El paradigma máximo de la decepción militar
El paradigma máximo de la decepción militar
FEDERICO TRILLO-FIGUEROA nació el 23 de mayo de 1952 en Cartagena (Murcia). Su progenitor, del mismo nombre, fue además de togado militar, alcalde de Cartagena, procurador en las Cortes franquistas y gobernador civil de Teruel y Burgos.
Tras licenciarse en Derecho por la Universidad de Salamanca, Federico Trillo-Figueroa realizó el doctorado en Derecho en la Universidad Complutense. Está casado y tiene cinco hijos. También es miembro del Opus Dei.
En 1974 ingresó como número uno de su promoción en el Cuerpo Jurídico de la Armada, siendo destinado a la Fiscalía de la Zona Marítima del Mediterráneo y más tarde a la Dirección de Construcciones Navales Militares. En 1989 se retiró con el grado de comandante por incompatibilidad con la política activa.
No obstante, esta baja voluntaria no impidió que diez años más tarde, en 1999, Trillo-Figueroa y otros diputados en activo que antes también habían sido jurídico-militares, se esforzaran en promover una enmienda al Proyecto de Ley de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas (Ley 17/1999) durante su tramitación en el Senado para incluir un nuevo e interesado párrafo en su disposición adicional quinta, el tercero, al que solo les faltó incorporar sus propios nombres y apellidos. Esa acción tan poco edificante les permitió computar a efectos de trienios y derechos pasivos el tiempo permanecido como miembros de elección popular en órganos de representación política, tras haber pasado hace tiempo a retiro definitivo por aplicación del Real Decreto-Ley 10/1977, de 8 de febrero, sobre ejercicio de actividades políticas y sindicales por componentes de las Fuerzas Armadas.
En el año 1979, Trillo-Figueroa accedió por oposición al cuerpo de letrados del Consejo de Estado, también con el número uno de su promoción. En 1980 se dio de alta como abogado ejerciente en el Colegio de Madrid.
Su adscripción estable, aunque no exclusiva, a la política se inició en 1983 al incorporarse al gabinete jurídico de Coalición Popular, entonces dirigida por Manuel Fraga Iribarne, participando activamente en su dilatada reorganización hasta que en 1989 quedó transformada en el Partido Popular. Pertenece a su Ejecutiva Nacional desde 1986.
Durante aquellos años de asidua colaboración con el aparato del partido, algunos compañeros que compartían con él la misma oficina situada en la calle Zorrilla nº 21, junto al Congreso de los Diputados, pregonaban vox populi sus constantes maniobras para hacer la vida imposible a su propio presidente, a la sazón Antonio Hernández Mancha. Su actitud hizo circular una malvada y apócrifa frase sobre Trillo-Figueroa: "Si le dejas solo en una habitación es capaz de apuñalarse a sí mismo". Se atribuye a José María Aznar, pero el autor bien podría ser Álvarez-Cascos, porque en la sede de la calle Génova todavía resuena el eco de los persistentes enfrentamientos que también mantuvo con él durante años, llegando a señalarle como el auténtico “bicho que pico al tren”.
Durante los años 1989 a 1996 (IV y V legislaturas) ocupó la vicepresidencia de la mesa del Congreso de los Diputados, compatibilizando esa tarea desde 1991 como portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Popular y comisionado ante el Tribunal Constitucional. El 27 de marzo de 1996 fue nombrado presidente del Congreso de los Diputados y de las Cortes Generales, cargo que mantuvo hasta el final de la VI legislatura.
Precisamente en esa ocupación, Trillo-Figueroa protagonizó una anécdota que quedará recogida en los anales del parlamentarismo español. Consistió en deslizar un chistoso “¡manda huevos!” para regocijo de sus señorías mientras presidía un pleno de la Cámara legislativa... Posteriormente, instó al autor de su retrato oficial como Presidente del Congreso de los Diputados para que lo personalizara sosteniendo un ejemplar de la Constitución Española en su mano izquierda y reproduciendo sobre el tampón secante de su escritorio la inscripción ¡iuvst testes!, una traducción al latín algo macarrónica de aquella celebrada ocurrencia.
