Ocho años de oposición, una victoria electoral con mayoría parlamentaria absoluta y un año gobernando el país, con todos los resortes y capacidades del poder a su disposición, para llegar, al cabo del tiempo, poco más o menos que a esto: filosofar sobre el “chocolate del loro” y sobre la pajarería que, poquito a poquito, está montando la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para superar la crisis económica que ahoga a la sociedad española.
Suena a cuchufleta grotesca y a burla gubernamental de los ya millones de españoles que han perdido el empleo, han consumido sus ahorros y su patrimonio y han sobrepasado el umbral de la pobreza, viéndose incluso despojados de su vivienda por el sucio juego hipotecario de la misma banca que, siendo corresponsable de la actual crisis económica, utiliza además dinero público a mansalva para tapar los agujeros de su deplorable gestión profesional. Una chanza intolerable de la España acongojada que, incluso, se está viendo obligada a emigrar en desbandada como en los momentos más duros de la posguerra civil, ahora con gente cualificada en primera línea de la huida.
UN GOBIERNO SIN PESO ESPECÍFICO
Porque eso es lo que, a estas alturas de la legislatura, está alimentando realmente el “contemplativo” Consejo de Ministros que preside Mariano Rajoy. Un equipo político de tercera categoría que no está a la altura de las circunstancias, que se toma su trabajo con pasmosa tranquilidad, quizás porque carece de ideas y de capacidad para asimilar y desarrollar las que se les proponen fuera de su camarilla gubernamental, y que arrastra de forma lastimosa un ejercicio del poder torpe y con algunas derivas realmente inhumanas.
En definitiva, un Gobierno insolvente en el que, por faltar, tampoco faltan regates, vaivenes, callejones sin salida y despistes (no tan manifiestos como las “ocurrencias” del ex presidente Rodríguez Zapatero pero igual de perjudiciales), que le sitúan bajo mínimos históricos de valoración social. Con algún “pisacharcos”, como el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que luce un meritorio record de despropósitos a sus espaldas; un ministro de Defensa, Pedro Morenés, afanado día a día en usurpar funciones impropias como agente comercial de la industria bélica mientras apuntilla la operatividad de las Fuerzas Armadas; una invisible ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, convertida en “ángel exterminador” de los trabajadores, y una ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, incapaz siquiera de poner de acuerdo a las distintas comunidades autónomas gobernadas por el PP sobre el modelo asistencial español…
Dijimos hace tiempo que el equipo económico del Gobierno, al margen de otros valores personales, carecía del peso específico necesario para sacar al país del profundo túnel en el que se encuentra, en base a criterios y diseños estratégicos propios. Máxime cuando la dirección económica del Gobierno fue asumida directamente por Mariano Rajoy (Registrador de la Propiedad sin la menor formación económica), asistido por una vicepresidenta aún “sin cuajar”, Soraya Sáenz de Santamaría (Abogada del Estado con la misma carencia formativa), y acompañado por dos economistas “teóricos”: Cristóbal Montoro, catedrático de Hacienda Pública, y Luis de Guindos, un Técnico Comercial del Estado alejado también de la dura realidad empresarial y cuyo mayor mérito profesional es haber dirigido el banco de inversiones Lehman Brothers en España y Portugal hasta llevarlo a la quiebra en 2008…
Poco ha de extrañar, pues, que, cumplido un año desde que la sociedad española se creyera aquello de “se lo que hay que hacer” y “esto lo arreglo yo en tres patadas”, votando el 20-N una generosa mayoría absoluta a favor del PP precisamente a esos efectos, sigamos “viéndolas venir”. Y, peor todavía, soportando más y más despidos, recortes salariales, incrementos del IPC y una subida brutal de impuestos sin que se reduzca el déficit público…
EL SÍNDROME DE “DON TANCREDO”
Como hemos dicho también en otras ocasiones, el conjunto de las medidas adoptadas por Rajoy durante su primer año de presidente electo, han carecido de la inteligencia y la planificación adecuadas, se han generado a remolque de acontecimientos imprevistos (y ni siquiera atisbados) y han sido, de cualquier forma, escasas, tardías, poco transparentes y socialmente muy desajustadas, por razones evidentes de incomprensión de la realidad, incompetencia política e ineptitud en materia económica. Atributos todos ellos propios del “tancredismo” político más irresponsable, plenamente compartido por la oposición socialista.
