(...) De hecho, su implicación en aquel tipo de guerra sucia ha sido tan evidente que el periodista de investigación Alfredo Grimaldos, autor de “La CIA en España” (Editorial Debate, 2006) no ha dudado en reiterarlo públicamente. Por ejemplo, a la pregunta sobre si la CIA había controlado los GAL (“Periodista Digital” 09/10/2006), contestaba: “No directamente. Pero el cerebro de los GAL fue un hombre de la CIA en España, el general Andrés Cassinello. Pero se quitó de en medio cuando implicaron a Rodríguez Galindo por temor a salir mal parado”…
ANDRÉS CASSINELLO (sus tres nombres subsiguientes son Fernando, José y Perfecto de la Santísima Trinidad) nació el 18 de abril de 1927 en Almería, ciudad en la que su abuelo paterno había sido alcalde. Su padre, José Cassinello Barroeta, militar retirado prematuramente tras participar en la Guerra del Rif (Marruecos), ejerció como Corredor de Comercio en la delegación del Banco de España de Almería. Un hermano de su padre, Andrés Cassinello Barroeta, fue un conocido ingeniero de minas y político conservador, diputado electo en 1933 por el partido Acción Popular (fundado por Ángel Herrera Oria con el nombre previo de Acción Nacional).
Se da la circunstancia de que tanto el padre como el tío de Andrés Cassinello, es decir los hermanos José y Andrés Cassinello Barroeta, fueron asesinados en la Guerra Civil, el primero en Turón, un pequeño pueblo da la Alpujarra granadina, y el segundo en ‘Los Pozos’ de Tabernas (Almería). Ambos hermanos fueron incluidos en el proceso de beatificación de los Mártires de Almería (causa común).
Cassinello ingresó en la Academia General Militar en septiembre de 1945, obteniendo el despacho de teniente del Arma de Infantería en 1949. Ascendió a capitán en 1958. Junto al diploma de Estado Mayor, que obtuvo en 1958, también cursó las especialidades de Cooperación Aeroterrestre y de Acción Psicológica e Información Contrasubversiva, ampliadas en 1966 en el “Centro de Guerra Especial JFK” de Fort Bragg (Carolina del Norte, USA) con formación específica en contrainsurgencia y guerra especial.
Todavía con el empleo de capitán, en 1968 obtuvo destino en la OCN (Organización Contrasubversiva Nacional), germen tentativo de los actuales servicios secretos que en marzo de 1972 se convertiría en el SECED (Servicio Central de Documentación). Bajo aquella cobertura inicial, Cassinello ideó un plan para lavar la cara del régimen franquista con motivo de las penas de muerte falladas en el denominado “Proceso de Burgos” (Consejo de Guerra Sumarísimo 31/69). Convenció a la madre de uno de los condenados, Javier Izco de la Iglesia, para que escribiera una carta al Caudillo como viuda de excombatiente requeté, solicitando la gracia para su hijo y los otros cinco condenados a pena de muerte: Javier Larena, Jokin Gorostidi, Teo Uriarte, José Dorronsoro y Mario Onaindia. El plan funcionó y en un acto presentado como de buena voluntad, que además validaba indirectamente las fuertes presiones internacionales recibidas en el mismo sentido, el Generalísimo concedió la gracia solicitada.
En marzo de 1970 Andrés Cassinello ascendió a comandante, continuando vinculado a la OCN y después al SECED prácticamente durante todo ese empleo, salvo un breve periodo de tiempo en el que cesó por diferencias personales con el teniente coronel San Martín que fue su creador y primer director. Se reincorporó tras el asesinato del almirante Carrero Blanco, ocurrido el 20 de diciembre de 1973, ya con el comandante Valverde como nuevo director.
Algunos medios informativos han venido reproduciendo la noticia errónea de que Andrés Cassinello y José Faura fueron los agentes del SECED que propusieron y facilitaron la presencia de los miembros del PSOE en su XIII Congreso (clandestino), celebrado en la localidad francesa de Suresnes, cerca de París, del 11 al 13 de octubre de 1974, todavía con Franco vivo. El hecho, contrastado con quienes en el SECED realmente lo vivieron en primera persona, es que facilitar aquel congreso fue iniciativa de otro oficial de inteligencia que la transmitió directamente a Juan Valverde, quien a su vez se la propuso al presidente Carlos Arias. Una vez autorizada, Cassinello y Faura fueron meros vigilantes de oficio del proceso, aunque siempre cuidaron, sobre todo éste último, de magnificar el caso para acreditar su predisposición personal a la reforma democrática y aproximarse a los medios socialistas.