Como presidente del Congreso también protagonizó otro incidente que supuso su primer enfrentamiento institucional con los militares españoles. Él fue quien autorizó la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la Ley 26/1999, llamada de “viviendas militares”, una vez aprobada por dicha Cámara de forma reglamentaria en la sesión plenaria celebrada el 24 de junio de 1999, pero sabiendo a ciencia cierta que su artículo 6 estaba manipulado.
El tema era importante porque rompía nada menos que el principio de seguridad jurídica en las tareas legislativas del Parlamento. Hecho ciertamente llamativo por cuanto él mismo era letrado en excedencia del Consejo de Estado, además de haber pertenecido al Cuerpo Jurídico de la Armada, al tiempo que el propio ministro de Defensa, Eduardo Serra, patrocinador de aquel bochornoso asunto, era abogado del Estado.
El pleno en cuestión había concluido sin que en él se hubiera conocido, debatido y mucho menos votado, una enmienda introducida en el Senado que eliminaba el derecho de los causahabientes del titular de una vivienda militar para acceder a su uso y eventual adquisición, siempre que hubieran convivido con aquél al menos durante dos años. Ese derecho, eliminado de forma torticera, había sido previamente reconocido por la Comisión de Defensa del Congreso que, con capacidad legislativa plena, admitió sin oposición alguna una enmienda transaccional presentada al respecto por el diputado canario Luís Mardones.
Pero tras aquel legítimo acuerdo parlamentario, alguna mano negra decidió dar por aprobada la controvertida iniciativa rectificadora llevada al Senado por el propio PP, sin que a continuación se llegara a producir en el Congreso de los Diputados el preceptivo debate y la obligada votación definitiva. Un trámite en el que con toda probabilidad se habría rechazado la modificación propuesta en la Cámara Alta, en coherencia con el pronunciamiento anterior de todos los portavoces de Defensa.
Con aquella maniobra, se pudo resolver el arrendamiento de un buen número de casas militares con inquilinos quizás sin suficientes recursos económicos o entregados durante años al cuidado domiciliario de sus familiares ancianos, incluyendo a los propios hijos del titular fallecido que no tuvieran minusvalías iguales o superiores al 65 por 100, o los que le perdieran después de la entrada en vigor de la ley.
El periódico “La Razón” lanzó una virulenta crítica al respecto, editando en apenas cinco días, del 9 al 13 de agosto de 1999, nada menos que doce páginas completas sobre el tema. En una de ellas, definía el hecho como insólita recuperación de una práctica indeseable olvidada desde que Nicolás Franco manipuló el Decreto de 29 de septiembre de 1936, clave y origen del poder político formal de su hermano Francisco Franco. Durante el proceso de su publicación oficial, los duendes de la imprenta sustituyeron el nombramiento recibido de la Junta de Generales como “Jefe del Gobierno” por el de “Jefe del Estado”.
El 27 de abril de 2000, José María Aznar nombró a Trillo-Figueroa ministro de Defensa, cargo que desempeñó a lo largo de toda la VII Legislatura. En relación con este nombramiento, hay que señalar que constituyó otra alteración de la voluntad inicial del presidente del Gobierno, similar a la que ya se había producido con el nombramiento de su predecesor en el cargo, Eduardo Serra.
El hecho destacable es que, siendo Francisco Álvarez-Cascos ministro de Defensa in pectore en el nuevo gabinete de José María Aznar, la pretendida ascendencia o mediación del Rey sobre esa área departamental recondujo otra vez su titularidad. En esta ocasión hacia Federico Trillo-Figueroa, cuando, según todos los indicios, ya se encontraba encajado como ministro de Justicia, con el encargo de afrontar una reforma profunda del sistema judicial.
En última instancia, aquella reiterada injerencia institucional trataba de evitar que una personalidad tan fuerte como la de Álvarez-Cascos (un “ministro-apisonadora”) pusiese algo de orden y concierto en el delicado terreno de la defensa nacional, afianzando la subordinación del complejo militar (Fuerzas Armadas, industria y contratos de armamento, servicios secretos…) al entorno presidencial de la Moncloa y eliminando sus atípicas vinculaciones con el Palacio de la Zarzuela, que sus detractores pretendían mantener interesadamente acotado para la Corona a la que se sentían cómodamente próximos. En cualquier caso, aquel nombramiento fue fruto de una nueva intromisión competencial, que el propio Aznar se vio obligado a soportar con suma discreción por afectar seriamente a su dignidad presidencial.
