El expresidente colombiano Juan Manuel Santos cree que una intervención militar de EE.UU. en Venezuela hará que este país y Colombia se enemisten por generaciones.
“Colombia es el país que más sufriría con una intervención militar porque eso nos pondría con Venezuela en una situación de enemistad de generaciones”, advirtió el viernes el exmandatario colombiano (entre 2010 y 2018) durante la primera jornada del ‘Hay Festival’.
Además Santos manifestó que una intervención militar estadounidense desataría “un segundo Vietnam” para Estados Unidos y alertó que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hoy está mucho más fuerte que hace un año.
Según Santos, en Venezuela hay “100 000 milicianos armados con AK47” que sufrirán a Colombia tras cada intervención militar. También advierte que asesinar a Maduro, o sacarlo del poder será “una cicatriz en las relaciones de América Latina que durará generaciones en sanar”.
Y por ello propuso que el Gobierno de Iván Duque busque canales de diálogo con Nicolás Maduro para encontrar una solución y mantener la paz en la región.
El pasado 23 de septiembre Maduro acusó a Colombia y a Estados Unidos de urdir distintos complots para asesinarlo y especificó que se trataba de al menos 10 planes fallidos para acabar con su vida.
El jefe de estado venezolano fue atacado en agosto del 2018 por aviones sin tripulados (drones) cuando daba un discurso en un desfile militar con ocasión de los 81 años de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Debido al aumento de tensiones entre Colombia y Venezuela, el pasado 10 de septiembre Venezuela realizó maniobras militares en la frontera con Colombia.
En dichas maniobras Maduro subrayó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) está preparada y armada para defender la soberanía del país de las amenazas foráneas.
Especialistas denuncian que el Estado paraguayo está en manos del narcotráfico
Lucía Barrios
MONTEVIDEO (Sputnik) — La reciente fuga de 75 presos de alta peligrosidad de un penal en Paraguay demuestra que el Estado está "captado" por las organizaciones criminales, al tiempo que varios policías, políticos, fiscales y jueces han sido "comprados" por el narcotráfico, denunciaron a Sputnik dos especialistas en el tema.
"La fuga de presos muestra que las autoridades están corrompidas; reciben dinero para permitir ciertas ilegalidades dentro del sistema (...) ¿Quiénes son los que están comprados? Son policías, fiscales, jueces y miembros del sistema penitenciario", afirmó a esta agencia el criminólogo Juan Martens, quien lleva diez años estudiando a la organización criminal Primer Comando Capital (PCC).
El 19 de enero, 75 presos considerados de "alta peligrosidad", debido a que la mayoría son integrantes del PCC, se fugaron del penal Pedro Juan Caballero, ubicado en el este de Paraguay, cerca de la frontera con Brasil.
Los presos cavaron en el baño de una celda un túnel de aproximadamente 15 metros de extensión; sin embargo, las autoridades admitieron que la mayoría de ellos se escaparon por la puerta del penal.
La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, que ya había denunciado la existencia de un plan de fuga a mediados de diciembre de 2019, admitió que las medidas tomadas para evitar la evasión no fueron suficientes.
El secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), el abogado Óscar Ayala, dijo a Sputnik que la fuga de presos muestra que existe un "proceso de descomposición a nivel del Estado".
"La corrupción ha permeado a tal punto que ha hecho imposible el funcionamiento regular de las cárceles (...) hay evidencias, que son de público conocimiento, que vinculan a miembros del Congreso, del Poder Judicial y de la Policía en relación a la corrupción", agregó.
Ayala recordó que el diputado Ulises Quintana está procesado por vínculos con el tráfico de drogas y que la exdiputada Cynthia Tarragó fue detenida en Estados Unidos por agentes del Buró Federal de Inteligencia (FBI) por ser partícipe de un esquema internacional de lavado de dinero.
Sistema penitenciario
Por su parte, Martens, doctor en Criminología, afirmó que la fuga evidencia que las organizaciones criminales utilizan la cárcel como un "escritorio" para realizar "operaciones".
"El estado no representa un obstáculo para la concreción de los planes y negocios del PCC", expresó.
Martens y Ayala señalaron que la fuga no es el primer caso que demuestra que el narcotráfico ha captado a las autoridades paraguayas; los especialistas pusieron como ejemplo la fuga del PCC en 2018 de una cárcel de máxima seguridad; el motín en la cárcel de San Pedro, en el que murieron diez personas, y la evasión de un líder narco durante una operación armada en el centro de Asunción.
Cifras
Paraguay es el segundo principal productor de marihuana en América Latina después de México y es el país que más produce esta sustancia en América del Sur, señaló Martens.
Además, es el país por donde ingresa la mayor cantidad de cocaína en la región, a través del cual se logra llegar "fácilmente" al puerto de Santos (Brasil), explicó el especialista.
"Creo que por su ubicación estratégica y por la fragilidad institucional que tiene, Paraguay es central para el narcotráfico en el América del Sur", reflexionó.
Martens sostuvo que el Gobierno está "fallando", ya que el espacio aéreo no está monitoreado y hay mil kilómetros de frontera que no tienen ningún tipo de control.
El PCC es un grupo criminal surgido en la cárcel del estado brasileño de Sao Paulo en 1990 y que hace ya varios años que opera en Paraguay.
La organización se dedica al tráfico de drogas y armas, especialmente en las regiones fronterizas, y también al robo de cargas y contrabando de combustible.