“¡Manda huevos!”, que diría Federico Trillo-Figueroa. Ahora resulta que después de haber acusado de populismo a Podemos e incluso al PSOE un día sí y otro también, el PP, atemorizado ante la posibilidad de tener que desalojar en breve la bancada azul en el Congreso de los Diputados, proclama ni corto ni perezoso que rectificará sus más flagrantes errores políticos y realizará las reformas institucionales que no ha querido hacer en una larga legislatura con mayoría parlamentaria absoluta.
“Mandat opus” (‘manda la necesidad’ o ‘la necesidad obliga’). Es decir, que el presidente Rajoy pasa a reconocer su criticada inhibición reformista, percibiendo por fin el descalabro electoral al que le ha conducido y tratando de rectificarla poco menos que in articulo mortis.
Y antes de entrar a considerar sus nuevas promesas políticas, idénticas en el fondo a las que realizó en su campaña electoral de 2011 y que ha incumplido de forma tan flagrante, uno no puede dejar de asombrarse con tamaña osadía. Porque, si no ha sido capaz de acometer unas reformas que eran de libro, fáciles y vitales para la regeneración democrática, y que esperaba todo el mundo, con la facilidad de su mayoría absoluta, ¿cómo pretende liderarlas ahora desde la más que probable minoría de oposición y con un escenario de fragmentación partidista en el que incluso se ha ganado a pulso la aplicación generalizada del llamado ‘cordón sanitario’…?
Si esto no es oportunismo del bueno, que venga Dios y lo vea. Así que, atentos al dato; porque puestos a amarrarse en el poder, Rajoy y sus ‘marianitos’ son capaces de renegar de lo que sea y vender su piel al diablo. Cosa que ya hizo José María Aznar en la VI Legislatura, cuando a fuerza de populismo -patriota él- desmontó de un plumazo el servicio militar obligatorio, yendo mucho más allá de las propuestas del PSOE o del CDS sólo para congraciarse con CiU, fuerza política interesada en debilitar al Estado español con un modelo de defensa nacional totalmente ‘profesional’ impuesto en plazos inadecuados y sin el necesario respaldo presupuestario.
Así que, de entrada, lo primero que va a hacer el Gobierno en el mes de septiembre es rectificar el hachazo asistencial que dio a los inmigrantes ‘sin papeles’. Y con una propuesta que “no incumpla la legislación europea” al respecto; consideración con la que ahora parece que quiere justificar la retirada de la asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular impuesta a principios de la legislatura.
La realidad es que esta rectificación gubernamental ‘humanitaria’ al final de la legislatura, se ha visto forzada por la actitud de los nuevos Gobiernos autonómicos no populares (Aragón, Valencia, Baleares, Cantabria…), que han comenzado a reintegrar esas prestaciones con un impacto social muy negativo para el PP, seguidos incluso por el de Cristina Cifuentes en la CAM (eso sí, siguiendo la estala de Podemos con el rabo entre las piernas), convertida en la más perspicaz dirigente del PP.
El populismo marianista de última hora fue anunciado por el propio Rajoy durante una visita veraniega a Portomarín, localidad lucense en la que se le nombró Caballero de la Real Orden Serenísima de la Alquitara: ahí es nada. Pero, para dejar las cosas claras, se produjo apenas dos días después de que el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, advirtiera a las comunidades gobernadas por el PSOE (apoyadas por los ‘chavistas-revolucionarios’ de Podemos) de que su decisión de prestar la sanidad pública gratuita a los sin papeles podría tener “consecuencias catastróficas”, con unas supuestas “multas millonarias” de la Unión Europea, y que hasta podría llevarlas al Constitucional por invasión de competencias: ¡Manda huevos!
El giro radical del Gobierno del PP, se ha fundamentado de la noche a la mañana en el principio de igualdad personal y territorial. Rajoy adujo: “Lo que queremos ahora, y creo que es algo bastante razonable, es que el trato sea igual en todas las comunidades autónomas de España” (¿y por qué no lo es en todo lo demás, incluidos los privilegios fiscales, las ayudas del Estado, la enseñanza oficial en español o las policías autonómicas…?), evitando por supuesto reconocer abiertamente que, de esta forma, ahora los sin papeles podrán regresar a la sanidad pública de la que él les había echado con un criterio implacable...
