Pavel Volkov
«Insistimos en que se respeten los derechos humanos», expresó el Presidente de Chile, Gabriel Boric, en la Cumbre de Paz celebrada en Suiza. En efecto, el actual conflicto militar ruso-ucraniano tiene consecuencias humanitarias catastróficas y la cuestión del respeto de los derechos humanos en el marco de este conflicto es quizás la cuestión principal.
En enero de 2024, gracias a Jeffrey Sachs y Elon Musk, el mundo se enteró de la muerte del bloguero chileno-estadounidense Gonzalo Lira en una prisión ucraniana. Según el Servicio de Seguridad de Ucrania (SSU), el bloguero «negaba los crímenes de guerra rusos», acusaba a las Fuerzas Armadas de Ucrania de bombardear territorios ucranianos y llamaba «neonazi» al régimen de Kiev. Fue capturado como sospechoso de «justificar la agresión armada de Rusia» (artículo 436-2 del Código Penal de Ucrania), lo que implica hasta ocho años de cárcel. En otras palabras, Gonzalo Lira fue procesado por sus puntos de vista y opiniones.
Gonzalo murió en prisión por falta de atención médica. El público mundial (principalmente, estadounidense) se enteró de esta trágica historia precisamente gracias a que tenía ciudadanía estadounidense. Desgraciadamente, nadie sabe nada de los miles de ciudadanos ucranianos que, como Gonzalo, acabaron en cárceles ucranianas por sus opiniones y puntos de vista. La primera oleada de represión masiva tuvo lugar tras el EuroMaidan, que trajo consigo el derrocamiento inconstitucional del poder en Kiev en 2014. La mitad del país no lo acogió con satisfacción. La segunda se produjo a raíz del inicio de la «Operación Militar Especial» (OME) rusa iniciada en febrero de 2022. Muchos ucranianos la interpretaron como respuesta lógica de Rusia a la falta de voluntad de Ucrania de aplicar los acuerdos pacíficos de Minsk y detener la guerra en Donbass. Actualmente, estas interpretaciones alternativas están proscritas en Ucrania; quienes intentan propagarlas son reprimidos y silenciados.
Terroristas sin terrorismo
Como periodista que no acogió al Euromaidán, caí en la primera ola de la represión. De 2017 a 2018, pasé 13 meses detenido y bajo riesgo de obtener cadena perpetua o 15 años de prisión por «separatismo» y «terrorismo». Lo primero fue por mis publicaciones sobre las causas e implicaciones del Euromaidán que yo consideraba un golpe de Estado; lo segundo, por mis informes desde Donbass después de que Ucrania lanzara allí la llamada «Operación Antiterrorista» (ATO) para castigar a la población local por sus protestas contra el Euromaidán y su falta de disposición a aceptar el derrocamiento del poder en Kiev. A pesar de que mis informes trataban básicamente sobre los sufrimientos de la población de Donbáss pidiendo la paz, me detuvieron como «enemigo de Ucrania». Tuve suerte: en el transcurso de las vistas judiciales se demostró (para indignación de los «activistas» de Euromaidán, que me llamaban criminal y traidor) que mis publicaciones no eran un delito, que la Constitución ucraniana garantiza el derecho a expresar cualquier opinión.
Mi historia, cuyo final feliz estuvo garantizado no sólo por el honrado trabajo de los abogados, sino también por la heroica lucha de mis familiares que intentaron atraer la más amplia atención internacional, fue muy problemática para las instancias legales en varios sentidos. Es una historia única, pues no ha habido decisiones de la Corte que confirmen las acusaciones de «separatismo», «terrorismo» y «colaboración con el enemigo» en casos similares de periodistas en la Ucrania posterior a Maidan. Todos estos casos son esencialmente iguales: se trata de silenciar las opiniones de la oposición por medios inconstitucionales. En este sentido, la Ucrania anterior al Maidán y la posterior difieren radicalmente. En la primera, solo hubo unas pocas causas penales por cargos de motivación política, cuyos sujetos fueron principalmente representantes de las élites políticas (como en el caso de la ex primera ministra Yulia Timoshenko que fue encarcelada en 2011). En los últimos años, las causas penales por motivos políticos empezaron a contarse por centenares. El año 2022 se convirtió en un punto de inflexión a partir del cual miles de personas comunes y corrientes llegaron a ser procesadas por tener opiniones alternativas.
