El estadounidense Leon Gordis (1934-2015) fue autor del libro que varias generaciones de epidemiólogos han empleado para iniciarse en esta disciplina. En uno de los capítulos decía: "La epidemiología, junto con otras disciplinas, puede proporcionar muchos de los datos científicos que son relevantes para cuestiones de riesgo y prevención. Sin embargo, la decisión final sobre iniciar un programa de prevención estará principalmente determinada por consideraciones políticas y económicas así como por los valores de la sociedad".
Sin embargo el presidente del gobierno, desde su intervención del 10 de marzo tras el Consejo Europeo extraordinario, optó por utilizar la ciencia no como un pedestal —si he logrado ver más lejos es porque estaba subido a hombros de gigantes, dijo Newton— sino como un parapeto para justificar decisiones 100% políticas: "El primer criterio ha sido confiar la dirección técnica a los expertos, son los científicos quienes nos tienen que marcar el camino, tanto los expertos de la Organización Mundial de la Salud como los europeos, nacionales y autonómicos", se defendió.
Para entonces, el Gobierno ya había obviado las recomendaciones de la OMS, que declaró la emergencia internacional el 30 de enero y advirtió de la seriedad de la epidemia de coronavirus varias veces a lo largo de febrero, del Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC) que en un informe de riesgo del 3 de marzo recomendó evitar actos multitudinarios innecesarios y promover medidas de distanciamiento social en países donde hubiese habido transmisión local, y también desoyó las recomendaciones de varias sociedades médicas, que cancelaron sus propias reuniones semanas antes de que el Ejecutivo se decidiera a actuar.
El 26 de febrero, el Ministerio de Sanidad llegó a recomendar en un tuit que "al llegar de una zona de riesgo puedes hacer vida normal. Si tras 14 días no tienes ningún síntoma, no es necesario tomar medidas".
La música ha sido siempre la misma. "Los expertos nos dicen que", "los expertos nos recomiendan que". Desde que comenzó la crisis, el Gobierno se ha escudado en los científicos para justificar sus decisiones, desde permitir el 8-M a hibernar la industria y después autorizar su vuelta al tajo. El Ejecutivo creó un Consejo Científico a propósito para ello. Para cuando se constituyó, el pasado 21 de marzo, el país sumaba ya 24.926 casos confirmados y más de 1.300 fallecimientos. Pero la justificación ha saltado por los aires cuando uno de ellos, el catedrático Antoni Trilla, ha declarado en Catalunya Radio que nadie les consultó sobre levantar el confinamiento de la industria.
Cuando se le preguntó a Irene Montero si fue un error autorizar el 8-M respondió: "Hicimos lo que nos dijeron los expertos". El pasado jueves, en el Congreso, Pedro Sánchez fió la prórroga del estado de alarma a los científicos. "Sabemos que es imprescindible consolidar lo que con tanto dolor y sufrimiento hemos conseguido en este plazo. Y eso es algo que solo conseguiremos si mantenemos el Estado de Alarma hasta que los científicos así lo consideren".
Oficialmente, los científicos también decidirán cómo será la desescalada. "Los científicos, los técnicos que asesoran al Gobierno han establecido varios marcadores que fijarán el ritmo del retorno a esa nueva normalidad. Estos marcadores están relacionados con el control de los contagios, con la recuperación de nuestro sistema de salud y cada avance semanal que arrojen estos marcadores hará posible la apertura de nuevos espacios y el levantamiento de restricciones en el camino hacia esa nueva normalidad".
Según el presidente del Gobierno, España "asumió el liderazgo de los expertos y de las autoridades sanitarias y acató sus instrucciones y recomendaciones con responsabilidad y también con disciplina social". El Gobierno, añadió, "ha trabajado con toda su energía, con todos sus medios, con el consejo de los mejores expertos que tiene nuestro país".
