Autores: Manuel Alvarez Tardio; Roberto Villa Garcia
Categoría: Historia
Editorial: S.L.U. ESPASA LIBROS
Nº de páginas: 656 págs.
Para todos los interesados en la Historia reciente de España este es un libro de obligada lectura. ¿Hubo fraude en las elecciones de 1936? El libro lo demuestra. ¿Fue determinante para el resultado? Posiblemente no. Pero quizás este tema, a pesar de ser el más sensacionalista, no sea lo más significativo para entender lo ocurrido aquellos días. El trabajo de Alvarez y Villa vuelve a dejar clara la terrible fractura social y política en la sociedad española y que llevó a la guerra civil. Una fractura que se materializó en la violencia sufrida en aquél proceso electoral y en la división del Ejército, que provocaría tras el fracaso del golpe del 18 de julio, la precipitación a la guerra civil.
Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García son dos historiadores de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid que acaban de sacudir la historiografía española contemporánea con una tesis a la contra: las elecciones del 16 de febrero de 1936 que dieron el triunfo a la coalición de izquierdas del Frente Popular no fueron limpias; la izquierda alteró los resultados finales a su favor en un clima de intimidación y violencia. Cinco meses después una parte del ejército dio un golpe de estado contra la II República. Comenzaba la guerra civil.
Álvarez Tardío y Villa García han reunido los resultados de cinco años de investigación, de minucioso rastreo de todo tipo de documentos y actas electorales en este libro. En sus páginas se invierten los papeles que la historiografía ha otorgado tradicionalmente a los diferentes actores políticos: la izquierda queda retratada como intratable y agresiva, pretendida despositaria única de las esencias republicanas -y que nunca se arrepintió de la revolución de octubre de 1934- y la derecha católica como posibilista y conciliadora.
¿Qué variación produjo en los resultados finales el supuesto fraude cometido en el escrutinio oficial iniciado el 20 de febrero? No fue una alteración radical pero sí suficiente, según afirman los historiadores, para que el Frente Popular alcanzara una mayoría absoluta de la que no gozaba. Al menos 50 escaños de los 240 logrados por la coalición de izquierdas serían dudosos, fruto de la alteración, de urnas con más votos que votantes, escrutinios sin testigos, actas cuajadas de tachaduras y reescrituras...
Un hecho sorprendente, apenas señalado según los autores, fue la velocidad con la que el dirigente de la izquierda republicana Manuel Azaña regresó a la presidencia del gobierno sustituyendo al centrista Portela en pleno escrutinio: "El nuevo Gobierno heredaba del anterior la gestión del proceso electoral y su primera labor era asegurar el recuento oficial. Sin embargo, la impresionante oleada de violencia entre la tarde del 19 y la mañana del 22, apenas contenida, propició que este se realizara en un notorio ambiente de coacción, con efectos, como demostramos, en resultados de varias provincias. Por consiguiente, lo que fue una votación generalmente limpia se convirtió en un recuento adulterado que, en un contexto de resultados apretados y aún abiertos, influyó decisivamente en el reparto final de escaños, otorgando una victoria al Frente Popular por la que tanto habían presionado en las calles las izquierdas obreras", argumentan Álvarez Tardío y Villa García.
En las páginas de '1936' asoma una complejidad que desenfoca el punto de vista habitual sobre la historia de la Segunda República en la que, desde su proclamación el 14 de abril de 1931 ni las izquierdas ni las derechas fueron homogéneas. Es precisamente el caso de las segundas el que interesa a estos historiadores que niegan la tesis habitual acerca de la existencia de una reacción antirepublicana furibunda que habría apostado por demoler la nueva forma de gobierno desde su mismo nacimiento. "El plural es fundamental para no simplificar", afirma Álvarez Tardío. "Desde luego, la CEDA fue tan posibilista como que el gobierno republicano de Lerroux del segundo bienio no habría existido sin su apoyo. Querer revisar la Constitución no significaba ser autoritario ni antidemócrata. El primer revisionista era el presidente de la República".