No me atrevería a sustituir las decisiones judiciales con mi propia opinión, pero mis investigaciones sobre éstas durante mis viajes por Ucrania de 2018 a 2020 apuntaron a que los fiscales proporcionan bases de pruebas muy débiles. Mis observaciones personales solo se vieron respaldadas por varios informes de seguimiento para organizaciones de derechos humanos: se ha juzgado a personas en virtud de artículos como «separatistas» y «terroristas» sólo por depositar flores en los monumentos soviéticos, pagar impuestos para la RPD (República Popular de Donetsk), organizar «bailes de Pushkin», etc. Cualquier actividad que pueda interpretarse como glorificación del pasado soviético, valorización de la cultura rusa o reconocimiento de las autoridades del Donbass rebelde pasó a ser reconocida como «separatista» y «terrorista».
Desde febrero de 2022, la situación empezó a deteriorarse significativamente para los ciudadanos de habla rusa de Ucrania, especialmente los que simpatizaban o tenían fuertes lazos familiares con Rusia, así como para los ciudadanos rusos que se encontraban en el territorio de Ucrania en el momento del estallido del conflicto.
En la primavera de 2022, cuando aún me encontraba en Zaporozhie (ciudad del sureste de Ucrania), me llegó un extraño mensaje presuntamente de un activista anti-Maidan, Serguey, al que conocía personalmente. Me sugería que recopilara información sobre los radicales de derecha ucranianos a la luz de la ofensiva rusa en curso: «¡Deberíamos destruir a esos banderovtsi [seguidores de Stepan Bandera, fundador de la ideología nacionalista ucraniana]! Envíame información». Parecía una provocación, y lo era: el teléfono de Serguey fue utilizado por la SBU para enviar mensajes a sus contactos. Como me enteré por amigos comunes varios días después, Serguey, tras ser secuestrado por la SBU y golpeado toda la noche en el sótano, fue robado y arrojado por la mañana a la calle. Ésta y otras historias similares fueron las que me convencieron definitivamente de que debía abandonar Ucrania. Si no hubiera podido huir, habría acabado en la cárcel o mutilado o asesinado.
En la actualidad, hay miles de prisioneros civiles en Ucrania a quienes no se respetan los derechos humanos por darles un «me gusta» a publicaciones «incorrectas» en las redes sociales, por debatir en Internet la ubicación de impactos de proyectiles, por mantener correspondencia franca con familiares en Rusia a través de servicios de mensajes, por desempeñar tareas profesionales (como la enseñanza) en los territorios ocupados y luego abandonados por Rusia, etcétera. Las retiradas de las Fuerzas Armadas de Rusia de la región de Kiev, partes de la región de Járkov y partes de la región de Jersón en 2022, estuvieron marcadas por detenciones masivas que continúan hasta el día de hoy. Esto es lo que la SBU llama «medidas de estabilización». Sólo en el verano de 2022, como resultado de estas «medidas» (barridos apartamento por apartamento) 700 personas fueron detenidas en Vínnytsa y Nikolayev, que son dos centros regionales en la parte sur de Ucrania fronteriza con la región de Odessa.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) es testigo de todas estas violaciones, como se desprende de sus informes periódicos en los que se analiza «la amplia interpretación y aplicación de las disposiciones del Código Penal relacionadas con el terrorismo» en Ucrania. La OACDH de la ONU tiene que ser prudente en sus formulaciones para no perder su poder en Ucrania, pero bajo este encuadre políticamente correcto de la cuestión se oculta una realidad monstruosa, y no tanta gente en todo el mundo (por decirlo suavemente) lo reconoce.
¿Agentes del Kremlin o prisioneros de conciencia?
Mis colegas y yo hemos analizado muchas fuentes abiertas, incluidos los informes de la Fiscalía General de Ucrania y de las fiscalías regionales. A partir de estos datos, se puede deducir que desde principios de 2022 hasta principios de 2024, la Fiscalía ucraniana, la Policía Nacional y la SSU abrieron más de 74 mil causas penales que pueden afectar a civiles, y pueden estar motivadas políticamente o relacionadas con la persecución por tener opiniones y puntos de vista opositores al régimen. Se ha informado de más de 16 mil personas por dichas sospechas. Se han llevado a tribunales más de 12 mil casos. En otras palabras, decenas de miles de personas que sostienen opiniones “incorrectas” y que son objeto de persecución penal por motivos políticos, pueden estar actualmente en centros de detención preventiva y en prisiones.
