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El separatismo catalán pierde la batalla de la prensa internacional tras el 155

Elespiadigital | Lunes 23 de octubre de 2017

El separatismo catalán pierde la batalla de la prensa internacional tras el 155

El independentismo catalán empieza a perder la batalla de la prensa internacional. Hasta ahora, Puigdemont se había sentido respaldado por los periódicos internacionales, que se hicieron eco de la pésima gestión del Gobierno en las cargas policiales para impedir la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre. Pero este domingo, el president de la Generalitat se ha encontrado con que los rotativos que hasta ahora habían comprado su mensaje se han puesto del lado del Estado español y la Constitución.

"España anuncia una regla directa para aplastar la rebelión de Cataluña", lleva en portada el diario inglés The Guardian este domingo. En la misma línea se ha posicionado el diario norteamericano Washington Post, que ha llegado a calificar la decisión del Ejecutivo de Rajoy de "golpe audaz para sofocar un movimiento secesionista en Cataluña" en un editorial.

Tanto Le Monde en Francia como Corriere della SeraReppublica en Italia, y Der Spiegel en Alemania, han reservado un importante espacio en sus portadas a la situación en Cataluña. A pesar de que Carles Puigdemont lanzó un mensaje de auxilio internacional en su discurso de este sábado contra el "golpe" del Gobierno, los medios extranjeros no se han rendido esta vez a su mensaje.

"Intereses de la nación"

Más o menos opinativos, todos han dado más importancia a la decisión tomada por el Ejecutivo para "defender los intereses generales de la nación" que a la confrontación entre el Gobierno de Rajoy y la Generalitat, como ha informado el New York Times.

Todos se han fijado en la importancia de que, por primera vez, el Estado español haga uso de "la herramienta política" que supone el Artículo 155 de la Constitución de 1978 para "eliminar" el poder de Puigdemont y de su equipo, como también indica el diario estadounidense y parar los pies a las intenciones secesionistas de los actuales líderes de una de las 17 regiones españolas.

Análisis: El fracaso de la España autonómica

Lucía Méndez

El acuerdo del Gobierno para aplicar el artículo 155 de la Constitución a la comunidad autónoma catalana es un antes y un después en la España autonómica de 1978. Seis días restan para su aplicación. Seis meses esperan de ignota eternidad.

Hace sólo un mes, el 155 para Cataluña era un horizonte lejano, remoto, dramático y no deseado. Resultaba casi inimaginable que Carles Puigdemont resistiera al frente de la rebelión después de enviarle al jefe del Estado y, sobre todo, a los mercados como temibles heraldos de la ruina económica de una comunidad rica. A pesar de la división del mundo independentista, el todavía presidente de la Generalitat -le quedan siete días de mandato- ha soportado lo que ningún otro gobernante del mundo responsable aguantaría sin convocar elecciones para, acto seguido, emprender rumbo al Caribe. Y ahí tiene ya servido en bandeja el 155. En dos meses escasos, la rebelión de las autoridades catalanas contra la Constitución de 1978 ha obrado el milagro de legitimar políticamente el temido 155, hasta ahora considerado anatema por parte del PP y el PSOE. Pedro Arriola, que sigue siendo el gurú y coach de Mariano Rajoy, diría que la perspicacia e inteligencia del presidente ha obrado el milagro de que todas las banderas españolas gritaran al unísono desde las ventanas: «El 155, pero ya».

Enfrascados en las pequeñeces políticas, las tácticas del corto plazo, el ruido de las redes y las miserias diarias, corremos el riesgo de perder de vista la trascendencia histórica del acuerdo tomado por el Consejo de Ministros presidido por Mariano Rajoy y celebrado el 21 de octubre de 2017. La última vez que un Gobierno de España tomó la decisión de intervenir el autogobierno de Cataluña, una parte del territorio nacional, fue en 1934.

El acuerdo por el que Mariano Rajoy se convertirá de facto en el presidente de la Generalitat, y los altos funcionarios del Gobierno de la Nación en consellers en funciones durante seis meses, supone el fracaso de la España que se reinventó en 1978. La España que quiso, y logró, pasar la página trágica de la Guerra Civil y la dictadura de Franco. La España de las autonomías ha acabado naufragando por Cataluña, el mismo lugar por donde siempre ha naufragado España. El Estado y la comunidad autónoma catalana no han logrado encontrar una salida verosímil y no traumática al conflicto planteado por más de dos millones de ciudadanos catalanes que, mal que les pese, forman parte del Estado español.

Probablemente, ni las autoridades catalanas declaradas en rebeldía, ni el Gobierno de la Nación esperaban que el otro llegara tan lejos. Y eso que las señales estaban ahí, visibles desde muy lejos. Cada uno de los actores del conflicto confió en la debilidad del adversario. Rajoy pensó que el Gobierno catalán no se atrevería a llegar tan lejos. Un fallo de lectura de la Historia de España. Un olvido del papel que pueden jugar las pasiones en la convivencia de un país. Y el Gobierno catalán oteó que el Estado era tan débil que podría doblegarlo. Preso de una dinámica callejera que no quiso ni pudo controlar, el Ejecutivo autonómico catalán creyó haber vencido al Estado el 9-N y el 1-O -razones tenía para ello-, y puso la directa hacia la independencia, creyendo que Rajoy no iba a atreverse a aplicarle el artículo 155.

