La información de El Confidencial no deja lugar a dudas. En un trabajo periodístico de gran calidad, el citado diario deja en evidencia a la empresa T-Systems como parte del entramado delictivo del golpe separatista en Cataluña. Mientras cierta prensa silencia la complicidad criminal de la empresa pública alemana y de su oligarquía empresarial, siguen con la canturrea de la “injerencia rusa”.
Si es este país hubiera un solo gramo de dignidad, ese antro criminal que es T-Systems debería ser intervenido judicialmente, el embajador de “la Merkel” en Madrid llamado a consultas y montar la bronca en las instituciones europeas. Esto no es más que “otra puñalada por la espalda” de nuestros “aliados” europeos. Si la UE es el garito que vemos a diario, los españoles deberían repensarse muy en serio si debemos seguir perteneciendo a ese club mafioso…
Sin quitar ni una coma, he aquí la información hecha pública por El Confidencial.
La compañía T-Systems, perteneciente al gigante Deutsche Telekom, cuyo 31,89% está en manos del Estado alemán, trazó una estrategia interna para colaborar con el Govern de Carles Puigdemont en el desarrollo de las llamadas estructuras de Estado de la Cataluña independiente. Directivos de la multinacional mantuvieron reuniones secretas con dirigentes de la Generalitat para coordinar la puesta en marcha del censo de catalanes en el extranjero para el 1-O, aplicaciones informáticas para que los Mossos d'Esquadra supervisaran las leyes que estarían en vigor tras la desconexión y la estructura digital que permitiría el funcionamiento completamente autónomo de la nueva Hacienda catalana, entre otras soluciones, según un nuevo informe de la Guardia Civil al que ha tenido acceso El Confidencial.
Ni las investigaciones abiertas contra el Ejecutivo catalán por el referéndum ni las advertencias que la Justicia envió directamente a T-Systems para recordarle que algunas adjudicaciones podían rebasar el marco estatutario impidieron que la compañía alemana siguiera prestando un apoyo decisivo a la hoja de ruta soberanista. Los investigadores han llegado a esa conclusión tras analizar la abundante documentación sobre el 'procés' hallada en septiembre de 2017 en las oficinas centrales de T-Systems en España, ubicadas en la calle Sancho de Ávila de Barcelona. Correos electrónicos e informes confidenciales probarían que, al menos desde 2014, la compañía conocía los planes de los partidos secesionistas y articuló protocolos internos para cooperar intensivamente con ellos sin ser descubierta.
Según las pesquisas del Instituto Armado, al menos una decena de empleados de T-Systems habría participado en el desarrollo de la infraestructura de la república catalana. Los agentes destacan el papel de Rosa María Rodríguez Curto, la directiva encargada de las relaciones con la Generalitat, detenida en la operación Anubis junto a una decena de altos cargos de la administración autonómica. En su mesa se localizó un informe de 20 folios impresos por las dos caras titulado "Generalitat de Catalunya —Account Plan— Análisis de idearios políticos y posicionamiento institucional" que, además de examinar los planteamientos de los partidos que defendían la independencia unilateral y diseccionar sus respectivas estrategias para alcanzarla, fijaba la postura que T-Systems debía adoptar en el conflicto que ese proceso iba generar necesariamente con el Estado.
El "Plan de Acción" para ayudar al Govern
El informe, que habría sido confeccionado en 2015, deja claro en qué lado de la línea se colocó T-Systems. Casi al final del documento, bajo un epígrafe llamado "Plan de Acción", la multinacional alemana especificó que apostaba por crear un 'Libro blanco' que resumiera la aportación de la empresa al desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) de la Generalitat y condensara cómo podían continuar con esa colaboración en el futuro. Solo entre 2012 y 2016, los gobiernos de Artur Mas concedieron contratos a T-Systems por importe de 310 millones de euros, convirtiéndose en uno de los principales clientes de la filial en España de la histórica telefónica alemana, participada de forma más que considerable por el Estado alemán (controla el 14,48% de su capital directamente y otro 17,41% a través del banco público KfW).