De hecho, el artículo 110 del Código Penal de Ucrania (usurpación de la integridad territorial y la inviolabilidad de Ucrania) en sus implicaciones prácticas se ha asociado la mayoría de las veces no con acciones ilegales, sino con opiniones «erróneas». A juzgar por los datos facilitados por la Fiscalía General de Ucrania y las fiscalías regionales, durante los dos años del conflicto se han iniciado casi once mil producciones criminales. Entre ellas:
- Más de tres mil casos sobre traición (artículo 111);
- Más de siete mil casos sobre sospecha de actividades colaboracionistas (artículo 111-1);
- Más de mil casos en virtud del artículo sobre ayuda al «Estado agresor» (Artículo 111-2).
- Más de 600 procedimientos penales según los artículos 114-1 y 114-2: obstrucción de las actividades de las Fuerzas Armadas de Ucrania y otras formaciones militares y difusión no autorizada de información sobre la dirección del movimiento de armas y municiones y el emplazamiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania.
- 600 procedimientos según el artículo 436-1 sobre creación, difusión de símbolos comunistas y nazis, y propaganda de los regímenes totalitarios comunista y nazi, que de hecho sólo se ha aplicado a los símbolos comunistas.
- 636 procedimientos penales según el artículo 436-2 (el artículo utilizado para condenar a Gonzalo Lira) sobre justificación de la agresión armada de la Federación Rusa y glorificación de sus participantes.
Estas estadísticas no reflejan el número real de personas desaparecidas ni de personas sometidas a desapariciones forzadas (secuestros por parte del Estado), como el periodista Nikolay Sidorenko de Kramatorsk, región de Donetsk, que fue juzgado en 2017 por participar en formaciones armadas ilegales de la RPD y la RPL (República Popular de Lugansk). Nikolay había sido liberado de prisión por discapacidad física: le rompieron la columna vertebral durante las torturas. El 27 de marzo de 2022 en Bájmut (Artiómovsk), región de Donetsk (bajo el control de Ucrania en ese momento) Nikolay fue sacado de su casa en un coche con matrícula de Kiev por personas con uniformes de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Desde entonces, sus familiares no han podido obtener ninguna noticia sobre él. La respuesta a sus numerosas peticiones oficiales fue la misma: las autoridades ucranianas no tienen nada que ver con el secuestro.
El 7 de septiembre de 2022, en el pueblo de Ivánovka, distrito de Chuguevsky, región de Járkov, oficiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania secuestraron a Serguey Chemolosov, que distribuía ayuda humanitaria rusa y restablecía el suministro eléctrico en el pueblo durante la estancia de las tropas rusas en él. Mientras estaba detenido, Serguey fue golpeado duramente y llevado a un destino desconocido. Los lugareños dicen: «al sótano» (así es como la gente llama a las cámaras de tortura) de la ciudad de Balakleya. El 9 de septiembre, Kirill Tymoshenko, jefe adjunto de la oficina del presidente Zelensky, publicó en Facebook una foto en la que Serguey, con marcas de golpes, aparece sentado con los ojos vendados y las manos atadas. La descripción de la foto hecha por Tymoshenko era la siguiente: «Colaboramos con las Fuerzas Armadas de Ucrania en la política regional». Se desconoce el destino ulterior de Chemolosov.
Estos son sólo dos casos, y nadie sabe cuál es el número exacto de «colaboradores» y «traidores» que han corrido con la misma suerte en Ucrania en la actualidad (Olga Baysha analiza otros casos similares en su reciente libro «Guerra, paz y populismo en Ucrania»). Si todas estas personas siguen vivas, pueden estar recluidas en lugares no previstos por la ley: apartamentos, sanatorios, sótanos de edificios abandonados y locales administrativos de los departamentos locales de la SSU, etc. El ACNUDH, Amnistía Internacional y Human Rights Watch han expresado reiteradamente su preocupación por la existencia de estos centros de interrogatorio ilegales. También publican periódicamente su paradero. Sin embargo, sus numerosos informes no han conducido a ninguna solución del problema ni han ayudado a iniciar ningún debate significativo en todo el mundo. Los medios propagandísticos ucranianos (y hoy en día no hay otros medios en Ucrania) tachan a los trabajadores de misiones internacionales de observación y de organizaciones de derechos humanos de «agentes del Kremlin». Bajo esta premisa, sus publicaciones se consideran «propaganda rusa» e «indigna de ser tenida en cuenta».
