Miembros del equipo de Oriol Junqueras en el Departament d'Economia de la Generalitat ocultaron de forma voluntaria al president, Carles Puigdemont, y al PDeCAT que la independencia era "inviable" económicamente. Una conversación telefónica intervenida el 30 de agosto por la Guardia Civil a Lluís Salvadó, secretario de Hacienda de la Generalitat, evidencia que los republicanos llegaron a «torear» al equipo de confianza de Puigdemont para que no culparan a Junqueras y a los republicanos de no haber podido declarar la secesión.
En la intervención telefónica, incluida en un sumario judicial al que ha tenido acceso EL MUNDO, hablan Salvadó y un miembro del equipo de comunicación de la Generalitat. En ella, ambos comentan que «una tal Elsa [presumiblemente Elsa Artadi, alto cargo del PDeCAT y principal asesora económica de Puigdemont]» se va a reunir con Salvadó ese mismo día. Una reunión reclamada por el propio Puigdemont «para que le explicara cómo estaba la situación económica en vista de poder proclamar la independencia en octubre tras la celebración del referéndum», según recoge el informe policial.
La respuesta de Salvadó, en ese mismo instante reunido con Junqueras, es tajante. La viabilidad económica de la Cataluña independiente era «del todo inviable dado que aún carecían de muchas cosas necesarias», entre ellas se mencionan el «control aduanero» o un «banco propio». Sin embargo, Salvadó aboga por ocultar esos datos a «Elsa». En concreto por un temor: «que el PDeCAT pudiera culpar al vicepresidente económico de que por su culpa no se había podido declarar la independencia».
Ambos interlocutores llegan a un acuerdo. Salvadó debe «torear» a Elsa «de la mejor forma posible para preparar una estrategia y ver qué explicación daban». Según se desprende de la investigación, el plan de engañar a sus socios en Junts pel Sí (JxSí) dio resultado, tal y como certifica otra llamada. En este caso los interlocutores son Salvadó de nuevo y Elsa. «De manera explícita dicen que lo que se pretender es «dar confianza a la gente de cara al referéndum», no sólo cambiar la bandera», zanja el informe de la Guardia Civil.
El sumario al que ha tenido acceso este diario forma parte de la investigación abierta por el juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona a raíz de la declaraciones del ex juez Santiago Vidal, quien aseguró que la Generalitat había logrado los datos fiscales de los catalanes de forma ilegal. Dicha investigación fue la que sirvió de base para una causa contra todos los organizadores del referéndum del 1 de octubre, 14 de ellos detenidos el 20 de septiembre. Entre los arrestados es estaba Lluís Salvadó y algunos de los colaboradores más cercanos de Junqueras.
El reconocimiento de Salvadó
“La cosa está muy verde, eso cualquiera que tiene dos dedos de frente lo sabe”
El 30 de agosto, Salvadó llamó a Raúl Murcia, que es asesor de la Generalitat en materia de difusión institucional, y le explicó que estaba en Sant Viçens dels Horts con Junqueras. Le dice: “El mes de octubre no hay capacidad, ni tenemos control de aduanas, ni un banco. La cosa no pinta, está muy verde, eso cualquiera que tiene dos dedos de cerebro lo sabe. Ahora bien, a mí me da pánico que si transmitimos las cosas como son en realidad (...) estos no lo acaben autorizando para decir Junqueras no ha preparado al país para que el 2 de octubre declaremos la independencia”.
Salvado explica a su interlocutor que el president les envía a Elsa (Elsa Artadi, directora general de Coordinació Interdepartamental) y agrega que “podemos torearla un rato, pero si le decimos la verdad estamos muertos. (...) Si le decimos la realidad acabarán diciendo que el departament d’Economia no hace el trabajo y por tanto la culpa es de Junqueras”.
