La semana pasada, el Fondo Monetario Internacional (FMI) envió 350 millones de dólares en efectivo al gobierno de Birmania como parte de un paquete de ayuda de emergencia para ayudar al país a hacer frente a la pandemia del coronavirus, según declaró un portavoz del FMI a Reuters.
El dinero se envió días antes de que la consejera de Estado, Aung San Suu Kyi, y otros altos cargos de la gobernante Liga Nacional para la Democracia fueran detenidos en una redada realizada en la capital, Naypyidaw.
Este dinero forma parte de los programas de financiación COVID-19 de desembolso rápido y casi sin condiciones, aprobados por la junta del FMI el 13 de enero. El FMI había expresado su esperanza de que el dinero ayudara a Birmania a satisfacer "las necesidades urgentes de la balanza de pagos derivadas de la pandemia del coronavirus, especialmente las medidas de recuperación del gobierno para garantizar la estabilidad macroeconómica y financiera, al tiempo que se apoya a los sectores afectados y a los grupos vulnerables".
A diferencia de los programas regulares de financiación del FMI, la ayuda de emergencia por el coronavirus se envía rápidamente, a menudo de una sola vez. Stephanie Segal, ex economista del FMI, reveló que no conoce ningún precedente en el que el dinero aprobado por el directorio del FMI pueda ser retirado.
"Parece que el FMI puede hacer poco para recuperar los fondos" de ayuda de emergencia, indicaron las fuentes familiarizadas a Reuters.
Por su parte, el FMI está preocupado por el desarrollo de la situación en el país surasiático.
"Estamos siguiendo de cerca el desarrollo de los acontecimientos. Estamos profundamente preocupados por el impacto de los acontecimientos en la economía y en el pueblo de Birmania", dijo un portavoz del FMI en un comunicado, confirmando que el pago se completó la semana pasada.
El momento del último desembolso a Birmania fue desafortunado, expresaron a Reuters dos fuentes familiarizadas con los pagos, y señalaron los riesgos de utilizar una financiación rápida que da a los gobiernos amplia discreción sobre cómo gastar el dinero.
Desde el comienzo de la crisis generada por el coronavirus, el FMI ha proporcionado financiación de emergencia a 80 países.
El 1 de febrero el ejército de Birmania dio un golpe de Estado y encarceló a la consejera de Estado Aung Suu Kyi, al presidente Win Myint y a otros miembros de alto rango de la Liga Nacional para la Democracia (NLD).
Los militares declararon el estado de emergencia por un año y prometieron "tomar medidas" contra el presunto fraude electoral durante las elecciones generales del 8 de noviembre en las que la NLD de Aung San Suu Kyi salió victoriosa.
Los militares dijeron que están comprometidos con el sistema democrático y prometieron celebrar elecciones cuando finalice el estado de emergencia.
China y Rusia bloquean la condena del Consejo de Seguridad de la ONU al Golpe de Estado en Birmania
Estos días, Pekín ha calificado lo ocurrido en Birmania como "una importante reorganización del gabinete". Mientras, para Washington, Londres y la Unión Europea, se trata de un claro golpe militar. Hace un mes, el general Min Aung Hlaing, líder de la junta militar que gobernará Birmania tras el golpe de Estado del pasado lunes, se reunió con el ministro de Exteriores de China, Wang Yi. Un encuentro bautizado como "fraternal" por la prensa del gigante asiático. "China aprecia que el ejército de Birmania tome la revitalización nacional como su misión", dijo Wang.
Después de aquel encuentro, algunos medios de Birmania destacaron que sus militares compartieron con el ministro chino sus quejas por el supuesto fraude ocurrido en las pasadas elecciones del 8 de noviembre, en las que la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido que lidera Aung San Suu Kyi, había arrasado en las elecciones con más de 80% de los escaños del Parlamento. Además, la prensa local contó que antes de que Wang se volviera a Pekín, el general Min Aung Hlaing podría haber compartido con él los futuros movimientos del Ejército tras impugnar los resultados de los comicios.
