La Policía Nacional de Perú (PNP) confirmó la octava muerte durante las protestas que se llevan a cabo en el país suramericano desde la semana pasada.
Según la PNP, citada por La República, este octavo deceso ocurrió en el departamento de La Libertad, al noroeste del país.
A la víctima, un hombre cuya identidad aún no ha trascendido, le habría caído una piedra en la cabeza cuando manifestantes intentaban tomar el puente Chao, en la provincia de Virú.
"Hay una persona que ha resultado muerta, pero no es por acción de la Policía, ni por arma de fuego, ya se ha internado en la morgue, se ha hecho la necropsia de ley, la muerte habría sido por golpe con objeto contundente, le ha caído una piedra", dijeron las autoridades policiales, citadas por el mencionado medio.
Esta muerte se suma a las siete que previamente fueron confirmadas por las autoridades; de estas, cinco murieron en Andahuaylas, una en la provincia apurimeña de Chinchero y otra en Arequipa.
Las víctimas anteriores fueron identificadas como Becan Romario Quispe Garfias (18 años), Jonathan Encino Arias Choccepuquio (18), Wilfredo Lizarme Barboza (18), Miguel Arcana (38), Cristian Alex Rojas Vásquez (19) y dos menores de 15 y 16 años.
Estado de emergencia
Las manifestaciones populares en la nación suramericana comenzaron luego de la destitución de Pedro Castillo como presidente, que ocurrió tras su fallido intento de disolver el Congreso.
Los descontentos piden la liberación del depuesto mandatario, actualmente preso en la prisión de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes); el cierre del Congreso, elecciones anticipadas para 2023 y la renuncia de la presidenta que lo sucedió, Dina Boluarte.
Este miércoles, el Gobierno declaró estado de emergencia en todo el país, por un lapso de 30 días.
Perú convoca a embajadores de México, Bolivia, Argentina y Colombia tras su apoyo a Castillo
La ministra de Relaciones Exteriores de Perú, Ana Cecilia Gervasi, convocó a los embajadores de México, Bolivia y Argentina y al encargado de negocios de Colombia para reiterarles que "la sucesión presidencial de Dina Boluarte es constitucional".
"Hoy convoqué a los embajadores de México, Bolivia y Argentina y el encargado de negocios de Colombia. Les reiteré que la sucesión presidencial es constitucional y que las decisiones del expresidente Castillo del 7 de diciembre materializaron un golpe de Estado", escribió en sus redes sociales.
Gervasi destacó que entregó notas formales dirigidas a los cancilleres de estos países en las que "el Gobierno del Perú les transmite su reacción firme frente al comunicado conjunto que emitieron sus gobiernos".
La canciller hacía referencia a un comunicado publicado el lunes por estos cuatros países en el que expresaron su "profunda preocupación" por los sucesos que resultaron en la remoción y detención de Castillo y exhortaron a quienes integran las instituciones peruanas de "abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio".
"Para el mundo no es novedad que el presidente Castillo Terrones, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento", reza el texto, en el que se pide a las autoridades peruanas que "respeten a cabalidad los derechos humanos" de Castillo y que le garanticen "protección judicial".
Prisión preventiva
La Fiscalía de Perú solicitó este miércoles 18 meses de prisión preventiva contra Castillo, que se encuentra bajo custodia judicial, y el ex primer ministro Aníbal Torres, quien permanece en paradero desconocido.
Castillo, investigado por presuntos delitos de rebelión y conspiración, fue detenido de forma preliminar por un plazo de siete días, luego de que anunciara el pasado miércoles la disolución del Congreso y otra serie de medidas que fueron respondidas por el Parlamento con su destitución a la Jefatura de Estado por "incapacidad moral".
Después de que el Congreso peruano aprobara la moción de vacancia, intentó acudir a la Embajada mexicana en Lima, pero fue capturado en el camino por la Policía. A través de su abogado, Víctor Pérez, solicitó asilo a México.
Mientras, las protestas continúan sacudiendo Perú para exigir liberar a Castillo, disolver el Parlamento y convocar una Asamblea Constituyente para reformar el Estado. Las intervenciones de la fuerza pública no ayudan a aliviar las tensiones e incluso terminan en enfrentamientos con los manifestantes. Según la Defensoría del Pueblo, al menos seis personas han muerto durante las protestas.
A través de una carta publicada en su cuenta en Twitter, Castillo exhortó el martes a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a "deponer las armas", a fin de "parar el derramamiento de sangre" del pueblo.
Por su parte, el ministro de Defensa, Alberto Otárola, anunció la declaratoria de emergencia de todas las carreteras del país, la protección por parte de las Fuerzas Armadas de activos estratégicos, y la declaratoria en emergencia de las regiones de Arequipa e Ica en su totalidad.
