A. Fernández. Barcelona
A. Fernández. Barcelona
La CUP y el Gobierno catalán han copiado los dictados del estadounidense Gene Sharp para diseñar su estrategia de ‘guerra abierta’ contra el Estado español en los últimos dos años. Sharp es un escritor, filósofo y politólogo estadounidense abanderado de la lucha no violenta contra el poder y teórico de las estrategias que preconizan que si los ciudadanos no obedecen las órdenes de los líderes de las estructuras del Estado, estos se quedan sin poder. Siguiendo esa consigna, tanto la Generalitat de Cataluña como los partidos que la apoyan, y especialmente la CUP, iniciaron hace tiempo una estrategia para poner en marcha sus recomendaciones y hacer tambalearse al Estado español creando la tormenta perfecta de la que surgiese la república catalana independiente.
El ‘president’ Carles Puigdemont tomó prestado del norteamericano la aplicación de uno de sus puntos cruciales: “Establecer la doble soberanía y gobiernos paralelos”. Así, desde la Generalitat y los partidos que la gobiernan, se ha insistido machaconamente en que hay “dos legitimidades”: la de las leyes vigentes y la de las leyes suspendidas por el TC, cuando jurídicamente esa es una dicotomía falaz. Entre los puntos de Sharp y sus teorías, figuran también “buscar encarcelamientos para sobrecargar las cárceles por solidaridad” (la CUP y los alcaldes de la Asociación de Municipios de Cataluña acudieron en masa a autoinculparse ante los tribunales para desbordar los juzgados) o la presión psicológica al adversario, llegando al punto de “realizar juicios al revés: acusando al acusador”.
El manual de Sharp dedica un capítulo a los métodos de no cooperación política. “Para expresar una protesta, para lograr la desintegración, para que deje de funcionar un Gobierno”, propone diversas acciones. La primera, es el “rechazo a la autoridad”. Este rechazo se promueve desde tres ángulos: “Suspensión o retirada de la obediencia; rechazo de apoyo público, y escritos y discursos promoviendo la resistencia”.
A partir de ahí, se abre el abanico de medidas concretas: desde el boicot de empleos y cargos gubernamentales (o sea, no asistir a reuniones oficiales, como la ausencia de Puigdemont en la conferencia de presidentes) hasta negar la aceptación de funcionarios designados (es lo que la Generalitat hizo con la designación del coronel Diego Pérez de los Cobos como mando único de las investigaciones en los temas del referéndum), pasando por el boicot de los cuerpos legislativos, el negar la aceptación de funcionarios designados o “negarse a disolver instituciones independientes existentes”. En este sentido, Puigdemont aceptó disolver la Sindicatura Electoral del referéndum solo para que las sanciones del TC no afectasen a los patrimonios personales de sus componentes.
Desobedecer las leyes ‘ilegítimas’
El texto recomienda como alternativas a la desobediencia el “cumplimiento lento y renuente” de las órdenes, la no obediencia, pero “sin escándalo, sin publicidad, con discreción”, la “desobediencia enmascarada: parece que se obedeció” (como la actuación de los Mossos d’Esquadra durante el 1-O y la víspera), el rechazo a dispersar una reunión o concentración, las sentadas o la “desobediencia civil a leyes ‘ilegítimas” (justamente las consignas que promueven el Gobierno catalán y los partidos independentistas).
En el futuro, se recrudecerán los mecanismos que Sharp recomienda, como el “boicot social hacia grupos sociales para inducirlos a que se unan a la resistencia”, el “boicot selectivo a colaboradores voluntarios, soldados o policías”, la suspensión de actividades sociales o deportivas (lo que no se logró con el partido del Barça este fin de semana), las huelgas estudiantiles (el sector estudiantil está controlado por los independentistas a través del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans) o el refugio en lugares ‘inviolables’, como templos o embajadas (en el caso de Barcelona, son consulados).
En una tercera fase, entrarán en escena los boicots de los consumidores a determinados productos o determinados comercios, boicot a los productores, a los distribuidores, la elaboración de “listas negras de comerciantes”, el cierre de negocios al “no permitir la entrada a trabajadores” (curiosamente, lo que hizo en la jornada de este martes la propia Administración de la Generalitat con los edificios oficiales) o la retirada de depósitos bancarios.