La respuesta internacional ante el golpe militar de Birmania fue casi unánime. Estados Unidos y la Unión Europea pidieron la restauración de la democracia, así como la liberación de Aung San Suu Kyi y la del resto de políticos y activistas detenidos. El nuevo presidente estadounidense, Joe Biden, advirtió que su administración volvería a imponer sanciones al país asiático. Incluso el Consejo de Seguridad de la ONU, formado por 15 países, mantuvo el martes por la tarde una reunión de urgencia a puerta cerrada para abordar su reacción ante el golpe militar en Birmania.
Se esperaba que, al acabar la reunión, se hiciera público un comunicado con una condena firme a lo ocurrido en Birmania. Pero China, el mayor socio comercial del país del Sudeste Asiático, que cuenta con derecho a veto por ser miembro permanente del Consejo, ha impedido -al igual que Rusia con su voto negativo, según el borrador de la resolución publicado por la BBC- que fuera aprobada la condena del Consejo de Seguridad de la ONU.
"Los países occidentales han sido muy agresivos, exigiendo directamente que el ejército de Birmania tome medidas inmediatas para revertir la situación, y su interferencia se ha convertido en parte del problema de Birmania", reza un editorial publicado tras la reunión de la ONU por el Global Times, diario que cumple la función de ser el portavoz agresivo mediático del Partido Comunista Chino. "Cuando el país está experimentando turbulencias, no debemos exacerbar el problema, sino tratar de calmarlo de manera moderada", continúa.
Durante toda la semana, desde Pekín, que ya protegió de sanciones internacionales a los militares birmanos tras el genocidio rohingya de 2017, se han mostrado comedidos en críticas al nuevo Gobierno militar de su país vecino. Tan equidistantes que, este miércoles, durante la rueda de prensa diaria de Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Exteriores chino, los periodistas le han preguntado si Pekín apoya o dio su consentimiento al golpe de Estado en el vecino asiático.
"Esas teorías no son ciertas, deseamos que todas las partes en Birmania puedan resolver sus diferencias y defiendan la estabilidad política y social", dijo Wang. "La comunidad internacional debe crear un buen entorno externo para que Birmania pueda resolver sus conflictos de manera apropiada", añadió el portavoz.
Históricamente, China ha respaldado a la dictadura militar que estuvo al mando en Birmania desde 1962 hasta 2010. Aunque también es cierto que, durante la década de cuasi democrática que ha vivido el país, los líderes chinos han mantenido buenas relaciones y múltiples reuniones con Suu Kyi, quien hizo varios viajes a Pekín y apoyó el proyecto de la Franja y la Ruta del presidente Xi Jinping para expender su dominio comercial por toda Asia.
La postura silenciosa de China ante el golpe militar se entiende como la intención de no inmiscuirse en los asuntos internos de un país en el que seguirán invirtiendo y firmando acuerdos comerciales, independientemente de quién esté en el poder. Eso nunca le ha importado al Partido Comunista.
Desde el Ministerio de Exteriores de Pekín, ante las preguntas de este periódico al respecto, algunos funcionarios recuerdan que el general Min Aung Hlaing, quien decretó durante un año el Estado de emergencia, ha dicho que, en febrero de 2022, se celebrarían unas nuevas elecciones democráticas para elegir a los nuevos líderes. "Son asuntos internos del país vecino, si Occidente insiste en las sanciones sólo empeorará las cosas", dicen los funcionarios chinos, que no entran a valorar que el Consejo de Seguridad de la ONU no haya llegado a un acuerdo para condenar el golpe de Estado tras el veto de China.
Más contundente sí que ha sido el comunicado del G7, formado por Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos: "Hacemos un llamado a los militares de Birmania para que pongan fin de inmediato al estado de emergencia, restauren el poder al gobierno elegido democráticamente, liberen a todos los detenidos injustamente y respeten los derechos humanos y el estado de derecho".