Los efectos de la ruptura unilateral del Gobierno catalán tras el referéndum ilegal del 1-O van más allá de lo puramente político o territorial. Cientos de miles de ciudadanos se enfrentan a una incertidumbre que ya ha hecho que más de un millar de empresas abandonen Cataluña y que la previsión de crecimiento se haya visto revisada a la baja. El turismo, los espectáculos y las ayudas socialestambién están sufriendo el efecto DUI.
EMPRESAS
Más de 1.300 empresas han trasladado su sede social fuera de Cataluña, y algunas de ellas, como Caixabank, no tienen intención de regresar a corto plazo. El goteo comenzó pocos días antes de la votación del 1 de octubre, cuando pesos pesados del Ibex como Gas Natural o Abertis avanzaron su decisión. Otras corporaciones, como Seat, han anunciado su intención de permanecer en la comunidad, pero con la advertencia de moverse si “peligra la protección jurídica”. Según una encuesta de la Asociación de Pequeñas y medianas empresas de Cataluña, un 11% de las firmas ha abierto cuentas bancarias fuera de Cataluña, un 10% ha dejado en suspenso inversiones y un 9%, lo hará en un futuro próximo. El mismo estudio subraya que el 15% de las 130.000 pymes afincadas en territorio catalán dudan si permanecer allí o trasladarse.
INDUSTRIA
El Gremio del Motor de Barcelona ha revelado que las ventas de coches han caído entre un 30% y un 40% en la primera quincena de octubre, tras la celebración del referéndum independentista. Los grandes empresarios del cava están entre las compañías que han trasladado su sede fuera de Cataluña y tampoco ocultan su preocupación por la deriva independentista. Codorníu y Freixenet aseguran que todavía no se han recuperado del boicot que sufrieron sus productos en 2006. Empresarios de Extremadura han alertado de que ya se nota un descenso de la demanda de productos catalanes, porque también ha bajado la demanda de materias primas extremeñas necesarias para su elaboración.
MERCADOS
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido de que la prolongación de la crisis institucional puede tener consecuencias "notables" sobre los mercados y la actividad económica. Según el organismo, existen algunos indicadores que muestran ya revisiones a la baja en los beneficios esperados por acción de varias sociedades cotizadas durante los próximos meses. El organismo señala en su última Nota de Estabilidad Financiera que en los mercados se puede producir un "endurecimiento" de las condiciones de financiación y una "pérdida de confianza" que den lugar a descensos de las cotizaciones y a "rebrotes puntuales" de la volatilidad.
TURISMO
El sector turístico es una de las principales fuentes de ingresos en Cataluña, y Barcelona la ciudad de España que más turistas recibe. Las cifras que manejan las empresas del sector reflejan un importante revés a una evolución que en 2017 era positiva. La patronal turística Exceltur prevé pérdidas de 1.200 millones si persiste la caída de reservas, que desde el 1 de octubre suma ya un 20%. La cifra podría aumentar hasta los 1.800 millones a final de año si se producen altercados. El efecto en las visitas al territorio catalán se ha notado incluso en los viajes del Imserso, que según la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas, han descendido un 50%.
PREVISIONES DE CRECIMIENTO
La pérdida de confianza empresarial ante el clima derivado del proceso independentista ha llevado a la Cámara de Comercio de Barcelona a rebajar tres y dos décimas respectivamente las previsiones de crecimiento para el cuarto trimestre y para 2018. La compleja situación política ha llevado incluso al Gobierno a revisar sus expectativas de incremento del PIB en el conjunto del país para el año que viene, con un recorte de tres décimas. En su último informe sobre la coyuntura económica de España, el FMI ya advertía de los riesgos que se avecinaban: "Las tensiones políticas podrían lastrar la confianza de la inversión y el consumo". El Banco de España mantenía a finales de septiembre las previsiones de crecimiento, pero también alertaba del efecto de las turbulencias políticas. Las tres grandes agencias de calificación han situado la nota de Cataluña en bono basura y han alertado a España sobre el efecto que podría tener una situación continuada de inestabilidad en el país.
AYUDAS A ENTIDADES SOCIALES
El Govern y el Gobierno central han cruzado acusaciones por el bloqueo de 10 millones de euros que no han llegado a entidades sociales. Tras la intervención de las cuentas por parte de Hacienda, el Ejecutivo catalán acusa al ministerio de bloquear los fondos. El Gobierno asegura que el Ejecutivo catalán no marcó como prioritarias esas partidas. La parálisis afecta a medio millar de entidades y se calcula que las partidas iban a cubrir las necesidades de 900.000 usuarios.
