Redacción
La fuga de empresas de Cataluña sigue aumentando. En apenas dos días laborables, la cifra ha aumentado en unas 150, arrojando un total de 700 compañías que han trasladado su domicilio social fuera de la comunidad autónoma desde el 2 de octubre, un día después del referéndum ilegal. Se trata de los datos que va actualizando el Colegio de Registradores y reflejan que el castigo a la imagen de la economía catalana no se detiene.
En este mismo periodo, solo se han mudado a Cataluña 38 empresas, de modo que el saldo negativo se sitúa en las 662 empresas. Los nuevos datos actualizados incorporan lo que ocurrió en los registros mercantiles de toda la comunidad el viernes 13 de octubre y el lunes 16. En el 13 se fueron 81 compañías del conjunto de Cataluña. En el 16 de octubre abandonaron la región 68 empresas, según estos datos todavía provisionales. La mayoría de las empresas que se va fuera de la comunidad catalana procede de la provincia de Barcelona.
Las 700 empresas que dejan Cataluña en solo diez días laborables contrastan con el saldo que se dio hasta septiembre: hasta ese momento se habían ido 584 compañías y habían aterrizado 449. Es decir, superan en unos días todas las que se habían marchado en lo que iba de año. Eso sí, las que llegaban en los nueve primeros meses de 2017 tenían una facturación mayor que las que salían. Sin embargo, ahora lo normal sería que Cataluña perdiese el domicilio de mucha facturación, ya que entre los que han informado su traslado fuera se encuentran grandes corporaciones como Planeta, Gas Natural, CaixaBank, Sabadell, Abertis, Catalana Occidente, Cellnex, Applus, eDreams Odigeo, Bimbo o Torraspapel.
Aunque en principio estas empresas no están cambiando su operativa y mantienen sus negocios en Cataluña, este tipo de decisiones puede provocar que en medio de la incertidumbre se pospongan decisiones de inversión, un hecho del que ya han alertado el Banco de España, el Gobierno o el FMI.
Este lunes Codorniú comunicó que cambiaba su sede a La Rioja tras siglos radicado en la región. Este mismo martes también han anunciado su salida de Cataluña dos marcas con mucho arraigo en la comunidad como son Pastas Gallo, que mueve su sede a Córdoba, y la administración de lotería La Buixa d'Or, de Sort (Lleida), la que más billetes factura de España y que cambia su domicilio social a Navarra.
Montserrat revela que en un día se perdieron 4.000 M en cuentas bancarias en Cataluña
El éxodo masivo de empresas que en las últimas dos semanas están trasladando sus sedes sociales fuera de Cataluña se ha convertido en el nuevo arma del independentismo contra el Gobierno de España. Y es que lo acusan de aprobar una reforma legal para impulsar que las compañías se vayan a otra parte del territorio.
En este sentido, la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha sido clara en la entrevista que le ha hecho este martes Carlos Alsina en 'Más de uno', de Onda Cero. “El independentismo está llevando a la incertidumbre y la inseguridad”, ha declarado, y sobre la huida de compañías, opina que “las empresas no se van porque el presidente Rajoy o el Gobierno hayan dicho que se vayan… Al final, las empresas se van porque sus socios, sus accionistas, ven cómo en un día perdieron 4.000 millones de euros en cuentas bancarias en Cataluña”.
Y es que desde la celebración del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre, un total de 691 empresas han trasladado su sede desde Cataluña a otras regiones de España, según los últimos datos de registradores mercantiles de España. Entre ellas destacan las grandes del Ibex 35 y los dos bancos catalanes, Sabadell y CaixaBank, que, ante la fuga masiva de depósitos, no solo han cambiado su domicilio social y fiscal a Alicante y Valencia respectivamente, sino que se han visto obligados a crear multitud de cuentas espejo para tranquilizar a sus clientes catalanes, como publicó El Confidencial.
Así, para la ministra hay principalmente tres responsables de lo que está ocurriendo, que son el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, su vicepresidente, Oriol Junqueras, y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, “que están arrodillados ante la CUP y ante ANC y Òmnium Cultural, que son dos entidades sociales que no se han presentado jamás a unas elecciones y que están presentes en las decisiones de un Gobierno de Cataluña”.