Los autores son conscientes de que sus conclusiones pueden alimentar el debate -no precisamente sosegado- acerca de la legitimidad del régimen republicano pero aseguran que son "ajenos a cualquier determinismo". "Quienes proyectaron y siguen proyectando la guerra civil hacia atrás es probable que no tengan el más mínimo interés en asimilar los datos y argumentos aquí expuestos, convencidos, como ya lo estaban los dos bandos en pugna, de que todo debate sobre la llegada del Frente Popular al poder ha de conllevar una toma de partido".
Aquel 16 de febrero se prolongó durante cuatro días. Los españoles consideraron las Elecciones Generales que determinaron la victoria del Frente Popular como unos comicios a vida o muerte. A los pocos meses, las dos Españas que se habían enfrentado en las urnas, lo hicieron en las trincheras. El Golpe de Estado de Franco acabó con la legitimidad de las urnas, que no es cuestionada por la investigación de los historiadores Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa.
El propio Manuel Álvarez Tardío explica que “Sólo queríamos contar lo que no se había contado, no vamos más allá del momento que estudiamos. No podemos viciar el análisis de lo que pasa en las Elecciones: incluso con todo lo que nosotros contamos, no significa que eso fuera a cambiar los acontecimientos. Podíamos haber optado por la militancia basada en la especulación, pero no especulamos”. Dicen que uno de los méritos de su trabajo es la reconstrucción, “minuto a minuto”, de lo que pasó aquellos cuatro días, entre la votación y el recuento.
Los autores refieren a un trabajo de hace muchos años de Javier Tussell: “estuvo muy condicionado por su contexto, por las limitaciones de consulta. Nosotros hemos tenido acceso a datos digitalizados. Explotaron las hemerotecas, pero les faltaron fuentes. No tuvieron acceso al archivo del Congreso, ni al archivo de la Fundación Pablo Iglesias, ni al Archivo de Salamanca. Lo hicieron con prensa y el diario de sesiones de las Cortes. El nuestro es más rico”.
Los autores también han tenido el privilegio que no tuvo Tussell de consultar el dietario del entonces presidente de la República. El dietario de Alcalá Zamora es importante, así como el de Portela. Javier Tusell reconoce que sus recuentos son incompletos, pero con el Archivo del Congreso se ha podido reconstruir al completo. Los resultados oficiales a nivel nacional no se conocían hasta ahora.
Señalan los autores en una reciente entrevista que “Cuando se publicó el dietario de Alcalá Zamora hace unos años leímos la parte del fraude. El propio presidente de la República es el que habla de fraude. Sin ese dietario no nos habríamos metido en la investigación. Antes éramos muy escépticos, siempre he dicho que ganaban las izquierdas. Hasta que encontramos las pruebas y documentos cotejados. Veíamos claro el fraude en A Coruña y Cáceres, pero sólo con estos votos la mayoría no cambiaba. Y aparecieron los casos de Tenerife, Las Palmas, Lugo, Pontevedra, Valencia, Jaén, Murcia y hasta Málaga (donde ganan indudablemente las izquierdas, pero el escaño de las minorías debería haber pertenecido a la CEDA y no al PSOE)”.
Eel pucherazo generalizado se dejó de hacer en los años treinta. En este caso estaríamos hablando de una falsificación postelectoral, sobre la documentación hecha sobre las mesas. Hay una falsificación electoral urdida la noche anterior a la reunión de la Junta Provincial en algunas provincias. Un fraude localizado.
Los autores reconocen que no fue un fraude generalizado a nivel nacional. Pero sí a nivel provincial en Valencia, Jaén y Las Palmas. En cuatro provincias, la madrugada del 19, se arrebata el poder a las derechas (A Coruña, Lugo, Tenerife y Cáceres). Y lo importante no es el número de votos, sino el reparto de escaños. No podemos saber cuántos votos fueron fraudulentos a nivel nacional, quizá más de 150.000 votos, sobre más de 8.000.000 de votos. Los que fueran bastaron para determinar el reparto, porque el resultado estaba muy apretado. El fraude en Cáceres fue de 10.000 votos. En Jaén, si ganabas te llevabas 10 y si perdías, 3. Se jugaban la mayoría.