Para no perder esa enorme fuente de ingresos o incluso aumentarlos, el informe de T-Systems concluía que la firma debía activar un "plan de choque que detalle acciones" para conseguir la "materialización de la apuesta concreta para el proceso de constitución nacional" y el "cambio de modelo", un eufemismo para referirse a la ruptura definitiva de Cataluña con el resto de España. La compañía consideraba que ese escenario era una gran oportunidad para optar a proyectos estratégicos ligados a la independencia, como el desarrollo de la "Hacienda pública", "la Seguridad Social", el "DNI catalán", la "preparación de Bases de Datos para tener un sistema electoral operativo" y la creación de un "operador [de telefonía] propio (tipo Euskaltel)", especificaba el informe en otro capítulo. No eran esos los únicos contratos que interesaban a la multinacional. Otros correos revelan que T-Systems también participó en el desarrollo de un 'software' policial para que los Mossos d'Esquadra pudieran vigilar el cumplimiento de las leyes del nuevo Estado y un segundo 'software' de inteligencia más orientado al Cesicat, un organismo de seguridad que iba a ser el embrión del CNI catalán.
"Intencionalidad de participar en el 'procés'"
"Del análisis de estos documentos", señala la Guardia Civil en su informe, "se puede concluir que T-Systems tenía conocimiento claro, preciso e inequívoco de cuál era el proyecto político del Gobierno autónomo catalán desde, al menos, el año 2015, habiendo realizado un estudio pormenorizado de la hoja de ruta que tenía previsto seguir, las Estructuras de Estado que pretendía crear y las necesidades TIC que todo ello iba a acarrear. Una vez realizado este estudio, definía la estrategia que, como empresa TIC, debían de seguir para conseguir ser el referente de la Generalitat en este proceso, con el volumen de negocio que todo ello suponía". "No queda lugar a duda alguna", añaden los investigadores, "de la intencionalidad de T-Systems de participar en el 'procés', no ya desde ese preciso momento, sino que con anterioridad ya lo habría hecho, dado que, caso contrario, se supone que no obtendría credibilidad alguna ante los correspondientes organismos de la Generalitat si con anterioridad no hubiera realizado trabajos en ese sentido".
Uno de esos trabajos previos que convirtió a T-Systems en la tecnológica de cabecera del Govern fue la creación del registro de catalanes en el exterior para el primer referéndum independentista de 2014, promovido por Artur Mas, un episodio que también está siendo investigado ahora por la Guardia Civil. En concreto, la firma alemana se encargó de poner en marcha esa aplicación porque el Govern quería facilitar el voto a los ciudadanos que vivían fuera de la comunidad.
Los investigadores han encontrado indicios ahora de que ese programa, que entonces costó 527.685 euros, fue actualizado en varias ocasiones por T-Systems a lo largo de 2017 para convertirlo en el registro de los catalanes en el extranjero que querían votar el 1-O. Las evoluciones supusieron un gasto adicional de 94.253 euros, según el informe del Instituto Armado, que acaba de ser remitido al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, donde han quedado centralizadas las pesquisas contra los dirigentes políticos de la Generalitat de segundo nivel. Se enfrentan a los delitos de malversación, desobediencia y sedición.
Colaboración hasta el último instante
La Guardia Civil intervino durante la investigación decenas de conversaciones telefónicas que demuestran el enorme grado de afinidad que existió hasta el último momento entre los cargos de la Generalitat responsables de la consulta y los directivos de T-Systems, a pesar de que la empresa ya sabía que los trabajos que estaba ejecutando eran ilegales. Solo en lo relacionado con el 1-O, además del censo de catalanes en el extranjero, la filial de Deutsche Telekom también se encargó de desarrollar la página del Pacto Nacional por el Referéndum —que sirvió para lanzar definitivamente la convocatoria en enero de 2017— y realizó cambios en la propia web oficial de la consulta solo unos días antes de que se celebrara, cuando las Fuerzas de Seguridad del Estado ya habían empezado a movilizarse para tratar de tumbarla.