Es precisamente ese independentismo el que ha llevado a la confrontación y la división de la sociedad y al posible empobrecimiento económico que, a juicio de Montserrat, ha provocado “la desinversión no solo de 540/600 empresas que ya han huido de Cataluña". "También hay mucha empresa internacional y del resto de España que se está planteando no invertir en Cataluña o en empresas situadas en Cataluña”, ha advertido. Por ello, ha insistido en varias ocasiones que “el Gobierno de España trabaja cada día en devolver la certeza, la seguridad y la estabilidad en Cataluña para que las empresas vuelvan” y, de paso, devolver la tranquilidad a los trabajadores que “viven una incertidumbre absoluta”.
Por otro lado, la ministra ha denunciado el “hostigamiento, la amenaza y el insulto constante” para aquellos que no comulgan con el independentismo, y ha explicado que esta misma mañana su casa en Sant Sadurní ha aparecido con pintadas llamándola fascista. “Esto es lo que pasa en Cataluña desde hace mucho tiempo —ha asegurado—, porque el que piensa diferente lo tiene muy complicado”.
De hecho, aunque quiere ser optimista, reconoce que la fractura social va a tardar tiempo en solucionarse. “Todos hemos tenido y tenemos muchos amigos, íntimos amigos, que son independentistas, y siempre hemos sido amigos y hemos discutido con tranquilidad. Pero ahora es muy complicado, las familias están fracturadas, los amigos están fracturados, los compañeros de trabajo están fracturados y, por lo tanto, tenemos que trabajar otra vez por esa Cataluña de convivencia y paz”, ha concluido.
CaixaBank y Sabadell pierden 9.000 millones en depósitos por el desafío independentista
Los grandes bancos de origen catalán empiezan a explicar a sus inversores el impacto que ha tenido en su balance la tensión política derivada del órdago secesionista de la Generalitat de Cataluña. Según han confirmado varias fuentes, tanto CaixaBank como Banco Sabadellhan concretado a sus grandes accionistas institucionales el dinero que salió de sus cuentas por el temor de sus clientes a la declaración unilateral de independencia (DUI). En total, unos 9.000 millones de euros durante la semana posterior al referéndum ilegal del 1-O y los días siguientes al anuncio del cambio de sede de ambas entidades.
De esa cantidad, cerca de 6.000 millones corresponden a CaixaBank, y los restantes 3.000 millones, a Sabadell, según explican varias fuentes que han preguntado a la dirección financiera de las dos instituciones bancarias por las consecuencias de la tensión política en Cataluña. Una fuga de depósitos y de cuentas a la vista provocada por dos motivos. El primero, el boicot de muchos clientes que no querían tener sus ahorros en bancos catalanes al considerar que apoyaban la deriva soberanista. El segundo, por el miedo a que, en caso de independencia, se produjese un corralito y no pudieran disponer de su dinero. Fuentes oficiales de Caixabank desmienten que esos datos sean completamente exactos, mientras que desde Sabadell han declinado hacer ningún comentario.
Los analistas que cubren la cotización de CaixaBank y de Sabadell les han pedido una secuencia de la salida de depósitos tras la consulta popular del 1-O, los incidentes con las fuerzas de seguridad, la declaración posterior de Carles Puigdemont, en la que aseveró que el pueblo catalán se había ganado el derecho a ser un país independiente, la huelga general promovida por la CUP el 3 de octubre y la intervención televisada del rey Felipe VI en la noche de esa misma jornada.
Ese día, CaixaBank emitió un comunicado interno en el que señaló que, ante los acontecimientos políticos y sociales, adoptaría "las medidas que hayan que tomarse" para salvaguardar los intereses de los clientes y accionistas tras las imágenes que dieron la vuelta a España, en las que se veía a empleados de su centro corporativo en la avenida Diagonal de Barcelona protestar contra la intervención policial y en favor de la independencia.