La exposición de Salvadó incluye una definición: “Lo fundamental es que sepamos dónde cojones estamos y que todos tengamos la misma información y seamos conscientes de cuál es la realidad”
Días antes, Josep Lluís Salvadó había hablado también por el móvil con una amiga suya, llamada María Jesús, y le contaba en qué estaba trabajando cara al futuro: “Tenemos todo el proyecto de implementar todo lo que es la tramitación de impuestos, el plan de empresas públicas... y ahora estamos trabajando en esto, muy chulo, de montar una unidad para fraude internacional, de jugar ya en primera división”.
La enviada del President
“Podemos torearla un rato, pero si le decimos la verdad estamos muertos”
Los tributos ocuparon otra charla telefónica de Salvadó, esta vez con Albert Puig, jefe de comunicación de la Vicepresidència de la Generalitat, quien le señaló que “dejemos la Agencia Tributaria preparada, según lo que decidan los ciudadanos de Catalunya, para recaudar y gestionar 75.000 millones de euros”. Ahora bien, Salvadó le replica que en realidad son 40.000, que eso le da una sensación de Estado y que no hace falta dar explicaciones de nada.
Otra de las personas a quien se intervino el teléfono es Josep Maria Jové, secretario general de la Vicepresidència de la Generalitat, quien habló con la diputada de ERC Marta Rovira de los problemas que tenían para hallar locales en Barcelona para el 1-O. Rovira, el 5 de septiembre, le comentó que el PDECat quiere abrir una guerra en Barcelona (se refiere con el Ayuntamiento), y Jové le señala que eso es el plan B, aunque Rovira insiste en que lo que están haciendo los Comunes (el grupo de Ada Colau) es provocar una guerra para evitar llegar a acuerdos con ellos.
En otra conversación, en julio pasado, Salvadó comentó a su interlocutora que el presidente Carles Puigdemont había intentado nombrar a la exconsellera de la vicepresidencia Neus Munté como "consellera para el referéndum", si bien ésta no quiso asumir "ninguna responsabilidad sobre este asunto", ya que su estrategia era "tirar pelotas fuera" y acabó abandonado el gobierno, siendo sustituida por Jordi Turull a dos meses del 1-O.
En esa misma conversación, Salvadó también desveló que había hecho un par de "filtraciones controladas" a dos medios editados en Cataluña, en los que se informaba de que la Hacienda Catalana canalizaría los 4.500 millones de euros que la Generalitat y sus empresas pagan anualmente al Ministerio de Hacienda.
Salvadó, que fue detenido el pasado 20 de septiembre y que posteriormente abandonó el gobierno catalán, está acusado de impulsar la creación, desarrollo y puesta en marcha de la Administración Tributaria Catalana destinada a asumir competencias que no tiene conferidas con la finalidad de garantizar un estado independiente que no disponga de solvencia financiera y fiscal.
También se le acusa de haber destinado fondos públicos para la consecución del "proceso constituyente", pese a que el Tribunal Constitucional lo había suspendido.
Puigdemont presidió una reunión para comprar un programa de recuento de votos
El titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, dirigido por el magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer, inició una investigación sobre el referéndum el pasado mes de febrero, a raíz de las querellas presentadas por Vox y el abogado Miguel Durán. En principio, iba dirigida contra el juez suspendido de funciones y exsenador de ERC Santi Vidal, por una serie de conferencias pronunciadas a cargo de la ANC, Luego, las pesquisas se extendieron a diversos aspectos, como la creación de estructuras de Estado, de una Agencia Tributaria propia o al censo de catalanes en el extranjero. En estos momentos ya hay diez investigados, entre ellos Carles Viver Pi Sunyer, que fue vicepresidente del Tribunal Constitucional.
En uno de los atestados, la Guardia Civil recoge las declaraciones de dos empresarios del sector de la informática, que contaron cómo fueron citados el pasado 16 de agosto por la mañana a una reunión en el Palau de Pedralbes. En sus testimonios se señalan que estaban presentes unas quince personas, entre ellas Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Carles Mundo, Marta Rovira y Xavier Vendrell.