No se ha hecho, no se hace, y parece que con Rajoy al frente del Gobierno jamás se hará, lo que, habiendo entrado desde hace años los indicadores socio-económicos en la alarmante dinámica que han entrado, tendría que haberse hecho ya sin miramientos ni vacilaciones: reformar la organización político-institucional del Estado, origen real del actual desastre nacional (y también de la “burbuja inmobiliaria” que en realidad ha sido una “burbuja política”), aplicar una dieta radical de “pan y cebolla” a la mórbida obesidad de las Administraciones Públicas (imponiendo a saco en todas ellas una mayor eficiencia) y acabar de raíz con la gangrena infecciosa del Estado de las Autonomías. Es decir, haber atajado de forma urgente, al inicio mismo de la actual legislatura, el desmadrado consumismo del Estado con todas las reformas estructurales necesarias.
Una estrategia de reacción bien comprensible desde el sentido común que tanto predica el propio Rajoy, sin necesidad de manejar otra cosa que la aritmética más elemental, que es el soporte de cualquier contabilidad nacional. Y una política de éxito seguro si los recursos rescatados de la orgía en la que sigue inmersa el aparato del Estado se hubieran ido aplicando al desarrollo de la “economía productiva”, en vez de arremeter contra las bases sociales y esquilmarlas, que además de no tener culpa alguna de la quiebra de las cajas de ahorros ni del escandaloso déficit público, se han convertido en sus víctimas propiciatorias hasta el mismo agotamiento.
LA TRAMPA/MENTIRA DEL “POQUITO A POQUITO”
El Gobierno de Rajoy tenía que haber acometido la reforma urgente del sistema empezando por sanear su debilitada estructura y sus carcomidas vigas maestras, y no perder el tiempo en aplicaciones “cosméticas” a un sistema en gravísima situación terminal, ni arremeter como ha arremetido en primera instancia contra quienes, ajenos al drama político subyacente, han confiado en las instituciones del Estado, aceptado las consignas de los políticos y cumplido con todas sus obligaciones ciudadanas. La realidad es que los partidos mayoritarios y rotatorios en el poder (PP y PSOE) han ido sólo “a lo suyo”, sin bajarse de la burra, endosando los platos rotos a los demás e iniciando los recortes y los sacrificios necesarios no por donde se debía, sino por donde se tendrían que haber concluido.
Ahora, la quiebra política, económica y social del Estado es una amenaza objetiva, aunque la acomodada clase política no lo quiera reconocer. Y de ello sólo es culpable la inepta y contumaz clase política que soportamos, amparada por un sistema de protección inexpugnable, diseñado a la exclusiva medida de sus intereses. Claro está que tamaño abuso no deja de generar nuevas derivas políticas que los desesperantes efectos sociales de la crisis político-económica, están convirtiendo en letales.