Según estas fuentes, el peor momento fue precisamente el 4 de octubre, el día siguiente a las manifestaciones independentistas que inundaron Barcelona y tras el discurso del monarca, en el que anunció medidas excepcionales. Aunque ni el Ministerio de Economía ni el Banco de España han revelado ninguna cifra oficial, la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, dijo ayer en una entrevista con Carlos Alsina, en el progama 'Más de uno', de Onda Cero, que en un solo día perdieron 4.000 millones. En concreto, afirmó que “las empresas no se van porque el presidente Rajoy o el Gobierno hayan dicho que se vayan… Al final, las empresas se van porque sus socios, sus accionistas, ven cómo en un día perdieron 4.000 millones de euros en cuentas bancarias en Cataluña".
Cambio de tendencia
Fuentes financieras han confirmado que esa cantidad se acerca bastante a la realidad, una fuga masiva de dinero que llevó a Isidre Fainé y Josep Oliu a decidir de forma coordinada que no tenían más remedio que llevarse las sedes sociales fuera de Cataluña. Sabadell lo hizo el jueves 5 y CaixaBank, una vez aprobado por el consejo de ministros el real decreto que facilitaba la mudanza exprés de cualquier compañía, el viernes 6. Hasta ese momento, las dos instituciones vieron cómo salían unos 7.000 millones, proceso que siguió con menos intensidad la semana posterior, una vez que habían dejado claro que no estaban a favor del movimiento independentista liderado por Junts pel Sí.
En total, unos 8.800 millones de euros perdidos en los 10 días siguientes al 1-O, tendencia que ya se ha detenido y que, según estas fuentes, empieza a balancearse hacia el lado positivo. "La actividad se ha normalizado totalmente y hasta comienza a haber más entrada que salida de dinero", apuntan, sin especificar importes de captación de dinero nuevo. Tampoco concretan cuántos ahorros en manos de BBVA—dueño de la antigua Caixa Catalunya—, Bankia y Santander buscaron refugio fuera de Cataluña, pero fuentes del sector apuntan a que al menos huyeron entre 2.000 y 3.000 millones adicionales por el temor a un bloqueo de los movimientos de capital desde la Generalitat.
Los aproximadamente 6.000 millones que se evaporaron de CaixaBank se corresponden con algo menos del 3% de los depósitos que tiene todo el grupo, que a 30 de junio disponía de 203.500 millones. La entidad presidida por Jordi Gual no detalla cuánto es de clientes españoles y cuánto de BPI, el banco portugués adquirido este mismo año. Por su parte, los 3.000 millones que ha perdido Sabadell son en torno el 3% de los 99.500 millones que la institución tenía entre depósitos y cuentas a la vista al cierre del primer semestre. Cifra que sube al 4,27% sobre los 70.231 millones de clientes españoles, una vez descontada su filial británica, TSB Lloyds.
"El daño está causado porque esos importes eran en gran parte los objetivos comerciales del año, sin olvidar las caídas de las cotizaciones en bolsa", concluyen fuentes de dos firmas de análisis internacionales. No obstante, dejan claro que en ningún caso está en juego la solvencia de ninguna de las dos entidades, como sí sucedió con Banco Popular.
Un documento incautado a la Generalitat prevé trasladar sus cuentas a París para huir del control estatal
Un documento incautado en los registros previos al referéndum del 1-O reconoce que Cataluña podría tener dificultades para pagar las nóminas de declararse la independencia, se vería obligada a retrasar los pagos a proveedores e intentaría buscar un sistema para trasladar las cuentas a París. Así aparece reflejado en un documento que fue intervenido por la Guardia Civil en el registro del despacho del secretario de la Hacienda Catalana, Josep Lluís Salvadó, el pasado 20 de septiembre, al que ha tenido acceso Efe y que ha adelantado La Vanguardia.
Este documento de dos hojas manuscritas, cuya autoría y fecha de elaboración se desconoce, hace referencia a medidas económicas en caso de una declaración de independencia y en dos escenarios que denominan de "guerra" uno y de "guerrilla" otro.
De acuerdo con esos documentos, en el escenario de "guerra" consideran que el Tribunal Constitucional (TC) actuaría contra los máximos responsables de las instituciones catalanas y que el Estado asumiría el control de la autonomía, cortando el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).
Y en ese escenario, habría que analizar si se puede afrontar "el primer pago de las nóminas", dice el documento, que añade que la Generalitat tendría que activar en octubre "el cobro de los tributos" (impuestos y cotizaciones) del sector público, que cifra en 4.500 millones de euros.