El problema viene al intentar saber qué expertos son esos expertos. El Ejecutivo nombró el pasado 21 de marzo un comité científico asesor con seis expertos. La mayoría están vinculados a la Administración y solo dos a la universidad. Entre los primeros están Hermelinda Vanaclocha Luna, subdirectora general de Epidemiología de la Generalitat Valenciana; María Teresa Moreno Casbas, directora de la Unidad de Investigación en Cuidados y Servicios de Salud del Instituto de Salud Carlos III, del Ministerio de Sanidad; Inmaculada Casas Flecha, viróloga del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III, y Agustín Portela Moreira, responsable de vacunas de la Agencia Española de Medicamentos. Independientes están Antoni Trilla García, jefe del Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona y Miguel Hernán, profesor en Harvard.
Uno de esos independientes, Antoni Trilla, ha desvelado en Catalunya Radio que nadie les consultó la decisión de levantar la hibernación de la industria. "El Gobierno español no ha consultado al comité de expertos para levantar el confinamiento total", ha declarado Trilla a la vez que abría, dicen que sin querer, la caja de los truenos. Este diario ha intentado, sin éxito, obtener su versión.
"Un Comité Científico Asesor tiene la función de dar su opinión independiente y tratar de responder las preguntas o dudas que le pueden plantear tanto los responsables técnicos como los responsables políticos, que toman las decisiones. Así es como funciona y como ha de funcionar", tuiteó después.
Las decisiones que ha ido tomando el Ejecutivo han sido, lógicamente, políticas. Unidas Podemos y sectores del Gobierno presionaron para conseguir el parón total de la industria, al que se oponían el sector económico del Ejecutivo y partidos como el PNV, socio del PSOE y muy influenciado por la industria vasca. Así, tras el enfado del PNV, que llegó a votar con el PP en el Senado, acordó que la industria vuelva a trabajar el próximo lunes. Aunque se conocían las pugnas internas, el Gobierno ha ido presentando sus decisiones como científicas.
Una portavoz de Sanidad ha restado importancia a la declaración de Trilla: "En cualquier caso, las decisiones las adopta el Gobierno pero siempre basadas en la evidencia científica y en la opinión de los expertos. Desde su constitución, el comité científico ha discutido y valorado la evolución de la epidemia en sus diferentes reuniones y ha dado su opinión sobre diferentes aspectos relacionados con las propuestas de medidas realizadas por el Gobierno".
El Confidencial pidió el jueves a la Secretaría de Estado de Comunicación "los marcadores" que, según Sánchez, han establecido los científicos que asesoran al Gobierno para decidir cómo se levanta el confinamiento. No hubo respuesta. En rueda de prensa, la sustituta de Fernando Simón como portavoz técnica del Ministerio de Sanidad, María José Sierra, alejó esos criterios objetivos. Señaló que la salida del confinamiento es "un proceso muy complejo". "Nadie tiene las soluciones ni los marcadores para hacerlo. Estamos trabajando con expertos en el tema, con grupos en todas las comunidades autónomas. No es algo absolutamente rígido sino que hay un montón de factores que tenemos que ir viendo".
Fuentes conocedoras de la situación explican que el Gobierno está recabando muchas opiniones, no solo de su comité de expertos, de ahí la vaga alusión continua a "los expertos" o "los científicos". Ese comité no ha elaborado ningún informe público. Así que no hay forma de saber, por ejemplo, si hay criterios objetivos para levantar el parón de la industria, algo que levanta recelos en algunos sectores epidemiológicos. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, anunció en el Congreso que pedirá las actas y los informes del comité científico. Quizá entonces lo sepamos.
Estos son los científicos a los que escucha (cuando le interesa) Pedro Sánchez
“Un Comité Científico Asesor tiene la función de dar su opinión independiente y tratar de responder las preguntas o dudas que le pueden plantear tanto los responsables técnicos como los responsables políticos, que toman las decisiones. Así es como funciona y cómo ha de funcionar”, esta es la reflexión que ha compartido Antoni Trilla en su cuenta de Twitter. Este epidemiólogo del Hospital Clinic de Barcelona es uno de los miembros del Comité Científico Técnico que desde el 21 de marzo asesora a Moncloa en sus decisiones de salud pública para hacer frente a la pandemia de Covid-19 provocada por el SARS-COV-2.
Se trata de un tuit que publica un día después de que Pablo Casado solicitase en el Congreso acceder a las actas de las reuniones del comité y el mismo día en el que el epidemiólogo ha asegurado, en una entrevista concedida a Catalunya Radio, que en el comité no se ha tratado el final del confinamiento total que se produce el lunes, el martes en Cataluña.