Ahí están el explosivo secesionismo catalán y el acceso del independentismo abertzale al gobierno de las instituciones vascas, alentados por la debilidad del Estado y por la falta de credibilidad de sus más altas instituciones, incluida la Corona, y ahora acelerada también por un creciente “malestar social” (la inversa situación de “bienestar” aguanta más la tropelía política). Un panorama imposible de reconducir “poquito a poquito”, como quiere hacer la vicepresidenta del Gobierno con sus tramposos y demagógicos ahorros del “chocolate del loro”, intentando montar toda una pajarería, no sabemos con que objeto: si para que cotice en bolsa, para que fluya el crédito bancario, para que baje el tipo de interés en la financiación de la deuda pública o para engatusar a la opinión pública…
La anécdota se define por sí misma y define al tiempo la torpe disposición y las escasas luces del Gobierno para afrontar la crisis de verdad. Pero si algún lector iluso piensa que “algo es algo”, o que este es el buen camino a seguir, tómese nota de lo que sucedió, sin ir más lejos, en el mismo Consejo de Ministros del 8 de noviembre en el que se aprobó a “bombo y platillo” la nimiedad de suprimir 204 coches oficiales de la inmensa flota existente en España, “esperando” ahorrar con ello a las arcas públicas unos diez millones de euros en dos años (¿y por qué no en uno solo?), algo que suena a mascarada contable porque los conductores seguirán en nómina hasta su jubilación y porque, en definitiva, se trata de eliminar coches “amortizados”.
Si por una parte se pretendía ese ahorro nimio a dos años vista, por otra, y sin dar cuenta de ello en la misma rueda de prensa en la que se presentó la reducción de coches oficiales, el Gobierno aprobaba también, por ejemplo, nuevas subvenciones a las Comunidades Autónomas (casi 37 millones de euros) para un inconcreto desarrollo de programas agrícolas y ganaderos y otras líneas de actuación relacionadas con la alimentación y la pesca. Entre ellas figuraba una “tacada” de 17,6 millones de euros para la mejora en un solo ejercicio del sector de frutos de cáscara y de algarrobas: es decir, fomentando más mamandurrias y ayudas autonómicas de dudosa aplicación sin nada que ver con la economía productiva real.
Aunque lo más llamativo del caso es que el Gobierno haya limitado la reforma del parque móvil al ámbito de sus altos cargos, quedando al pairo el resto del aparato del Estado, periférico, departamental, de empresas públicas y organismos dependientes, altas instituciones, Cortes Generales… y toda la administración local (ayuntamientos, diputaciones y cabildos insulares) y autonómica.
Paréntesis: De lo dicho por su vicepresidenta Sáenz de Santamaría, se desprende que el Gobierno tiene control sobre un total de 1.409 “coches oficiales” (840 del llamado “parque móvil” y 569 en las Delegaciones y Subdelegaciones territoriales). No obstante, la orgía del “coche oficial” es tal, que nadie puede dar una cifra concreta de todos ellos a nivel nacional, aunque Sandra Mir y Gabriel Cruz, autores del libro “La casta autonómica”, sostienen a esos efectos la existencia de “40.000 vehículos de alta gama”, parque sobre el que los 204 que se van a amortizar “poquito a poquito” suponen tan sólo un 0,5 por 100.
El PSOE calificó la tardía medida del Gobierno (y evidentemente escasa) como “el chocolate del loro” y la vicepresidenta respondió, punzante, que en este país “empiezas a sumar loros y te encuentras una pajarería”; siendo lo cierto y verdadero que la obesidad existencial del Estado se debe reducir ya a base de machetazos y sin anestesia ni más paños calientes. Esperemos a ver que otras chorradas inventa ahora el Gobierno, o que otras “golosinas del loro” suprime, claro está que para “no-sacarnos” de la crisis…
EL “TIKI-TAKA” POLÍTICO Y LA TRAGEDIA DE LOS DESAHUCIOS
Con el punto al que se ha llegado en materia de desahucios, nadie, puede negar que la crisis esta ahogando a las clases medias, que son las garantes de la estabilidad social. Por eso, el Gobierno debe exigirse muchísimo más a sí mismo y dejar de jugar al “tiki-taka”, organizando pajarerías y pintando la mona en Moncloa semana tras semana, si no quiere que se le monte una algarada de auténtica traca.