Así es como hemos llegado hasta aquí. Si Carles Puigdemont sigue adelante liderando a los rebeldes y no disuelve el Parlament en los próximos seis días, Cataluña se convertirá en un peligroso banco de pruebas para el Estado. Un Estado que no se puede permitir el fracaso en la incierta y peligrosa aventura de una comunidad gobernada desde Madrid. No después de haber fracasado el 1-O, con las urnas pasando por delante de las narices de los servicios de inteligencia y los Mossos declarados en desobediencia frente a los tribunales.

La principal preocupación de las personas que han negociado el 155, en representación del Gobierno y del PSOE, ha sido tomar las medidas necesarias para que las medidas adoptadas sean eficaces. Incluso en el caso extremo de tener que utilizar la fuerza -todo tipo de fuerza- para garantizar su cumplimiento. El contenido del acuerdo del Consejo de Ministros -por el que se destituirá a Puigdemont y a todo el Govern- terminó de un plumazo con el cándido deseo de un 155 blando, limitado, parcial, leve, mullido o suave. No hay tal, ni podía haberlo. Tanto el Gobierno como el PSOE harían bien en no poner paños calientes a una situación que es dolorosa, grave, cruda y peligrosa. El 155 no va a restaurar la legalidad constitucional como por ensalmo, ni va a reparar las heridas abiertas en la sociedad catalana. La normalidad no se recuperará de forma automática, ni la convivencia volverá de golpe. Por el contrario, una parte de la sociedad catalana reaccionará con disgusto ante la pérdida efectiva de su autogobierno. Por constitucional que sea la decisión, que lo es.

Los seis meses que nos aguardan se presentan como una eternidad ignota. Las consecuencias políticas, sociales y económicas del 155 son imprevisibles. Lo que pueda suceder la semana próxima, si definitivamente se produce la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), nadie puede saberlo a ciencia cierta. Igual de incierto se presenta el resultado de unas elecciones autonómicas convocadas desde Madrid. Nadie puede asegurar que, a pesar de sus obvios excesos y de su fanatismo excluyente, los partidos pro independencia vayan a perder la mayoría absoluta del Parlament.

La dirección del PSOE es consciente del riesgo político que supone corresponsabilizarse de la aplicación del 155 junto al PP. Sin embargo, es dudoso que pudiera hacer cosa diferente. El movimiento independentista pone en riesgo la supervivencia del propio Estado. Los socialistas pusieron en pie el edificio del 78. Con más personal y materiales que el propio PP. El PSOE gobernó la España constitucional durante 21 años. Por rebelde que haya sido frente al establishment, Pedro Sánchez no podía hacer otra cosa que acudir en auxilio del Estado, aún en compañía de Mariano Rajoy, sin abrir un abismo entre él y la historia reciente de su partido.

Fuente: El Mundo

Análisis: Pobre España, pobre Cataluña

Ignacio Varela

Empecemos este primer día de la semana más peligrosa para la democracia española constatando de nuevo la inmensa culpa histórica de los dirigentes del nacionalismo catalán. Muy especialmente la del infausto Artur Mas, que fue quien prendió esta hoguera. Se han cargado el autogobierno de Cataluña; han fracturado dramáticamente a su país en un cisma social que se prolongará durante generaciones; han descapitalizado a una de las regiones más prósperas de Europa poniéndola al borde de la recesión y jugueteando alocadamente con el corralito. Y en su desesperada galopada hacia el abismo parecen dispuestos a inmolarse, no sin antes prender fuego a Cataluña. La historia no les perdonará.

Son Puigdemont y sus aliados los que han provocado esta reacción traumática del Estado. Se empeñaron en conseguir el 155, y ya lo tienen. Rajoy se ha resistido a ello hasta el último día, porque es consciente de los enormes problemas que tendrá para llevarlo a la práctica. Y no digamos los socialistas, que en mes y medio han tenido que transitar del noesnoísmo, la plurinacionalidad y la alianza con Podemos al casamiento forzoso con la derecha para sostener al Estado. Me temo que difícilmente resistirán el tirón hasta el final (ayer ya comenzaron a romperse por el eslabón más sensible, el PSC).

Todo lo que se dijo que nunca ocurriría está ocurriendo, y ahora entramos en los días más peligrosos. Durante una semana, el Gobierno de Puigdemont mantendrá intacto su poder. Ya sabe lo que lo que le espera, y es capaz de cualquier cosa. Nos hemos cansado de confiar en que en algún momento tendrían un rapto de sensatez y darían un paso atrás, y ellos siempre han optado por la fuga hacia delante. ¿Por qué habrían de actuar de otra forma ahora, que ya tienen el precipicio a la vista?

