Confirmada otra ruta de tránsito de armas y municiones con Israel desde los puertos de Valencia y Barcelona.
Información pública1 del puerto de Valencia confirma que en abril de 2024 el gobierno de España
permitió el tránsito de 16 toneladas de armamento y munición con el puerto de Haifa (Israel). La información suministrada por la web del puerto indica que este tránsito de mercancías se realizó bajo el código arancelario 9306, que corresponde a “Bombas, granadas, torpedos, minas, misiles, y demás municiones y proyectiles”.
Tal y como advirtió el Centre Delàs, tras el 7 de octubre de 2023 varios puertos españoles están siendo utilizados como puertos de tránsito para llevar armas a Israel. Una de las rutas sobre la que más sospechas recaen es la línea regular “ZIM Container Atlantic”, promovida por la naviera israelí ZIM. Esta ruta se inicia en Nueva York y recorre Valencia y Barcelona, antes de alcanzar los puertos israelíes de Ashdod y Haifa. Varios de los buques que realizan esta ruta han atracado en los puertos de Valencia y Barcelona durante los últimos meses. Concretamente, se trata de los buques Zim Asia, Zim Pacific y Zim China.
De confirmarse la carga y destino final de estos tránsitos, se trataría de operaciones comerciales prohibidas tanto por el Derecho interno español, como por el Derecho internacional.
El Tratado sobre Comercio de Armas especifica claramente en su artículo 6 que:
“Un Estado parte no autorizará ninguna transferencia de armas convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, ni de elementos comprendidos en el 6 artículo 3 o el artículo 4, si en el momento de la autorización tiene conocimiento de que las armas o los elementos podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas como tales, u otros crímenes de guerra tipificados en los acuerdos internacionales en los que sea parte”
En el mismo tratado se especifica (artículo 2) que la transferencia de armas abarca la exportación, la importación, el tránsito, el transbordo y el corretaje.
Por su parte, el artículo 8 de la Ley 53/2007 sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso es meridianamente claro. El Gobierno está obligado a no autorizar, o a revocar o suspender las autorizaciones relativas a cualquier transferencia de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, cuando existan indicios racionales de que dicho material pueda ser empleado “en situaciones de violación de derechos humanos”.
Permitir que un barco cargado de armas cuyo destino final es Israel pase por un puerto español, significa autorizar el tránsito de armas a un país actualmente investigado por genocidio contra el pueblo palestino y responsable de gravísimas vulneraciones de derechos humanos.
Recordemos que Israel está cometiendo graves violaciones de los principios fundamentales del derecho internacional en Palestina, incluidas la limpieza étnica y el genocidio, que constituyen un crimen contra la paz y la seguridad internacionales. En violación de órdenes jurídicamente vinculantes dictadas por la Corte Internacional de Justicia, Israel continúa su masacre implacable del pueblo palestino.
Los Estados tienen la obligación jurídica de cooperar para poner fin las ilegalidades que está cometiendo el estado de Israel y prevenir el genocidio mediante todas las medidas a su alcance. En relación con el Territorio Palestino Ocupado, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución en abril de 2024 expresando profunda preocupación por la transferencia de combustible para aviones a Israel para cometer violaciones del derecho internacional.
En cumplimiento de las obligaciones legales para prevenir el genocidio y otros crímenes internacionales, seguimos pidiendo al Gobierno de España que:
- Prohíba e impida el tránsito de todos los buques y aeronaves que transporten combustible militar, material de defensa, y productos y tecnologías de doble uso a Israel a través del territorio español, incluyendo el fondeo, atraque o aprovisionamiento de dichos buques en puertos. Concretamente, señalamos a los buques Overseas Santorini y Overseas Suncoast, los cuales llevan meses transitando por puertos españoles como el de Rota y Algeciras, mientras continúan transportando fuel militar a Israel.
- Investigue cualquier buque que pueda transportar material militar con destino a Israel e impida su salida confiscando su Hasta la fecha, cualquier información aportada en este sentido ha sido conseguida por la sociedad civil, ante la total ausencia de labores investigativas por parte del Gobierno.
- Declare un embargo integral militar a Israel para poner fin a la complicidad con el genocidio de Israel contra el pueblo palestino.
Para ello, resulta urgente y necesario aprobar la Proposición de Ley por la que se reforma la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, introduciendo la figura del embargo y su régimen jurídico.
1 Ítems de búsqueda: Puerto de Valencia, Abril 2024, Mediterráneo y Mar Negro, Israel (Haifa), Agrupado por “Tipo Arancelario”, Código Arancelario: 9306.
