Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium, las principales entidades movilizadoras del independentismo, fueron enviados este lunes a prisión por un delito de sedición.
La juez les acusa de haber dirigido y alentado a las masas los días 20 y 21 de septiembre para intentar impedir —aunque no lo lograron— la Operación Anubis contra la celebración del referéndum independentista del 1 de octubre. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, varios grupos del Ayuntamiento de Barcelona, y el diario Ara, entre otros, han criticado la detención de Sánchez y Cuixart, a los que consideran “presos políticos”. “No les han enviado a la cárcel por robar sino por organizar una protesta pacífica”, ha dicho Iglesias.
¿Son Jordi Sánchez y Jordi Cuixart presos políticos?
No existe una definición universal aceptada para “preso político”, aunque podría ser descrito como una persona arrestada por sus actividades políticas, especialmente si son críticas o muestran oposición a un Gobierno.
En octubre de 2012, por primera vez un organismo internacional, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE, en sus siglas en inglés), aprobó una serie de criterios para definir qué es un preso político. Según la PACE, alguien es preso político si se dan en él o ella uno de estos criterios: la detención viola alguna de las garantías recogidas en la Convención Europea de Derechos Humanos (especialmente la libertad de pensamiento, religión, libertad de expresión e información y la libertad de asociación), la detención es impuesta puramente por razones políticas, el tiempo o las condiciones de condena no son proporcionales al delito cometido, la detención es discriminatoria con respecto a otras personas o si es el resultado de un proceso judicial que es claramente injusto y motivado por razones políticas. Estos criterios no se cumplen en la detención de Sánchez y Cuixart
Según el auto de su envío a prisión, ambos son los “principales promotores y directores de las protestas del 20 y 21 de septiembre”. El 20 de septiembre, más de 40.000 personas convocadas por ANC y Òmniun se concentraron ante la Consejería de Economía de la Generalitat para protestar contra la detención de 11 altos cargos, arrestados por su participación en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre.
La juez Carmen Lamela argumenta que “a través de las citadas convocatorias se hacía un llamamiento, no a una concentración o manifestación pacífica, sino a la “protección” de sus gobernantes e instituciones, mediante movilizaciones ciudadanas masivas, frente a los lugares donde se estaban llevando a cabo actuaciones policiales”. Prueba de ello, según el auto, es que “en algunas convocatorias se expresaba, incluso, que las concentraciones que existían eran ‘para aturar la Guardia Civil’ (para parar la Guardia Civil), como expresa, por ejemplo, el mensaje de WhatsApp de Òmnium de fecha 20 de septiembre, enviado sobre las 8.50 horas”.
La protesta no fue pacífica. Como consecuencia de las concentraciones del 20 de septiembre, la secretaria del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona tuvo que salir de la Consejería de Economía de la Generalitat por una azotea, mientras los más exaltados destrozaron tres todoterrenos de la Guardia Civil, causando daños cifrados en 135.600 euros.
La juez sitúa a Sánchez y Cuixart como los promotores de la protesta que intentaba obstaculizar la labor de la Guardia Civil: “Durante el transcurso de la jornada, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart se erigieron como interlocutores de la concentración, afirmando que podían mover a los miembros de la concentración para sus fines, intentando negociar durante al menos cinco veces con las fuerzas de seguridad, (…) pero nunca aceptando aquellas opciones que los especialistas de seguridad ciudadana proponían para evitar o disminuir los riesgos”.
¿Son entonces Jordi Sánchez y Jordi Cuixart presos políticos? No. Su actuación, según el auto judicial, se ajusta al delito de sedición, regulado en el artículo 544 y siguientes del Código Penal y que se castiga con penas de hasta 15 años de cárcel a quienes “se alcen pública y tumultuariamente” para “impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes”, o para “impedir a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”. No han sido encarcelados por sus ideas, sino por un delito descrito en el Código Penal de una democracia avanzada como es España.
Colau no aporta ni una prueba de las "agresiones sexuales" de la Policía a dos mujeres
El Ayuntamiento de Barcelona no ha recabado ni una sola prueba de las supuestas "agresiones sexuales" a mujeres por parte de Policía Nacional y Guardia Civil en el referéndum ilegal del 1 de octubre denunciadas por la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau. Según un informe preliminar que el Gobierno municipal ha presentado este martes en el Congreso de los Diputados, el área de Derechos de Ciudadanía, Transparencia y Participación sólo tiene constancia de los testimonios aportados por "al menos dos víctimas" entrevistadas. Según el edil de este departamento, Jaume Asens, el Consistorio no dispone de ninguna otra prueba gráfica o audiovisual que acredite la veracidad de tales declaraciones.
"Tenemos los relatos pormenorizados y los pondremos a disposición del juzgado. Y el juzgado dirá si hay prueba suficiente o no para acreditar esos hechos. Lo que nosotros hacemos es ponerlos en conocimiento de la autoridad competente", ha admitido el cuarto teniente de alcalde de Barcelona en rueda de prensa en la Cámara baja.
El informe, basado en 143 testimonios (38 de ellos presenciales), fija como segunda de sus conclusiones que "la violencia ejercida tuvo un marcado carácter sexista". "Varias de las víctimas entrevistadas (tanto hombres como mujeres) manifestaron que los agentes 'iban a por las mujeres', para remarcar un trato especialmente vejatorio contra ellas e incluso un uso de la fuerza aún mayor", añade el texto.
Justo a continuación, recoge que "al menos dos de las víctimas (mujeres) atendidas, a su vez, relataron agresiones sexuales como tocamientos de pechos y de otras partes del cuerpo como violencia acompañadas de expresiones vejatorias como 'putas' o 'no me gustan tus pechos'". Así mismo, el informe dice que "relatos parecidos de al menos dos personas más han llegado a conocimiento del personal del Servicio (de atención a víctimas de agresiones policiales del 1 de octubre), sin que por el momento se hayan podido entrevistar directamente a las mujeres afectadas".
El pasado 3 de octubre, Colau manifestó que una de las presuntas "agresiones sexuales" se produjo en la Barceloneta, mientras que otra habría tenido lugar en un colegio de Pau Claris, en el Eixample. Esta segunda persona, Marta Torrecillas, es la mujer que dijo primero que un policía le había "roto dos dedos de la mano" durante el desalojo y que días después cambió su versión un programa de TV3 confesando que sólo sufría capsulitis en un dedo, una inflamación benigna de la cápsula de una articulación.
El portavoz del PP en Congreso, Rafael Hernando, ha pedido a Colau, líder de Catalunya En Comú, que "no deje pasar ni un día más en pedir perdón a la Policía y Guardia Civil" tras haber realizado unas "acusaciones" que son "burdas". Por su parte, el Ministerio del Interior ya remitió a la Fiscalía tales declaraciones de la alcaldesa de Barcelona.
Fuente: El País, Vozpopuli