El detonante de la actual posición del Gobierno con respecto a Gibraltar fue el lanzamiento de bloques de hormigón en los caladeros donde faenan los pesqueros españoles. Sin embargo, el malestar de España con el Reino Unido se había ido acrecentando a lo largo de este año por un nuevo incumplimiento de las promesas hechas por el Gobierno de David Cameron.
A primera vista, las sanciones europeas a Irán por su programa nuclear tienen poco que ver con Gibraltar, pero ambos asuntos terminaron vinculados en la relación entre España y el Reino Unido. Los británicos necesitaban el apoyo español para obtener una modificación en el Reglamento de sanciones de la UE y España, a su vez, quería que Londres tomara cartas en el contencioso pesquero abierto por el ministro principal del Peñón, Fabian Picardo. Nuestro país cumplió lo acordado. Londres no lo ha hecho todavía.
Todo arranca de la paralización en noviembre de 2010 de la actividad de la plataforma «Rhum Gas Field», que extrae gas en el Mar de Norte, y que es propiedad al 50 por ciento de British Petroleum y de la Iranian Oil Company (IOC), un compañía iraní constituida en el Reino Unido, pero cuya matriz es la Compañía Nacional de Petróleos de Irán. La paralización, según alegó el Gobierno británico obedeció al temor de Estados Unidos de que información tecnológica y los beneficios de la explotación llegaran al Gobierno de Teherán.
Compañía iraní
Los británicos, según supo ABC de fuentes comunitarias, alegaron motivos de seguridad y medioambientales para tomar el control administrativo temporal de la plataforma, lo que, en la práctica suponía una expropiación encubierta de la participación de la Iranian Oil Company. Su estrategia pasaba por incluir a la IOC en la lista de empresas sujetas a sanciones europeas, ya que hasta ese momento no lo estaba, y además por modificar el Reglamento de sanciones de la UE contra Irán -adoptado en marzo de 2012- de forma que el Gobierno británico pudiera negociar los contratos de renovación con las empresas de mantenimiento de la plataforma.
Para lograr estos objetivos, Londres necesitaba una aprobación por unanimidad de todos los miembros de la UE. Y aquí tropezó con España, que, desde el comienzo había mantenido dudas técnicas y jurídicas sobre esas pretensiones: ni se consideraban justificados los riesgos expuestos por los británicos; ni se pensaba que la pérdida económica de una empresa -debido a la inactividad de la plataforma- fuera un motivo para pedir la derogación del régimen de prohibiciones.
Los representantes españoles en la UE subrayaban, además, que no había precedentes para incluir la administración temporal de licencia como una excepción al régimen de sanciones, y que se corría el riesgo de que la UE fuera demandada por la compañía iraní.
Ante esta situación, hubo reuniones técnicas entre españoles y británicos. Además, el secretario del Foreign Office, William Hague envió varias cartas al titular de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, y mantuvo con él un encuentro en Luxemburgo a mediados de octubre para ofrecer a España una nueva redacción en la modificación del citado reglamento. En la reunión, el ministro español aprovechó para plantear a su colega británico el conflicto pesquero en Gibraltar, y para anunciarle el envío de una propuesta de creación de un grupo de expertos a cuatro bandas (Madrid, Londres, Gibraltar y la Junta de Andalucía) para abordar ese problema.
Hubo nuevos contactos, incluidos los del secretario de Estado para la UE, Íñigo Méndez de Vigo, y su colega británico, David Lidington, y finalmente, en una conversación telefónica mantenida por Hague y García-Margallo, en la que se llegó al compromiso de resolver los dos dossieres: el del reglamento y el pesquero.
En la práctica, equivalía a decir que España levantaba su veto al cambio del reglamento de sanciones, lo que permitiría al Reino Unido negociar por si sólo los nuevos contratos para mantenimiento de la plataforma Rhum Gas Field. A la vez, Londres se comprometía a tomar cartas en el asunto para que terminaran los problemas que impedían a los pesqueros españoles faenar en aguas adyacentes a Gibraltar.
Así, la UE pudo aprobar por unanimidad la iniciativa británica, pero España aún sigue esperando a que el Reino Unido cumpla su promesa de resolver el contencioso pesquero.