El objeto era crear una plataforma que sirviera para gestionar los votos del 1 de octubre, en Catalunya y en el extranjero. Los empresarios señalaron que se podía hacer y que su coste sería de unos 500.000 euros. Finalmente no llegaron a un acuerdo y decidieron no seguir adelante al conocer los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, y creer que podrían hacer algo ilegal.
Los hombres de Junqueras fueron 'balizados' al detectar que los Mossos les protegían
La Fiscalía autorizó a la Guardia Civil que colocara dispositivos de seguimiento en los vehículos de dos dirigentes de ERC y hombres de confianza de Oriol Junqueras en el proceso soberanista: Lluis Salvadó Tenesa, el secretario de Hacienda del Govern; y Josué Sallent Ribes, un alto directivo del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI). Y lo hizo después de que los agentes de la Benemérita detectaran que ambos tenían una especie de contravigilancia que cuidaba de sus movimientos, seguramente realizada por los Mossos.
Así lo revela el sumario del caso abierto en el juzgado número 13 de Barcelona tras las dos denuncias que contra el proceso soberanista interpusieron el abogado Miguel Durán y el partido político Vox. Un informe policial realizado a finales de julio, dos meses antes de que el magistrado Juan Antonio Ramírez ordenara la detención de 14 de los máximos responsables operativos del referéndum independentista, dejaba claro "la dificultad de realizar el control general de actividades sobre Salvadó y Sallent, con la seguridad suficiente de no ser detectados, máxime cuando los nombres de ambos han sido publicados en diversos medios de comunicación escrita como puntas de lanza del proceso soberanista".
La Guardia Civil consideró entonces "necesario y absolutamente proporcional para la continuación de las investigaciones" colocar dispositivos de localización por sistema de navegación por satélite en los vehículos de ambos dirigentes de Esquerra, un Audi A4 y un Volvo. En su informe los agentes señalan que Salvadó y Sallent habían comenzado a tomar medidas de seguridad en "sus desplazamientos habituales y rutinarios". En el caso de Lluis Salvadó, "se le observa muy nervioso y observador con todos los vehículos y personas" cuando sale de su trabajo. "Conduce su coche realizando itinerarios ilógicos y fijándose en los vehículos que le siguen cada vez que realiza un giro en su marcha".
Los agentes también detectaron que una mujer desconocida, que no era su esposa, salía con él muchas veces de su domicilio. "Al salir del portal se separan y actúan como si fueran juntos, detectando que esa mujer se queda rezagada y va observando fijamente los vehículos y personas por si pudieran seguir a Lluis". Seguramente se trate de un miembro de los Mossos que le hace contravigilancia. En el caso de Josué Sallent, también sale de su trabajo "girando bruscamente su cabeza hacia el camino que va recorriendo, fijándose en las personas que caminan tras él".
Sallent también tomaba precauciones con su coche. "Mantiene la misma actitud, observando los vehículos que pasan a su altura y los que le preceden, perdiendo el control directo de su coche al circular a gran velocidad y saltarse las señales verticales de la vía pública". Los agentes también detectaron vehículos camuflados que les llamaron la atención en sus seguimientos a Sallent, coches cuyas matrículas pertenecían al departamento de presidencia de la Generalitat. "Pudiera ser algún tipo de contra vigilancia con el fin de detectar algún tipo de dispositivo operativo contra la figura de Josué Sallent".
La Guardia Civil también solicitó autorización judicial para obtener copias de las llaves de los dos vehículos de Salvadó y Sallent para instalar eficazmente los dispositivos de seguimientos en sus coches. Ambos fueron detenidos en la operación policial que dirigió el juzgado número 31 el pasado 20 de septiembre. La Guardia Civil obtuvo también grabaciones del secretario catalán de Hacienda en las que explicaba que ya tenía "30.000 millones de euros asegurados para iniciar la independencia". Salvadó es también secretario general adjunto de ERC.