Al mismo tiempo, aquel nombramiento sobrevenido suponía también que el Opus Dei, con otros miembros destacados situados en puestos clave de su equipo ministerial, se subsumiera en la política belicista de Estados Unidos, cuando en los últimos tiempos se había alineado de forma incondicional con la Santa Sede. Su sintonía con la palabra y la obra de Juan Pablo II había sido perfecta, participando incluso en su propia “cocina”. Por eso chocaba que el ministro Trillo-Figueroa, acompañado de sus colaboradores más inmediatos, se despegara tanto de las tesis pacifistas del Vaticano, atreviéndose incluso a recordar que en materia política Su Santidad no hablaba ex cathedra.
La verdad es que desde ese autorizado magisterio ya se reconvino muy seriamente a George H.W. Bush (padre de George W. Bush)) por las atrocidades cometidas en la Guerra del Golfo (1990-1991). Más tarde, la voz acusadora del mismo Papa se alzó de nuevo contra el trato inhumano que los norteamericanos daban a sus prisioneros confinados en la base de Guantánamo, la cabeza de playa que mantenían en territorio cubano. Y, después, contra la nueva e injustificada contienda iniciada por George W. Bush, que llegó a tachar de “guerra inmoral”…
En todo caso, y en concordancia con la religiosidad que solía mostrar como porta-pasos de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno en las procesiones cartageneras de Semana Santa, Trillo-Figueroa no dudó en instalar una capilla permanente en la sede oficial del Ministerio de Defensa. Una iniciativa sin precedentes en el Estado aconfesional.
Dentro del balance con el que saldó su gestión ministerial, destaca una primera causa perdida ciertamente frustrante: la de no haber querido legitimar formalmente el asociacionismo militar, ya implantado en el ámbito OTAN a través de EUROMIL. Él mismo fue uno de sus más acérrimos defensores en su época de capitán auditor de la Armada. Entonces publicó un impecable estudio sobre “Las Fuerzas Armadas en la Constitución Española” (Revista de Estudios Políticos, número 12, 1979), con tesis favorables y plenamente justificativas de aquel legítimo derecho constitucional, que después despreció como ministro de Defensa.
Aunque su filosofía de entonces sobre el tema quizás se sintetice con toda claridad en esta frase extraída de un artículo suyo publicado en el diario “ABC” (06/01/1982) con el título “El militar y la libertad de expresión”, no menos olvidada en su ejercicio ministerial: “Si se quiere hacer un Ejército de ‘ciudadanos de uniforme’ --conforme al paradigma de los Estados más democráticos-- habrá que comenzar por hacer de los militares profesionales auténticos ciudadanos, iguales en derechos a sus compatriotas”. Su publicación, coincidente con la primera Pascua Militar después del 23-F y a los pocos días de conocerse el denominado “Manifiesto de los 100”, emitido en defensa del estamento castrense, se entendió, además, como un apoyo expreso a la reclamación de sus derechos constitucionales.
Pero desde la óptica de la seguridad nacional y del propio Estado de Derecho, peores consecuencias tuvo la reforma del CESID que propició al amparo de la conmoción política y social producida el 11 de septiembre de 2001 por los atentados de Al Qaeda en Estados Unidos. Aquella tragedia, que daría rienda suelta a las peores pasiones guerreras, también sirvió de inmejorable excusa para tratar de justificar lo injustificable: una seudo reforma del CESID, reconvertido semánticamente en el CNI y “legitimado” en las mismas prácticas reprobables establecidas con anterioridad, finalmente impuesta por la fuerza de su mayoría parlamentaria absoluta, sin un auténtico consenso de Estado y despreciando las fundamentadas enmiendas de la mayoría de los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados.
Lo curioso es que aquella iniciativa supuestamente “reformadora” de los Servicios de Inteligencia, no dejó de contar con la connivencia soterrada del propio PSOE, al que poco antes se había denostado desde la oposición popular por permitir que violentaran el sistema democrático y por su utilización pro-gubernamental más que pro-ciudadana, consolidando de esa forma el sistema en su misma ilegitimidad histórica.