Tras la publicación en las primeras semanas de 2017 de noticias que alertaban de los planes de Puigdemont para celebrar una consulta no pactada y poner en marcha la Hacienda propia, el director general de T-Systems en España, José Manuel Desco, escribió un correo a Rosa María Rodríguez para pedirle un "informe detallado" sobre todos los trabajos que estaban realizando para las autoridades tributarias catalanas. Se desconoce si la gerente llegó a enviar el informe a su superior, pero la compañía mantuvo su colaboración con el 'procés' en los meses siguientes como si nada hubiera ocurrido. Un amplio grupo de empleados de T-Systems siguió volcado en esos proyectos, echando centenares de horas extra y trabajando incluso los fines de semana, como también revelan las comunicaciones internas de la compañía.
El que no continuó fue Desco, a pesar de que desde 2015 también había mostrado una plena sintonía con los objetivos marcados por la Generalitat. Un correo electrónico de julio de ese año prueba que ya fue informado entonces de las infraestructuras que quería montar el Gobierno de Artur Mas. Con todo, en mayo de 2017, Desco fue relevado de la dirección general de la compañía y sustituido provisionalmente por el hasta entonces director financiero, Osmar Polo.
Reunión secreta en Barcelona
Pocas semanas después de ese cambio en la cúpula de T-Systems en España, el director general global de esta división de Deutsche Telekom, Reinhard Clemens, viajó desde Alemania a Barcelona para reunirse en secreto con el propio Puigdemont, según han revelado a El Confidencial fuentes próximas a las pesquisas. Polo también asistió a esa cita.
No hay datos del contenido del encuentro, pero los hechos indican que debió de ser muy fructífero. En julio de 2017, Polo fue apercibido directamente por la Policía Judicial de que, "en el caso de que la sociedad T-Systems recibiese algún encargo contractual de la Generalitat para la realización de cualquier aplicación o proyecto informático que estuviera relacionado con la preparación del referéndum ilegal del 1 de octubre, tenía la obligación de comunicarlo de manera inmediata". Pero la multinacional germana nunca paralizó ni avisó de nada. Ni siquiera tras el referéndum.
La directiva sigue en la compañía
T-Systems sigue siendo uno de los principales proveedores de la Generalitat. Y, paradójicamente, su compromiso con la independencia de Cataluña no le ha impedido conservar decenas de adjudicaciones en el resto de España, el territorio del que la firma pretendía separarse. Polo, consolidado ya como director general de T-Systems Iberia, aseguró en una entrevista en marzo de 2018 que el 'procés' ha dañado "su imagen, no su negocio". "Se han contado muchas falsedades y ha habido muchas tergiversaciones, y eso nos ha hecho mucho daño. Ha habido clientes que nos preguntan qué hemos hecho", se lamentó en unas declaraciones recogidas por 'Cinco Días'. "Nunca hemos colaborado con el 1-O", se atrevió a decir entonces.
Este viernes, sin embargo, la compañía declinó comentar la información de El Confidencial. "T-Systems no se pronuncia sobre actuaciones legales ni investigaciones para no interferir en procesos en curso. La compañía reitera que todas y cada una sus actuaciones y las de sus directivos se guían por el cumplimiento de la normativa vigente y el seguimiento de las prácticas de Buen Gobierno Corporativo y de Transparencia". Rosa María Rodríguez Curto sigue trabajando en la compañía, a pesar de las acusaciones a las que se enfrenta. Ocupa el cargo de vicepresidenta de ventas y forma parte del Comité de Dirección de la empresa.
T-Systems, el grupo alemán que da apoyo al procés y cobra del FLA
El ex presidente de T-Systems, Reinhard Clemens, saluda al ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, durante un encuentro en 2017. EM
Es como si Telefónica ayudara al Gobierno de Baviera a independizarse de Alemania y lograra que fuera Angela Merkel la que pagara los trabajos con fondos federales. Tan surrealista muestra de debilidad estatal ha ocurrido en España con importantes proveedores de la Generalitat catalana y un ejemplo es T-Systems, la filial de Deutsche Telekom -cuyo principal accionista es el Estado alemán-, según los informes de la Guardia Civil. «No hay lugar a duda de la intencionalidad de T-Systems (TS) de participar en el procés», sentencia en su último informe remitido al Juzgado que investiga las llamadas estructuras de Estado. Y tampoco hay duda de que los multimillonarios contratos de la filial del grupo alemán con la Generalitat han sido pagados gracias al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), según no sólo la asombrada Guardia Civil, sino la empresa en sus cuentas anuales.