Josué Sallent es director de Estrategia e Innovación del CTTI. Esquerra lo colocó allí para controlar las telecomunicaciones del Gobierno catalán. Y, en concreto, crear "estructuras de Estado" en esta área para el caso de que Cataluña consiguiese la independencia. En 2010 ya había sido nombrado director del Cesicat, el organismo que el Gobierno catalán pretendió, en un momento determinado, convertir en el núcleo principal de unos supuestos servicios de inteligencia catalanes. Con anterioridad, había sido director general de Sociedad de la Información (de 2006 a 2010) y de 2003 a 2006 trabajó en el propio CTTI como responsable de proyectos estratégicos. De 2006 a 2011 fue también director de la Fundación Observatorio de la Sociedad de la Información (Fobsic).
Análisis: La república catalana sigue siendo un cuento
Ricardo de Querol
Proclamar una república no es lo mismo que ser una república. Los que festejaban la declaración unilateral de independencia en las calles de Cataluña quizás disfrutaban el momento conscientes de que mañana será otro día. Explica bien Iceta que él puede decir que es guapo, pero si nadie le dice guapo no sirve de nada. Ningún país serio, no contaremos a Osetia del Sur, ha dicho guapa a la república catalana (nota al corrector: en minúsculas). Al revés, la ven fea. Y el mercado está sereno:se ha resentido, claro, pero ante una ruptura real del Estado caería a plomo. No es así.
Pronto comprobaremos que a esa gente ilusionada le habían prometido lo que no podían cumplir. Les contaban el cuento de hadas de una república feliz, próspera, reconocida por todos, integrada en la UE, donde se podría elegir pasaporte, donde querrían estar todas las empresas y donde el Barça podría volver a ganar la Liga sin que piten ya a Piqué.
En vez de eso, va a quedar el destrozo de una autonomía que consideraban obsoleta, pero que con sus imperfecciones ha estado entre las más avanzadas del mundo occidental. Va a quedar una fractura social duradera, familias que evitan quedar a comer los domingos, amigos que se salen de grupos de wasap para evitar el bombardeo de crispación. Va a quedar la fuga de las empresas del que siempre fue el primer polo industrial de España, negocios sufriendo el disparatado boicot, cruceros que pasan de largo por no atracar junto al barco de Piolín donde se alojan, hacinados, los policías.
No basta con declararse independiente para ser independiente, pero sí basta para cargarse el autogobierno. En principio, ojalá, por poco tiempo. Por prudencia, cabe poner en cuarentena el plazo previsto por el Senado para aplicar el artículo 155 de la Constitución aunque se celebren elecciones el 21 de diciembre. Porque el bloque independentista está roto, desde luego, pero ¿qué se hará si el nuevo Parlament se reafirma en la insurrección? ¿Y si antes el independentismo boicotea la llamada a las urnas?¿Y si la ocupación de lugares estratégicos deriva en incidentes graves? Aun con esos riesgos, este artículo 155 con convocatoria electoral inmediata se ve con alivio: desmiente el discurso del Estado que ocupa una nación libre, e implica que el punto de partida de la negociación con las nuevas autoridades (otras) será recuperar la autonomía, con las mejoras que luego puedan lograrse por la vía de la reforma constitucional, en vez de una independencia que saben imposible.
Si en este caótico jueves Puigdemont se hubiera decidido in extremis por evitar la DUI y convocar elecciones autonómicas, como al final hizo Rajoy por él, estaríamos mucho mejor. Pero, claro, uno no puede enjaular al monstruo que ha ido engordando y dejado suelto. Esas masas que fueron alentadas a tomar la calle, agitadas desde la maquinaria oficial y esas organizaciones civiles que se sientan en la mesa del Govern, ya le gritaban traidor, botifler (como a los partidarios de los Borbones en 1714), judas que se vende por 155 monedas, como decía en un tuit el diputado y showman Rufián.
Los responsables de la insensata DUI no dan la cara votando, pero piden a su gente que se parta la suya para salvar la república
Si Puigdemont hubiera dado marcha atrás al borde del precipicio, a cambio de frenar el 155, y si no hubiera buscado también imposibles garantías de impunidad tras pisotear todo el ordenamiento jurídico, habría pasado el bochorno de admitir que su cuento era mentira. Incluso eso habría sido más digno que mantener un pulso que sabe perdido.