La vicepresidenta del Gobierno, alter ego de Rajoy que, como él, también se pasa bastantes cosas por la faja, ya sostuvo, por recordar uno sólo de sus muchos desplantes displicentes, que “los mercados suben y bajan…”, sin encontrar mejor forma de tranquilizar al personal ante el insostenible coste con el que se financia la deuda pública española: un lamentable “¡ahí me las den todas!” cuando el déficit presupuestario del Estado se encuentra en una senda de crecimiento irreversible. Pero aplicar ese mismo desenfado a “no-resolver” el trágico problema de los desahucios, cerrado en falso por el Consejo de Ministros del 15 de noviembre con unas medidas que, además de tardías (“marca de la casa” del Gobierno Rajoy), han sido expresamente calificadas de “insuficientes y arbitrarias” por los propios magistrados encargados de juzgarlos, es harina de otro costal.
Cuando ya han sido desahuciadas 400.000 familias y nadie se atreve a pronosticar hasta donde puede llegar esta barbarie bancaria y política, cuando los jueces y el propio Consejo General del Poder Judicial han tenido casi que poner “pies en pared” sobre el tema, y cuando una abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), Juliane Kokott, ha dictaminado que la legislación española sobre desahucios vulnera la normativa comunitaria, porque no garantiza una protección eficaz de los consumidores frente a posibles cláusulas contractuales abusivas en las hipotecas, la vicepresidenta del Gobierno sigue aplicando al caso cataplasmas y paños calientes sin pudor alguno. Y, peor todavía, en connivencia con una banca felona de corte decimonónico, adicta a las prácticas usureras y a ejercer de “gobierno fáctico” o de “cuarto poder” en la sombra.
Paréntesis: El dictamen del TUE se hizo público el 8 de noviembre de 2012 y establecía que la legislación española sobre desahucios viola la Directiva 93/13 de la Unión Europea, dado que la práctica española permite introducir cláusulas consideradas abusivas en los contratos de préstamos hipotecarios establecidos por los bancos y que, en caso de incumplimiento, conllevan la ejecución forzosa del desalojo. Dicho informe tiene origen en la demanda presentada por Mohamed Aziz contra la entidad bancaria CatalunyaCaixa, después de que se le expulsara de manera forzosa de su vivienda en el año 2011.
Ya remiso, el Gobierno aprobó hace siete meses el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, en el que se incluye un “Código de Buenas Prácticas para la restructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual”, redactado a medida de la banca (aunque para ella fuera voluntario) y fracasado en la práctica de forma estrepitosa por su exigente umbral de exclusión, como es obvio.
UNA NORMA IMPERMEABLE PARA SUS DESTINATARIOS
De hecho, se trataba de otra muestra del “poquito a poquito” que practica la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, de otro “chocolate del loro” con el que ir dando cuerpo a su inefable “pajarería anti-crisis”, y del que no se podían beneficiar los deudores de viviendas hipotecadas con un precio de compra-venta superior a 200.000 euros si se ubicaban en grandes poblaciones y a 120.000 si se encontraban en municipios de menos de 100.000 habitantes, con un escalado intermedio igual de arbitrario. Precios, claro está, por debajo de los reales en la época del “boom” inmobiliario previo a la crisis.