Tres tipos de presos políticos
Las personas perseguidas por motivos políticos en Ucrania pueden dividirse en tres categorías principales:
Detenidos por opiniones y convicciones personales. Se trata de personas que se pronunciaron públicamente sobre diversos temas sociopolíticos de cierta forma que el régimen ucraniano no aprueba: criticaron la normalización del radicalismo de derechas, la lógica discriminatoria de la política lingüística ucraniana, la persecución de la Iglesia Ortodoxa Rusa o simplemente hizo comentarios a los medios de comunicación rusos. He aquí algunos ejemplos:
- El profesor Serguey Shubin, de Nikolayev, fue condenado a 15 años de cárcel por tomar notas en su diario personal con reflexiones sobre cómo sería la vida en la región de Nikolayev si fuera ocupada por el ejército ruso.
- Una pensionista de la región de Sumy, Lyudmila Vazhinskaya, fue condenada a seis meses de cárcel por afirmar que las negociaciones pacíficas entre Ucrania y Rusia son necesarias durante una conversación en la cola para comprar leche.
- El periodista de Kiev, Dmitry Skvortsov, que ahora está en la cárcel y puede ser condenado a 15 años de prisión, está acusado de violar la decisión de 2020 del Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania (CSNU) por criticar en 2016 la política de discriminación de los rusos étnicos y los creyentes ortodoxos.
- La política opositora de Lvov Inna Ivanochkopuede ser condenada a 15 años por hacer propaganda de la federalización de Ucrania (que se equipara al separatismo en la Ucrania contemporánea) en la televisión rusa en 2018.
Detenidos por una supuesta ayuda al ejército ruso. En muchos casos, se trata de personas acusadas de publicar en las redes sociales fotos de lugares de impacto de proyectiles y de misiles guiados. Es importante destacar que la mayoría de las condenas por «disparar misiles» se han dictado sin pruebas, en virtud de acuerdos con la investigación, y como resultado de la autoinculpación con la esperanza de una condena más leve (sin confiscación de bienes, por ejemplo) o para un futuro intercambio de prisioneros con Rusia. He aquí algunos ejemplos:
Tres adolescentes de Bájmut (Artiómovsk) y Slaviansk (región de Donetsk), Volodya Markin, Nastya Glushchenko y Sasha Kulakov, fueron condenados a 10 años de cárcel cada uno por transmitir información a los servicios especiales rusos sobre el despliegue de militares ucranianos presumiblemente con el objetivo de coordinar ataques contra ellos. Y ello a pesar de que no se verificaron los destinatarios de la información ni se registraron ataques en las coordenadas transmitidas.
Es incontable la cantidad de casos similares es innumerable. He aquí algunos de ellos:
– Angelina Dovbnya, de 22 años, de la región de Kirovograd, condenada a cadena perpetua;
– El escritor Yuriy Chernyshov, de 82 años, de la región de Zhítomyr, fue condenado a 15 años (teniendo en cuenta su edad, se trata de una cadena perpetua);
– El médico Anatoli Ilyin, de Cherkasy, 15 años;
– la abogada Daria Krygina, de Járkov, 11 años;
– Yuri Petrovsky, activista de izquierdas de Zaporozhie: 15 años.
Detenidos por mantener una vida pública en los territorios ocupados por Rusia. Se trata de personas que distribuían ayuda humanitaria o trabajaban en instituciones públicas en las zonas ocupadas por el ejército ruso (regiones de Kiev, Chernigov, Sumi, Járkov y Jersón). Después de que las tropas rusas abandonaran los territorios, estas personas quedaron como «traidores» y «colaboradores», con todas las consecuencias que ello conlleva. He aquí algunos ejemplos:
Olga Galanina, vicepresidenta de la Administración de Asuntos Humanitarios de Berdyansk, puede ser condenada a cadena perpetua porque aceptó continuar su trabajo en Berdyansk, región de Zaporozhie bajo la administración rusa. Agentes de la SSU secuestraron a su hijo, estudiante en Dnepropetrovsk, lo retuvieron en un lugar de detención no previsto por la ley y obligaron a su madre a desplazarse al territorio controlado por Ucrania, donde fue detenida.
Anatoliy Miruta, empresario de la región de Kiev, fue condenado a 10 años de cárcel por negociar con militares rusos para llevar a residentes locales al hospital y distribuir ayuda humanitaria rusa.