Que la recreación del CESID en el CNI fue amañada sottovoce entre los dos partidos mayoritarios, con el ministro Trillo-Figueroa de oficiante, sin contar con cualquier otra deseable colaboración, ni contemplar siquiera los modelos de referencia vigentes en las democracias occidentales, fue algo bien evidente. Nada más conocerse los anteproyectos de ley correspondientes (el de ley ordinaria para regular el CNI y el de ley orgánica para regular su control judicial previo), prácticamente todos los grupos parlamentarios minoritarios dejaron clara su oposición a los textos propuestos, solicitando que fueran devueltos al Gobierno en sus enmiendas a la totalidad. Desconsideraciones parlamentarias aparte, algo repudiable tendría que tener aquel entendimiento entre opositores tan conspicuos (PP y PSOE), para que todos los demás representantes del poder legislativo se enfrentaran de forma tan radical a su repentina connivencia.
Así, y actuando contra los dos proyectos de ley citados (ambos rebatidos de inmediato en su esencia antidemocrática), todas las enmiendas parlamentarias de totalidad recogían afirmaciones tan rotundas como incontestables.
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida hacía, entre otras, las siguientes afirmaciones:
“El Gobierno de la Nación ha optado claramente por primar la seguridad (la inteligencia como instrumento al servicio de la misma) en detrimento de las garantías jurídicas, parlamentarias y judiciales de los derechos y libertades constitucionales de las y los ciudadanos españoles”.
“En relación al nominalmente llamado control judicial previo de la actividad del CNI, cabe decir que éste está plagado de lagunas y peligros para el Estado de Derecho”.
“En definitiva, entendemos que no se crea un procedimiento de control judicial del CNI, sino más bien una vestimenta semánticamente jurídica con una apariencia judicial que en el fondo no es más que una santificación casi incondicional de las actuaciones de la inteligencia española”.
Por su parte, los nacionalistas del PNV, tras advertir que el control judicial previo de las actividades del CNI propuesto podía incidir en cuestiones de inconstitucionalidad, señalaban de forma literal:
“La caracterización del Centro Nacional de Inteligencia que se hace en este Proyecto de Ley se mantiene apartada de las tendencias de Derecho comparado occidental, que han llegado a distinguir tres ámbitos distintos de actuación, a saber, ámbito de seguridad interior, ámbito de seguridad exterior y, en algunos casos, ámbito relacionado con la inteligencia estricta de las fuerzas armadas...”.
“No se ha superado la tradición pre-democrática que confundía y aglutinaba en un mismo saco el concepto de seguridad con el de defensa del aparato del Estado, lo que implica el resultado de englobar en la misma estructura ámbitos funcionales que en la mayor parte del entorno europeo se encuentran claramente diferenciados. Este defecto provoca la continuidad de una adscripción o dependencia para con el ámbito de defensa, que conduce de este modo a una visión deformada del ejercicio de sus funciones, anacrónica desde la perspectiva de profesionalización y modernización, y peligrosa para la perdurabilidad del sistema democrático desde la perspectiva de los posibles controles, la transparencia y el ejercicio de libertades y derechos fundamentales...”.
El representante de Iniciativa per Catalunya-Verds, Joan Saura, destacaba en primer lugar diversos conceptos recogidos en el texto regulador del CNI que, a su juicio, sirven para introducir elementos discrecionales sobre sus objetivos y actividades. A continuación, recurría al informe del propio Consejo General del Poder Judicial adjuntado por el Gobierno a su proyecto de ley orgánica reguladora del control judicial previo del CNI, para recordar que éste “no prevé cómo se configuraría el derecho del titular de las libertades sacrificadas a conocer la actuación judicial y a reaccionar contra ella”. El texto gubernamental (volvía a transcribirse de la misma fuente) “no precisa tampoco el particular alcance del régimen de control al que quedaría sujeta la actividad del centro, cuando pudiera colisionar con otros derechos fundamentales distintos de los recogidos en el artículo 18.2 y 18.3 de la Constitución, singularmente en lo ateniente al uso de la informática previsto en el artículo 18.4 de la Constitución”.