Los investigadores presentan a la importante consultora tecnológica como una empresa que, con tal de asegurar contratos del Govern de Carles Puigdemont, no tuvo reparos en ayudar a montar estructuras de Estado sin rechazar jamás, «salvo orden judicial», los suculentos pedidos. La Generalitat les ha adjudicado contratos plurianuales superiores a los 400 millones desde el inicio del procés y es un cliente clave, porque TS -con sede en Barcelona- ingresa en España 280 millones al año.
El hecho de que las facturas a la Generalitat hayan sido abonadas por el Estado debería ser prueba de que no ha habido irregularidad, pero tal y como admitieron el miércoles en el Tribunal Supremo tanto Rajoy como Cristóbal Montoro, «no se puede descartar» que los fondos estatales hayan sido desviados a fines ilegales. De hecho, el Tribunal de Cuentas ya sentenció el pasado año que el ex president Artur Mas debe pagar más de cinco millones por el dinero público malversado en el 9N, incluidos los 136.720 euros pagados a TS por su «apoyo de 24 horas durante el 9-N».
T-Systems Iberia compatibiliza presentarse a concursos públicos en toda España -aparecen más de 200 adjudicaciones en el BOE, incluidas las del Ministerio de Economía- con ofrecer sus servicios a los independentistas para «estrutucturas de país», según correos internos incautados por la Guardia Civil. En enero de 2017 trabajaron en la web del llamado pacto para el referéndum: «Que no salga de aquí», se dice en un correo. También en otra nota interna constata la presión de la Generalitat: «Quieren más implicación, que paguemos nuestra posición en la Gene, dicen que somos demasiado cuadriculados». Por tanto, según la misma nota, hace falta «más margen de maniobra, nada ilegal, pero sí flexible». Sus directivos entraban en contacto con personas sin teórico poder de adjudicación como el caso de Josep Rull, cuando era secretario general de Convergència, o de Mas tras dejar el cargo. Según la Guardia Civil, prepararon con Rull un negocio potencial para TS en 37 estructuras de Estado.
En vísperas del referéndum estaba en juego la renovación de contratos de 427 millones concedido en 2012 por la Generalitat y, con ese objetivo, el entonces presidente mundial de TS, Reinhard Clemens, visitó en la Generalitat el 30 de junio de 2017 a Puigdemont y a Oriol Junqueras. No le detuvo ni la consulta ya anunciada del 1-O ni el rechazo de Rajoy. Tampoco que ¡en ese mismo día! el director general de T-Systems Iberia, Osmar Polo, fue citado como testigo por la Guardia Civil para que les diera información.
Su número dos, Rosa Rodríguez Curto, continúa como investigada en la causa, pero también en su cargo en TS al descartar irregularidades su departamento jurídico. De hecho, la jefa del área, Josefa Martín Bazoco, no veía problema en ayudar a montar, por ejemplo, la Hacienda catalana, mientras no hubiera prohibición judicial, porque se podía asignar a algún contrato genérico ya en marcha. ¿Y si se vulnera la protección de datos personales? Sin problema, la responsabilidad sería de la Generalitat.
La empresa declina explicar a este diario los extraños encuentros con Rull o Mas «para no interferir en procesos [judiciales] en curso». Y rechaza irregularidades: «Todas y cada una sus actuaciones y las de sus directivos se guían por el cumplimiento de la normativa vigente».
En aquel junio de 2017, cuando Puigdemont necesitaba respuesta sobre si TS sería proveedor en el 1-O, el director general zanjó por whatsApp: «Posición empresarial y neutral. Cumpliremos el contrato salvo orden judicial. Business as usual!». Hay que aclarar qué empresas han colaborado y colaboran con el procés cobrando encima del FLA en infumable business as usual.
Fuentes: El Confidencial y El Mundo