Los residentes de Jersón Víktor Kirillov y Víktor Kozodoy, que trabajaban como conductores en la policía rusa de Jersón, fueron condenados a 12 años. No se les imputaron acusaciones concretas, sino solo por el hecho de trabajar para la policía a las órdenes de los rusos.
Valentina Ropalo, residente en Volchansk, región de Járkov, fue condenada a 5 años de cárcel por «colaborar con el enemigo», es decir, por trabajar como jefa del departamento de vivienda y servicios comunales mientras el ejército ruso estaba en su ciudad.
El mismo destino de Gonzalo Lira para muchos
El destino de estas personas en las cárceles de Ucrania suele ser aún más terrible que el de Gonzalo Lira. Hace un par de meses, conseguí hablar con quien ha sido prácticamente la única persona que ha podido entrar y salir de una prisión ucraniana después de febrero de 2022. Se trata de la honorable profesora de Ucrania, Alla Dushkina de Kiev. Pasó tres meses en la cárcel por mantener correspondencia con un conocido de Rusia. En sus cartas, expresaba dudas sobre lo correcto del curso político de Ucrania. Tres meses después le concedieron la libertad bajo fianza (al principio de la guerra existía esa posibilidad; ahora es prácticamente imposible), pagó la fianza y consiguió salir del país sin esperar al veredicto. He aquí un fragmento de su historia:
«Me detuvieron con mi hijo en Jmelnitsky [ciudad del oeste de Ucrania]. Cinco coches nos rodearon. Luego me interrogaron durante 72 horas, intentando obtener una confesión. No firmé nada, nos golpearon, nos envolvieron en una bandera rojo y negro [la bandera de la OUN-UPA, organización de extrema derecha ucraniana que colaboró con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial]. Tuve que confesar que había hecho algunas marcas [para bombas y misiles rusos] y que había dado cobijo a kadyrovitas [chechenos que luchan por Rusia], a los que no había visto en mi vida. Me tomaron las huellas dactilares, me obligaron a pasar por el detector de mentiras y me amenazaron con llevarme a la plaza de la ciudad anunciando que ponía marcas [que yo era artillera de misiles] para que las madres de los soldados asesinados me pegaran. Entonces se dieron cuenta de que no firmaría nada, nos pusieron bolsas a mi hijo y a mí y nos sacaron para llevarnos a algún sitio. Nos llevaron a Kiev, metieron a mi hijo en el sótano delante de mí, le exigieron que dijera que yo había matado a gente, presionaron sobre mi conciencia, me amenazaron. Me llevaron al edificio de la SSU en Askold Lane, luego al centro de detención preventiva de Lukyanovo. La carcelera me mostraba vídeos en su teléfono todas las mañanas -según tengo entendido, tenía instrucciones de hacerlo- de cómo en los edificios de hombres y mujeres se golpeaba a la gente, se les hundía la cabeza en el retrete, se les intimidaba. Me exigieron una confesión para evitar el destino de las personas que aparecían en esos vídeos».
Este testimonio es como una película de terror, pero es la realidad de los ucranianos hoy. Sólo de vez en cuando se hacen públicas estas historias. La gente no tiene voz, no tiene a quién recurrir, a quién contarle sus problemas, y además tiene miedo, por ellos mismos y por sus familiares. Sólo unos pocos deciden romper el silencio. Llevo al menos seis meses hablando con personas tan valientes, familiares de presos políticos. Entre otras cosas, hablan de los que, como Gonzalo Lira, mueren en los lugares de detención. Sólo dos ejemplos: uno es sobre una pareja de la región de Donetsk que fue detenida el año pasado bajo sospecha de cooperar con el ejército ruso. La mujer sigue en la cárcel, mientras el marido fue golpeado hasta la muerte. Otro es sobre el marido de una anciana de Bájmut (Artiómovsk), región de Donetsk, que fue detenido por la SSU por «justificar la agresión rusa» (el artículo que se aplicó a Gonzalo Lira). También fue golpeado hasta la muerte, pero en la colonia, cuando Bájmut estaba bajo control de Ucrania.
El régimen ucraniano afirma que en Ucrania no hay presos políticos, que todos los detenidos son simples delincuentes que violan la ley marcial y que no pueden considerarse perseguidos por motivos políticos. Sin embargo, hay tres disposiciones básicas del derecho internacional que refutan estas afirmaciones:
Los convenios internacionales y la Constitución de Ucrania prohíben explícitamente la persecución de personas por sus puntos de vista y opiniones personales, por mucho que discrepen de los puntos de vista y opiniones de los gobernantes.