Es seguro que cuando el próximo viernes el Senado apruebe la propuesta del Gobierno todo estará peor que hoy. En estos días asistiremos a una rebelión preventiva, que probablemente incluirá la formalización de la DUI en el Parlament, el blindaje de los mecanismos de control político de los Mossos d’Esquadra (sin descartar enfrentamientos entre cuerpos policiales), acciones de autosabotaje institucional en los organismos que el Estado se propone poner bajo su control y disturbios callejeros cada vez más próximos a la violencia.

Pasado ese momento, habrá llegado el de hacer operativas las exigentes medidas acordadas. La flecha está lanzada pero hacerla llegar a su destino será un infierno, ya lo verán. Primero, porque los cesados no abandonarán voluntariamente los cargos ni los despachos, habrá que sacarlos de ellos por las malas. Segundo, porque eso de gestionar Cataluña desde los ministerios es mucho más difícil hacerlo que decirlo: se trata de reorientar y hacer funcionar una maquinaria administrativa hostil, plagada de comisarios políticos, contaminada por un largo proceso de selección y depuración ideológica y adiestrada en el arte de desobedecer y burlar todo lo que proceda de Madrid.

¿Qué está dispuesto el Gobierno a hacer para conseguir que el 155 se aplique y no resulte en un nuevo fiasco como el del 1 de octubre? ¿Hasta dónde está preparado para llegar, y hasta cuándo seguirá contando con el apoyo de sus circunstanciales aliados políticos y con la cobertura de la justicia? El fracaso es un riesgo real, pero ya no puede ser una opción aceptable. No sin pagar el precio del descrédito definitivo del Estado de derecho y, probablemente, de caer en una nueva recesión económica, tan cruel como la anterior.

Luego está el asunto de las elecciones. Estoy deseando equivocarme pero pienso que responder a la DUI (Declaración Unilateral de Independencia) con una CUE (Convocatoria Unilateral de Elecciones) es una pésima idea. Confiar en que de ahí nacerá la solución es una variante del pensamiento mágico , o si lo prefieren, la versión bondadosa de la posverdad.

El boicot a esas elecciones está asegurado. Los soberanistas, Colau incluida, jamás aceptarán como legítima una convocatoria realizada por “las fuerzas de ocupación” al amparo de una legislación de excepción que no admiten ni reconocen. Pueden ignorarla, lo que llevaría a una competición fantasmagórica entre Ciudadanos, el PSC y el PP, con una participación escuálida y un resultado inútil. O pueden contraatacar con su propia convocatoria electoral, contraponiendo las elecciones del 155 con las constituyentes de la República catalana. Así llegaríamos al absurdo perfecto: dos órdenes legales, dos elecciones paralelas, dos parlamentos y dos gobiernos. Eso no lo supera ni Maduro.

Cualquiera que conozca este tipo de conflictos sabe que las elecciones suceden después del acuerdo de paz, no en medio de la batalla; y que para servir de algo tiene que ser aceptadas por todas las partes. Si no es así, se convierten en un arma más de combate, gasolina para el incendio. Por no hablar del riesgo cierto de que, en el caso de participar, los independentistas las ganen y salgan fortalecidos.

Hará bien el presidente del Gobierno en resistirse cuanto pueda a la presión de sus socios para acelerar ese paso. Como mínimo, antes habrá que asegurarse de que la primera fase (control de la administración catalana, normalización institucional y restablecimiento de la legalidad) está completada, y analizar sus efectos.

En fin, más vale que nos vayamos acostumbrando a convivir con algunas ideas difíciles:

Que afrontamos un conflicto largo y tortuoso (no hablo de meses, sino de años), que probablemente incluirá brotes violentos.

Que ciertamente la prioridad es sofocar la rebelión y restablecer la autoridad del Estado democrático y el imperio de la ley, y eso hará inevitable el uso eficiente de la fuerza.

Que en su momento (nunca antes de haberse completado lo anterior) habrá que entrar en una negociación política que será larga y dura, uno de cuyos resultados deseables debería ser la convocatoria de unas elecciones aceptadas por todos.

Que no es razonable hacer recaer todo esto en un gobierno ultraminoritario, abrumado por su propia debilidad, con un PSOE que vive el apoyo como una condena de la que suspira por liberarse cuanto antes.

Pobre España. En los últimos diez años hemos encadenado una crisis económica destructiva, que ha arruinado la vida a una generación y empobrecido a todas; una crisis política con el funesto séquito de dos años de bloqueo; y ahora, esto: una crisis de convivencia en la que, como dice El Roto, lo único garantizado es el suministro de odio para una larga temporada.

Adolfo Suárez dijo al dimitir: “No quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España”. Hoy, algunos empezamos a albergar el temor de que las tres décadas prodigiosas vividas entre 1977 y 2007 resulten ser un paréntesis en la triste historia de España. Hay muchos empeñados en conseguirlo.

Fuente: El Confidencial