Pero es que, para situarse en el umbral de exclusión y serle de aplicación el Código de Buenas Prácticas de marras, el hipotecado para adquirir en su día “su única vivienda habitual” tenía que cumplir, además, todo un catálogo de condiciones que, por supuesto, no le fueron exigidas cuando solicitó la hipoteca. Entre ellas, y como primer filtro, el que todos los miembros de la unidad familiar “desahuciable” carecieran de rentas derivadas del trabajo o de actividades económicas, incluyendo al cónyuge del deudor no separado legalmente (o pareja de hecho inscrita) y a los hijos con independencia de su edad que residan en la vivienda. Y el segundo que la cuota hipotecaria resultase superior al 60 por 100 de los ingresos netos percibido por el conjunto de los miembros de la unidad familiar…
Por tanto, y como han denunciado especialistas en la materia, la normativa en cuestión era impermeable para cualquier familia sin ingresos a las que sus padres hubieran avalado (situación que lleva a la pérdida de ambas casas en muchas ocasiones), familias con y sin hijos en las que algún miembro ingrese el salario mínimo sin otras entradas de renta, familias a cargo de personas dependientes que puedan tener algún ingreso por pequeño que fuere, personas que compraron casas de 200.001 euros en grandes ciudades o de menos según municipio, etc…
Y uno se puede preguntar, entonces, por qué razón una familia que por causa de la crisis actualmente sólo ingrese 700 euros mensuales y pague 800 de hipoteca no podría tener derecho a algún tipo de facilidad hipotecaria, por ejemplo. O por qué se excluyó del procedimiento a quienes compraron un euro por encima de los parámetros fijados, pese a no tener ingresos de ningún tipo. La respuesta, claro está, es que el condicionado (la consabida “letra pequeña”), absolutamente arbitrario, fue redactado por la propia banca y asumido, sin más, por el Gobierno. Así de simple…
RAJOY VUELVE A TROPEZAR EN LA MISMA PIEDRA
Pero es que el Gobierno, enmendando como hemos señalado de forma vergonzosa por unos y por otros, tampoco ha querido parar en segunda instancia los miles y miles de nuevos desahucios que van a seguir su implacable curso fuera del novedoso Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios.
De hecho, a los pocos meses de no haber querido afrontar la más que pertinente reforma de la Ley Hipotecaria (que en realidad es un Decreto de 8 de febrero de 1946, franquista e inconstitucional), lo que ha hecho es volver a tropezar por segunda vez en la misma piedra, sacudirse el polvo de la alarma social creada por los casos de desalojos mediáticamente más llamativos (incluidos los seis que han conllevado suicidios “conocidos”), y maquillar de nuevo la situación con una especie de “gracia anti-desalojo” de dos años a contar desde la publicación de la norma, que paraliza los “lanzamientos judiciales” de colectivos que, de nuevo, han de situarse dentro de un umbral de exclusión social establecido con criterios subjetivos y obviamente filtrados por la banca.
También hay que dejar claro que no se concede ninguna moratoria a los hipotecados con problemas, ya que el banco seguirá iniciando el procedimiento de ejecución hipotecaria como antes, llevará el piso a subasta y se lo podrá adjudicar en propiedad por el 60 por 100 de su actual valor de tasación. Llegado a ese momento sólo tiene que espera hasta el 15 de noviembre de 2014 para desahuciar a la familia si ésta no abandona el inmueble por propia voluntad.
Con el nuevo Real Decreto-ley ya no se limita el acceso en base al precio de la vivienda habitual, sino a una amalgama de criterios, más que discutibles, que combinan el no tener unos ingresos familiares superiores a 1.597 euros, con otros referidos al porcentaje que la cuota hipotecaría sobre los ingresos (ha de ser superior al 50 por 100), en un colectivo que ahora se denomina de “especial vulnerabilidad”, y que nadie ha comprobado si hubiera podido acoger o no a los deudores suicidados, sin ir más lejos. Los supuestos que lo identifican son, de nuevo, arbitrarios, como ser “familia numerosa”, integrar una unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo o con un menor de tres años, o en la que uno de sus miembros tenga declarada una discapacidad superior al 33 por 100 o una situación que le incapacite laboralmente de forma permanente…, y a sensu contrario, claro está, excluyentes de una extensa base social.
Aunque la característica de afectación a la norma más curiosa sea la de que en la unidad familiar correspondiente exista una víctima de violencia de género, en el caso de que la vivienda objeto de lanzamiento constituyan su domicilio habitual.
