El Gobierno ha expulsado ya a tres espías estadounidenses y ha solicitado que un cuarto abandone también España por haber captado a dos agentes del CNI. Las expulsiones se han llevado a cabo tras la protesta formal de los ministerios de Defensa, del que depende el Centro Nacional de Inteligencia, y Exteriores.
Los agentes de EEUU estaban destinados en la embajada de su país y se consideraban de los "registrados", es decir, acreditados como tales ante los servicios de inteligencia españoles, según fuentes de Defensa. Esta es una práctica habitual entre países aliados y servicios de inteligencia amigos.
Al estar acreditados, los espías americanos contaban con mayor libertad para moverse por nuestro territorio y tratar con compañeros de profesión. Sin embargo, aprovecharon esa circunstancia para captar a los dos miembros del CNI y al menos en alguna ocasión,
pagarles a cambio de información clasificada.
De estos dos, el cabecilla era un jefe de área con 30 años de servicio, según las mismas fuentes. Además, estaba considerado un agente valioso tanto por su experiencia (misiones en el exterior, por ejemplo), como por su inteligencia. Durante los años de pandemia tuvo una excedencia en la que trabajó para una empresa estadounidense. Tras su detención hace dos meses, fue ingresado en prisión provisional, donde permanece a día de hoy.
El segundo español detenido era un agente de obtención de categoría más bien baja, un ayudante del primero, con el que tenía además mucha amistad. Fuentes de Defensa explicaron que era un agente que tenía negocios privados que le habían proporcionado dinero y por ello era aficionado a llevar un nivel de vida alto, conducir coches caros, etc, pero realmente su jefe es considerado el cerebro de la operación. También llevaba años trabajando para el CNI.
Los
controles impuestos en el centro tras el caso de Roberto Flórez, detectaron la fuga de información y se abrió la investigación.
Las actividades de los espías estadounidenses se han considerado “una falta de respeto grave entre aliados”, ya que se supone que la información se comparte, y si hay algo que no se comparta debe respetarse. Sin embargo, el hecho de que estuvieran acreditados les facilitó poder desarrollar esa captación de manera más indiscreta, aunque claramente no pensaban que se les descubriría.
El CNI se ha mostrado desde el principio de este caso muy firme con la expulsión de todos los estadounidenses implicados, puesto que las alianzas entre socios tienen sus propias reglas y deben respetarse. Es decir, la alianza entre servicios de inteligencia continúa, España quiere dejar claro que no a costa de dejar hacer cualquier cosa. Por ahora, además, el Gobierno de EEUU no podrá cubrir las plazas que han quedado vacías de estos espías registrados como legales.
Que se haya hecho público, el anterior precedente de expulsiones de agentes norteamericanos tuvo lugar hace décadas. Concretamente, en 1986, cuando Felipe González ordenó la expulsión de ocho agentes de la CIA por espiar al entonces vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra.
No es esta la primera vez que los servicios de inteligencia estadounidenses realizan injerencias entre sus aliados. Baste recordar el espionaje durante 15 años a la ex canciller alemana Angela Merkel, los vuelos secretos de la CIA durante la guerra de Irak o, más recientemente, el asalto a la embajada de Corea del Norte por parte de un comando supuestamente subcontratado por la CIA.
Ahora bien, lo que todas las crónicas periodísticas no cuentan es qué información “sensible” querían obtener (o han obtenido, porque esto tampoco se aclara) los espías del “país aliado”. Evidentemente, tiene que ser algo de “gran interés” para a) que no sea una información compartida entre aliados que trabajan codo a codo como son la CIA y el CNI; b) que sea un información que arriesgue a un conflicto diplomático y c) para que el Ministerio de Defensa ni nadie del gobierno aclaren a la opinión pública qué y para qué estaban espiando a nuestro país.
Parece obvio que la actuación de los agentes de la CIA en España se caracteriza por: a) ser desleal; b) poner en peligro la seguridad nacional, si no es difícil justificar tanto el comportamiento de la CIA como del Gobierno español; y c) es un acto clarísimo de injerencia en los asuntos de un país soberano y aliado, del que por otro lado se acusa en ocasiones a otros países sin presentar la más mínima prueba, en cambio, aquí se les ha pillado con las manos en la masa. Y por supuesto, todo a espalda de los españoles, que no son informados con detalle de lo ocurrido.