Y, por último, el portavoz de IC-V, de nuevo en línea de opinión con la misma alta institución, recordaba también que el Gobierno no concretaba la definición del modelo de control judicial elegido, no especificaba la existencia de mecanismos para la revisión jurisdiccional de las medidas afectas, ni se establecían límites temporales a su prevista prórroga...
Pero, junto a la de Joan Saura, otras voces parlamentarias integradas igualmente en el Grupo Mixto (las del Bloque Nacionalista Galego, Esquerra Republicana de Catalunya, Eusko Alkartasuna...) evidenciaron con sus enmiendas de totalidad a la reforma del CESID que ésta tan sólo pretendía un cambio semántico. Y también que bajo una nueva denominación más actual, que enmascaraba su dependencia del Ministerio de Defensa, el CNI volvía a encubrir los mismos intereses autoritarios característicos de los organismos homólogos precedentes. ¿Dónde quedaba la profunda “remoralización” de la vida política y de las instituciones públicas españolas propuesta en su momento por el presidenciable José María Aznar? ¿Y para qué mejor ocasión guardaba su antagónico José Luís Rodríguez Zapatero la vara de marcar distancias de respeto constitucional y dignidad democrática...?
Con las Cortes Generales y la propia opinión pública un tanto perplejas ante el bochornoso “pactismo” del PSOE en cuestión tan sustancial como la que se debatía (nada menos que la modernización de los Servicios de Inteligencia y su reconducción hacia el interés general en el Estado de Derecho), la representación parlamentaria de Convergència i Unió navegó a remolque de los acontecimientos, inevitables por otra parte a tenor del rodillo parlamentario popular en el que se había montado también el complacido continuismo socialista. Más llamativa fue la curiosa posición fijada por los nacionalistas canarios.
Coalición Canaria, formación que apoyaba la acción gubernamental del PP para garantizarse al mismo tiempo la estabilidad de su propio gobierno autonómico, desarrolló a través del diputado Luís Mardones una inteligente estrategia para conjugar sus intereses políticos con una mínima coherencia y dignidad democrática. No cuestionó los proyectos de ley en su totalidad, pero sí que presentó un bloque de enmiendas al articulado que, tanto por su cantidad como por su contenido, evidenciaba su plena discrepancia y las múltiples vías de agua del sistema democrático que se reiteraban en la nueva concepción del CNI.
Para atestiguarlo, en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados quedan, perfectamente argumentadas, sus veintidós enmiendas al articulado del Proyecto de Ley reguladora del CNI (que sólo consta de doce artículos) y sus cinco enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica reguladora de su control judicial previo (de artículo único). La mayoría parlamentaria del PP las despreció, pero sin que nadie se atreviera a rebatir sus impecables contenidos, ni de forma oficiosa en el habitual “pasilleo” de la Cámara, ni mucho menos de forma oficial, con luz y taquígrafos de por medio...
Dejando a un lado la consolidación práctica de los Servicios de Inteligencia como policía política del nuevo régimen “partitocrático”, realizada por Federico Trillo-Figueroa, su prepotente arrogancia le llevó de inmediato, en julio de 2002, a ordenar el asalto a la isla de Perejil, ocupada días antes por seis infantes marroquíes en situación de “acampada” y con la misión “oficial” de vigilar la inmigración ilegal y el tráfico de drogas. En contra del criterio militar propuesto por el jefe del Estado Mayor de la Defensa, la operación se llevó a cabo con un impresionante despliegue de fuerza española, ciertamente desproporcionado para desalojar a tan reducida intrusión en el islote, lo que, finalmente, sirvió más para humillar a Marruecos y a sus Fuerzas Armadas que para justificar la soberanía española sobre aquel territorio.
La respuesta española, narrada por el ministro de Defensa en el Congreso de los Diputados con la patética introducción de “al alba y con tiempo duro de levante…, con fuerte levante, 35 nudos de viento, salieron cinco helicópteros…”, fue especialmente agresiva, aunque el islote en cuestión careciera de cualquier valor o interés estratégico.
