Que el PP se va a estrellar en las elecciones catalanas del 27-S está cantado en todas las encuestas al uso. Más o menos como se ha estrellado en los otros dos territorios con problemas soberanistas: País Vasco y Navarra. En el Parlamento de Vitoria está desbordado en escaños por tres formaciones (PNV 27, EH Bildu 21, PSE-EE 16, PP 10 y UPyD 1), mientras que en el de Navarra todavía está en una posición más marginal (UPN 15, Geroa Bai 9, EH Bildu 8, Podemos 7, PSN 7, PP 2, I-E 2).
Esta bajísima cuota de representación electoral en los tres territorios con aspiraciones independentistas, tiene una primera lectura política para el PP que le desautoriza en orden a liderar una posible reforma constitucional, al menos en lo que pueda tocar a la vertebración territorial del Estado. Está claro que el PP representa en ellos a una minoría social tan exigua que es incapaz de entender la problemática local y, por tanto, de liderar cualquier debate o pactos al respecto: algo verdaderamente descalificador para un partido que todavía gobierna el país con mayoría parlamentaria absoluta.
Pero esta escasa presencia electoral del PP en esas tres comunidades autónomas, que totalizan una cuota de 70 escaños en el Congreso de los Diputados (sobre un total de 350), tiene otra lectura más preocupante, si cabe, de cara a las próximas elecciones generales, o sea en la perspectiva de su proyección nacional. Máxime cuando todo indica que en ellas la formación popular no llegará a obtener, ni de lejos, el mínimo de un 15% de los votos que le proteja del devastador efecto propiciado por la ley d’Hont en el reparto de escaños.
Pero es que si incluimos en este análisis la actual posición electoral del PP en el resto de las comunidades autónomas, por lo general en la oposición y con una dinámica a la baja, con la pérdida de influencia política que ello conlleva en los medios rurales, sus malas previsiones se agravan. Que es lo que sucede también con el desalojo político que ha sufrido el PP en las grandes capitales.
Sabido es que el poder llama al poder, aunque al PP le esté llevando en la presente legislatura a la oposición. Por eso es muy difícil pensar que quienes en las últimas elecciones municipales y autonómicas han generado ese vuelco anti-Rajoy, vayan a renunciar ahora a capitalizar su éxito en las legislativas. Bien al contrario, lo lógico y natural es que esos mismos electores se esfuercen en culminar su objetivo político, que no es otro que el de colocar a los ‘populares’ en la oposición; ante el cual, su tesis de que debería gobernar el partido más votado en lugar del que merezca la confianza en el Congreso de los Diputados, que es lo que establece la Constitución, es irrelevante, sino ridícula.
¿Alguien puede pensar, por ejemplo, que en estos momentos el PP puede ganar las elecciones generales en Andalucía o en la Comunidad Valenciana, territorios que cuentan nada más y nada menos que con 93 escaños en el Congreso de los Diputados…?
Insistencia: Los escaños nacionales de los tres territorios con aspiraciones soberanistas y posición marginal del PP (Cataluña, País Vasco y Navarra) sumados a los de Andalucía y la Comunidad Valenciana, en los que tampoco es previsible su recuperación electoral, alcanza un total de 163, que es casi la mitad del hemiciclo. Eso supone un hándicap insuperable para que el actual partido en el Gobierno pueda repetir legislatura.
Por esta vía de aproximación prospectiva a la dinámica electoral territorial, alternativa a la de las encuestas pre-electorales, a menudo cocinadas de forma interesada por los propios partidos políticos, se llega a la pérdida del Gobierno por parte del PP, sí o sí. Situación que, a tenor de las alternativas disponibles y de la historia reciente, conlleva probablemente un gobierno alternativo del PSOE, con los apoyos necesarios de las formaciones emergidas en el nuevo escenario electoral fronterizas en su espacio de centro izquierda.
Antes de la derrota final del PP, partido que se ha negado de forma contumaz a rectificar sus errores para congraciarse mínimamente con el electorado, el resultado que obtenga en Cataluña el 27-S, ya a la vuelta de la esquina, será decisivo de cara a su futuro nacional. Abriendo la puerta a Ciudadanos como partido directamente competidor en el espacio del centro derecha y auto limitándose peligrosamente al de la derecha reaccionaria, en el que además quizás pueda crecer su disidencia refugiada en Vox aún sin garantías de obtener representación parlamentaria.
Mariano Rajoy, presidente del Gobierno y del PP, se ha mostrado demasiado distanciado durante las elecciones catalanas del 27-S del debate de fondo, sin entender todo lo que se juega en ellas. La posición marginal y de desmerecimiento político en la que va a quedar con toda probabilidad, será la puerta grande por la que el PP entrará en la oposición, y quizás también en el mismo túnel de tinieblas en el que se mantuvo hasta marzo de 1996 y del que sólo le sacaron primero los excesos del ‘felipismo’ y después, en 2011, los del ‘zapaterismo’.
Los errores de valoración cometidos por Rajoy y la dirección conjunta del PP en la presente legislatura, no han sido pocos.