En julio de 1977 Andrés Cassinello sustituyó a Juan Valverde por decisión personal del entonces presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, amigo de su hermano José Cassinello (que estuvo destinado en Presidencia del Gobierno y también alcanzó el generalato). En diciembre de ese mismo año ascendió a teniente coronel, quedando inicialmente vinculado al CESID que, como nuevo organismo titular de los servicios de inteligencia, incorporó todo el aparato del SECED.
Como hombre de confianza del presidente Suárez (y del Rey), Cassinello si que participó de forma personal en operaciones de la máxima trascendencia durante la transición política. Él fue quien viajó a Francia para pactar con Josep Tarradellas en Saint-Martin-le-Beau su regreso a Cataluña, consumado el 23 de octubre de 1977.
Durante un largo y crucial periodo de seis años (1978-1984), Cassinello ocupó la jefatura del Servicio de Información de la Guardia Civil (Segunda Sección de su Estado Mayor). A partir de 1981 simultaneó dicho cargo con la subdirección del Mando Unificado para la Lucha Contraterrorista (MULC) que dirigía el comisario Manuel Ballesteros, ascendiendo a coronel en 1982. Fue entonces cuando el nuevo presidente del Gobierno, Felipe González, considerando su reconocida capacidad y experiencia en materia de información y lucha contra el terrorismo, le encomendó perfeccionar la organización y los contenidos del “Plan ZEN” (Zona Especial Norte), cuyo cometido fundamental era acabar con ETA.
En el marco de esa reorganización fue cuando tomó cuerpo la organización clandestina denominada GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), que impondría el “terrorismo de Estado” en la lucha contra ETA. Sin embargo, Cassinello siempre supo zafarse con gran habilidad de las múltiples acusaciones que le vinculaban a aquella guerra sucia contra el terrorismo etarra, llegando a declarar públicamente: “No soy un obispo, ni un jurista y he asistido a demasiados entierros para que pueda condenar algunos hechos. Pero creo que matar la libertad para defenderla no es una solución. Debemos resistir cada día a la tentación totalitaria de la violencia: La sociedad debe preguntarse qué precio está dispuesta a pagar para acabar con el terrorismo. Saltarse la ley es sólo un apaño para hoy y una hipoteca grave para mañana” (“El Mundo” 12/05/1996).
El 3 de julio de 1984 fue promovido a general de brigada, siendo nombrado de inmediato, el 20 de julio, jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, puesto en el que cesó el 17 de octubre de 1986. El día anterior, el periódico “ABC” había publicado un controvertido artículo con su firma titulado “A la Señoría que corresponda”, en el que, con una terminología impropia de un militar de su rango, cuestionaba duramente la labor informativa de la prensa (en concreto la del Grupo 16) y la actividad parlamentaria (en particular la de los diputados comunistas) en relación con las actuaciones de la Guardia Civil. En él, tampoco dejó de mostrar su restringido sentido de la democracia: “Dicen que no soy demócrata y lo dicen tan enfadados que a lo mejor tienen razón… ¿Para que querrán un demócrata en la Guardia Civil?”.
A pesar de aquel polémico incidente y cese fulminante, Andrés Cassinello, que ya había ascendido a general de división el 27 de junio de 1986, fue puesto al mando pocos meses después (en octubre del mismo año) de la Comandancia General de Ceuta: uno de los destinos de mayor prestigio para un general de dos estrellas. En abril de 1988 fue promovido a teniente general, siendo designado entonces capitán general de la V Región Militar Pirenaica Occidental, con no pocas críticas de la clase política, destino en el que cesó el 18 de abril de 1991 al pasar a la reserva.
En mayo de 1996 el juez Baltasar Garzón le imputó, junto al teniente general Sáenz de Santamaría y al general de la Guardia Civil Rodríguez Galindo, en el sumario del “caso Oñaederra”, que investigaba cuatro de los primeros asesinatos de los GAL (concretamente los de Ramón Oñaederra, Ángel Gumersindo, Vicente Perurena y Christian Olaskoaga), así como otras acciones de la guerra sucia contra ETA. Según aquellas diligencias, Cassinello habría participado en 1983 en la formación de un grupo de los GAL, con especial referencia a la recepción personal de uno de los dos sellos de caucho utilizados para reivindicar sus acciones terroristas, fabricado por la Agrupación Operativa de Medios Especiales (AOME) del CESID.