El uso de pruebas obtenidas como resultado de la incitación por parte de las fuerzas del orden no puede justificarse por el interés público, ya que en tal caso el acusado puede verse privado del derecho a un juicio justo. Así lo establecen varias decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que Ucrania está obligada a cumplir.
La Cuarta Convención de Ginebra prohíbe llevar ante la justicia a las personas que se ganaron la vida en los territorios ocupados.
Un enorme problema para el respeto al derecho a un juicio justo reside en el hecho de que los abogados se niegan a defender a los presos políticos debido a las presiones de la SSU y de los radicales que amenazan su vida, su salud y su libertad. Algunos abogados no ejercen sus funciones debido a prejuicios políticos, y la situación es muy similar a la de los jueces. Muchos de ellos son conscientes de la ilegalidad de sus sentencias, pero siguen dictándolas por miedo.
Se desconoce el número exacto de casos similares a los tratados en este artículo, pero incluso si nos limitáramos a enumerar todos los que se conocen, llenaríamos volúmenes. Lo grave del problema es que todos estos casos, que contienen historias desgarradoras sobre vidas humanas arruinadas, seguirán siendo desconocidos para el público mundial que sigue creyendo que Ucrania es la democracia que lucha contra el totalitarismo, un cuento de hadas que les alimentan los principales medios de comunicación. ¿Debemos esperar a que pasen años, como con Pinochet, para que la gente de todo el mundo conozca la verdad sobre los horrores que ocurren en las mazmorras ucranianas? ¿O deberíamos, pensando en lo que le ocurrió a Gonzalo Lira, empezar a hablar de esto en voz alta ahora, para salvar miles de vidas inocentes arruinadas al amparo de la falsa ignorancia de los gobernantes del mundo? Esta es la pregunta básica que quería plantear, y para mí la respuesta es obvia: ¡Hay que romper el silencio!
Pável Volkov, periodista ruso ucraniano (Ukraina.ru , VZGLYAD, Russky Reporter, etc.). De 2012 a 2017 trabajó para varias publicaciones en Ucrania y Rusia. Cubrió el referéndum en la RPD en 2014 y en 2015 informó desde la línea de contacto en Donbass. En 2017 fue arrestado en Ucrania por motivos políticos por sus actividades periodísticas. Estuvo 13 meses en en el centro de detención preventiva de Zaporozhie. En 2018 fue reconocido como preso de conciencia por la organización suiza de derechos humanos Solidarity Network (Berna). En 2020 fue absuelto por todas las instancias nacionales. Hasta la fecha, es el único preso político absuelto en Ucrania.
Desde 2019 es miembro del Sindicato Independiente de Periodistas de Ucrania, autor de informes sobre derechos humanos e informes judiciales para la organización de derechos humanos “Uspishna Varta” (Kiev) y la Sociedad Internacional de Derechos Humanos (Frankfurt am Main), cooperó con ACNUDH de la ONU sobre la represión política y las violaciones de derechos humanos en Ucrania.
En 2019 fue ponente en una conferencia en el Bundestag (Berlín) sobre los derechos humanos en Ucrania y la creación de la Comisión Interparlamentaria de Derechos Humanos (IPMK); orador en una conferencia en el Parlamento Europeo (Bruselas) sobre los problemas de la lengua rusa y los medios de comunicación en lengua rusa en Ucrania y los Estados bálticos. Participó en audiencias en el Parlamento Europeo (Bruselas) sobre la persecución política del periodista fundador de Wikileaks Julian Assange. Es autor de una serie de publicaciones que describen el proceso penal contra Assange.
Fue uno de los organizadores de la recogida internacional de firmas para la liberación de los presos políticos en Ucrania. De 2019 a 2021 fue miembro de la Comisión Interparlamentaria de Derechos Humanos (IPMK) del Bundestag. Desde 2022 es Representante oficial de la organización internacional de derechos humanos Solidarity Network (Berna) en Ucrania, sección del sur de Ucrania de Solidarity Network. 2023-2024. –
Organizador y participante en conferencias y audiencias públicas en Rusia, así como en la ONU y la OSCE, sobre la liberación mutua de prisioneros civiles en el conflicto ruso-ucraniano. Estudiante de posgrado en la Escuela Superior de Economía de la Universidad Nacional de Investigación (Moscú), su tesis es sobre el discurso de odio de la ultraderecha en los medios de comunicación ucranianos.