El PP ha elevado el tono de su protesta por la actividad del CESICAT hasta el punto de trasladar a la Fiscalía General del Estado una denuncia para que investigue sus actividades, considerando que su existencia podría conllevar la comisión de delitos de malversación de fondos públicos y contra las libertades fundamentales de los ciudadanos. Una reacción sobrevenida de forma extraña porque dicho Centro, dependiente de la Consejería de Empresa y Empleo, es totalmente transparente, disponiendo desde hace tiempo de una página web oficial y con una moderna sede operativa en el Tecnoparc de Reus inaugurada en febrero de 2012 con gran trascendencia mediática.
No obstante, Enric Millo, diputado del PPC en el Parlament, ha declarado, de forma poco informada, que la Generalitat carece de competencias para crear esta agencia, por lo que, en su opinión, la utilización de fondos públicos a tal objeto podría constituir un presunto delito de malversación. Y la propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado que si la Generalitat crea esta agencia (CESICAT se creó hace tres años y entendemos que quiere referirse a su eventual transformación en un ‘CNI catalán’), el Ejecutivo podría llevar el caso al Tribunal Constitucional, recordando que “la prestación de estos servicios muy ligados con la defensa y la seguridad nacional en su conjunto” corresponden al Estado, por lo que “la vulneración de una norma competencial en ese punto llevaría a un recurso”. También afirmó con cierta ligereza que la Constitución “deja bien claro a quien corresponden las competencias en esa materia”.
La cuestión, en cualquier caso, es que los ‘Servicio de Inteligencia’ no son una competencia exclusiva del Estado y que, de hecho, la Constitución no hace la menor referencia a ellos, ni siquiera en su artículo 149, que es en el que éstas se establecen de forma muy pormenorizada. Es más, el artículo 149.1.29ª sí que establece la Seguridad como competencia no transferible, pero con esta salvedad permisiva: “Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica”.
Por ello, y a tenor de lo dispuesto en el Estatuto de Cataluña sobre el desarrollo competencial en materia de Seguridad Pública (artículo 164), la Generalitat está perfectamente legitimada para disponer de un Servicio de Inteligencia adscrito a la Policía Autonómica en su acepción más plausible de ‘análisis de la información’ a efectos de apoyo a las tareas de dirección. Con independencia de lo previsto también en el Título V del mismo Estatuto de Autonomía, dedicado a las relaciones institucionales de la Generalitat, incluidas las vinculadas al Estado español.
Esta sería una actividad tan propia como, por ejemplo, la de disponer de un Centro de Estudios de Opinión (CEO), creado en enero de 2005 y que en definitiva es el ‘CIS catalán’. Aunque lo que más llama la atención en la actitud del PP y de su Gobierno es que, poniendo otro ejemplo muy en contrario, nadie se rasgue las vestiduras con los servicios de meteorología autonómicos, que sin la menor duda conculcan la exclusividad estatal establecida al respecto en el artículo 149.1.20ª, como sucede también con el tema de las muchas representaciones internacionales de las comunidades autónomas. Una actitud ciertamente curiosa, que no deja de demostrar las incongruencias del Estado de las Autonomías.
Pero es que esta existencia de ‘Servicios de Inteligencia’ en su sentido analítico (otra cosa es el tema de la adquisición informativa que podría tener ciertas limitaciones legales), y con independencia de lo que pueda o no pueda aportar el CESICAT en ese sentido, ya es una realidad más que evidente al disponerse en España de un modelo de Seguridad Pública no unitario, como también existen con diversas denominaciones en multitud de empresas y corporaciones privadas, y hasta en organismos supranacionales. Sin ir más lejos, en Francia, como en otros países de nuestro entorno, ya funcionan desde hace mucho tiempo las Unidades de Inteligencia de nivel o ámbito ‘departamental’ y algún Servicio de Inteligencia privado con lógicas limitaciones en la accesibilidad a la información protegida legalmente.
Otra cosa es que el PP no se haya enterado todavía de qué es y cómo debe funcionar un ‘Servicio de Inteligencia’, cosa comprensible a tenor de quien dirige el flamante Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno. Un ejecutivo sólo conocido por crear y gestionar una cadena de servicios de reprografía como Alfonso de Senillosa, sin mayor mérito reconocido al efecto, al margen de su conocida amistad personal con Jorge Moragas, su jefe inmediato y director del Gabinete de Mariano Rajoy.