La demanda civil que el expresidente de la Generalitat Catalana Carles Puigdemont y sus consellers fugados a Bélgica han interpuesto en aquel país contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, gira en torno a unas declaraciones del magistrado que se han falseado en la traducción.
Según avanzan este martes El Mundo y El Confidencial, Llarena nunca dijo ante los medios de comunicación que los investigados por el procés fuesen culpables, una supuesta afirmación que motiva la demanda por un delito contra el honor y la reputación impuesta en un juzgado de Bruselas por Puigdemont y el resto de políticos independentistas huídos allí.
El problema estaría, de acuerdo a ambos medios, en la traducción al francés de las citadas declaraciones, pues mientras Llarena habló ante la prensa sobre los delitos que está investigando utilizando el condicional, en el texto francés que los abogados de los consellers la comisión de esos delitos se da por sentada. Se cambia así, el sentido de sus palabras.
"No es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cual haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que esto ha sido así, pues tienen que ser investigados", dijo Llarena a la prensa al término de un curso en Oviedo en el que estaba participando.
Sin embargo, la afirmación que recoge la denuncia es "peu importe ce qui peut avoir été la motivation qui a conduit a des personnes à les commettre, et oui c'est ce qui s'est produit, il faut faire une enquête", es decir: "Con independencia de cual haya sido la motivación que les haya llevado a cometerlos, como en efecto sucedió, tienen que ser investigados", tal y como recoge El Confidencial.
La falsificación de la querella a Llarena con el que Puigdemont demuestra lo que es
Varios medios han difundido las diferencias entre las declaraciones de Llarena del pasado 22 de febrero tras una conferencia en Oviedo y las palabras traducidas al francés, lengua en que se presentó la demanda en Bélgica el pasado 5 de junio. En la literalidad de sus palabras se basa la querella presentada por Puigdemont y los exconsellers, puesto que en apenas un par de frases Llarena rechaza que los hechos de la causa sobre el ‘procés’ estuvieran siendo investigados por motivos políticos. El hecho de rechazar la existencia de presos políticos por la causa que él mismo instruía sirvió a Puigdemont y a los suyos para poner en cuestión la necesaria imparcialidad del juez.
Imagen de las dos versiones de la querella contra Llarena presentada por Puigdemont en Bruselas. (LV)
La expresión “si es que esto es así”, fue traducida al francés por una rotunda afirmación: “Y sí, eso es lo que sucedió”
El error ha sido aprovechado también por el PP para arremeter contra el Gobierno y su gestión del asunto de la querella. En una entrevista en RNE, el vicesecretario de Organización, Javier Maroto,?ha considerado “preocupante” que el Gobierno no hubiera detectado que la demanda civil parte de unas declaraciones falseadas en la traducción.
El 'error' de traducción contra el juez Llarena: de aplazar la vista a la nulidad
El cambio en el sentido de las declaraciones del juez Llarena en la versión francesa de la demanda civil presentada ante un tribunal de Bruselas en su contra puede tener repercusiones en el desarrollo del procedimiento. Jueces y fiscales consultados por El Confidencial aseguran que lo que según el equipo de abogados del 'expresident' fue "un error de traducción" provocó un cambio "nuclear" en las afirmaciones del magistrado que, cuando menos, se traduce en una evidente falta de credibilidad ante la instancia belga a la que se recurre.
Este fallo —que, según ha anunciado el letrado Gonzalo Boyé, será subsanado— da alas a la defensa del magistrado, que puede argumentar ahora empleando esta modificación del contenido de las palabras del juez, al que se acusa de dañar el honor y la reputación de los investigados en la causa sobre el 'procés'. Carga así de argumentos al abogado belga que ejerza finalmente la defensa del Reino de España y del propio Llarena en Bélgica, en representación de la Abogacía del Estado.
Las fuentes consultadas avisan que incluso sin que exista una mala fé procesal —es decir, sin que la alteración del sentido de la frase que se pone en boca de Llarena sea intencionada—, el letrado puede reclamar al menos un aplazamiento en la citación prevista para el próximo 4 de septiembre. Esto es porque la variación figura en un punto sustancial de la demanda, presentada, además, en francés en su versión original, que puede incluso cambiar los argumentos de la defensa de Puigdemont.
El 'error' cambia por completo el contenido de la declaración: Llarena pasa de resguardar en castellano la presunción de inocencia de los investigados a asegurar de forma rotunda que han cometido delitos penales. En la transcripción castella reflejada en el escrito, Llarena descarta que los investigados en la causa sobre el 'procés' lo estén siendo por motivos políticos y asegura que trata de determinar si han cometido delitos recogidos en el Código Penal. Dice textualmente, en respuesta a una pregunta sobre si en el procedimiento hay presos políticos: "No es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cuál haya podido ser la motivación que haya llevado a las personas a cometerlos, si es que esto ha sido así, pues tienen que ser investigados". Sin embargo, en francés, esta prevención del condicional "si es que esto ha sido así" varía a una aseveración. Un "sí, fue así".
Los expertos consultados inciden en que algo así puede emplearse también para forzar una nulidad de las actuaciones. Esto dependerá, por supuesto, de la estrategia que adopte el abogado que sea finalmente contratado. Según ha podido saber El Confidencial, el Ministerio de Justicia ya se encuentra en trámites de formalizar un contrato para que un belga, francófono por tanto, ejerza la doble función de defender al Estado y al magistrado.
Otros de los consultados pintan el escenario más perjudicial para los interereses del 'expresident'. Aseguran que si puede demostrarse que se ha tratado de una simulación deliberada para inducir a error al juez belga en un punto clave, se entraría en el terreno de la estafa procesal, tipificada en el artículo 250 del Código Penal, en caso de que existiera ánimo de lucro con la acción maliciosa. Los demandantes piden un pago simbólico de un euro.
Las raíces republicanas del juez Llarena
El juez del Tribunal Supremo que instruye la causa contra los líderes independentistas, Pablo Llarena, tiene raíces republicanas en Lleida. Un profesor de Mollerussa ha descubierto que el cementerio de su pueblo, Torregrossa (Pla d’Urgell), está enterrado el bisabuelo del juez, Toribio Llarena López, que murió el 27 de octubre de 1918.
Trabajaba como secretario municipal para el alcalde Jaume Aldomà, republicano catalán e “íntimo amigo del president Macià”. Uno de sus seis hijos y abuelo de magistrado, Juan Llarena, fue inspector de enseñanza e inauguró la que está considerada como primera escuela de la Mancomunitat de Catalunya junto con Eugeni d’Ors.
De lo que sí hay constancia es del vínculo republicano del abuelo del juez Llarena, Juan Llarena, que ejerció como inspector de Enseñanza en Lleida y está enterrado en Barcelona. Según Ramon Manuel Ribelles, el abuelo Llarena era “un hombre muy avanzado ideológicamente”, que estudió con la reconocida maestra republicana Rosa Sensat en una asociación de maestros de Barcelona.
En este sentido, Ribelles asegura que Llarena fue un “maestro innovador, el alma y el origen de muchas acciones pedagógicas del momento”, e inauguró junto con Eugeni d’Ors la primera escuela que creó la Mancomunitat, llamada ‘Los Torms’.
De hecho, el abuelo del juez Llarena elogió en algunos momentos “la acción de la Mancomunitat como una acción de los políticos catalanes” y la comparó con el federalismo que él pedía para todos los maestros. Consideraba una lástima que a nivel estatal los maestros no se pudieran confederar como un “conjunto asociativo para rentabilizar recursos y esfuerzos”.
Fuente: El Confidencial, La Vanguardia y otros