En este sentido Trilla aconseja prolongarlo, según su criterio. Fernando Simón, rostro de la gestión de la crisis y director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) se coordina con estos expertos para abordar los pasos a seguir contra el coronavirus. Son hombres y mujeres que tienen currículos impresionantes. Las opiniones dentro del comité no son uniformes, dentro del mismo se debaten las ideas y las propuestas, después son los políticos los que “toman las decisiones”.
Antoni Trilla García, catedrático de Salud Pública de la Universidad de Barcelona, decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Barcelona, profesor de Investigación del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) y miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona. Es el rostro más mediático del comité, ha desfilado por platós de televisión y su tiene una columna en La Vanguardia desde la que va haciendo pedagogía sobre el coronavirus y la pandemia. Es muy activo en Twitter.
Hermelinda Vanaclocha Luna, médica especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública por la Universidad de Valencia, ocupa el cargo de secretaria del Instituto Médico Valenciano y forma parte del Grupo de Investigación Infección y Salud de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio).
Miguel Hernán es médico y epidemiólogo. Enseña Bioestadística y Epidemiología en la Escuela de Salud Pública de la Universidad T.C. Chan de Harvard. También es empleado especial del Gobierno de EEUU como asesor de Ciencia de datos de la Administración de Alimentos y Medicamentos. Una de sus labores investigativas se centra en el diseño de análisis de bases de datos de atención médica, estudios epidemiológicos y ensayos aleatorios. Miguel Hernán comparte habitualmente información científica en redes sociales.
María Teresa Moreno-Casbas cuenta con un doctorado en Epidemiología y Salud Pública por la Universidad Rey Juan Carlos, ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el Instituto de Salud Carlos III y además dirige el Centro Español para los Cuidados de Salud Basados en la Evidencia (CECBE). Es también responsable científica del grupo de cuidados a la población frágil y/o mayores del Área de Fragilidad y Envejecimiento Saludable del Centro de Investigación Biomédica en Red (Ciberes). Se puede seguir en Twitter.
Agustín Portela Moreira es doctor en Ciencias Biológicas (estudios sobre la replicación del virus gripe) por la Universidad Autónoma de Madrid, fue investigador en Virología básica en varios virus animales en el Centro Nacional de Microbiología y en el Centro Nacional de Biología Fundamental del Instituto de Salud Carlos III. En la AEMPS ha participado activamente en la evaluación clínica de vacunas humanas y es miembro del Vaccines Working Party de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) como jefe de Área de Biotecnología y Productos Biológicos, en el Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la AEMPS.
Inmaculada Casas Flecha es doctora en Farmacia e investigadora científica. Responsable de la Unidad de Virus Respiratorios y Gripe y directora del Centro Nacional de Gripe de la OMS de Madrid. Actualmente ocupa también el cargo de secretaria de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Virología. Ha trabajado en el diagnóstico y caracterización de infecciones víricas y participa en diferentes estudios en los que se implican los virus como causantes de enfermedades.
El Gobierno alertó a su personal de los riesgos del coronavirus una semana antes de avisar a toda la población
Desde que hace casi un mes empezó la emergencia por el coronavirus, muchas veces se ha recorrido la línea temporal de advertencias internacionales,ausencia de decisiones políticas y, por fin, declaración del estado de alarmaque desde el 15 de marzo tiene confinados a los españoles en sus casas.
Esta cadencia de acontecimientos, sin embargo, no fue tan lineal para el Gobierno, que más de una semana antes de que se convirtieran en un mandato general empezó a tomar precauciones internas para celebrar las reuniones a distancia o evitar saludos físicos.
En los primeros días de marzo, allá por el día 3 y 4, ministerios y demás departamentos públicos empezaron a recibir una circular con pautas para que sus trabajadores evitaran contagios que todavía en ese momento el Gobierno no recomendaba al público en general.