Pero los cambios forzados de Rajoy in extremis, que muestran de forma palpable sus errores previos, no quedan ahí, en meras suplantaciones del populismo que él mismo critica. Van más allá, jugando alegremente con reformas institucionales de fondo y con sentimientos muy profundos de la sociedad española que, en el fondo, sólo muestran el trato banal que les ha dado previamente y la petulancia con la que ha ejercido la presidencia del Gobierno en la presente legislatura.
La misión imposible del PP: engañar de nuevo a los electores
Ahora, con la legislatura acabada, Rajoy quiere incrementar la ‘calidad democrática’ y devolver al ciudadano la confianza en la política. Aun cuando a lo largo de toda la legislatura, él y todos sus ministros, se han ganado a pulso la peor valoración social desde la Transición, a fuerza de hacer todo lo contrario de lo prometido en su campaña electoral.
Para ello, ahora promete reformar en primer lugar el Consejo General del Poder Judicial, tras su propia reforma previa a peor (con mayor politización y menos independencia de la que tenía). Es decir, rectificándose a sí mismo, lo que no deja de ser penoso y hasta histriónico.
Y también el Tribunal Constitucional, que en su última renovación bajo la presidencia de Rajoy dio un espectáculo de dependencia partidista rayano en la aberración política. Junto a la reforma del Senado, institución que durante ese mismo Gobierno del PP ha perdido cuatro años negando a cal y canto los cambios comprometidos por su presidente, Pío García-Escudero, al ocupar el cargo en 2011. Además, el PP prometer modificar el reglamento del Congreso de los Diputados, algo que por propia conveniencia ni el PP ni el PSOE han querido hacer jamás.
Todo ello sin olvidar la gran noticia del momento: reconocer por fin la necesidad de reformar la Constitución, aun insistiendo en su vigencia. Decisión política que tomó cuerpo definitivo justo tras el despacho de Rajoy con el Rey celebrado en Marivent el pasado 7 de agosto, al parecer forzado por la deriva independentista de Cataluña, o sea tarde y remando contra el viento (el ministro de Justicia, Rafael Catalá, lo reconfirmó públicamente al día siguiente)…
Paréntesis: Tras su inequívoca declaración de Palma Mallorca, aceptando plantear la reforma constitucional en la próxima legislatura ante mogollón de periodistas, Rajoy dio -con el mejor temple gallego- una larga cambiada al tema de forma inmediata, en la reunión del comité de dirección del PP celebrada bajo su presidencia el 24 de agosto. En la rueda de prensa correspondiente, Pablo Casado, que actuaba de portavoz oficial, descartó incluir en su programa electoral para los comicios del próximo otoño referencia alguna a cualquier reforma de la Constitución, por considerar el PP que es algo ajeno al interés de los ciudadanos y un debate especialmente inconveniente ante el desafío separatista en Cataluña, dando lugar a que el PSOE calificara tanta veleidad política como “jugueteos veraniegos”…
Ahora, lo que parece que pretenden Rajoy y los poderes del establishment sería ‘perfeccionar’ el Estado de las Autonomías con tres mecanismos simultáneos: reformar el Senado, modificar el sistema de financiación autonómica y reconducir el reparto de competencias entre el Gobierno y las comunidades autónomas. Pero, sea cual fuere la profundidad de esos cambios, la oportunidad perdida de haberlos acometido o encauzado al inicio de la actual legislatura (esa era la demanda social), ahora se verán dificultados por la fragmentación de las fuerzas parlamentarias más representativas y por las mayores exigencias de los crecidos nacionalismos llamados ‘históricos’…
Ya veremos cómo se resuelven las próximas elecciones generales y en qué queda la jugada marianista. Porque volver a recuperar la confianza perdida de los electores siempre ha sido cosa difícil, y saliendo de un fiasco tan grande como el de Rajoy, mucho más (otra cosa es que el PP hubiera sabido promover otro candidato alternativo, porque su rechazo social es muy superior al del partido).
De momento, si Rajoy no alcanza la presidencia en la próxima legislatura, lo primero que veremos reformar serán sus excesos legislativos para los que sí supo aplicar el rodillo parlamentario. Lo otro (la reforma de la Constitución), ya no será cosa que se guise y se coma él solo: quizás entonces haya que volver a repartir cartas y rehacer la Carta Magna a gusto de una nueva mayoría social.
Eso sería, claro está, con el impertérrito don Mariano fusilado políticamente en la misma noche del auto electoral. A sensu contrario, peligro, peligro: el modelo del Frente Nacional de Marine Le Pen, con ‘ley mordaza’ incluida y la fuerza pública repartiendo estopa a mansalva, se le puede quedar chico.
Fernando J. Muniesa