Los que apoyan el goklpe globalista contra Castillo
"Castillo fue secuestrado por quienes interrumpieron el régimen democrático" en Perú
Sebastián Ochoa
En diálogo con Sputnik, Adolfo Mendoza, del Parlamento Andino, se refirió a la crisis en Perú y el descontento de la jefa de Estado, Dina Boluarte, sobre la falta de aceptación que tiene entre varios Gobiernos de la región.
La presidenta de Perú anunció que se comunicará con sus homólogos de Argentina, Bolivia, Colombia y México, quienes emitieron un comunicado exigiendo respeto a los derechos humanos y al debido proceso del expresidente Pedro Castillo, detenido desde su remoción del cargo el 7 de diciembre pasado. Quien hasta hace unos días fuera vicepresidenta consideró que los mandatarios de la región no están bien informados.
El Congreso de la República, de mayoría opositora y responsable de la vacancia declarada sobre Castillo, reaccionó con molestia. Algunos congresistas quieren declarar "persona non grata" al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y aseguraron que llamarán a los embajadores de los mencionados países para reprocharles lo que consideran una manifiesta intromisión en los asuntos internos del país.
Adolfo Mendoza, representante de Bolivia en el Parlamento Andino —que también integran Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela—, dijo a Sputnik que en los próximos días se manifestarán este y otros organismos supraestatales de la región.
El parlamentario evaluó que la recomendación de Argentina, Bolivia, Colombia y México tiene tres componentes: "Primero, se deben respetar los resultados de las urnas [en 2021, que dieron victorioso a Castillo]. Segundo, se deben respetar los derechos humanos. Y tercero, se debe generar un proceso de pacificación a partir del reconocimiento de Castillo como todavía presidente de Perú".
Según Mendoza, "esta no es ninguna intromisión en asuntos internos. Es la posición soberana que asumen cuatro países, así como la posición que asumieron de manera contraria Estados Unidos y el señor Luis Almagro", secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), quienes de inmediato reconocieron a Boluarte como presidenta.
Un pueblo movilizado
Mendoza destacó que gran parte de Perú está movilizada contra la destitución y encarcelamiento de Castillo, por lo cual hasta el momento se registraron ocho muertes por balas policiales. En todo el país rige el estado de excepción y las Fuerzas Armadas fueron encargadas por la presidenta de asegurar que nadie bloquee una carretera.
Los manifestantes "piden la convocatoria inmediata a elecciones, la consulta para realizar una Asamblea Constituyente, la liberación de Castillo y el respeto a los derechos humanos", enumeró Mendoza.
"Son pedidos terriblemente sencillos frente a una arremetida represiva de terrorismo de Estado desatado contra el pueblo peruano", observó.
En este sentido, remarcó: "Estas impresiones no pueden tenerse como un sentido de injerencia, sino como advertencia de la manera en que se sigue secuestrando a la democracia en América Latina y el Caribe. En este caso le tocó a Perú".
El representante boliviano contó que no solamente el Parlamento Andino prevé expedirse sobre la crisis en Perú. También el Parlamento Latinoamericano, el Parlamento del Mercosur y el Grupo América Latina y el Caribe (Grulac) "discuten posturas al respecto. Seguramente la próxima semana vamos a tener algunos pronunciamientos".
Un presidente asediado
Mendoza consideró que las posturas asumidas por Argentina, Bolivia, Colombia y México obedecen a un análisis de hechos que son de conocimiento público: "Durante todo su mandato, el presidente Castillo ha sufrido un asedio constante por parte de los partidos tradicionales, especialmente de ultraderecha, y por parte de las élites oligárquicas", lo mismo con las instituciones de justicia y los medios de comunicación.
"Todos los que han apoyado en América Latina los golpes de Estado y la supresión de la democracia fueron los que se alegraron con la supuesta destitución de Castillo", dijo Mendoza, quien entre 2010 y 2015 fue senador de Bolivia por el Movimiento Al Socialismo (MAS).
Boluarte dijo que se comunicará personalmente con los cuatro presidentes para informarles que "Pedro Castillo fue quien dio el golpe de Estado. Ha querido cerrar el Congreso e inmediatamente tomar los poderes del Estado como la Fiscalía, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial".
Para Mendoza, este no es un argumento válido: "Castillo no podía dar un golpe de Estado porque no estaban bajo su mando el cuerpo militar ni el cuerpo policial, así como los otros andamiajes del poder real. Castillo estaba solo".
Y graficó: "No tenía ningún apoyo militar ni empresarial ni oligárquico ni de ningún poder fáctico de Perú. Por tanto, lo que hizo [Castillo] no puede catalogarse como golpe de Estado".
Asimismo, "tampoco se lo puede catalogar de dictador, porque un dictador tiene bajo su tutela estos poderes fácticos, especialmente el militar, el policial y el mediático".
Mendoza resaltó además que al momento de su detención, Castillo aún gozaba de inmunidad presidencial: "La inmunidad fue levantada [por el Congreso] después de su sustitución en el Gobierno. Esto quiere decir que Castillo fue secuestrado por quienes interrumpieron el régimen democrático, que se sustenta fundamentalmente en el resultado de las urnas".