No obstante, el mismo juez instructor levantó dicha imputación en febrero de 2002, abriendo auto de procesamiento exclusivamente contra los ex guardias civiles Enrique Dorado y Felipe Bayo, que posteriormente, en enero de 2003, la Audiencia Nacional archivaría por falta de pruebas.
De cualquier forma, durante el debate abierto sobre las responsabilidades políticas y judiciales del “terrorismo de Estado”, los medios oficiosamente implicados esperaron de forma infructuosa una auto-imputación de Cassinello, considerado en efecto el gran cerebro “tapado” de la lucha contraterrorista en todas sus expresiones, o que al menos asumiera la responsabilidad que moralmente le correspondía como mando superior de los principales acusados. En definitiva, aquel gesto esperado ya tenía un precedente parecido en la actitud adoptada por el teniente general Milans del Bosch con ocasión del golpe militar del 23-F.
De hecho, su implicación en aquel tipo de guerra sucia ha sido tan evidente que el periodista de investigación Alfredo Grimaldos, autor de “La CIA en España” (Editorial Debate, 2006) no ha dudado en reiterarlo públicamente. Por ejemplo, a la pregunta sobre si la CIA había controlado los GAL (“Periodista Digital” 09/10/2006), contestaba: “No directamente. Pero el cerebro de los GAL fue un hombre de la CIA en España, el general Andrés Cassinello. Pero se quitó de en medio cuando implicaron a Rodríguez Galindo por temor a salir mal parado”.
No menos conocidas han sido también sus itinerantes visitas por múltiples despachos oficiales, recabando colaboración con objeto de diluir las responsabilidades de aquellos hechos. Entre ellas destacan las que buscaron la colaboración de Juan Alberto Perote en sus declaraciones sobre los GAL ante el juez Garzón, las más indignas que pretendieron achacar falsamente la responsabilidad de su organización a un ex ministro del Interior ya fallecido, Juan José Rosón, para eximir de esta forma a sus verdaderos instigadores, y también las que pretendieron un indulto del general Rodríguez Galindo con el que tranquilizar quizás su propia mala conciencia.
Por otra parte, en el libro de Fernando J. Muniesa “Los espías de madera” (Ediciones Foca, 1999) también se daba cuenta precisa del denominado “caso Almería” sucedido precisamente cuando Andrés Cassinello era coronel-jefe del Servicio de Información de la Guardia Civil, con la máxima ascendencia sobre el mismo. Una nota específica a pie de página (que por su concomitancia también se incluye en el apunte biográfico de Joaquín Valenzuela), reseñaba lo siguiente:
El 7 de mayo de 1981, con el 23-F todavía caliente, ETA atentó contra la vida del teniente general Valenzuela, jefe del Cuarto Militar del Rey, y otros militares que le acompañaban en su coche oficial. Esta operación terrorista fue especialmente sangrienta y se produjo colocando una potente carga explosiva en el techo del coche que utilizaban las víctimas cuando se encontraba parado ante un semáforo. Los autores del atentado se desplazaban en motocicleta, lo que facilitó su rápida huida. Su trágico balance (murieron el conductor del automóvil, un escolta y el teniente coronel ayudante del teniente general Valenzuela, quedando éste malherido), el emblemático destino militar de las víctimas y la facilidad con la que se ejecutó en pleno centro de la capital, produjeron una gran tensión en el estamento castrense y muy especialmente en el entorno de La Zarzuela.
Por ello, se instó a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que resolvieran el caso con la mayor diligencia posible, requerimiento que se zanjó con la detención en la provincia de Almería de tres jóvenes sospechosos de pertenecer al comando etarra que realizó aquel conflictivo atentado, aunque de inmediato se desvelaría su inocencia. Sin embargo, las circunstancias del momento y las instrucciones internas de la Guardia Civil derivaron en el asesinato de los detenidos por razones de conveniencia (10/05/1981), concentrándose entonces toda la responsabilidad de aquel canallesco delito casi exclusivamente en un jefe del Cuerpo, el teniente coronel Castillo Quero, quien de esta forma se tragó uno de los “marrones” más tenebrosos de la transición, rodeado de promesas incumplidas y afrontando una condena de veinticuatro años de cárcel impuesta en 1982 por la Audiencia Provincial de Almería (también fueron procesados un teniente y un guardia segundo bajo su mando). Carlos Castillo Quero falleció de un ataque al corazón el 5 de abril de 1994 en la Parroquia de San Rafael (Córdoba), disfrutando ya de la libertad condicional que le fue concedida el 20 de julio de 1992.