El fraude fue orquestado desde las provincias. Es una dinámica que se repitió en muchos sitios: empezaron celebrando y acabaron asaltando gobernación civil. Son las 36 primeras horas de Azaña antes de la reunión de la Junta del Censo. La iniciativa la llevan las autoridades provinciales. El día 19, cuando Manuel Azaña accede al poder, el Frente Popular y las derechas no tienen mayoría parlamentaria, la cosa está muy abierta.
No hay orden de Azaña para alterar el recuento. En Madrid hubo pasividad y connivencia con las movilizaciones. El propio Azaña se refiere a los resultados de A Coruña y en Cáceres como la “resurrección de candidatos”. Se demuestra un fraude local. Tachones, raspados, manipulaciones. La campaña no fue sucia, ni siquiera el día de las Elecciones. De hecho, hubo un gran despliegue de fuerzas del orden para evitar problemas. Sin embargo, Portela no pudo declarar el Estado de Guerra durante el recuento, porque Alcalá Zamora no le deja, pero Azaña sí lo hace en algunas partes.
Son pequeñas diferencias de votos que afectaban al recuento de escaños. Es un fraude en determinados lugares que han hecho bailar escaños. Cuando Azaña acude a la sede de Gobernación se desespera al ver que los gobernadores han huido y están en manos de los poderes locales, que intimidaron. Hay sitios en los que la intimidación y la coacción fue muy potente.
Es verdad que la tesis del fraude no es nueva. Se habló desde los mismos días del proceso electoral, y de fraude ya decidió una comisión de eximios juristas del régimen anterior, montada por Ramón Serrano Suñer en diciembre de 1938, en su dictamen sobre “la ilegitimidad de los poderes actuantes el 18 de julio de 1936”. Y al fraude dedicó, como hemos dicho, Javier Tusell un capítulo de su estudio sobre estas elecciones, pionero en el género o el recuento y análisis de actos de violencia política y policial que acompañó todo el proceso y continuó en las semanas siguientes, objeto de recientes y excelentes estudios de Rafael Cruz o Eduardo González Calleja.
Hay que decir que Álvarez Tardío y Villa tras su original indagación en las actas, han agregado los resultados de todas las candidaturas en las que figuraba la CEDA como si se tratara de un frente o coalición, un bloque, una concentración de partidos, términos reiterados una y otra vez para identificar la inexistente candidatura de lo que llaman coalición antirrevolucionaria.
No fue así y, especialistas como son en el estudio de elecciones, lo saben de sobra. Mientras en la izquierda no quedó nadie, desde comunistas hasta republicanos de centro, sin integrarse en el Frente Popular, los candidatos aquí identificados como constituyendo un bloque, un frente, una coalición o una concentración antirrevolucionaria estaban muy lejos de haber alcanzado un acuerdo, ni firmado un programa o un manifiesto, que les permitiera presentarse como formando parte de una candidatura única de la que habría de salir un Gobierno.
Al haber agregado datos electorales dando por existente un bloque de derechas enfrentado a un frente de izquierdas, distanciados solo por unos miles de votos, los autores argumentan que al producirse el fraude, la mayoría absoluta que debía haber ido al bloque de derechas fue para el de izquierdas. Pero esto pudo perfectamente no ser así porque al no existir una coalición de derechas, sumar los votos de centristas, radicales, conservadores, liberaldemócratas, agrarios, alfonsinos, tradicionalistas y tutti quanti como formando parte de una sola candidatura con tal de que en ella hubiera además alguien de la CEDA es forzar el recuento. Fraude, sí. Que eso determinara el resultado, es más dudoso.
Ahora bien, como diagnostica el conocido historiador Stanley G. Payne, se trata del “fin del último de los grandes mitos políticos del siglo XX". La Historia es así. Como sentencian los autores, “es verdad que toda historia, si está bien hecha, revisa el pasado”.
Perfil de los autores
MANUEL ÁLVAREZ TARDÍO es Profesor Titular de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Su investigación se ha centrado en la historia política de España y Europa durante el período de entreguerras, especialmente las relaciones entre política y religión, el análisis institucional de la Segunda República española y el estudio comparado de la transición a la democracia.
ROBERTO VILLA GARCÍA es doctor en Historia y profesor titular interino adscrito al Departamento de Ciencias Sociales en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.