WASHINGTON (Sputnik) — El vicepresidente de EEUU, Mike Pence, pidió al jefe de Estado de Nicaragua, Daniel Ortega, que frene la violencia que a su entender la administración nicaragüense lleva adelante contra su pueblo y que llame a elecciones anticipadas.
"La violencia auspiciada por el Estado en Nicaragua es innegable, la propaganda de Ortega no engaña a nadie y no cambia nada, más de 350 muertos a manos del régimen; EEUU llama al Gobierno de Ortega a frenar la violencia ahora y a llamar a elecciones anticipadas, el mundo está mirando!", publicó Pence en su cuenta de la red social Twitter.
?El vicepresidente hizo esta afirmación a raíz de una entrevista que Ortega concedió a la cadena estadounidense Fox News.
En esa entrevista el presidente de Nicaragua afirmó que "hay periodos electorales que tienen su límite, nosotros estamos en un periodo electoral que tiene su límite en el 2021, que es cuando nos corresponde hacer de nuevo elecciones y es donde el pueblo va a decidir quién asumiría a través de los votos el Gobierno", consigna el medio nicaragüense El 19 digital.
Añadió que ha escuchado el tema de adelantar las elecciones en su país, pero que él no ha manifestado que haya que hacerlo, "más bien creo que adelantar elecciones sería un objeto de inestabilidad e inseguridad en estas condiciones peor aún en estas condiciones".
Sobre las manifestaciones de violencia en el país, Ortega indicó a Fox News que ahora han cesado.
"Ya tenemos como una semana que han cesado los disturbios, lo que hay es una normalización del país. Y luego algunas actividades de manifestaciones tanto en contra y a favor del Gobierno", afirmó.
El Gobierno de Ortega atribuye el derramamiento de sangre a sectores violentos de la oposición que intentan ejecutar un "golpe blando" en su contra.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó a principios de julio que 264 personas fallecieron desde que comenzaron las protestas el 18 de abril pasado, mientras que la organización no gubernamental Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos asegura que las muertes llegan a 351.
Congresistas de FARC piden al Gobierno que actúe ante asesinatos de líderes sociales
BOGOTÁ (Sputnik) — Un grupo de congresistas del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) pidieron al Gobierno de Colombia que implemente medidas de urgencia para frenar los asesinatos de sus líderes, que suman más de 66 desde la firma del Acuerdo de Paz, en noviembre de 2016.
"A la fecha de hoy, tras la firma del acuerdo, van más de 66 de nuestros compañeros asesinados en los territorios y 20 de sus familiares", dijo a través de su cuenta de Twitter Victoria Sandino, senadora del partido político surgido de la exguerrilla con la misma sigla (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).
?La exguerrillera pidió a la comunidad internacional que verifique y acompañe el proceso y al nuevo Gobierno del derechista Iván Duque, que asumirá el próximo 7 de agosto, "que actúe y que implemente todas las medidas necesarias para que pare este desangre".
Sandino se pronunció así durante declaraciones a los medios en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, donde un grupo de congresistas de la denominada Bancada de la Esperanza —conformada por congresistas de FARC, Polo Democrático (izquierda) y Alianza Verde (centro-izquierda)— anunciaron que pedirán medidas al respecto.
Los congresistas anunciaron que presentarán una proposición para citar a un debate de control político con el fin de saber el curso de las investigaciones y cuáles son las medidas de protección establecidas para evitar la ola de asesinatos de integrantes de FARC y de líderes sociales en el país.
El 24 de julio, a través de redes sociales, se conoció del asesinato de tres líderes sociales en el país ocurridos en las últimas horas.
El primer caso se presentó en el municipio de Jamundí (suroeste), donde Libardo Moreno, de 76 años y miembro del partido Alianza Verde, fue baleado por dos hombres.
Asimismo, la Alcaldía del municipio de Santa Rosa de Cabal (Risaralda, centro-occidente) lamentó a través de Twitter la muerte violenta de la maestra Maryen Guzmán Correa, una líder social de la región, mientras que la ONG Reiniciar, con estatus consultivo en la ONU, denunció el asesinato de Edilson Delgado Heredia, también en Risaralda.
Sin embargo, ninguna autoridad se ha manifestado sobre las motivaciones de estas muertes.
Entre el 1 de enero de 2016 y el 6 de julio de 2018 la Fiscalía General de Colombia recibió reporte de 181 casos de homicidios de líderes sociales, los cuales fueron confirmados por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el país.
Los defensores de derechos humanos en Colombia son víctimas de una ola de atentados en su contra por parte de grupos armados ilegales, principalmente disidentes del paramilitarismo e insurgentes del ELN, que buscan hacerse con plantaciones de coca y rutas del narcotráfico dejadas por las FARC.