En la estrategia de Sharp se cuentan también otras acciones, que van desde cartas de apoyo a declaraciones de organizaciones, formalización de grupos de presión, ostentación de banderas y símbolos, “ruidos simbólicos con silbatos, matracas, campanas o sirenas”, “recuperaciones simbólicas para visualizar que se retoman terrenos o edificios”, repudio verbal a disidentes (como se hizo en el caso de Joan Manuel Serrat, que se posicionó contra el referéndum), realizar vigilias (“generalmente de noche, con guardias constantes, largas y prolongadas”), marchas a sitios significativos, desfiles, caravanas automovilísticas (como las tractoradas realizadas durante la última semana), asambleas de protesta o de apoyo y un gesto que durante esta huelga se hizo muy patente: “Volver la espalda” —se realizó en las sentadas ante comisarías o cuarteles de la Guardia Civil—.
Las milicias incontroladas
En esta operación, tienen una vital importancia los comités de defensa del referéndum (CDR), una especie de milicias urbanas (y similares en su composición a los comités de defensa de la revolución de Cuba) que, bajo el visto bueno del Gobierno catalán, son utilizadas como tropas de choque ‘populares’. “Los CDR son la estructura de autodefensa de la CUP, formados por diversos movimientos alternativos y sociales para vigilar el desarrollo de la hoja de ruta hacia la independencia. En ellas se han integrado muchas organizaciones alternativas, anarquistas, de Corriente Roja y de jóvenes”, admite un miembro de estos colectivos a El Confidencial.
La versatilidad de estas milicias les ha permitido, por ejemplo, convertirse, por un día, en los comités de huelga durante la jornada de este martes. La misma fuente explica que si bien en muchos barrios simplemente se les cambió el nombre “momentáneamente” a causa de la huelga general, en otros se amplió su composición a algunos sindicatos, partidos como ERC o entidades como la ANC y Òmnium Cultural.
Los CDR llevan tres meses entrenándose (“el tiempo que hemos estado negociando con grupos anarquistas y movimientos alternativos su integración en la estructura”, dicen las fuentes) y ahora se han convertido en los comandos que toman la iniciativa en cualquier situación, desde las concentraciones ante cuarteles o comisarías (de momento) hasta manifestaciones en diferentes lugares. ¿Y hasta cuándo estarán operativos los CDR? “No se sabe, porque sobre ellos no hay ningún documento escrito. En principio, debería ser hasta la proclamación de la independencia, pero es posible que sigan operativos durante el periodo constituyente que se abra tras la misma”.
Los CDR son los encargados, en estos momentos, de dirigir la agitación ‘ciudadana’, aprovechándose del descontento popular tras las actuaciones policiales del 1 de octubre. “No dependen de nadie, solo de la CUP”, admiten las fuentes consultadas. Desde fuentes cercanas a los servicios de información de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, se ve esta situación como muy preocupante. “No estamos seguros de que el Gobierno catalán pueda controlar en estos momentos estas estructuras. Es más, hay indicios de que a Puigdemont se le ha ido de las manos la situación y, en estos momentos, la calle es de los radicales de la CUP, jaleados incluso por miembros del Gobierno catalán o por altos cargos”.
Según estas fuentes, la tensión irá en aumento los próximos días. “La CUP necesita tensionar la calle, y hasta la declaración de independencia mantendrá las movilizaciones e incluso se espera que intensifique su dureza”. Ante ello, el Gobierno catalán ha dado por bueno hasta ahora que la ley de la calle la impongan los radicales, pero esa es un arma de doble filo, que puede volvérsele en contra en cualquier momento.
Servicios de información culpan al CNI del desastre del 1-O en Cataluña
Se buscan culpables por el desastre operativo, y también político, del referéndum celebrado el domingo en Cataluña. Y una de las imputaciones, poco conocida pero real, se dirige nada menos que al Centro Nacional de Inteligencia, del que se llega a afirmar que sus fallos han provocado que la convocatoria acabara tan mal.
Se buscan culpables por el desastre operativo, y también político, del referéndum celebrado el domingo en Cataluña. Y una de las imputaciones, poco conocida pero real, se dirige nada menos que al Centro Nacional de Inteligencia, del que se llega a afirmar que sus fallos han provocado que la convocatoria acabara tan mal.
Algunos servicios de información, sobre todo los vinculados al Ministerio del Interior, acusan al CNI, entre otras cosas, de “inacción”, de haber cometido errores en la información que había suministrado, y, más aún, de no haber evitado injerencias de servicios de inteligencia extranjeros en el ‘proces’.
