Baltasar Garzón paró la investigación a la cúpula de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) por presunta apropiación de fondos, actualmente a cargo del juez Pablo Ruz, después de que en 2008 se diera de alta como socio de la entidad para poder cobrar derechos de autor. Garzón pidió inhibirse para evitar una posible recusación por conflicto de intereses, pero la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó sus argumentos y le obligó a seguir adelante con la instrucción.
La Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias en noviembre de 2007 a raíz de una denuncia presentada por varias asociaciones de internautas contra la SGAE y parte de su cúpula directiva, a la que acusaban de apropiación indebida de los fondos recaudados por los derechos de autor y el canon digital. Cuando la Fiscalía trasladó a la Audiencia Nacional la denuncia, en marzo de 2010, esta recayó precisamente en el Juzgado Central de Instrucción número 5, que entonces ocupaba Garzón. Y el magistrado, que era en ese momento socio de la SGAE, decidió abstenerse.
Garzón había solicitado en 2008 el ingreso en la SGAE. El Consejo de Dirección de la sociedad de autores, entonces encabezado por Eduardo Teddy Bautista, lo aceptó como socio de la entidad en octubre de aquel año con el número 107.706, deseándole una "larga y fructífera permanencia". Y ese mismo año el magistrado cobró 3.358,58 euros en concepto de derechos de autor, cantidad que en 2009 se redujo a 535,07 euros.
Esos "rendimientos de actividades profesionales" correspondían a los derechos de autor generados por su participación en el documental El alma de los verdugos, dirigido por el periodista Vicente Romero sobre una idea del propio Garzón. El documental, que fue emitido por La 2 de TVE, bucea en el perfil psicológico de los principales torturadores –y algunas de sus víctimas– de la dictadura militar argentina que siguió al golpe militar de 1976. Garzón, que sigue siendo socio de la SGAE, colaboró también en el guion del documental.
"Si bien considero que no tengo interés directo ni indirecto en la causa", argumentó Garzón en un escrito dirigido al presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en marzo de 2010, "lo cierto es que aparezco como socio de la SGAE y, por tanto, la apariencia existe, por lo que debo plantear la procedencia o no de la abstención en una causa en la que dicha sociedad aparece relacionada en el relato del Ministerio Fiscal", en alusión a la denuncia que le había trasladado la Fiscalía Anticorrupción.
Garzón dejó en suspenso la instrucción de la causa. Pero una semana más tarde, la Sala de lo Penal denegó su petición de abstención y le ordenó que continuase tramitando el procedimiento, "sin perjuicio del eventual derecho de las partes a hacer valer la posibilidad de la recusación". La Sala, presidida entonces por Javier Gómez Bermúdez, consideró que "no aparece ningún indicio que haga vislumbrar cualquier modalidad de vínculo del instructor con alguno de los denunciados (...) máxime cuando ninguna capacidad de gestión ni de intervención tiene en dicha entidad".
Garzón reabrió entonces la causa. Pero apenas tuvo tiempo de impulsarla, porque sólo dos meses después, el 14 de mayo de 2010, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió por unanimidad suspenderle cautelarmente en sus funciones por la investigación de los crímenes del franquismo. Un mes más tarde, el órgano de gobierno de los jueces nombraba a Ruz su sustituto al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5. Desde entonces, el principal hito de la investigación –o al menos el más mediático– fue la entrada y registro en la sede de la SGAE, el 1 de julio de 2011, y la detención de una parte de su cúpula directiva. Pero hoy, más de dos años y medio después, el sumario languidece por su aparente falta de consistencia.
El 'número dos' de la SGAE compró siete casas de lujo y usó a su mujer de tapadera
Pablo Hernández, exdirector del Departamento Jurídico de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y actual número dos de la entidad, adquirió siete viviendas de lujo en la Comunidad de Madrid y la Costa del Sol durante un periodo de ocho años, a lo largo del cual utilizó como tapadera para cobrar una parte de su salario en la SGAE a una empresa inmobiliaria cuyo administrador único es su mujer, Carmen Cabezas.
