Rubén Amón
Rubén Amón
“Ha sido difícil anunciar el 155, pero ejecutarlo es imposible”. La confidencia de un alto funcionario del Estado resume la incertidumbre de Mariano Rajoy respecto a la eficacia de esta medida de coerción constitucional. Nunca se había utilizado en nuestra democracia. Y no está claro que funcione cuando el Senado otorgue el plácet para activarlo, tanto por la resistencia —activa o pasiva— que va a oponer la Generalitat de Cataluña como por la falta de tiempo —en principio, seis meses— y la precariedad misma del Estado español en el territorio hostil donde ha de consumarse la restauración de la legalidad.
1. La resistencia activa. Será más o menos pintoresca la resistencia teatral que ofrezcan Carles Puigdemont y sus consejeros. Pueden hacer del palacio de la Generalitat una parodia de Masadá, pero relevarlos de sus cargos es bastante sencillo, como va a serlo sustituirlos por otros. El problema consiste en la obstrucción que puedan oponer los demás funcionarios, tanto de alta graduación como de menos galones. Ya han anunciado los periodistas de TV3, de Cataluña Ràdio y de la Agencia Catalana de Noticias que no acatarán la intervención de los nuevos gestores. Y les han secundado la gran mayoría de Ayuntamientos, los estamentos educativos —el sindicato mayoritario USTEC rechaza el 155 y renegará de los nuevos interlocutores— y hasta el cuerpo de bomberos, reacio por completo a reconocer la legitimidad de un “Estado invasor”. Queda pendiente de aclararse la posición de los 17.000 Mossos d’Esquadra. No cabe la desobediencia en un cuerpo policial y casi todos los sindicatos apuntan a que serán leales al nuevo mando que designe Madrid, pero el antecedente del 1-O contradice el optimismo, sin olvidar hasta qué extremos se han enrarecido las relaciones del cuerpo autonómico con la Policía Nacional y la Guardia Civil.
2. La resistencia pasiva. No hacen falta grandes movilizaciones ni revueltas para sabotear los planes del 155. Cataluña ha consolidado una Administración propia que reúne 200.000 funcionarios y que lleva cuatro décadas progresando en un régimen de autosuficiencia. Soraya Sáenz de Santamaría anunció que serían cesados o expedientados los empleados públicos desobedientes, pero hay maneras de paralizar el funcionamiento de la comunidad sin incurrir en delitos flagrantes, del mismo modo que es imposible organizar un escarmiento masivo. No ya porque la Administración catalana se paralizaría en un periodo de convulsión, sino porque no hay medios humanos para sustituir los extremos de una plantilla explícita o implícitamente desleal. El 155 naufragaría en un territorio hostil.
3. El tiempo. Las presiones del PSOE y de Ciudadanos resultaron determinantes para que Rajoy se comprometiera a resolver el 155 en seis meses. Era la manera de enfatizar una situación de interinidad breve y de tranquilizar a la opinión pública catalana —y la española—, pero semejante compromiso temporal hace todavía menos viable la capacidad de construir una suerte de Administración paralela o inducida. La propia sustitución de altos funcionarios requeriría unos trámites administrativos complejos, en tiempo y en filibusterismo. Quiere decirse que la única manera de ejecutar el 155 en seis meses camino de unas elecciones consistiría en que el Gobierno central encontrara en Cataluña una Administración leal y engrasada para la novedad. Y el escenario real es exactamente el contrario.
4. La inexistencia del Estado de Cataluña. El principal inconveniente de los planes de Rajoy radica en la práctica inexistencia del Estado español en Cataluña. Pudo observarse en el fallido plan de neutralización del referéndum del 1 de octubre, aunque no se trata de una gestión concreta, sino de un problema estructural. Únicamente el 9% de los empleados públicos de Cataluña proviene de la Administración central. La cifra es superior en la Comunidad Valenciana (16%) y en Andalucía (19%), mientras que en la Comunidad de Madrid alcanza el 39%. Ya explicaba en este periódico el profesor Andrés Betancor (Universidad Pompeu Fabra) que la presencia del Estado “es puramente residual, testimonial” y circunscrita a los cometidos de la Hacienda pública y de la Seguridad Social.
No teniendo músculo el Estado en Cataluña —842 jueces, 5.900 efectivos de los cuerpos de seguridad—, la crisis ha puesto en juego la emergencia de los refuerzos, pero también la precariedad con que se desenvuelven, resumida en el transatlántico del Piolín.