Semanas después y con la población ya confinada, el Gobierno ha situado en la última semana de febrero el momento clave en el que empezaron a multiplicarse los contagios por coronavirus en la Comunidad de Madrid, uno de los lugares que antes y de forma más grave se ha resentido por el Covid-19. Entre ese momento y, por ejemplo, el 8 de marzo cuando el Gobierno aún no creyó conveniente desaconsejar la asistencia a manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer, eventos deportivos o el multitudinario mitin de Vox, los trabajadores del Gobierno sí empezaron a recibir instrucciones sobre lo que debían y no debían hacer para evitar contagiarse por Covid-19.
Ni viajes ni reuniones
Según las instrucciones que preparó Sanidad para los centros de trabajo públicos a las que ha tenido acceso 20minutos, más de diez días antes de que se decretara el estado de alarma y se generalizara el teletrabajo en la empresa privada, el Gobierno ya pidió a sus empleados evitar los desplazamientos o las reuniones presenciales.
A modo de "medidas organizativas", la circular recomienda "evitar el contacto directo con personas que pueden sufrir una infección aguda, intentando mantener una separación de 1-2 metros entre estas personas". La primera vez que aparece esta distancia de separación en un documento para el conjunto de la población es en el decreto del estado de alarma que aprobó el Consejo de Ministros el 14 de marzo. Allí, se fijaba que las bodas, funerales u otras ceremonias religiosas, que entonces aún no se prohibieron totalmente, solo podrían celebrarse si los participantes se separaban a menos un metro unos de otros.
El 11 de marzo, el Gobierno todavía descartaba "cerrar Madrid", pero recomendó no viajar si no era estrictamente necesario. Una semana antes, la circular que rodó por sus ministerios ya recomendaba "evitar el desplazamiento a zonas de riesgo, salvo que sea ineludible". Esta indicación se volvía más perentoria en el caso de "trabajadores con patologías" tales como "cardiaca, pulmonar, inmunocomprometido, etc, así como de embarazadas y cualquier otra que pudiera agravar su estado".
"Se recomienda evitar saludos con contacto físico", prosiguen las recomendaciones a los trabajadores públicos en un documento de los primeros días de marzo, cuando los ciudadanos seguían haciendo vida normal.
Teletrabajo
De la misma manera, el Gobierno también adelantó en sus instrucciones a empleados otra manera de trabajar– teletrabajo y reunione telemáticas–, que aún tardaría en generalizarse entre la población todavía más de una semana.
"Siempre que sea posible,realizar las reuniones utilizando tecnologías audiovisuales para evitar desplazamiento innecearios", se lee en una circular que empezó a difundirse un par de días antes de que el 5 de marzo el Ministerio de Trabajo publicara su guía sobre cómo actuar en los centros de trabajo ante un caso de coronavirus. Allí ya se recomendaba que las empresas migraran al teletrabajo. La historia del último mes muestra que al día siguiente la Secretaría de Estado de Comunicación desacreditó estas instrucciones. Sobre el teletrabajo, solo se convirtieron en recomendación firme en el segundo decreto de medidas económicas que aprobó el Consejo de Ministros el 17 demarzo.
Los proveedores chinos de mascarillas se irritan por tener que negociar con 17 comunidades autónomas
La crisis sanitaria del coronavirus ha abierto un nuevo conflicto entre las comunidades y el Gobierno. Las 17 autonomías, más las dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla), y el Ejecutivo han apostado por hacer 'la guerra por su cuenta' para conseguir el material sanitario necesario para afrontar el brote. Una disparidad que irrita a los proveedores chinos de mascarillas, test y productos desinfectantes.
Las empresas chinas han manifestado al Gobierno su disconformidad por las múltiples demandas de productos que les llegan desde España y han reclamado un único canal de comunicación para la gestión de este material, según confirman portavoces de estas empresas a Vozpópuli.
Estos proveedores no entienden que para gestionar el reparto de material en un país se tengan que poner de acuerdo con diferentes administraciones españolas y aseguran que este escenario ralentiza la llegada de material a España. Su sugerencia es que el Gobierno, concretamente el Ministerio de Industria, centralice todas las compras de material sanitario que llega de China.
Según ha podido saber este medio, existe una lista de proveedores de China que está aprobado tanto por el Gobierno como por las comunidades para ejecutar estas compras. "Hemos pedido que, en la medida de lo posible, las compras de material tengan una sola voz para que el servicio sea más eficiente", destacan estas mismas fuentes.