Cualquier salida habría sido mejor para Cataluña que proclamar la república de forma vergonzosa: sin que el president diga una palabra ante la Cámara, con los escaños de la oposición vacíos y con los diputados indepes escondidos tras el voto secreto. Los responsables de esta insensatez, bien conocidos, no dan la cara votando, y sin embargo van a pedir a su gente que se parta la suya en la calle para salvar la república (insisto: minúscula).
Aunque el viernes vimos la euforia de esa media Cataluña, y las banderas españolas arriadas de algunos edificios oficiales, la épica del procés ha sido ensuciada por su transcurrir chapucero. Puigdemont no va a ser el héroe de esta película. Con la DUI intenta evitar que le recuerden por sus titubeos: la primera vez que iba a declarar la independencia hizo una pirueta; luego buscó un pacto porque quería salvarse de la cárcel; al final quedó preso de sus promesas y de sus alianzas. Todos sabemos que estuvo cerca de rajarse en el último minuto.
El 155 era la única solución para restablecer el Estado de derecho. Pero estamos en una situación de alto riesgo, porque seguimos ante una embestida frontal contra el sistema democrático. Después de decir que el 1-O no se celebraría y fracasar en el intento de impedirlo, Rajoy no se podría permitir que tampoco fuera eficaz la intervención de la autonomía. Si no logra coger las riendas, se vería a España como un Estado fallido. Para evitar meses de confrontación, se ha optado por la salida más adecuada: las urnas de verdad, las propias de la democracia representativa.
No descartaremos aún ningún escenario, tampoco el cruento. Lo que desean muchos independentistas esla foto del manifestante ante el tanque, como en Tiananmén, Pekín, en 1989. Algo que espante tanto al mundo, y desestabilice tanto a España y Europa, que se abra paso la secesión pactada. Pero no es eso lo que esperan los inversores. La Bolsa acogió el jueves con euforia el anuncio de que Puigdemont iba a echarse atrás, porque habría despejado la incertidumbre, pero luego no se hundió porque esa opción se esfumara, claro que a la misma hora estaba Draghi soplando otra vez a favor del mercado (le echaremos de menos cuando no esté). El viernes los operadores sí lo veían más oscuro, pero tampoco negro: caídas del 1,5%. El Ibex lleva semanas descolgándose de las subidas de la Bolsa europea, pero esa pérdida no descuenta un conflicto civil prolongado.
Las empresas que aún no se han retirado de Cataluña (algún medio se está dedicando a lincharlas en sus portadas), o las que aún sacando su sede mantienen su actividad principal allí, se aferran a la idea de que la DUI no tendrá ninguna eficacia y el Estado reinstaurará la legalidad. No creen que se cumpla la peor pesadilla de quien necesita seguridad jurídica: dos administraciones en disputa, dos legalidades paralelas, dos Haciendas reclamando los impuestos. En vez de eso, se espera que, con toda la movilización ciudadana que se quiera, los funcionarios elegirán salvar su empleo, piensen lo que piensen. Que los Mossos no encabezarán una rebelión armada. Y que los interventores del Gobierno acumularán pruebas (las que no hayan pasado aún por las trituradoras) para que la justicia depure las amplias y graves responsabilidades en esta calamidad.
Frente a unos dirigentes políticos erráticos y divididos, que horas antes de la DUI iban a hacer otra cosa, y que ocultaron su voto decisivo por miedo a la justicia, ¿acaso van a correr al martirio los trabajadores del Estado? No es lo mismo hacer la revolución saltándote las clases en el campus o, más ridículo, sacando dinero de los cajeros automáticos, que jugarte el sustento de tu familia.
La derrota de Puigdemont y Junqueras está muy cerca. Pero no será una victoria para nadie. El daño está hecho y es incalculable.
Fuentes: Crónica Global, El Confidencial, El País