La Guardia Civil desvela que Gibraltar está ganando terreno al mar
Gibraltar está ganando más terreno al mar con la construcción de un segundo espigón en la zona este que fue avistado ayer por la Guardia Civil, según informa hoy el diario ABC.
Este dique tendría como fin servir de contención ante el temporal que azota al Peñón en su cara oriental, más acusado en los meses de invierno. Está situado unos 400 metros al sur de donde "tienen lugar otras obras para construir un puerto marítimo y enfrente de unos 'bungalows'".
El diario reproduce el parte de la Comandancia de Algeciras de la Guardia Civil, que avistó esta modificación urbanística: "Sobre las 10,20 horas, cuando la patrullera Semar Río Pas perteneciente al Servicio Marítimo de esta Comandancia, se hallaba prestando Servicio de Protección de Acitividades Pesqueras, en la zona que rodea al Peñón de Gibraltar (aguas actualmente en conflicto), han observado la creación de un nuevo espigón formado por rellenos y piedras, que se adentra en el mar unos 50 metros de longitud y paralelo a otro que cierra la delimitación de la playa de Sandy Bay".
Y es que, además de proteger del temporal, a 400 metros del espigón, se planea también el proyecto "Cape Vantage" (Cabo privilegiado), una comunidad residencial que surgiría al abrigo de este brazo de mar. Como se explica en su vídeo promocional en Youtube, el plan de construcción incluye una quincena de muelles, con espacio para decenas de edificios y urbanizaciones, minirascaciones y un pequeño lago interior, reseña ABC.
Querella contra el gobierno gibraltareño por delito ecológico al arrojar hormigón al mar
El Club de la Constitución, una asociación sin ánimo de lucro, la ha presentado en la mañana del miércoles en los juzgados de La Línea de la Concepción. Sin entrar en ámbitos políticos, se considera que el gobierno de la colonia ha dañado las aguas territoriales españolas y se pide detener a sus responsables.
La acción unilateral del gobierno gibraltareño el pasado 24 de julio de 2013 al arrojar al mar, en un caladero próximo a la colonia pero en aguas territoriales españolas, numerosos bloques de hormigón y ferralla, ya tiene respuesta en los tribunales nacionales. La ha dado la asociación Club de la Constitución, una organización sin ánimo de lucro granadina que ha presentado este miércoles en los juzgados de La Línea de la Concepción (Cádiz) una querella criminal en la que ejercita la acusación popular. Se acusa al gobierno de Gibraltar de delito ecológico, y concretamente con nombres y apellidos a sus integrantes: Fabián Raymond Picardo, Joseph García, John Cortés, Samantha Sacramento, Gilbert Licudi, Joe Bossano, Neil Costa, Paul Balbán y Steven Linares.
En el texto presentado ante la secretaría del decanato de los juzgados de La Línea, el abogado y responsable de la redacción de la querella Juan Antonio Maldonado hace uso de los textos legales que rigen la situación de la colonia británica y sus aguas aledañas. Especialmente del Tratado de Utrech, por el cual se concedió Gibraltar a los británicos en 1713, y que asegura que la soberanía británica sólo se ejerce en "la ciudad y los castillos de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas". Es por ello que las aguas en las que echaron bloques de hormigón de entre 4.000 y 5.000 kilos no serían, en ningún caso, "claramente británicas y gibraltareñas" tal y como dicen los llanitos, sino que pertenecerían a España y por tanto los juzgados competentes serían los más próximos: La Línea de la Concepción.
Desde la asociación recuerdan que "el sujeto de derecho internacional es Reino Unido, no Gibraltar", que por ser una colonia tampoco tiene aguas territoriales
La querella está jurídicamente bien argumentada, según aseguran sus autores. Maldonado está convencido de que hay jurisprudencia por este tipo de delitos ecológicos: "A un español por arrancar una mata de una manzanilla protegida se le ha procesado y mandado a prisión, cuánto más por arrojar toneladas de hormigón y hierro al mar". Por ello, en la misma querella se pide al juez que solicite a la Interpol orden de busca y captura contra los responsables del gobierno local gibraltareño, pues es de prever que los llanitos se negaran a colaborar con la justicia española. No habría problema con que un juzgado ordinario actuara en este ámbito, pues el gobierno gibraltareño no está aforado, y en cualquier caso "ese aforamiento lo tendría que acreditar el querellado, porque no son personal diplomático, ni presidentes de una nación".