ESPECTÁCULOS
El Liceo, una de las instituciones culturales más representativas de Barcelona, está acusando la reducción de público: ha dejado de ingresar 400.000 euros entre septiembre y lo que va de octubre por la venta de entradas en taquilla, un 30% menos respecto al mismo periodo del año pasado. Los teatros y cines catalanes también han sufrido un descenso generalizado de ventas de entradas. Y no sólo eso, la situación política también está afectando a los espectáculos en vivo. El cantante Pitingo, por ejemplo, decidió hace unos días aplazar el concierto que tenía previsto en Barcelona. El artista esgrimió “las circunstancias que están ocurriendo en Cataluña”.
Empleo cifra en 6.704 millones el déficit de pensiones y prestaciones en una Cataluña independiente
La recaudación en Cataluña para pagar pensiones y prestaciones por desempleo quedó muy por debajo del gasto en 2016. El déficit fue de 6.704 millones, sin contar con las transferencias del Estado para pensiones de funcionarios o complementos a mínimos, según un informe del Ministerio de Empleo. Ese es el desfase que tendría que afrontar una hipotética Cataluña independiente, ya sea a través de impuestos o emitiendo deuda, en un mercado que califica sus títulos en el nivel de bono basura. La Generalitat, por su parte, reducía ese agujero a 1.308 millones, una cuenta en la que no incluyen, por ejemplo, las pensiones de los funcionarios.
La recaudación en Cataluña por cotizaciones para pensiones y desempleo, incluidos otros ingresos como los intereses del Fondo de Reserva, ascendió a 22.856 millones en 2016. Por otro lado, el gasto en prestaciones de paro y pensiones —contributivas, no contributivas y de funcionarios— alcanzó los 29.560 millones.
El saldo de ambas cifras supone que el déficit de esta comunidad se situó en 6.704 millones, según un informe del Ministerio de Empleo, fechado el 28 de septiembre, al que ha tenido acceso EL PAÍS. El déficit desciende hasta los 3.300 millones si se tienen en cuenta los 3.404 millones de transferencias del Estado. Con este dinero se costean los complementos a mínimos (cantidad que precisan las pensiones contributivas que no llegan a la paga mínima con lo cotizado), las pensiones no contributivas, las de los funcionarios que no cotizaron en el régimen general o la suma que falta para sufragar el gasto del seguro de desempleo.
Ese agujero de 6.704 millones representa un 3,2% del PIB de Cataluña y es la cantidad que tendría que cubrir un hipotético estado catalán independiente si aspira a mantener el nivel de protección social actual, ya que en esta situación “no podrían recurrir a ellas [las transferencias del Estado]”, explica el informe.
Este documento subraya que una “ruptura unilateral” no estaría exenta de “graves consecuencias [para Cataluña], entre otras cosas, sobre la venta de bienes y servicios derivada de su obligada salida de la Unión Europea”.
“Utilizando un cálculo prudente, el posible impacto tan solo de la disminución de sus exportaciones al resto de España implicaría un descenso inicial de, como mínimo, el 5%”, prosigue el texto, que calcula que Cataluña perdería 250.000 empleos. De cumplirse este escenario, “no es exagerado pensar que las pensiones pueden incluso disminuir”, plantea.
Con este informe, el Ministerio refuta los cálculos que usó la Generalitat para afirmar el 13 de septiembre que un sistema de pensiones en una Cataluña secesionada sería más sostenible que el de España. Las estimaciones del Govern rebajan el agujero de la Seguridad Social catalana hasta los 1.308 millones. Sin embargo, el departamento de Fátima Báñez responde: “La presentación parece recoger los principales aspectos, pero tiene múltiples inexactitudes y, sobre todo, cifras que no se corresponden con la realidad”.
Pagas más altas
El estudio de la Conselleria de Treball argumenta que Cataluña se beneficia de unos sueldos más altos y una mayor proporción de gente trabajando, algo que comparte el informe del Gobierno. Sin embargo, el Govern omite que eso también significa que las prestaciones resultan más caras. En consecuencia, ello no les supone ninguna ventaja a la hora de analizar la viabilidad del sistema. Ni la productividad ni la demografía en Cataluña son muy distintas de las que presenta España y, por tanto, los problemas de sostenibilidad se antojan muy similares.
Además, las cuentas de la Generalitat no recogen el coste de las pensiones de los funcionarios. Se imputan transferencias del Estado con las que no contaría de escindirse y discrepa con el Gobierno en diversas estimaciones como los ingresos y gastos de los servicios de empleo. De hecho, aunque elabora los números diciendo que parte de los datos que proporciona la Intervención General del Estado, la cifra con la que concluye cita al pie que se trata de una “estimación propia”.
Por otra parte, estas cuentas tampoco contemplan los costes de gestión sin economías de escala, o los de crear una Seguridad Social casi de la nada. En España, la gestión del sistema ronda los 5.000 millones. Y parte de ese monto debería sumarse a los 6.700 millones que precisaría financiar Cataluña al separarse.
Fuente: El País