Atrasar los pagos a proveedores
Asimismo, tendría que activarse el plan de ajuste de gastos del gobierno catalán y atrasarse los pagos a proveedores. Como financiación alternativa, en noviembre se cobrarían impuestos a todas las empresas con capacidad operativa en la Agencia Tributaria Catalana (ATC) y se emitirían "bonos patrióticos y otros".
También, se buscaría un sistema para trasladar cuentas a París y no se pagaría al Estado ni amortizaciones ni gastos financieros "derivados del FLA y otras deudas". El documento reconoce que el Estado tiene capacidad para cortar el FLA, por ser "un financiamiento discrecional", una decisión que podría justificar el Gobierno central incluso en foros internacionales en que los soberanistas habían empleado esos recursos para financiar y realizar el referéndum.
Dentro del escenario que califican de "guerrilla", el documento fecha en julio de 2018 el punto "crítico" en el que se encontrarían las finanzas catalanas.
Fuente: El País, El Confidencial
Análisis: Nos dejaréis un erial
Enric Hernàndez
Cientos de empresas en fuga, incluidas las multinacionales y las sociedades cotizadas en bolsa. Miles de millones de euros de ahorros discretamente transferidos, física o virtualmente, a sucursales bancarias lejos del territorio catalán. Inversores buscando negocios inmobiliarios en entornos más apacibles que la tumultuosa Barcelona. Las reservas turísticas desplomándose. Restaurantes vacíos o semivacíos día y noche. Pedidos industriales cancelados. Trabajadores de brazos cruzados. Cierres de empresas, por mudanza o liquidación. Paro. Pobreza. Desolación.
Bienvenidos a esta Catalunya que, como presagiaba su himno, al fin volvió a ser “rica y plena”, solo que no supo gozar de sus éxitos y prefirió tirarlos por el desagüe. Y, con ellos, el bienestar de las generaciones venideras.
Quizá el encarcelamiento de los activistas del independentismo Jordi Sànchez (ANC) y Jordi Cuixart (Òmnium) --un error político de libro, inexcusable bajo la coartada de la división de poderes-- sea la chispa que prenda el definitivo incendio social. O tal vez no, tanto da. Porque los pirómanos de ambos extremos llevan demasiado tiempo preparando la quema como para ahora buscar cabezas de turco togadas.
El conflicto viene de más lejos, pero el auto de prisión de Sànchez y Cuixart empezó a redactarse, metafóricamente, hace dos años. Tras la amarga victoria de Junts pel Sí en las 'plebiscitarias' del 27-S, Artur Mas mendigaba el voto de la CUP a su investidura y transigió en que el Parlament se declarase en rebeldía: no obedecería a la justicia ni acataría las leyes españolas, solo las catalanas. En pos de la supuesta libertad del pueblo catalán, la mayoría parlamentaria y sus satélites privados estaban dispuestos a violar leyes. Es decir, a delinquir.
Poner urnas no es delito, pero sí desobedecer la orden del Constitucional de no hacerlo. Como no es delito protestar ante una institución, pero sí impedir que los poderes públicos --sean policías o parlamentarios-- ejerzan su función. Así lo pensaba la Generalitat hace cuatro años, cuando pidió penas de prisión para los responsables del asedio al Parlament del 2011, a los que acusó de un delito contra las instituciones del Estado. Eran otros tiempos.
PARA NO VOLVER
Un país cuyo gobierno promete saltarse la ley no es de fiar para empresas ni para particulares. Si encima organiza un referéndum unilateral y promete declarar unilateralmente la independencia, la fuga de capitales está asegurada. Catalunya, el territorio más bancarizado de España hace una década, solo conserva hoy franquicias financieras. Las empresas trasladan primero la sede social, luego la fiscal (adiós a sus impuestos) y, al final, su cuartel general. Como sucedió en Montreal, se van para no volver.
Hoy calláis los del 'Espanya ens roba', los que a tantos engañásteis asociando independencia a abundancia y ocultando los costes de transición. No os responsabilizáis de que debamos pagar la factura por adelantado, sin que vuestra Arcadia se atisbe siquiera. Y en herencia nos dejaréis una Catalunya arruinada, un verdadero erial.
Fuente: El Periódico de Catalunya