Con independencia de la peligrosidad que conlleva este último apartado, porque ante la desesperación del desahucio no deja de incentivarse la violencia de género para obtener de forma supletoria el periodo de gracia en el desalojo de la vivienda desahuciada (no olvidemos los casos en que se ha llegado al suicidio), aunque no el desahucio en sí, hay que cumplir, también, otras circunstancias económicas no menos extrañas y artificiosas.
Entre ellas, destaca por incomprensible la de que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. Y, por igual de arbitraria, la necesidad de que, exactamente en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda…
Es decir, que la nueva norma sigue imponiendo criterios subjetivos de restricción y, en todo caso (porque no se puede entender de otra forma), por los servicios jurídicos de la propia institución bancaria. Así, por ejemplo, quedan excluidas de esta paralización de dos años de los desalojos los miles de familias en las que todos sus miembros están en el paro si tan sólo uno de ellos cobra el desempleo, si no tienen hijos, o bien si los tienen de tres o más años. Por otra parte, y como ya se ha señalado, se incluye casi como “incentivo” el caso de la violencia de género, que puede tentar a familias en la ruina a “forzar”, en casos extremos, este tipo de hechos.
Una familia sin posibilidad de pagar la hipoteca de su única vivienda habitual, cuya situación sobrevenida se debe a una crisis económica que a todos afecta, se mire como se mire, está en la ruina. No se trata en modo alguno de defender que los que no pagan las hipotecas mantengan la propiedad de sus casas, pero sí de que al menos puedan seguir viviendo en ellas durante un tiempo razonable a un precio posible de pagar y sin que la deuda se dispare por los intereses de demora o que la adjudicación se produzca al 60 por 100 del bien inmueble. Y esto, tan simple, es lo que de momento no ha querido resolver el Gobierno.
EL VERGONZOSO DRAMA DE LOS SUICIDIOS POR DESAHUCIOS
Es obvio que marcar unos criterios tan restrictivos, en lugar de modificar la normativa hipotecaria en profundidad, no soluciona el problema social, en absoluto. La alienante solución del suicidio seguirá viva, después de haberse llevado por delante a cinco personas sólo en lo que va de año. La última consumada en Córdoba precisamente al día siguiente de conocerse el inoperante Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno el pasado 15 de noviembre.
Una auténtica vergüenza nacional a la que hay que añadir miles y miles de situaciones que, sin llegar al extremo de consumar el suicidio, no dejan de ser también tremendamente dramáticas. Como el caso del padre de familia (M.G.B.) que el pasado 25 de octubre se lanzó al vacío en su casa de Valencia después de besar a su hijo, con la comisión judicial que iba a desahuciarle llamando a su puerta, sobreviviendo a la caída.
Rajoy y su vicepresidenta deben abandonar la perniciosa fórmula de gobernar “poquito a poquito” también en esta sangrante materia y acometer, con la máxima urgencia (como hace cualquier gobierno cuando le conviene), las modificaciones legales necesarias para mitigar de verdad la situación de desprotección a la que se ven sometidos los afectados. Implantando con ellas la más que justa dación en pago, el alquiler social y el aumento del porcentaje de valoración del inmueble en caso de ejecución hipotecaria.
España tiene la normativa hipotecaria más injusta y abusiva de Europa. Su crueldad es tal que, puesta en primer plano por efecto de la crisis, su victimario tiene ya una dimensión social insoportable, mucho más allá de los dramáticos suicidios consumados (los conocidos y los no conocidos) que está produciendo. Llegados a este punto, hay que decir que el descuento electoral de la tragedia humana que conlleva, se cargará, quiérase o no, al “debe” del Gobierno de Rajoy, incluyendo el tributo por las muertes que ha acarreado y que seguirá acarreando con toda probabilidad.
Lo que más puede descalificar al Gobierno de un Estado como el nuestro, proclamado “social y democrático de Derecho”, es sin la menor duda el suicidio de los gobernados por causa política. Tome nota particular de ello la joven y expeditiva vicepresidenta Sáenz de Santamaría.