En la mañana del 17 de julio de 2002, []tropas españolas pertenecientes al Mando de Operaciones Especiales (MOE) del Ejército de Tierra, en una acción conjunta con la Armada, que desplegó numerosos buques (incluido un submarino), y el Ejército del Aire, que proporcionó cobertura con aviones F/A-18 basados en Morón, desalojó a los soldados marroquíes que no opusieron resistencia alguna. Culminada la intervención denominada “Romeo-Sierra”, códigos radiofónicos de las letras “R” y “S” (Recuperar Soberanía), los seis “invasores” fueron conducidos en helicópteros a la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta, desde donde se les trasladó a la frontera con Marruecos. Ese mismo día, las tropas especiales españolas fueron sustituidas por una unidad legionaria que permanecería en el islote hasta que Marruecos, por mediación de los Estados Unidos, acordó el retorno al statu quo previo al 11 de julio, quedando de nuevo desierto.
Todo ello, sin olvidar que el inicio del conflicto habría tenido un estímulo previo en las maniobras militares españolas realizadas días antes sobre la costa mediterránea de Marruecos. En ellas participaron cinco fragatas y un helicóptero de la Armada, desarrollando un ejercicio de desembarco de los guardiamarinas de la Escuela Naval de Marín en el peñón de Alhucemas, lengua de tierra española situada frente a la ciudad marroquí de Al-Hoceima, de triste recuerdo en nuestra historia militar. De hecho, el titular marroquí de Asuntos Exteriores, Mohamed Benaissa, pidió explicaciones al embajador español en Rabat por considerarlas una provocación humillante para su país.
Quizás aquella fuera la razón por la que Marruecos no se mostrara especialmente colaborador, sino más bien todo lo contrario, en relación con la posible prevención de los atentados del 11-M ocurridos en Madrid ni con la persecución de sus autores materiales, y que, como es sabido, generaron la inflexión social necesaria para que el PSOE ganara las elecciones generales celebradas el inmediato 24 de marzo de 2004.
No obstante, el premio gordo de los desafueros y mentiras casi patológicas que han caracterizado al ministro Trillo-Figueroa, se lo llevó efectivamente el caso del “Yak-42” con la muerte de los 75 ocupantes que transportaba el 26 de mayo de 2003, 62 de ellos militares españoles que regresaban de una misión profesional de Afganistán. Antes de que se destapara el escándalo de la falsa identificación de los cadáveres, los engaños que reiteró a los familiares de las víctimas, a la opinión pública y al Parlamento, fueron más que proverbiales. Con independencia de que todas sus patrañas contaminaran, además, a algunos generales serviles, que dejaron la institución militar a las patas de la peor opinión ciudadana.
Denigrar y entremezclar de forma truculenta los restos mortales de quienes habían dado su vida en acto de servicio al Estado, con la posible comisión por medio de un delito de falsedad documental, era sin duda un hecho impresentable. Y más todavía si se le imputaba nada menos que a un miembro del Consejo de Ministros, al margen de que perteneciera a una reconocida organización religiosa.
En mayo de 2008, la Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Yak-42 solicitó la imputación del ya ex ministro de Defensa Federico Trillo-Figueroa en el proceso judicial sobre el conocido accidente del avión operado por la Ukranian Mediterranean Airline. Esta petición, que fue realizada formalmente por el Juez Grande-Marlaska el 21 de mayo de 2008, quedó no obstante archivada por la Sala Penal del Tribunal Superior al no encontrar ésta indicios de criminalidad relativos a su persona.
Sin embargo, en la trastienda de aquel feo asunto, que marcó el final de su etapa como Ministro de Defensa, también quedaba aparcada otra responsabilidad no resuelta y mucho más preocupante: las muertes en sí, causadas por una cadena de graves imprudencias en cuya cúspide se encontraba Trillo-Figueroa, un ministro ciertamente frustrante que, cuando menos, perdió la oportunidad de reconducirlas a su merecido nivel de dignidad institucional y ciudadana.
Previamente, el mismo personaje ya había apuntado igual displicencia con el tratamiento dado a los soldados españoles que, participando en la “Operación Fuerza Decidida” sobre la antigua Yugoslavia, fueron víctimas del llamado “síndrome de los Balcanes”. Se trataba de una etiología confusa, pero que afectaba de forma sintomática a militares de todos los países partícipes en aquella misión, y que, tras producir múltiples trastornos epidérmicos, digestivos y respiratorios, terminaba generando metástasis cancerígenas irreversibles en muchos de los pacientes afectados.