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que instruye el macroproceso contra la SGAE por apropiación indebida durante la etapa de Eduardo Teddy Bautista al frente de la sociedad, investiga también a Hernández en una pieza separada del sumario principal por las presuntas irregularidades cometidas en el llamado Proyecto Arteria, la red de teatros de la SGAE. Hernández (Guadalajara, 1967) no está imputado en la causa.
Su llegada a la SGAE en 1996, primero como asesor jurídico, coincidió con un aumento vertiginoso de su patrimonio inmobiliario, según consta en un informe que la Guardia Civil entregó a la Fiscalía Anticorrupción y que está incorporado al sumario. Aquel mismo año adquirió un chalé de 199 metros cuadrados y 411 de parcela en Collado Mediano (Madrid). Tres años más tarde compró otro chalé de mayores dimensiones (261 metros cuadrados de superficie y otros 1.232 de parcela) en la misma localidad. Y en 2003 adquirió un tercero de 169 metros cuadrados y 150 de parcela también en Collado Mediano.
En 2005 compró un cuarto chalé, también en Collado Mediano, de superficie similar a los anteriores. Y un año más tarde se hizo con la propiedad de otra vivienda, esta de 108 metros cuadrados y situada en la localidad malagueña de Manilva, en la Costa del Sol. Los cinco inmuebles figuran a nombre de Hernández y su esposa, según el informe elaborado por la Guardia Civil.
Pinche aquí para ver los documentos. Además, otros dos chalés y un inmueble de uso comercial (uno en Collado Villalba, también en Madrid, y dos en Collado Mediano) fueron adquiridos a mediados de la pasada década, cuando Hernández ya había escalado posiciones hasta llegar a la cúpula directiva de la SGAE. Esas tres propiedades, sin embargo, están registradas a nombre de Inmoconsulting Collado S. L., de la que su esposa es administradora única. Hernández figura como apoderado de la sociedad.
El actual secretario general de la SGAE se sirvió de Inmoconsulting Collado para facturar a la sociedad de autores unos supuestos servicios de asesoría que iban desde los 55.332 euros de 2006 a los 63.270,30 de 2010, tal y como refleja el informe encargado por la Fiscalía Anticorrupción. A esas cantidades sumaba sus emolumentos como director de los Servicios Jurídicos de la SGAE, que rozaban los 160.000 euros anuales.
Hernández, sin embargo, nunca comunicó a la cúpula de la SGAE que estaba utilizando la empresa de su esposa como supuesta tapadera para cobrar aquel suculento sobresueldo. Y también ocultó ese dato a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que lo interrogaron el 6 de julio de 2011, cinco días después de que el juez Ruz ordenara la entrada y registro del palacio de Longoria, sede de la sociedad de autores.
Hernández aseguró aquel día a los agentes que una parte de su salario era abonada por la SGAE y otra por Iberautor Promociones Culturales, la sociedad impulsada por Teddy Bautista y precursora de la red de teatros Arteria. Esta última, dijo, "ascendía aproximadamente a 40.000 euros anuales" (aunque en realidad llegaron a ser más de 63.000) "y las percibía a través de facturas mensuales". Pero no mencionó que esas facturas las emitía la empresa de su mujer.
De hecho, Hernández trató de borrar el rastro de esos pagos. Para ello, pidió en 2011 a Natalia Gómez de Enterría, entonces directora de Recursos Humanos de la sociedad de autores, que "el dinero que percibía mediante dicha factura se lo incrementase como sueldo base en su nómina de la SGAE", según declaró la propia exdirectiva a la Guardia Civil tras su salida de la entidad.
El secretario general de la SGAE, en conversación telefónica con El Confidencial, reconoció ayer ser el copropietario de los chalés citados, excepto de uno de ellos, que atribuyó a "un error" de la Guardia Civil. "Siempre he tenido un salario alto, primero en un despacho de abogados que tuve y luego en la SGAE, y las cosas siempre me han ido bien". Y atribuyó a otro "error" de los agentes que le tomaron declaración el no haber incluido en esta su supuesta alusión a Inmoconsulting Collado.
Fuente: El Confidencial – José Lobo