Redacción
Si hasta ahora el Gobierno se escudaba en que no le constaban las actividades ilegales de la agencia estadounidense en territorio español, ahora Rajoy dice que no quiere tomar ninguna decisión “sin tener la total y absoluta certeza de las razones que las motivan”. Eso sí, ha dejado claro que el ordenamiento jurídico español, como todos los democráticos, “regula claramente el derecho a la privacidad de las comunicaciones de todos los ciudadanos” y que “las actividades de espionaje no son propias de una relación entre socios y aliados y España y Estados Unidos son países aliados y amigos que desean mantener unas relaciones lo más estrechas posibles”.
Rajoy, que se reunió el jueves en Bruselas con Angela Merkel, quien ha denunciado la intervención del teléfono que utilizaba desde 1996 y hasta este mismo año, ha insistido en que él no tiene “en este momento” la constancia que tiene la canciller alemana de haber sido espiada, por lo que su propósito es “hacer todo lo posible para enterarnos de si algunas de las informaciones publicadas [en relación a EL PAÍS] son ciertas de manera total o parcial”.
En ese “hacer todo lo posible”, Rajoy no incluye por el momento encargar una investigación al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), a pesar de que este organismo es el responsable de la seguridad de las comunicaciones de los miembros del Gobierno. Y tampoco planea sumarse, aunque todos los socios de la UE han sido invitados, a las conversaciones que Francia y Alemania mantendrán hasta final de año con EE UU para fijar un marco de actuación de los servicios secretos. De momento, solo se convocará al embajador de EE UU, “y a partir de ahí ya veremos”, concluyó Rajoy: “Iremos informando a la opinión pública de todo lo que se pueda informar”. Es decir, tratándose de espionaje, de muy poco.