Un sector público que debe más de 76.000 millones de euros, que gasta diariamente 82 millones y que, pese a sus depauperadas arcas, lleva años disparando el gasto en sueldos, que ya representa prácticamente el 40% del gasto total. Son algunas de las notas que definen el entramado de la Generalitat de Cataluña, su Administración y el largo listado de entes y empresas públicas. En suma, el entramado con el que el Gobierno central tiene que lidiar -y en la medida de lo posible, embridar- desde que hace una semana tomó su control al destituir al gabinete rebelde de Puigdemont.
La deriva independentista ha acentuado todavía más los desequilibrios económicos de esta Administración autonómica, enorme en dimensión y en gasto agregado, pero con pies de barro en términos financieros y lastrada por el peculiar «orden de prioridades» de los sucesivos gabinetes nacionalistas. Por ejemplo, para todo este año la Generalitat independentista se había reservado el doble de presupuesto para propaganda mediática que para apoyar al tejido empresarial de Cataluña. En concreto, el programa presupuestario «medios de comunicación» lo dotó con 309,5 millones, más las decenas de millones de gasto en publicidad oficial. Sin embargo, a promocionar el tejido empresarial catalán, la Generalitat de Puigdemont reservó apenas 170 millones de euros para todo este 2017 -50,4 millones para «apoyo a la industria», 46,29 millones para «emprendedores y fomento empresarial», y 72,6 millones para respaldar a la agroindustria y la comercialización agropecuaria-.
El gasto salarial, al alza
Tras décadas de gobiernos de corte nacionalista, la Generalitat tejió un enorme sector público que no ha parado de crecer, tanto en estructuras como en asalariados. Este año lo empezó con un total de 234.915 empleados públicos, a los que hay que sumar los cientos de puestos políticos del Gobierno de Puigdemont -180 altos cargos y 153 asesores- y 333 directivos.
A la vista de cómo ha seguido creciendo el gasto salarial durante el presente año, la plantilla ha seguido aumentando desde el 1 de enero. Hasta agosto, los gastos de personal del sector autonómico catalán han aumentado un 4% respecto al mismo período de 2016. Si se comparan con el año 2013, el repunte ha sido del 16,15%: 1.600 millones de euros más este año que en 2013 en gastos de personal.
Para pagar las nóminas de los 180 altos cargos y 153 asesores que conformaban la cúpula política del Gobierno de Puigdemont, la Generalitat se reservó este año 40 millones de euros. Y eso sin contar el multimillonario coste en cotizaciones a la Seguridad Social. Ese gasto se aminorará por las destituciones que se han producido en la última semana, ya que los eventuales (asesores) y algunos altos cargos han cesado tras ser destituido el Ejecutivo de Puigdemont.
Tras muchos años de gasto público sobredimensionado, la Generalitat acabó sumida en una crítica escalada de déficit y de endeudamiento. Entre vencimientos e intereses, la Generalitat reserva al programa presupuestario de deuda pública unos 6.000 millones de euros anuales. Este 2017, exactamente 5.996,14 millones. Son 300 millones más de los que dedica a Educación, área dotada con 5.684 millones de euros en los presupuestos, si bien la mayor parte de los 5.996 millones son vencimientos de pasivo que no se pagan en el año, sino que se renuevan.
Otros ejemplos ilustrativos de la política económica desplegada durante años por la Generalitat: destina a «relaciones exteriores y cooperación» internacional 35,48 millones anuales, 14 millones más que a políticas de apoyo a la familia. Dedica 37 millones al año a promocionar el catalán, siete millones más que a políticas de juventud y diez más que a programas de innovación tecnológica. Y -otro ejemplo- hay años que al sector público catalán se le va más dinero en pagar intereses por su deuda pública que en invertir en infraestructuras y equipamientos.
Intereses: 1.100 millones
Según los datos de contabilidad nacional certificados por el Ministerio de Hacienda, el sector público de la Generalitat se gastó el año pasado 1.122 millones de euros en hacer frente a los intereses de su deuda pública. Entre el 1 de enero y el 31 de agosto del presente año, el desembolso por el mismo concepto ascendió a 764 millones. Para hacerse una idea de la dimensión de esta «factura», basta con compararla con la partida presupuestaria reservada este año por la Generalitat para conservación y mejora de la red de carreteras de la región: 415 millones de euros.
Echada en brazos del Estado desde 2012, la Administración regional catalana lleva subsistiendo desde entonces a base de las multimillonarias inyecciones financieras que le llegan mes a mes desde el Gobierno central. Asfixiada por la deuda acumulada, la Generalitat acabó siendo incapaz de financiarse por sí misma, incapaz de acceder a precios mínimamente razonables a los mercados ordinarios de deuda pública. Y el dinero que necesitaba era cada vez más.
