BOGOTÁ (Sputnik) — Representantes de defensores de Derechos Humanos pidieron a la comunidad internacional que acompañe las iniciativas en Colombia para la protección de la vida de los líderes sociales a raíz de las amenazas y asesinatos de los que son víctimas.
"El mensaje para la comunidad internacional es el de continuar atentos a la grave crisis humanitaria que provoca el genocidio de líderes, su estigmatización y judicialización y acompañe las iniciativas que desde los territorios se construyen en defensa de la vida y la libertad", indicó la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) a través de un comunicado.
Según esa organización, voceros de los defensores de derechos humanos se reunieron este 29 de abril con el consejero de la Unión Europea en Bogotá, Antonio García, y con embajadores de varios países que integran el bloque para manifestarles su preocupación por la seguridad de los líderes sociales en Colombia y pedirles protección internacional.
Los líderes sociales instalaron el domingo, en el centro de Bogotá, un 'Refugio humanitario' que se mantendrá hasta el 2 de mayo para exigir al Estado "la construcción e implementación de una política pública de protección a sus vidas y la reactivación de la Comisión Nacional de Garantías y seguridad de líderes sociales, la cual no funciona desde julio de 2018".
Asimismo, piden que se garantice la implementación de los Acuerdos de Paz suscritos con la antigua guerrilla de las FARC y que se dé continuidad a las negociaciones con el ELN para disminuir la violencia en los territorios, luego de que el Gobierno canceló las negociaciones de modo unilateral el pasado enero.
Por último, mediante el refugio, piden que se promueva "la cultura de respeto por la protesta social y ofrecerle el reconocimiento debido al papel que cumplen los liderazgos sociales en la democracia".
Los líderes, la mayoría provenientes del suroeste de Colombia, aunque también de las costas Caribe y Pacífica y del oriente y centro del país, se concentran en la Plaza de Toros La Santamaría, en el centro de Bogotá, la cual han bautizado de manera simbólica como la Plaza de la Vida.
Según un informe reciente de la Onic y del Movimiento Defendamos la Paz, desde la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las FARC (en noviembre de 2016) han sido asesinados en el país más de 500 líderes sociales, indígenas, campesinos y defensores de derechos humanos.
El general de la Policía de Colombia, detenido por la desaparición de activistas
BOGOTÁ (Sputnik) — Autoridades de Colombia detuvieron al general retirado de policía Mauricio Santoyo, quien fue jefe de seguridad de la casa de Gobierno del derechista presidente Álvaro Uribe (2002-2010), por su presunta participación en la desaparición de dos defensores de derechos humanos.
"Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos encontró indicios que vincularían a (…) Santoyo en la desaparición de los dos defensores de derechos humanos y dispuso la captura del oficial en retiro", indicó la Fiscalía General en un comunicado.
Santoyo llegó el 29 de abril a Colombia en un vuelo procedente de Estados Unidos, deportado con otras 100 personas y tras cumplir casi ocho años de prisión de una condena de 13 años por narcotráfico y complicidad con paramilitares, según informaron las autoridades migratorias colombianas.
Santoyo está acusado de las desapariciones de dos integrantes de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes) en la ciudad de Medellín (noroeste), Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa.
Esas desapariciones se relacionan con homicidios y otros crímenes cometidos en Medellín entre 1997 y 2001, cuando Santoyo comandaba el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) rural de la policía.
"El general en retiro deberá permanecer recluido en un centro carcelario mientras avanzan las investigaciones en su contra como presunto autor del delito de concierto para delinquir agravado y coautor de desaparición forzada de personas agravada", agregó la fiscalía.
Las víctimas fueron reportadas como desaparecidas el 6 de octubre de 2000 en un sitio público conocido como La Playa, en el centro de Medellín.
Exintegrantes de grupos paramilitares de extrema derecha que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, promovida por Uribe, se atribuyeron el crimen y revelaron que habían actuado en complicidad con integrantes del Gaula rural que encabezaba Santoyo.
Santoyo también reconoció haber sido cómplice de las Autodefensas Unidas de Colombia, nombre del principal paraguas de los paramilitares.
Uribe, sin embargo, lo nombró jefe de seguridad de la casa de Gobierno; pero en 2003 la procuraduría le inició un proceso administrativo por interceptaciones telefónicas ilegales.
Pese a esto, el propio Uribe lo ascendió a general en 2007 y lo condecoró en 2010.
En 2012, Santoyo fue extraditado a Estados Unidos.
Reportan heridos en Honduras durante manifestación contra la privatización de la salud y la educación
Una manifestación contra la privatización de la salud y la educación en Honduras dejó varios heridos, algunos detenidos, así como edificios públicos destrozados e incendiados.
En la capital, Tegucigalpa, unos 10.000 estudiantes, doctores y maestros fueron reprimidos por la Policía cuando intentaron acercarse al Palacio Legislativo, en donde se discutirían dos polémicas reformas al sector educativo y de salud que, para los colectivos, representan la privatización de los servicios.
Ante la represión de la Policía, que rodeaba el recinto legislativo, algunos manifestantes respondieron lanzando piedras a los oficiales.
Posteriormente, manifestantes encapuchados lanzaron bombas molotov a dos edificios de la Alcaldía Municipal, uno de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) y una farmacia, reportó la agencia Efe.
Herido de bala
En el departamento de Yoro, ubicado en el centronorte del país, un maestro resultó herido de bala después de que cuerpos de seguridad le dispararan a quemarropa, según algunos testigos.
Varios testigos también aseguraron que algunas personas vestidas de civil iban armadas y actuaron en presunta complicidad con la Policía para reprimir a los manifestantes.