"Nos estamos buscando la vida"
Las comunidades consultadas por este medio prefieren no realizar ninguna declaración oficial sobre esta disparidad en los pedidos de material sanitario. "Los múltiples errores cometidos por el Gobierno central no generan confianza en el sistema de compras centralizado", apuntan desde una administración gobernada por el Partido Popular.
Aunque ya es más que público que existe tensión entre las comunidades y el Estado por estas operaciones. Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, aseguró en una reciente entrevista en RNE que "había un principio de acuerdo para las compras centralizadas, pero no ha funcionado, y eso ha hecho que las comunidades autónomas estemos buscándonos la vida”.
“Visto que no hemos recibido ningún test, que se nos está poniendo impedimentos para recibir material, he pedido el compromiso de que no me paren un avión que va a venir a Madrid con él”, protestó el 22 de marzo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en Telemadrid. “¿Puede asegurarme que no bloqueará el pedido con material de la Comunidad de Madrid preparado en Shanghái?", preguntaba en videoconferencia Díaz Ayuso, por entonces, a Pedro Sánchez.
23 millones de mascarillas
Desde el pasado 10 de marzo, el Gobierno ha repartido entre las comunidades 23 millones de mascarillas. La Comunidad de Madrid es la autonomía que más ha recibido, 6,2 millones, y supone el 27% del total. El siguiente en este listado es Cataluña, con 4,7 millones (el 20%), y Andalucía, con 1,9 millones de mascarillas recibidas y que suponen el 8,5% del total del reparto.
Pero, mientras se producía este reparto centralizado, estos grandes demandantes de productos sanitarios han seguido haciendo sus peticiones de forma independiente. La Comunidad de Madrid ha dotado 52 millones de euros para la adquisición de material sanitario. La Generalitat elevó este presupuesto hasta los 350 millones y Andalucía destinó 100 millones de euros al gasto sanitario. Unas partidas que tienen como principal destinatario a los proveedores de China.
Por qué los políticos no hicieron caso al científico que alertó de la pandemia
Marta García Aller
Cuando en julio entrevisté al astrónomo Martin Rees ya me avisó de que uno de los mayores riesgos que enfrentaba la humanidad es que pronto "podría haber una pandemia que matara a muchos millones de personas en todo el mundo". No fue ese el titular que me pareció más relevante, lo reconozco. Era, sin yo saberlo, mi manera de darle la razón indirectamente a otra de las advertencias que hizo Rees durante nuestra charla veraniega: "En la sociedad hay una falta de conciencia de la gravedad de muchos de los riesgos globales a los que nos enfrentamos". En julio se cumplía medio siglo de la llegada de los humanos a la luna y creí que interesarían más al lector sus pronósticos sobre lo frecuentes que pronto serán los viajes a Marte. Una pandemia entonces sí que sonaba marciana. Eso era, claro, antes de que llegara el coronavirus.
Martin Rees no es ningún apocalíptico. Ni siquiera es pesimista, aunque pueda parecerlo por haber fundado un Centro para el Estudio de los Riesgos Catastróficos y Existenciales en la Universidad de Cambridge en el que básicamente se dedican a estudiar las amenazas que podrían acabar con la humanidad. En el fondo, hay que ser muy optimista para ponerse a analizar cómo prevenir el fin del mundo, ya que si estudia a fondo los riesgos es porque cree que la ciencia puede ayudar a prevenirlos.
Este prestigioso grupo de científicos, tecnólogos y filósofos de Cambridge impulsado por Rees estudia los riesgos extremos a los que se enfrenta la humanidad y los clasifica entre los que pueden llevar a la extinción total (los existenciales) y los que no llegarían tan lejos pero sí que serían lo suficientemente devastadores para un colapso civilizatorio (los catastróficos). Su misión es identificar la gravedad de las amenazas y la probabilidad de que sucedan para investigar el modo de combatirlas. Y el primer paso para prevenir esos riesgos es identificarlos: en primer lugar están los riesgos biológicos (ahí incluían las pandemias naturales como el Covid-19, pero también alertan de los riesgos de la manipulación genética y las armas biológicas); además, las catástrofes medioambientales (de los meteoritos al cambio climático); y por último, las amenazas de un mal uso de la inteligencia artificial y otros riesgos tecnológicos.