Entre ellos hay que destacar su desprecio al Movimiento del 15-M, nacido contra los viejos partidos políticos con una postura crítica ante los abusos de la banca y la corrupción. Al carecer de estructura organizativa y de programa, el PP lo consideró un movimiento de ‘perriflautas’, pero ese ha sido justamente el instrumento ciudadano que le ha desalojado del poder municipal y autonómico, y que será decisivo también para desalojarlo del gobierno nacional.
Otro gran error ha sido minusvalorar los efectos electorales de la corrupción política y no atacarla de forma radical a nivel interno. La idea engañosa de que la corrupción no descontaba votos, alentada por el continuado éxito del PP en la Comunidad Valenciana, ha sido nefasta; y la falta de respuesta interna ante los casos Gürtel, Bárcenas, Púnica, etcétera, definitiva para la pérdida de votos.
Y problema no menor es también el no haber fomentado una economía productiva y creadora de empleo, alargando las colas del paro hasta alcanzar su mayor cota histórica en 2012. Aunque la crisis comenzó con el anterior gobierno socialista, el Gobierno del PP ha propiciado que el paro llegase a alcanzar a 6,2 millones de españoles (el 26% de la población activa) y a establecer una precariedad en el empleo sin precedentes en la España moderna, siendo ésta la mayor preocupación del país.
De hecho, titulados universitarios son contratos por horas o por días, ganando 300 euros al mes, o ni siquiera eso. Y consolidando un paro juvenil del 55%, absolutamente insoportable, demoliendo cualquier expectativa de futuro de los jóvenes y forzando a una emigración laboral que terminará descapitalizando y alienando al país.
Los recortes sociales y la falta de sensibilidad del Gobierno para paliar las necesidades afrontadas por las clases más necesitadas (caso de los desahucios, del corte de suministros eléctricos -a más de un millón de familias- o de la estafa de las entidades financieras a los preferentistas), protegiendo los intereses empresariales a ultranza y limitando con las tasas judiciales el derecho a la defensa de los perjudicados, han marcado un distanciamiento social frente al PP irreversible en capas muy extensas de la sociedad española. Y no digamos menos de la ‘ley mordaza’ que cercena de raíz el derecho constitucional de la ciudadanía para manifestar sus protestas políticas.
Un fenómeno alentado además por la imagen de los comedores sociales y la carencia completa de ingresos en un millón y medio de personas que viven de la caridad pública y privada...
Pero junto a esos errores de gran dimensión social, y dejando al margen la ausencia de las reformas institucionales prometidas por el PP, y también preocupante en otros niveles de población, la falta de sensibilidad y cintura política del PP para tratar la ‘cuestión catalana’ ha venido a poner de relieve, más a más, su escasa capacidad política (la crisis económica se la han gestionado en buena medida Angela Merkel y sus acólitos de Bruselas). Y cierto es que, no obstante, Rajoy sí que ha sabido utilizar su mayoría parlamentaria absoluta para apoyar los intereses del empresariado y de las cajas de ahorro asaltadas y desplumadas por la clase política; es decir, remando lo más lejos posible de la mayoría social del país.
En ese escenario, que es el real aunque el Gobierno se empeñe en dibujar otro muy distinto, los resultados particulares del PP en las elecciones catalanas de este mismo mes serán definitivos, llevándole al borde de la extinción como le ha sucedido en Navarra y en el País Vasco. Una marginalidad con efectos muy negativos en el contexto de la política nacional.
Tras la debacle popular en las elecciones municipales y autonómicas, Lucía Méndez concluía un artículo periodístico titulado ‘… Y Rajoy se quedó pasmado’ (El Mundo 31/05/2015) con este significativo párrafo:
Un buen conocedor del alma del partido dice que en este momento hay dos PP: «el que pisa el suelo y el que no». En el primero se encuentran los dirigentes de las provincias. En el segundo, los ministros y los altos cargos del Gobierno. «Burócratas de despacho», los llaman a éstos últimos. Y relata como ejemplo de esta realidad la pregunta que hace unos días le hizo un alto responsable gubernamental: «¿Por qué la prensa de hoy pone el acento en el índice de pobreza, y no en el índice de competitividad? Vamos los primeros». La mayoría de los barones, y también la cúpula del PP, tienen claro que los ciudadanos saben que detrás de la desigualdad y la pobreza hay personas, mientras que es imposible explicar lo que hay detrás del índice de competitividad. «No hemos sido capaces de poner en pie una política social. Muchos españoles no nos quieren por eso».
Ese análisis parece correcto. Pero es que, además, muchos catalanes españolistas y hasta de derechas, tampoco quieren al PP de Rajoy por su antipatía y falta de capacidad para el entendimiento político. Sin perdonarle, desde otra perspectiva, el no haber querido o sabido desactivar a tiempo el movimiento independentista catalán, aceptando tácitamente el carácter plebiscitario impuesto por Artur Mas en las elecciones del 27-S, meramente autonómicas.
Eso es lo que hay, y la inmensa mayoría de los catalanes se lo van a demostrar el próximo 27 de septiembre, aunque ‘pasmado del todo’ se puede quedar en las inmediatas elecciones legislativas previstas para el mes de diciembre.
Fernando J. Muniesa