La directora para las Américas en Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, exigió al presidente de Honduras,Juan Orlando Hernández, poner fin a la represión y garantizar el derecho a la manifestación.
"Las violaciones de DDHH cometidas en este contexto deben ser investigadas pronta e imparcialmente", exigió en su cuenta de Twitter.
La polémica propuesta
El jueves pasado, el Congreso hondureño, con mayoría oficialista, pretendía aprobar la Ley de Reestructuración y Transformación del Sistema Nacional de salud y Educación, que para las organizaciones magisteriales y el Colegio Médico de Honduras (CMH) representaba el inicio de la privatización y abría la puerta para futuros despidos masivos en el sector público, según reportó El Heraldo.
De acuerdo con los diputados oficialistas, lo que pretenden es una ejecución eficiente del gasto público.
Se esperaba que este lunes se ratificaran los decretos, pero los violentos enfrentamientos obligaron a suspender la sesión de este día.
Trump obsesionado con Venezuela mientras deja a Puerto Rico a la deriva
Randy Alonso Falcón
Donald Trump y su camarilla (Bolton, Pompeo, Rubio, Abrams) andan obsesionados con Venezuela. Desayunan, comen, tuitean y hablan el lenguaje único de la agresividad contra Caracas.
Fondos públicos y secretos son destinados a la ofensiva imperial contra el país sudamericano. El Departamento de Estado pide 500 millones de dólares para su actividad injerencista en Venezuela en el próximo año fiscal. El Pentágono afina cuentas para estimar el costo de una probable incursión militar.
Mientras tanto, en Puerto Rico, autoridades, habitantes, medios de comunicación, claman por la ayuda necesaria, prometida y no cumplida del gobierno de los Estados Unidos para enfrentar los no resueltos efectos de los terribles huracanes Irma y María de septiembre de 2017 y los crecientes índices acumulados de pobreza en la llamada “Isla del Encanto”.
El presidente Donald Trump, se quejó hace unos días de que su gobierno, que domina colonialmente a Puerto Rico, haya destinado a la isla caribeña unos 91.000 millones de dólares para su recuperación, lo cual dice es superior a la ayuda que el Gobierno federal le ha suministrado a otros estados afectados también por ciclones
Sin embargo, el Gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló salió a desmentirlo y declaró que Washington sólo había destinado 5 300 millones de dólares, mayormente para restaurar la red eléctrica y para ubicar toldos en los techos de madera y zinc que quedaron devastados por los fuertes vientos de los huracanes.
Rosselló dijo que a 18 meses del paso del huracán Katrina sobre Luisiana en el 2005 bajo la Administración de George W. Bush, dicho estado ya tenía 2,400 obras permanentes, mientras que Puerto Rico solo ha tenido 46.
Puerto Rico sufrió más de 4 mil muertes durante y después del paso del huracán María (cifra no reconocida por las autoridades) y su sistema eléctrico demoró más de un año en recuperarse.
Todavía está en las retinas del mundo la imagen del Sr. Trump tirando papeles sanitarios a la audiencia que lo recibió en su fugaz visita a Puerto Rico.
Altos niveles de pobreza infantil
La pobreza infantil es un fardo pesado para la sociedad puertorriqueña desde hace décadas. El Instituto de Desarrrollo de la Juventud (IDJ), una organización no gubernamental sin fines de lucro, ha presentado estadísticas que indican que desde 1999 nunca ha bajado del 50%.
El último Índice de Bienestar de la Niñez y la Juventud, que el IDJ publica anualmente hace cinco años, revela un aumento a 58% en el 2017, el último año en que hay estadísticas disponibles, 2% más que en el 2016.
Lo de verdad escandaloso, considera el periódico El Nuevo Día, es, que por décadas, ha habido más niños pobres que no pobres en Puerto Rico y no hay políticas gubernamentales contra ello.
“Nunca hemos tenido una política pública articulada en este tema de pobreza infantil. No se considera en los planes de desarrollo económico. A veces hablamos de participación laboral, que contribuye, pero no es lo mismo que considerar las necesidades de familias con niños, que tienen unos retos bien particulares. Tampoco lo estamos viendo en las plataformas políticas”, dice Amanda Rivera, directora ejecutiva del IDJ.
Puerto Rico. Puerto Pobre
Las estadísticas del Buró del Censo en Estados Unidos muestran la depauperación del nivel de vida en Puerto Rico. Según el cierre de Julio de 2018, el 44.4 % de la población boricua está considerada en índices de pobreza.
Ese mismo cierre muestra que el índice de pobreza en Estados Unidos es de un 12.3%
La famosa vitrina que Estados Unidos trató de mostrar en los 60-70 como contrapartida a la Revolución cubana se ha quebrado totalmente.
Una columna periodística reciente del puertorriqueño José Calderón, Presidente de la Federación Hispana en EE.UU, alertaba sobre la situación de la isla: Una verdadera emergencia nacional continúa en nuestra nación casi un año y medio después de que el huracán María destruyera los hogares y los medios de subsistencia de millones de puertorriqueños, dejando a decenas de miles de personas sin trabajo y sin vivienda, y sufriendo un esfuerzo federal de socorro por desastres. Logré que casi pareciera intencional. Un año más tarde, seguimos viendo pruebas desgarradoras de cómo el presidente Trump y su administración continúan descartando y haciendo caso omiso de la difícil situación de los ciudadanos estadounidenses que viven en Puerto Rico.
Para Trump y su administración, el pueblo de Puerto Rico es de segunda categoría. Se les desprecia y olvida. Se les coloniza y deshecha.
Ni un pensamiento del mandamás de la Casa Blanca para los boricuas necesitados. Anda muy ocupado elaborando el próximo tuit o la nueva sanción contra Venezuela.