El juez Joaquín Navarro, llegó a afirmar ante las cámaras de Antena 3 TV que este proceloso asunto (que como los sucesos del 23-F también cuenta con sus tenebrosos silencios) constituía “un crimen de Estado que hizo imposible la verdad y la justicia”.
Como auténtico conocedor del fenómeno terrorista, Andrés Cassinello ha publicado infinidad de artículos sobre la materia, destacando en su faceta de autor el libro titulado “Operaciones de guerrillas y contraguerrillas” (1966), la biografía “Juan Martín el Empecinado, o el amor a la libertad” (1995) y el ensayo “Subversión y reversión en la España actual” (1975), firmado con el seudónimo de Carlos I. Yuste.
Siempre brioso, sagaz e intuitivo, y con todo el bagaje de su dilatada experiencia profesional, a los ochenta años de edad, en noviembre de 2007, el general Cassinello no tuvo impedimento moral alguno para lanzarse a presidir la “Asociación para la Defensa de la Transición”. Una entidad constituida por algunos nostálgicos afines al ex presidente Adolfo Suárez para reivindicar y difundir su labor y los valores de tolerancia y consenso que promovió. Además de auto-reconocerse “comprometidos con la Constitución y la Monarquía constitucional”, en su presentación pública se mostraron como “apartidistas y aconfesionales”, buscando curiosamente, más allá del centrismo al que debieron pertenecer, afiliados de toda ideología.
Imbuido con ese nuevo protagonismo, Andrés Cassinello concedió poco después una entrevista a la periodista Natalia Junquera, publicada en la edición digital de “El País” (18/05/2008) y titulada con una de sus más cínicas afirmaciones: “Algunas cosas es mejor que no se sepan nunca”. Tras afirmar que el entrevistado “guarda los mayores y quizás peores secretos del final del franquismo y de los primeros años de la democracia”, la redactora introducía una entradilla a la serie de preguntas y respuestas que, sin necesidad de leer más, ya dejaba en evidencia el curioso sentido que aquél tenía de la democracia y el Estado de Derecho:
“Lo principal se sabe ya, y lo que no, no sé si es bueno que se sepa”, admite con una sonrisa. Probablemente por eso, el teniente general Andrés Cassinello (Almería, 1927), el hombre que dirigía los servicios secretos durante la Transición y el Servicio de Información de la Guardia Civil durante el 23-F, ha concedido muy pocas entrevistas a lo largo de su vida. En una de las últimas, en 1984, a la pregunta de si era jefe de los GAL, como apuntaban muchos, contestó al periodista: “Fíjate si fuera verdad y tú lo hubieras descubierto. Tu vida valdría sólo dos pesetas”. Veinticuatro años después, a los 81, se resiste todavía a perder aquella reputación: “No se lo dije a [Baltasar] Garzón, estaría feo hablar ahora”.
Poco más tarde, a finales de 2008, Cassinello tampoco dudó en presentarse en La Moncloa para pedir el cese de Alberto Saiz al frente del CNI, o evitar al menos su re-designación para continuar en el cargo otros cinco años. Como antiguo jefe de los Servicios de Inteligencia, poco habría que objetar a esta iniciativa, pero se daba la circunstancia que su intervención respaldaba directamente la posición de su hijo (el coronel Agustín Cassinello, entonces jefe de la División de Inteligencia Contraterrorista) en la controversia interna del Centro, sin olvidar que en él también trabajaban otros tres familiares suyos. Además, su larga experiencia en el entorno de la lucha irregular contra ETA y otros acontecimientos igual de impresentables, como el citado “caso Almería”, aconsejaban desde luego un poco menos de injerencia profesional.
Entre las múltiples condecoraciones que le han sido otorgadas, destacan cinco cruces del Mérito Militar y la del Mérito Naval, la Gran Cruz del Mérito Civil, la Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, la Cruz del Mérito Policial, la Orden de Cisneros, la Encomienda de Alfonso X el Sabio…
FJM (Actualizado 10/06//2013)
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