La respuesta del juez ante esta querella podría ser o bien inhibirse en un tribunal superior -y seguramente se requeriría a la acusación para que subsanara posibles defectos en la querella-, o bien aceptarla o bien archivarla, en cuyo caso la acusación popular recurriría.
José Torné, presidente del Club de la Constitución, una institución liberal que reivindica el espíritu de la transición, recuerda que para que declararan los responsables del gobierno gibraltareño, "habría que pedírselo al Reino Unido, porque el sujeto de derecho internacional es el Reino Unido, no Gibraltar. La petición a la Interpol es un auxilio policial y el juez puede pedir a la Interpol que detenga a estos señores si considera que se ha infringido el Código Penal, si el juez le da trámite a la querella se abre un proceso judicial con todos los elementos que conlleva, si se tiene que pedir una comisión rogatoria a UK se le pedirá, o si hay que pedir que se retenga a estos señores se pedirá. Es el poder judicial el que en estos momentos está conociendo nuestra querella y el que tiene que actuar".
Para Torné, la estrategia de la colonia es clara: "Lo que Gibraltar persigue es una extensión por tierra, mar y aire de su minúscula extensión, pero creemos que eso no es acorde al ordenamiento jurídico ni nacional ni internacional".
Francisco Sosa Wagner, insatisfecho por la indiferencia de las autoridades europeas ante los efectos nocivos del bunkering incontrolado.
El eurodiputado de UPyD ha trasladado al Parlamento Europeo su preocupación por los efectos que la contaminación marítima producida por un gran número de embarcaciones está revirtiendo en la costa de Algeciras, solicitando a la Comisión soluciones viables y reales para acabar con el problema.
Es un hecho del que numerosos medios de comunicación se han hecho eco que, a pesar de estar dotadas de una específica protección medioambiental, las aguas del estrecho sufren las consecuencias de reiterados vertidos de fuel y constituyen uno de los focos mundiales más importantes de “bunkering” incontrolado.
Tal como ha afirmado el eurodiputado de UPyD en una de sus preguntas a la Comisión, “se vende fuel marino más barato y se hace de barco a barco, es decir, sin atracar en el puerto, con lo que se ahorran inspecciones portuarias y gastos de fondeo”.
Por su parte, la fiscal del Medio Ambiente de Cádiz ha declarado: “lo que tenemos aquí es una silenciosa marea negra de vertidos continuos y una situación endémica única”.
Por otro lado, diversas organizaciones ecologistas, “Verdemar – Ecologistas en Acción” entre ellas, han calificado la realidad de “auténtica bomba medioambiental”, y se han llevado a cabo numerosas iniciativas ciudadanas que han sido presentadas ante las autoridades europeas. Cabe recordar que la protección y preservación del medio ambiente es uno de los valores fundamentales por los que lucha la Unión Europea.
Sin embargo, y contradictoriamente para con su política, las autoridades europeas han decidido no inmiscuirse en este asunto de tanta relevancia medioambiental, por lo que parece ser que las aguas del Estrecho continuarán funcionando como un paraíso fiscal para quienes impulsan y se enriquecen con este tipo de operaciones.
El portavoz de la Comisión ha atribuido dicha inactividad a la falta de evidencias claras sobre las consecuencias que el “bunkering” incontrolado está revirtiendo en las costas españolas. Al parecer, la institución no contempla como pruebas todas las fotografías y datos que las citadas asociaciones ecologistas han transmitido, hecho por el que Francisco Sosa Wagner ha mostrado su profunda insatisfacción.
Es totalmente cuestionable que la Comisión Europea no actúe ante los reiterados indicios de vulneración de la legislación medioambiental que se le han presentado teniendo a su disposición herramientas para evaluar la magnitud del problema. La Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM), por citar una de ellas, cuenta con los medios necesarios para llevar a cabo tal operación.