El artículo en cuestión se titula ‘El Rey se empeña en ir a Panamá contra el criterio del Gobierno y de los médicos’, y en él se afirma que Spottorno “comunicó al Gobierno el empeño del monarca por no perderse su reunión anual con los mandatarios latinoamericanos”. Poca cosa comparada con la infinidad de noticias publicadas sobre el rey Juan Carlos en otras ocasiones, atentando de forma clara contra su dignidad regia, y sin duda calificables a bote pronto de injuriosas y calumniosas, que no queremos recordar aquí, sin que jamás se les haya dado la importancia oficial que ahora se ha dado a esta nimiedad comparativa.
Por su parte, Lobo, que es adjunto al director de ElConfidencial.Com, Ignacio Cardero, ha ratificado su información y ha dicho que le sorprende que la Casa del Rey solicite el amparo de la FAPE, pero no que desmienten la noticia, afirmando: “No confiamos en la información que procede de la Casa del Rey porque para nosotros su credibilidad está bajo mínimos”. Y ha asegurado que la información está “súper-contrastada” con fuentes de La Zarzuela (“obviamente fuentes no oficiales”), recalcando que la noticia en cuestión dice que “el Rey quiere ir a Panamá, no que vaya a acudir”.
Los más sorprendidos por esta reacción de Spottorno, artificiosa y un tanto intempestiva, quizás inducida por el jefe de Prensa de La Zarzuela, Javier Ayuso, han sido algunos miembros de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología de la FAPE, que preside Manuel Núñez Encabo, dado que la resolución que eventualmente pudiera tomarse al respecto, no tiene la menor consecuencia material, ni mucho menos legal, sino que constituiría sólo una resolución o pronunciamiento en el plano moral y exclusivamente de cara a sus afiliados voluntarios, no obligados. Está claro que el Estado de Derecho ofrece otros cauces mucho más adecuados para la defensa de los legítimos intereses ciudadanos ante los posibles excesos de la información pública, a total disposición de la Casa del Rey y del señor Spottorno; de hecho, Su Majestad ya advirtió sabiamente que “todos somos iguales ante la Justicia”.
Ahora, forzada la FAPE políticamente a tramitar la queja de la Casa del Rey (no hacerlo hubiera sido una bofetada descomunal a la Corona que abría resquebrajado aún más su imagen pública), los miembros de su Comisión Deontológica, todos ellos profesionales respetables, entre los que destacan juristas de gran prestigio como Rafael de Mendizábal o Luis Martí Mingarro, se verán obligados a dictar una resolución que siempre será poco beneficiosa para la Corona. Si es neutra, evidenciará la torpeza de solicitar el amparo, agrandando quizás la ‘barra libre’ informativa ya abierta sobre la Monarquía; si se balancea a favor del amparo, el corporativismo periodístico terminará siendo demoledor y, si en el peor de los casos se inclina por desatender la reclamación de la Casa del Rey, el desastre será total. Y es que hay errores que, por su evidente imprudencia, siempre han de tener malas o pésimas consecuencias; y batallas que por mal planteadas se anuncian perdidas de antemano.
Y ello con independencia del berenjenal en el que, con esta iniciativa sin precedentes, también se ha metido a la FAPE, cuya presidenta ha anunciado una posición pública de la Comisión de Deontología para, aproximadamente, dentro de veinte días. Elsa González ha advertido que su pronunciamiento dejaría en evidencia, si fuera el caso, “el medio y el periodista que no hayan respetado la veracidad de una información”, pero ha ocultado que, a tenor del fondo y de la forma de su resolución, quien podría quedar en evidencia, y hasta desprestigiada ante toda la profesión periodística, será la propia organización que ella preside.