Desde el año 2000, el endeudamiento de la Generalitat se ha incrementado un 654%. De los 10.177 millones de euros de finales del año 2000, ha pasado a los 76.727 millones que debía al acabar el pasado junio. Durante los cinco años que Artur Mas estuvo al frente de la Generalitat -entre diciembre de 2010 y enero de 2016-, la deuda pública se disparó en unos 37.000 millones de euros. Y durante los 21 meses en los que ha sido presidente Carles Puigdemont, el endeudamiento de la Generalitat ha engordado en otros 4.000 millones.
Análisis: Las cuatro mentiras
Fernando Díaz Villanueva
El independentismo catalán, noqueado tras la aplicación del 155 y la asunción por parte del Gobierno de la administración de la Generalidad, se ha reconstituido a una velocidad pasmosa. Al menos esa parte del iceberg que rebasa el nivel de las aguas. La otra es un misterio. Si es cierto que en Cataluña hay dos millones de independentistas dispuestos a todo con tal de alcanzar su soñada república tarde o temprano terminarán dejándose ver.
Tendrá que ser más temprano que tarde porque hay elecciones dentro de 47 días. Todo lo que tengan que decir han de hacerlo ahora, en estas seis semanas y sin la siempre socorrida ayuda del presupuesto. Porque si algo ha perdido la causa independentista de un mes a esta parte es la próvida teta de la administración que les chorrea encima desde hace años con largueza infinita.
Habrá que ver ahora cuántos están dispuestos a movilizarse sin cobrar a fin de mes. Algunos medios como La Vanguardia o El Periódico nos dan la pista. Tan pronto como los generosos subsidios de la Generalidad han cambiado de amo el mensaje ha sido reformulado en su integridad. La portada de El Periódico de este martes era demoledora: "President, déjelo ya". Estos son los mismos que hace no tanto celebraban las Diadas con esteladas y fotos aéreas de la manifestación a todo color en la portada.
Al final todo se resume en sobrevivir. El 'procés' permitía hacerlo de muy buen grado. Lo poco que sabemos hasta ahora es escalofriante. Decenas de miles de personas enchufadas con nóminas abracadabrantes y muy por encima del salario medio. Así cualquiera es independentista y lo que tengan a bien ponerle a uno delante para firmar.
Durante años creíamos que sólo en Andalucía se había forjado un régimen clientelar con todas sus características genuinas. Pero no, en Sevilla son unos aficionados, unos simples aprendices. En Cataluña, sin necesidad de PER ni nada parecido, habían levantado un régimen de intereses y obediencias ciegas al que, además, le habían insuflado un objetivo común: la independencia. Había un puerto de llegada que, una vez alcanzado, otorgaría a sus beneficiarios el perdón de todos los pecados y el disfrute sin tasa del botín.
Pero no hablaban de una independencia al uso, con sus sacrificios y costes pagaderos en efectivo y al momento, sino la del país de nunca jamás en la que todo lo bueno permanecía y se eliminaba lo malo. llegaron incluso a ponerlo por escrito en la famosa ley de transitoriedad, el mayor monumento jurídico al querer creer que jamás se haya levantado. Convencer a tantos de una idea tan estúpida implicaba emplear la mentira en grandes dosis.
Mintieron cuando aseguraron que media Europa iba a reconocer su república tan pronto como se proclamase y la otra media una semana después. El fracaso de Romeva es tan gigantesco que ni alguien con la cara de cemento armado como él mismo se ha atrevido a buscar chivos expiatorios.
Pero no debería de sorprendernos, algo de eso ya nos maliciábamos los que leemos con atención los periódicos. La última de las "embajadas" de la Generalidad se abrió en Copenhague hace poco más de dos meses, tan sólo una semana después del atentado en Las Ramblas. Puigdemont en persona se desplazó hasta Dinamarca para la inauguración. Nadie del Gobierno danés se presentó en el evento, celebrado al aire libre con una carpa, butifarra, fuet y música folclórica. Tampoco aparecieron por ahí ni autoridades locales ni el cuerpo diplomático, que por lo general se aburre y está a este tipo de verbenas. A la desesperada Romeva buscó una reunión con el titular de Exteriores, el liberal Anders Samuelsen, pero éste se negó a recibir a Puigdemont. Nada tenía que ganar con esa foto y mucho, en cambio, que perder.
