciones se podrían inscribir en una lista de objetores de conciencia, pero no podrían alegar esa opción si se tratara de una urgencia. Por su parte, las instituciones no tendrían esa posibilidad y deberían contar con profesionales capacitados para esa tarea.
Cambios propuestos
En el marco de la discusión en el Senado y con el objetivo de buscar la legalización del aborto, senadores de Córdoba impulsaron una serie de reformas a lo aprobado en Diputados que logró el consenso de quienes apoyaban el proyecto.
Así, se pusieron de acuerdo en reducir el plazo para poder abortar de manera legal de 14 a 12 semanas, permitir la objeción de conciencia institucional y eliminar las sanciones a los médicos que se negaran a realizar esas intervenciones.
Manifestaciones tras el rechazo
Tras conocerse los resultados de la votación en el Senado, las calles de Buenos Aires se han visto colmadas de protestas. Entre manifestantes de la 'marcha verde' y la Policía se han registrado algunos incidentes.
Al menos siete personas han sido detenidas en medio de las protestas y una persona ha resultado herida en los disturbios, según Clarín.
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Un benéfico efecto colateral… Miles de personas hacen largas filas en Argentina para renunciar a la Iglesia católica
La Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL) convocó esta apostasía colectiva mientras el Senado de ese país votaba la legalización del aborto.
Mientras el Senado de Argentina debatía sobre la legalización del aborto —proyecto que rechazaron los legisladores—, en las calles miles de ciudadanos escenificaron una de las mayores protestas del pasado 8 de agosto.
Hombres y mujeres que se manifestaban a favor de esa iniciativa hicieron una larga fila y llenaron formularios para renunciar a la Iglesia católica.
La Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL) convocó esa apostasía colectiva para quienes fueron bautizados y ya no se sienten representados por esa institución.
Fernando Lozada, integrante de CAEL, explicó a Página 12 que "para quien no está representado por la Iglesia [católica] es un acto de desafiliación tal como si, a una edad temprana, nos hubiesen anotado en un club o en un partido político con el que no coincidimos".
En un comunicado previo, esa coalición señaló que la separación entre religión y Estado "es fundamental" para que todos los ciudadanos tengan "un piso de igualdad" sin importar "las creencias y convicciones que puedan tener".