Las cuatro demandas que exigen los manifestantes en Perú para detener las protestas
Orlando Rangel
Las protestas masivas en Perú, que agravan la crisis política e institucional que atraviesa el país desde hace años, cumplen una semana en las calles con una serie de demandas que buscan reformar el Estado desde la raíz.
La ola de manifestaciones que se extienden por las distintas regiones peruanas, sobre todo en el llamado "Perú profundo", tuvo su punto de combustión el pasado miércoles cuando el Congreso decidió destituir al presidente Pedro Castillo por "incapacidad moral".
El parlamento ejecutó la medida luego que Castillo anunciara la disolución del Congreso, la instauración de un "gobierno de emergencia excepcional", la convocatoria a un proceso constituyente, la reorganización del sistema de Justicia, entre otras medidas coyunturales, como gobernar con "decretos leyes".
Tras la vacancia contra el Jefe de Estado y la designación de la entonces vicepresidenta Dina Boluarte como nueva mandataria, miles de personas salieron a las calles a exigir el respeto a la voluntad popular que dio la victoria a Castillo en las elecciones presidenciales.
Desde entonces, los manifestantes han expresado cuatro reclamos transversales para retornar a la normalidad. ¿Cuáles son las exigencias?
1.- Liberación y retorno de Castillo a la Presidencia
Desde el inicio de las protestas, los manifestantes han señalado que para ellos el único "presidente Constitucional" es Pedro Castillo, porque fue electo por la mayoría del país en elecciones democráticas. Esa es la principal razón por la que consideran que debe retornar al poder y asumir las responsabilidades frente al Ejecutivo.
Del mismo modo, consideran que Castillo es un "preso político" que fue detenido y privado de libertad por los órganos judiciales, de manera inconstitucional y vulnerando los derechos democráticos de los ciudadanos.
Este es un punto importante en los reclamos de los seguidores de Castillo, quienes han advertido que se mantendrán en las calles para hacer valer sus derechos y que incluso podrían radicalizar con un paro nacional indefinido, si no se atienden sus peticiones.
2.- Salida de Dina Boluarte
Los manifestantes también demandan que Dina Boluarte, designada por el parlamento como Presidenta de la República, debe salir del Ejecutivo, porque es "un gobierno usurpador", que a juicio de los descontentos no representa el mandato popular y forma parte de un "golpe institucional" y "judicial" que se gestaba contra Castillo, desde que asumió la jefatura de Estado en 2021.
Para los seguidores de Castillo, Boluarte es una "traidora" y "marioneta" que —según ellos— se ha prestado a la "persecución política" que ejecuta contra su líder la "derecha peruana" y la "oligarquía enquistada en el Congreso, la Fiscalía y el sistema judicial".
Además, recuerdan que Boluarte dijo que renunciaría si Castillo era vacado, cuestión que no ocurrió. Una vez que vacaron al maestro rural, ella acudió como vicepresidenta al Congreso para ser investida como mandataria.
Luego de su nombramiento, Boluarte anunció que estaría frente al país hasta 2026. No obstante, ante la presión social y política, ha ido mutando sus posturas y actualmente insiste en que su gobierno será de "transición" y buscará adelantar elecciones.
3.- Disolver el Congreso
La disolución del Congreso, como lo anunció Castillo antes de ser destituido, es otra de las demandas que defienden los manifestantes, porque consideran que la situación que enfrenta el país en la actualidad es responsabilidad del parlamento que se ha dedicado a "boicotear", restringir y controlar al Ejecutivo.
En sus reclamos, apuntan que los congresistas han sobrepasado sus poderes para influir en las decisiones que debería tomar con independencia el Gobierno. Además, creen que el Congreso se ha convertido en una especie de "secta" o "mafia" que responde a intereses de "la oligarquía", que vulnera la voluntad popular y las libertades democráticas.
En ese sentido, recuerdan que el Congreso ha sido desde hace años el epicentro de los conflictos políticos en Perú y el clima de ingobernabilidad, tras haber vacado y forzado la dimisión de los presidentes Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Castillo.
4.- Convocar una Asamblea Constituyente
Cuando Castillo hizo el anuncio que disolvía el Congreso peruano, también retomó un punto crucial de su campaña presidencial, y es lograr convocar a un proceso constituyente que permita reformar el Estado y la Constitución vigente desde 1993.
Así, los manifestantes han tomado esta exigencia como un punto transversal que se debe traducir en la convocatoria a la Asamblea Constituyente, que permita a los peruanos cambiar el actual choque de poderes entre el Legislativo y el Ejecutivo, que por la vía constitucional pueden disolverse el uno al otro, si se cumplen ciertas exigencias, lo que abona a la crisis de gobernabilidad.
Pero además, los descontentos creen que la reforma constituyente que defiende Castillo debería apuntar a la renovación total del parlamento, que tiene bajos niveles de popularidad, así como una restructuración del sistema de justicia, que ha sumado a la confrontación y acentuado la crisis política.