El vacío internacional no es posterior como quieren hacer ver ahora, fruto de las presiones de Moncloa, es anterior al referéndum. Pues bien, sobre esa mentira del apoyo exterior persuadieron a muchos para que se apuntasen a la aventura. A otros como Yoko Ono, Julian Assange o cierta prensa tuvieron que comprarlos con generosas dádivas que bien podrían ser consideradas malversación de fondos públicos. Porque, a fin de cuentas, no pagamos impuestos para que un tipo encerrado en una embajada desde hace años tuitee barbaridades desinformadas.
Otra gran mentira fue la económica. Aseguraban que la independencia traería prosperidad sin límite. El Estado se retiraría sin oponer resistencia y los negocios se adaptarían a la nueva situación e, incluso, la saludarían con optimismo. Como nada cambiaría todas las empresas se quedarían y vendrían algunas más atraídas por la nueva fiscalidad catalana, presumiblemente más suave que la española.
En su momento se advirtió que creer eso era vivir en Babia. Que el Estado no se iría por las buenas y que la nueva Cataluña independiente estaría gobernada por iluminados apoyados desde fuera por un grupo de bolivarianos confesos. El dinero es miedoso, tanto como quienes lo tienen. Tan pronto como se vio que la cosa iba en serio las empresas empezaron a irse. Hoy son ya casi dos mil, incluidas todas la cotizadas con excepción de Grifols, que a efectos prácticos tiene su sede en Dublín.
El destrozo económico ha sido inmenso. En otras partes de España se ha desatado un boicot contra los productos catalanes que, aunque absurdo y contraproducente, ha sido ampliamente seguido. La incertidumbre se ha apoderado de todo el tejido empresarial catalán por lo que toda inversión ha quedado paralizada en espera de que escampe.
Pero la peor mentira de todas es que esto no tendría consecuencias penales para nadie. Que habría absoluta impunidad hiciesen lo que hiciesen. Lo mismo se podía brincar encima de un coche de la Guardia Civil que pisotear el reglamento de la cámara autonómica o desafiar al Tribunal Constitucional. Como era un asunto político todo estaba permitido y nadie se atrevería a encausarles. Creyeron, en definitiva, que España era la Cataluña procesista, en la que todo desafuero tenía cabida siempre y cuando se hiciese en nombre de la sagrada patria.
La sociedad catalana ha terminado por interiorizarlo. Veían a su élite gobernante pasando por encima de la ley desde hace muchos años. En su oasis Madrid no husmeaba porque les tenían miedo, no querían provocarles y eso les abría todas las puertas y no les cerraba ninguna, al contrario, eran los políticos de Madrid los que venían a buscarles para cuadrar sus mayorías en las Cortes.
Todos sabemos para lo que ha servido el apaciguamiento sistemático. Han seguido estirando la cuerda hasta que la han roto. Porque esta última apuesta era ya tan arriesgada que ponía al Estado ante la disyuntiva de actuar o disolverse. No había otra. ¿Qué impediría sino a cualquier otro Gobierno autonómico seguir los pasos de Puigdemont y declararse en rebeldía?
Todas las mentiras se han venido abajo estos días, incluyendo la que con más mimo cuidaban, la de transmitir que toda Cataluña era independentista o, en el peor de los casos, indiferente. Esta se derrumbó con estrépito el mes pasado con dos manifestaciones históricas. Nadie recordaba algo así. Pero lo más desconcertante de todo, al menos para ellos, no es ver la proliferación de banderas españolas por los balcones, sino la falta de respuesta popular ante su desgracia.
Ni la encarcelación de los Jordis, ni la aplicación del 155 consiguieron incendiar la calle más de lo que ya lo estaba en el momento álgido del procés. Algo similar ha sucedido con el ingreso en prisión de esa parte del "Govern" que no se ha dado a la fuga. Los millones de antaño, el pueblo victorioso y consciente de su papel en la historia, se les ha quedado en casa.
No se puede mentir tanto durante tanto tiempo y a tanta gente porque al final es inevitable que te cacen. Puedes, a lo sumo, elevar la puja tratando de intoxicar en el extranjero. Esto es lo que ha ensayado Puigdemont sin demasiado éxito en Bruselas buscando dar pena a los medios internacionales que, con razones más que fundadas, desconfían de todo este circo.
Toda la colosal mentira que ha cimentado el 'procés' desde su momento fundacional impactará contra las urnas del 21-D. La verdad está a la vista de todos por primera vez en muchos años, pero no nos hagamos demasiadas ilusiones, muchos prefieren una mentira complaciente antes que una verdad incómoda. Ese es el riesgo, pero no quedaba otro modo de salir de esta. Todo a una carta, sólo nos queda esperar que los catalanes sepan escoger la adecuada.
Fuente: Vozpopuli