“El Centro Nacional de Inteligencia no ha compartido toda la información que tenía sobre el referéndum”, asegura a El Confidencial Digital un alto cargo policial del Ministerio del Interior, visiblemente contrariado por el desarrollo de los acontecimientos durante la jornada del 1 de octubre en Cataluña.
Según su relato, la colaboración del CNI “no ha sido la esperada”, especialmente en cuanto al flujo de información desde el servicio de inteligencia al Ministerio.
Fuentes de la cúpula policial son aún más tajantes: “Nos la han jugado”.
Y añaden: “En el CNI se han dejado llevar por viejas rencillas con cargos que han estado involucrados en la preparación y desarrollo del operativo del 1-O".
Urnas llegando desde Francia
Uno de los datos que echan en cara a los "espías" del CNI es que no han sido capaces de localizar las urnas utilizadas en la consulta del domingo.
Según se ha sabido ahora, las urnas se compraron en China, que era, junto a Rusia, Serbia o un país del Báltico, una de las opciones que Interior había barajado como posible lugar de origen de las urnas.
Las urnas, tal y como han ido revelando desde círculos independentistas, fueron adquiridas a través de un vendedor chino, una empresa que opera en internet llamada ‘Smart Dragon Ballot Expert’, a un precio de 5 euros la unidad.
Posteriormente, fueron enviadas al sur de Francia, donde estuvieron "esperando" a que se celebrara la votación, y el CNI no las detectó, ni en el transporte desde China, ni en el almacenaje en el país vecino.
La lealtad de los Mossos
Otra de las acusaciones desde los otros servicios de inteligencia se centra en afirmar que los informes elevados al Gobierno por el CNI han sido en gran medida erróneos. Unos informes que llegaban sobre todo a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.
Afirman esas fuentes que el Centro Nacional de Inteligencia valoró cuál podía ser la actitud de los Mossos d'Esquadra en las horas inmediatamente anteriores y posteriores al referéndum, y 'garantizó' que el nivel de lealtad constitucional sería del 90%, algo que, evidentemente, no ocurrió.
Servicios de inteligencia extranjeros
Existen fundadas sospechas de que servicios de inteligencia de países extranjeros “colaboraron” en bastante medida con los organizadores de la consulta ilegal celebrada en Cataluña.
Uno de los campos se centró en aportar la logística informática necesaria para la gestión del censo electoral y para el recuento de votos.
De igual manera, tales servicios asesoraron a altos cargos de la Generalitat sobre cómo actuar para “evitar seguimientos” y para burlar la vigilancia policial.
Cabe recordar que Carles Puigdemont realizó el domingo un extraño cambio de vehículo a oscuras, bajo un puente, cuando se dirigía al colegio electoral en el que finalmente pudo votar y desde ofreció las primeras declaraciones en la jornada del 1-O. Del túnel salieron dos comitivas de coches, con lo que logró despistar a un helicóptero policial.
Respuesta desde el CNI: “Una chapuza policial”
El Confidencial Digital ha podido conversar con fuentes muy próximas al CNI, los servicios secretos españoles, que responden que la versión ofrecida por los otros servicios de inteligencia, sobre todo el ámbito del ministerio del Interior, es “radicalmente falsa”.
Sostienen que el Centro Nacional de Inteligencia, que ha estado en contacto permanente con el Gobierno, ha aportado “información contrastada y precisa” sobre cuestiones que afectaron directamente a las decisiones tomadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Aseguran que el informe elevado a la Vicepresidencia del Gobierno sobre la actitud de la policía autonómica concluía que existía una alta posibilidad de que, durante el referéndum, miembros de los Mossos d'Esquadra se negasen a cumplir las órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, como así ocurrió.
Añaden que sus previsiones fijaban en torno a un “50 por ciento” el número de Mossos dispuestos a cumplir las órdenes.
La entrada de las urnas
Sobre la llegada de las urnas, replican que entraron en España desde Francia, “a través del paso de la Junquera, fuertemente protegido por la Policía Nacional”, e incluso por el puerto de Barcelona. Por tanto, el fallo fue de los agentes que prestan servicio en esos puntos.
“No se debería estar buscando culpables fuera”, comentan.
Las fuentes cercanas al CNI consultadas, hablando “a título personal”, critican las órdenes de actuación del 1-O, que en algunos casos califican como una “chapuza policial”.
Fuente: El Confidencial y El Confidencial Digital