Ahora, parece que las presiones coactivas del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, para que Gas Natural adjudique en directo a Navantia la construcción de un nuevo buque metanero, después de haber quedado descolgada del concurso abierto para la contratación previa de cuatro unidades similares, están dando resultado. Pero generando, claro está, una competencia desleal que machaca a los astilleros privados.
Puesto el Gobierno a promocionar la industria naval nacional, alguien tendría que explicar la razón de que esa nueva carga de trabajo no se canaliza hacia otro astillero español de los que todavía quedan vivos por su eficiencia y competitividad y que, además, cumplen puntualmente con todas sus obligaciones, tanto fiscales como laborales… ¿Acaso el Gobierno ha de velar sólo porque sobrevivan los enchufados en Navantia y no el conjunto de los trabajadores españoles…? Porque si se gobierna únicamente para las empresas públicas, sobran las urnas fuera de sus centros de trabajo.
Y es que, además, con la campaña de la ‘Marca España’ en entredicho, resulta que Navantia no sólo desprestigia a la industria naval en el mercado exterior construyendo submarinos que no flotan (leer NEWSLETTER 77. Las responsabilidades del Ministerio de Defensa y Navantia en el escándalo de los submarinos S-80), sino que con sus chanchullo contables y financieros también defrauda a Hacienda (y Hacienda somos todos), perjudicando todavía más la ‘imagen-país’ que tanto publicita el propio Gobierno.
El periodista Miguel González acaba de airear (El País 11/12/2013) las raterías de la Caja B de Navantia. La noticia dice literalmente:
El Juzgado de lo Penal número 3 de Cartagena (Murcia) ha condenado por un delito continuado de falsedad en documento mercantil a José Antonio del Pino Arabazola, director de la división de Energía y Propulsión del astillero público Izar entre julio de 1999 y octubre de 2004. En la sentencia, dictada de conformidad con los acusados y sin necesidad de juicio, se declara probado que, al menos desde el año 2000, se implantó en la fábrica de motores de Navantia en Cartagena una caja b alimentada con facturas por obras ficticias supuestamente realizadas por las empresas Zafrucsa y Metalurgica Carthagonova. En total, se contabilizaron deudas “por conceptos no debidos” por valor de casi medio millón de euros.
Sin embargo, según la sentencia, “no ha quedado acreditado que los acusados actuaran movidos por ánimo de lucro o se apropiaran de estas cantidades o si, por el contrario, [...] el sobrante se empleara para pagar comisiones a terceros a fin de mantener la productividad [...]”.
Tras aplicar la atenuante de dilación indebida, el juez condena a José Antonio del Pino a cinco meses y ocho días de prisión, así como a cuatro meses de multa con cuota diaria de ocho euros; pero sustituye la cárcel por una multa de 10 meses y 16 días; por lo que debe pagar 3.488 euros. También han sido condenados a la misma pena Luis Armada Vadillo y Luis Rodríguez Bustelo Rosario, exdirectivos de Navantia que conformaban las facturas ficticias; Diego Sánchez Sánchez y Emilio Sánchez Álvarez, quienes registraban los supuestos pedidos; y José María Zamora García, gerente de las dos empresas privadas. El proceso se inició en 2005, por denuncia del entonces presidente de Navantia, Juan Pedro Gómez Jaén.
A ver si el Gobierno se entera de que tiene que tomarse en serio la reestructuración de Navantia, de una vez por todas. Y, entre otras cosas, porque su funcionamiento es desde luego incompatible con el objetivo de acreditar la ‘Marca España’ y reimpulsar la economía española a través de las exportaciones.
La SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), propietaria del astillero, acaba de iniciar el proceso de privatización de Remolcadores del Noroeste S.A. (RENOSA), que es una de las varias filiales innecesarias de Navantia. Si quiere, ya sabe por dónde puede caminar.