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El Gobierno premia la petición de consulta del ‘Parlament’ con 7.000 millones

Victoria | Miércoles 22 de enero de 2014

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La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos decidió el pasado jueves conceder a Cataluña 7.000 millones de euros –casi un tercio del total– del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para 2014, el mismo día en que el Parlament reclamaba al Estado la delegación de la competencia exclusiva de convocar referéndums.

El FLA está dotado con 23.000 millones de euros para el ejercicio de 2014 -igual que en 2013-, previstos ya en los Presupuestos Generales del Estado. Ahora debe ser el Instituto de Crédito Oficial (ICO) el que formalice el préstamo con las comunidades autónomas adheridas: Andalucía, Cataluña, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Canarias, Murcia y Baleares. Es decir todas aquellas que no pueden financiarse por sí mismas porque ni los mercados ni los bancos confían en ellas para ofrecerles crédito. En definitiva, se trata de un rescate encubierto de esas regiones.

El Ministerio de Hacienda, que dirige Cristóbal Montoro, ha destacado que “las comunidades autónomas adheridas al FLA han conseguido un importante ahorro, al poder financiarse en 2012 y 2013 a intereses más bajos que si lo hubieran hecho por sí mismas”, aunque ninguna podía hacerlo realmente por su incapacidad e insolvencia para acceder a financiación.

“Esos intereses medios han sido 5,18% en 2012 y 3,91% en 2013, intereses que en 2014 serán todavía menores”, según la apreciación del Tesoro: “Actualmente, estimamos que el FLA en 2012 y 2013 les ha reportado a las comunidades adheridas unos ahorros anuales por importe de 551,36 millones y unos ahorros durante todo el plazo de la operación que ascienden a 3.583,86 millones”.

Entre el FLA y el mecanismo del pago a proveedores, Cataluña ha recibido 24.000 millones de euros en los años 2012 y 2013, a los que habrá que sumar las nuevas dotaciones de 2014 (de entrada esos 7.000 millones). Las actuaciones del FLA y del fondo de proveedores son préstamos del Estado que las comunidades deben devolver presuntamente a lo largo del tiempo (disponen de 12 años para hacerlo).

Fuente: Diálogo Libre