Brasil encabeza la lista de activistas medioambientales asesinados
RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Brasil es el país con más activistas medioambientales asesinados durante 2017 entre 22 países, según un estudio publicado por Global Witness.
"Los datos indican que en 2017, 57 activistas fueron asesinados, 25 de ellos durante tres masacres. (…). En vez de tomar medidas para prevenir estas atrocidades, el Presidente Michael Temer ha suavizado las leyes y ha debilitado las instituciones destinadas a protegerles", anunció la ONG británica.
El reporte informa que en los países estudiados, el sector del agronegocio se situaría como el más peligroso, seguido del sector minero.
Después de Brasil, los países con más muertes serían Filipinas (48), Colombia (24) y México (15).
Según Global Witness los activistas medioambientales se encuentran en la primera línea del campo de batalla para defender intereses comunes a toda la humanidad: sostenibilidad, biodiversidad, justicia y preservación de los derechos humanos.
La ONG responsabiliza a los distintos gobiernos por las muertes al afirmar que han fallado en su actuación "responsable, ética y legal", e invita a los consumidores a demandar de las empresas que estas no abusen de los derechos humanos en la producción de bienes, que no destruyan la cultura o actúen en pro de la devastación medioambiental.
Brasil es el país con más asesinatos por defender la tierra
La organización inglesa Global Witness documentó 207 asesinatos de personas defensoras de la tierra y el territorio durante el año 2017. América Latina concentra el 60% de los casos registrados. Sputnik estuvo en la presentación del informe en México. Estas son las impactantes cifras.
El informe titulado "A qué precio, Negocios irresponsables y el asesinato de personas defensoras de la tierra en 2017", fue presentado en la Ciudad de México por Ben Leather, encargado de Incidencia de la organización inglesa, Global Witness.
Leather refirió durante la presentación que "las autoridades en muchos casos están participando de estas agresiones. Pudimos observar la participación de la Policía y el Ejército en varios ataques contra activistas. Por otro lado, es muy complicado saber quiénes son los perpetradores. La impunidad es algo que tienen muchos casos en común", señaló.
La cifra del año pasado mantiene el aumento que la organización ha venido documentando en años previos: 200 en 2016; 185 en 2015 y 116 en 2014. Sin embargo en 2017 por primera vez la agroindustria superó a la minería como el sector más violento, ya que se registraron 46 muertes de personas en lucha contra alguna rama del mismo.
Brasil es el país que registró mayor cantidad de asesinatos, con 57 personas muertas en su territorio por defender los bienes naturales. Filipinas le sigue con 48 de los casos registrados. La situación en México ha empeorado, señala Global Witness, ya que registró cinco veces más casos de muerte que en 2016, se pasó de tres a 15 asesinatos en 2017.
"Hay que subrayar que esta es la punta del iceberg. Nuestro informe no puede demostrar la realidad porque muchos asesinatos no son documentados y porque hay toda una gama de otras agresiones, amenazas y hostigamiento que también buscan silenciarlos", explicó Leather.
Sobre el importante aumento de asesinatos que ha habido en México durante el último año, el representante de Global Witness señaló que la razón puede hallarse en la fuerte presencia del crimen organizado en zonas con importantes recursos naturales, en la impunidad reinante en el país y en las dificultades para una implementación cabal del mecanismo de protección a defensores de derechos humanos (y periodistas, también) que fue creado por el Gobierno Federal mexicano en el año 2012.
Alejandra Leyva es integrante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y como tal participa del espacio de organizaciones civiles del mecanismo federal de protección. En entrevista con Sputnik, Leyva señaló que el mecanismo nació derivado de una exigencia de la sociedad civil por el contexto de violencia que se vive en México y porque era una de las recomendaciones de Naciones Unidas al Gobierno mexicano.
"Si bien el mecanismo es una medida importante, ya está rebasada y no es eficaz porque sólo está atendiendo a una parte reactiva de la protección. Desde las organizaciones civiles estamos promoviendo que también se establezcan medidas preventivas que puedan atender las causas del riesgo de las personas", dijo Leyva a esta agencia.
Tal vez el dato más importante del informe para México esté en la precisión de que 13 de las 15 personas asesinadas en este país como consecuencia de su defensa territorial "pertenecían a comunidades indígenas que defendían sus territorios ancestrales y sus medios de vida tradicionales de proyectos o megaproyectos mineros, agronegocios a gran escala, proyectos energéticos y hoteles de lujo", señaló la organización.
Parte del problema, señala Global Witness, es la "no implementación adecuada del marco de protección internacional de derechos de los pueblos indígenas relativo a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, así como de las medidas de protección para personas defensoras frente a la actividad empresarial".