5. La precariedad del Estado mismo. El poder, el peso, del Estado español tiene más que ver con una visión mítica que con una realidad operativa. Más allá de la crisis catalana, el Estado se halla expuesto a una crisis de autoridad y de funcionamiento. Tanto por las sucesivas transferencias realizadas a las comunidades autónomas como por la política de privatizaciones —el Estado no lleva a casa el teléfono ni el gas ni la luz— y la circunstancia de una plantilla de funcionarios “analógica”, desmotivada y tentada por el sector privado. Es la perspectiva desde la que el propio Estado no podría emprender un plan de “socorro” en Cataluña sin que terminara resintiéndose el resto del territorio y la propia eficacia de la Administración, aunque el despliegue de refuerzos policiales no pone en peligro la seguridad el territorio.
Análisis: Las elecciones no son la solución
Alejandro Molina
Asoman en estos días a los medios creadores de opinión que sugieren, como solución a la crisis provocada por el desacato de la Generalitat al orden constitucional, la celebración de elecciones autonómicas en virtud de una decisión in extremis del president Puigdemont, quien, de grado, haría uso de su facultad de disolver el Parlament antes de la publicación en el BOE de las medidas que acuerde el Gobierno en ejecución de lo propuesto al Senado el pasado sábado.
Con esta decisión del president —se dice— quedaría constatada la vuelta a la legalidad de la Generalitat, que, sin hacer un acto revocatorio expreso de la declaración del 10 de octubre ni de lo suscrito por la mayoría secesionista declarando “constituida la República catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social”, habría sin embargo renunciado tácitamente a su supuesto inconstitucional máximo.
Debe denunciarse que este parecer parte de una premisa falsa: la de que las medidas del artículo 155 son la consecuencia jurídica prevista en la norma para un supuesto de hecho consistente en una declaración de independencia más o menos inequívoca que no haya sido revocada; cabiendo que esa revocación —elusiva del 155— viniera de actos propios del Govern al punto que su conducta posterior indicara que la declaración no era del todo efectiva.
Abstracción hecha de que una cosa es que lo sucedido en el Parlament el pasado 10 de octubre careciera de efectos jurídicos y otra que no vaya a tener consecuencias legales (desacato al Tribunal Constitucional con calificación penal más allá de la mera desobediencia), hay que recordar que el auténtico supuesto de hecho para el artículo 155 es el incumplimiento por una comunidad de sus obligaciones legales cuando atente gravemente contra el interés general, siendo desde luego la declaración de independencia (ya sea palmaria, ambigua o por fases) el supuesto perjudicial máximo, pero no el único que legitima el expediente.
Porque ¿es que hasta el 10 de octubre la Generalitat no había incumplido sus obligaciones en perjuicio del interés general? ¿Es que la acción exterior, atribuyéndole a España la condición de Estado “autoritario” o “represor”, no es un daño al interés general? ¿Es que la inseguridad jurídica y la huida de empresas no han perjudicado la inversión en la economía española? ¿Qué son los incumplimientos de sentencias en materia lingüística en la educación? ¿Y las desobediencias para celebrar el referéndum del 9-N y cargar su coste al erario público? ¿Es que las “estructuras de Estado” no dañan el interés general? ¿El espectáculo de los días 6 y 7 del Parlament no atentó contra el interés común?
Por otra parte, pensar que la salida a la crisis se resuelve con unas elecciones en Cataluña es obviar temerariamente que esos comicios se celebrarían en precarias condiciones de limpieza democrática, con una total patrimonialización a su favor por parte del Govern de los recursos públicos, en un clima de acoso a los no secesionistas, en un contexto de impúdica parcialidad del aparato mediático —público y subvencionado— en defensa de la Generalitat rebelde (véase el artículo publicado en estas páginas el pasado 10 de octubre, Adiós al circo del odio, que describe el papel que se reserva a los no secesionistas) y con unos precedentes que aventuran una ausencia tal de neutralidad institucional que haría de dudosísima legitimidad democrática los resultados de esas elecciones.
No. Por difícil y tenso que vaya a resultar enfrentar la inercia insurreccional que se alienta desde la Generalitat, instando a desacatar las medidas del Consejo de Ministros, en ningún caso debe caerse en la trampa de una tregua falsa que traslade el problema, aún agravado, a dentro de unos meses. Puigdemont, desde su perspectiva insurreccional, cometió un error el día 10 de octubre: dejar en el limbo su declaración al albur de una inviable mediación exterior, cuando esa ambigüedad, precisamente, pudo disuadir a quien tuviera la tentación de injerencia. El Estado, por el contrario, desde su perspectiva del restablecimiento del orden constitucional, no debe caer en el mismo error de dejar a medias su tarea. Máxime cuando tiene a su disposición el respaldo exterior contrario a la mediación, teniendo además un insólito capital político inesperadamente expresado en los balcones de toda España en favor de la Constitución y del Estado de derecho.
Fuente: El País