La reacción del Ministerio de Defensa ante aquel evidente síndrome, aceptado y combatido de forma coherente en los demás países afectados, comenzando por Estados Unidos, cuyos responsables militares alertaron sobre el problema, fue negarlo a rajatabla. Y después, cuando los acontecimientos desbordaron ese primer dique de incontenible soberbia política, el ministro Trillo-Figueroa activó la creación de una supuesta “comisión científica” sólo para que, a la velocidad del rayo, decretara que no existía relación alguna de causa-efecto entre la munición de uranio empobrecido utilizada en la Guerra de los Balcanes y las secuelas cancerígenas padecidas por quienes participaron en ella, en número significado y fuera cual fuese su nacionalidad.
Aquel descarado montaje permitió, acto seguido, que el ministerio dirigido por Trillo-Figueroa se desentendiese del problema y dejara a sus antiguos y patrióticos soldados de reemplazo (no precisamente insumisos) en manos del masificado sistema asistencial público, sin más miramientos. Y, desde luego, sin reconocerles prestación social alguna.
Ese fue un magnífico ejercicio soterrado de inhumanidad, que además incumplía de cabo a rabo el código de conducta de los mandos militares, el compendio ético y moral que debía regir su comportamiento profesional, recogido en las mismas Reales Ordenanzas que el Ministerio de Defensa traía a colación de forma recurrente, sólo cuando le interesaba. Pero la gravedad de aquella irresponsable política de dejación, lamentablemente poco aireada, tuvo mayor alcance. Con ella se desmoronó, otra vez, el prestigio social que ya habían alcanzado las Fuerzas Armadas españolas gracias, justamente, a las misiones “humanitarias” en las que participaban, por muy discutibles que fueran desde el punto de vista militar. La actitud del ministro Trillo-Figueroa ante aquel drama, dañaban esa imagen pública y provocaba un mayor distanciamiento de la juventud, irreversible, en el ámbito de la defensa nacional.
El desamparo asistencial de los soldados españoles, añadido a una paga escasa, a la peligrosidad laboral no reconocida, al cercenamiento de sus derechos constitucionales y, sobre todo, a las mínimas condiciones intelectuales exigidas para incorporarse a las Fuerzas Armadas, propias de la “carne de cañón”, remarcaban de nuevo el santo y seña del ministro Trillo-Figueroa. Un personaje que terminaría siendo bautizado como “el enterrador”, no sólo de las fuerzas bajo su autoridad, sino también de la institución militar.
Concluido su mandato como ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa volvió a ocuparse de la asesoría legal y de la estrategia judicial del PP, siendo su afilado nexo de unión con los tribunales, labor que sólo abandonó mientras fue miembro del Consejo de Ministros o presidente del Congreso. A esta institución regreso como diputado de a pie, sin el menor complejo después de haber sido su máximo representante.
Tras la victoria del PP en las elecciones legislativas del 20 de noviembre de 2011, el Consejo de Ministros del 27 de marzo de 2012 le nombró embajador en el Reino Unido, aunque su nombre también se barajó (por exigencia personal) para ocupar la embajada de Estado Unidos. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, le impuso entonces dos importantes objetivos: reanudar las negociaciones sobre la soberanía del Peñón de Gibraltar y transmitir confianza a los inversores británicos sobre la solidez de la economía española.
Entre las numerosas citas y ocurrencias legadas por Federico Trillo-Figueroa al anecdotario de la política española, destacan las siguientes:
Trillo-Figueroa es autor de numerosos trabajos de pensamiento jurídico y político, ha colaborado en la fundación de la Asociación de Estudios para el Progreso Social y es miembro de la Comisión Española de Historia Militar. También es autor de tres libros: “El poder político en los dramas de Shakespeare” (Espasa Calpe, 1999), que en realidad es una tesis doctoral, “Pregones y Semblanzas” (Caja Murcia, 1999) y “Memoria de entreguerras: Mis años en el Ministerio de Defensa, 2000-2004” (Planeta, 2005), un vano intento exculpatorio de su decepcionante labor al frente de dicho Departamento.
FJM (Actualizado 19/03/2012)
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