Optimista tecnológico, pesimista político
He vuelto a llamar a Rees después de que se declarase la pandemia de coronavirus simplemente para decirle que tenía razón y preguntarle de paso su visión sobre el Covid-19. No parecía muy sorprendido de que la humanidad no haya sido capaz de evitar esta tragedia que en lo que va de año ya ha costado más de 100.000 muertos. "Sabíamos que una pandemia global era una posibilidad y los gobiernos también lo sabían", dice Rees, a sus 77 años, desde la casa de Cambridge en la que permanece confinado indefinidamente sin poder dar clases hasta que remita el coronavirus.
"El gobierno británico tenía en sus análisis de riesgos globales que las pandemias eran una posibilidad, pero los políticos no estaban preparados para invertir lo necesario en prevenirlo porque era un riesgo poco familiar", añade el científico que fuera presidente de la Royal Society de Londres. Ese es el error más habitual sobre el que el Centro de Estudios Existenciales trata de concienciar: no debemos confundir un riesgo poco familiar, algo que nunca ha sucedido, con algo improbable. Ni tampoco la baja probabilidad de que algo suceda es la única variable que hay que tener en cuenta para tomarse algo en serio, porque hay amenazas tan catastróficas potencialmente como para que no compense ignorarlas. "Es importante que los gobiernos y la sociedad entiendan que cuando una amenaza de catástrofe global es lo suficientemente seria, merece la pena hacer la inversión necesaria para reducir su riesgo".
En su libro 'En el futuro. Perspectivas para la humanidad' (Crítica, 2019), Rees advertía de que entre los riesgos de vivir en un mundo tan global es que somos más vulnerables a las pandemias, porque pueden extenderse muy deprisa, y reivindicaba más mecanismos de planificación a escala internacional, para evitar un descontrol como el que efectivamente se está viendo en la gestión internacional del coronavirus.
Así que Rees es optimista en lo científico, pero pesimista en lo político. "Si los gobiernos no actuaron antes, es porque la política no está preparada para pensar en el largo plazo ni a escala global", insiste. Varios informes, no solo el de Cambridge, advertían que las pandemias eran uno de los mayores riesgos inminentes que podían suceder en los próximos 10 o 20 años. Racionalmente, puede parecer que lo normal habría sido gastar más dinero preparándose para reducir este riesgo. Pero cuando los gobernantes han hecho grandes inversiones para prepararse ante posibles amenazas que luego no llegan a producirse o no en la gravedad esperada (como pasó con el acopio de antivirales en 2009 por parte de varios gobiernos europeos con el H1N1), la opinión pública les critica por haber derrochado ese dinero público. El riesgo de no calibrar la importancia de prepararse para algunos 'por si acasos' es que a los políticos no les compense el riesgo si creen que al correrlo se arriesgan demasiado.
Si los gobernantes demasiado a menudo se centran en el corto plazo y las amenazas locales es porque habitualmente es la estrategia que mejor les ha funcionado para salir reelegidos. Si los riesgos globales y a largo plazo, al menos hasta ahora, no han sido un buen reclamo electoral es también una responsabilidad de los ciudadanos que no les exigen un mayor compromiso con esas otras amenazas. Por eso no solo es importante que los políticos tengan en cuenta las alertas de los científicos, también es crucial que haya una mayor percepción pública de cuáles son estos riesgos. Ahora son las pandemias, pero hay otros riesgos potencialmente catastróficos como los medioambientales y los de la gobernanza responsable de la inteligencia artificial que no se pueden olvidar.
"Estamos acostumbrados a negar la importancia de los acontecimientos que tienen una baja probabilidad, pero cuya consecuencia sería devastadora y deberían preocuparnos más", concluye Rees. Y me despido al teléfono dándole las gracias por haberme atendido de nuevo sin atreverme a confesar que, cuando me advirtió de ello la primera vez, a mí tampoco me preocuparon las pandemias para llevarlas al titular.
Fuentes: El Confidencial, El Independiente, 20minutos