Cristina Fernández de Kirchner
Cristina Fernández de Kirchner
(Nota del Editor) Con su característico filo, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se vio obligada a salir a responder una de las tantas difamaciones que se vierten en el país que ella muy bien titula hoy como la “Argentina macrista arrepentida”. Para quienes no viven allí, debe saberse que algunos jueces y fiscales al servicio de la oligarquía y el Imperio son los principales propulsores de la “lawfare” (la guerra a través de los jueces) contra funcionarios y simpatizantes del gobierno anterior y los más prolíficos productores del penoso espectáculo mediático asociado a ella. No hay códigos; sólo la fuerza extorsiva de la camarilla antinacional en su inmoral tarea corruptora de comprar “conciencias” y asustar cobardes, atacando desde su resentimiento de alcahuetes, a esta altura fracasados en la cubierta del barco llamado “Argentina”, que estos mismos cipayos están hundiendo. “Los problemas judiciales que tengo son por haber afectado intereses económicos concentrados y hegemónicos muy poderosos que siempre trataron de obstruir las medidas que llevé adelante en beneficio de las grandes mayorías populares, de la actividad económica en general y del desendeudamiento estructural de la Nación”, afirma CFK. Más allá de estar en mucho o en poco de acuerdo con los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, la estricta verdad histórica es la que Cristina describe con esa frase. Es necesario que eso lo sepan y entiendan todos y todas, en esta deplorable “Argentina macrista arrepentida”. A continuación el artículo completo.
He decidido no hacer comentarios sobre remiseros “arrepentidos” que dicen haberme visto en pijama, ni tampoco opinar sobre ex funcionarios de cuarta línea, también “arrepentidos”, que nunca formaron parte de mis dos presidencias, pero que describen excursiones casi turísticas en mi dormitorio. Sin embargo, como ex presidenta de la Nación tengo la obligación de pronunciarme sobre el empresario Gabriel Romero –nuevo “arrepentido”- que, según títulos catástrofe de Clarín y La Nación, habría pagado por un decreto presidencial.
Grande fue mi sorpresa cuando comencé a leer el referido decreto y mayor aún mi indignación cuando concluí su lectura. Es que el decreto 113 del 21 de enero del 2010 tiene particularidades muy especiales.
Breve introducción al referido decreto
El 6 de enero de 2002 se sancionó la Ley 25.561 por la que se declaró la emergencia pública, se dispuso la salida del régimen de convertibilidad del peso argentino con el dólar estadounidense y se autorizó al Poder Ejecutivo Nacional a renegociar los contratos de obras y servicios públicos concesionados que habían sido puestos en crisis por la obligada salida del régimen mencionado. Uno de esos contratos era el de la empresa Hidrovía S.A. cuya concesión fue aprobada por el decreto 253 del 21 de febrero de 1995 y cuyo titular es el Sr. Gabriel Romero.
El 3 de julio de 2003 Néstor Kirchner, Alberto Fernández, Roberto Lavagna y Julio De Vido firmaron el decreto 311 por el cual se creó la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) en la órbita de los Ministerios de Economía y de Planificación Federal. Esa unidad tenía como función hacer operativas las renegociaciones ordenadas por la Ley de emergencia.
El decreto y la hidrovía
O SEA que mi intervención como presidenta de la Nación se limitó a lo único que podía y debía hacer: ratificar lo actuado y resuelto por la UNIREN con audiencias públicas de por medio, dictámenes de la Procuración del Tesoro y de la SIGEN, aportes del Ministerio de Relaciones Exteriores y, finalmente, la intervención del Congreso de la Nación a través de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional, sin cuya aprobación no hubiera habido decreto.
Hoy, en un verdadero menú de “arrepentidos” a la carta, el Sr. Gabriel Romero dice haber pagado dinero por la firma de ese decreto que, finalizado todo el proceso explicado previamente, era para mí obligatorio firmar. En todo caso, sería muy interesante que el Sr. Romero indicara a quién y cómo le pagó, porque a mí nunca nadie me pagó nada por firmar ni este ni ningún otro decreto, ni por llevar adelante ninguna de las medidas de mis gobiernos. Al contrario, los problemas judiciales que tengo son por haber afectado intereses económicos concentrados y hegemónicos muy poderosos que siempre trataron de obstruir las medidas que llevé adelante en beneficio de las grandes mayorías populares, de la actividad económica en general y del desendeudamiento estructural de la Nación.
El evidente manejo extorsivo de la figura del “arrepentido” llevado a cabo por Bonadío y Stornelli, es sencillamente escandaloso, pero cuenta con el beneplácito de las más altas esferas del Poder Judicial, de los medios hegemónicos de comunicación y de este gobierno que ha provocado que nuestro país se esté cayendo a pedazos en medio de una verdadera catástrofe económica y social. Lo saben todos y todas.