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Los que suministran petróleo a Israel violan el derecho internacional
Xavier Villar
Mientras Israel continúa bombardeando Gaza, destruyendo infraestructuras y arrasando hogares en Cisjordania, muchos países signatarios de las Convenciones de Ginebra y de la Convención sobre el Genocidio siguen suministrando petróleo a Israel. Según expertos legales, esta relación comercial podría convertirlos en cómplices de los graves crímenes cometidos contra el pueblo palestino.
Una investigación de Oil Change destaca cómo la provisión continua y creciente de petróleo está alimentando el genocidio en curso contra los palestinos. Basada en datos publicados en marzo, la investigación muestra que, a pesar de la opinión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de enero, que indica que Israel probablemente esté cometiendo genocidio y que los palestinos en Gaza tienen derechos plausibles bajo la Convención sobre el Genocidio, países y empresas siguen abasteciendo la maquinaria de guerra israelí. Además, en julio, la CIJ declaró que la ocupación del territorio palestino es ilegal. Este análisis pone de manifiesto la persistente complicidad de estos países y empresas.
Desde el inicio del bombardeo aéreo de Gaza en octubre, se han enviado a Israel cuatro buques cisterna con combustible para aviones de combate estadounidenses, utilizado principalmente en aeronaves militares. En total, casi el 80% del combustible para aviones, diésel y otros productos derivados del petróleo refinado suministrados a Israel por Estados Unidos en los últimos nueve meses se ha enviado tras la sentencia de enero.
Estados Unidos sigue siendo un proveedor clave de combustible para aviones a Israel, crucial para sus operaciones militares. Los envíos provienen de la refinería Valero en Corpus Christi, Texas. Entre el 21 de octubre de 2023 y el 12 de julio de 2024, se han entregado 65 cargamentos de petróleo crudo y productos refinados a Israel. De estos, 35 envíos (54%) partieron después de la sentencia del 26 de enero de 2024 de la CIJ, que establece derechos plausibles para los palestinos en Gaza bajo la Convención sobre el Genocidio.
La investigación revela que países como Azerbaiyán, Kazajistán, Gabón, Nigeria, Brasil, República del Congo e Italia han suministrado 4,1 millones de toneladas de petróleo crudo a Israel, casi la mitad de estos envíos realizados después de la sentencia de la CIJ.
Desde una perspectiva corporativa, las compañías petroleras privadas y sus inversores están implicados en esta complicidad a través de sus operaciones y participaciones en proyectos que suministran petróleo a Israel. Estas empresas proveen el 66% del petróleo que recibe Israel, y seis grandes compañías internacionales, incluyendo Chevron (8%), BP (8%), ExxonMobil (6%), Shell (5%), Eni (4%) y TotalEnergies (5%), son responsables de más de la mitad de este suministro. Según algunos académicos legales, estas empresas podrían ser consideradas responsables de complicidad en actos de genocidio, a la luz de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia.
Con la reciente divulgación de estos datos, varios expertos de la ONU y especialistas en derecho internacional han instado a imponer un embargo energético para prevenir nuevas violaciones de derechos humanos contra el pueblo palestino.
Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, destacó que, según el derecho internacional, los Estados tienen la obligación de prevenir el genocidio y de cumplir con las Convenciones de Ginebra. Albanese advirtió que, en relación con los envíos de combustible para aviones provenientes de EE.UU., hay razones fundamentadas para sospechar que se está violando la Convención sobre el Genocidio, al no cumplir con la sentencia de enero de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y sus medidas provisionales.
Desde la perspectiva del derecho internacional, es crucial recordar que la CIJ ya estableció en el caso Bosnia contra Serbia que un Estado puede ser considerado cómplice de genocidio si sus órganos eran conscientes de que el genocidio estaba en curso o era inminente. En tal caso, la asistencia proporcionada a los perpetradores de los actos criminales puede facilitar la comisión de los mismos. Así, la obligación de abstenerse de ser cómplice comienza cuando un Estado tiene conocimiento de un riesgo grave de genocidio. La orden emitida por la CIJ el 26 de enero, que identificó un “riesgo real e inminente de daño irreparable a los derechos que el Tribunal considera plausibles”, implica que los Estados son ahora conscientes del riesgo de genocidio en Gaza.
Los estados deben considerar que su asistencia militar o de otro tipo a las operaciones israelíes en Gaza podría implicar complicidad en genocidio, según la Convención sobre el Genocidio. De igual manera, las corporaciones y sus directivos podrían ser responsables directamente de actos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
El Artículo VI de la Convención establece que las "personas" pueden ser responsables por actos genocidas, abarcando tanto a empresarios y directivos individuales como a corporaciones en calidad de personas jurídicas. Aunque la Corte Penal Internacional (CPI) no tiene jurisdicción sobre entidades jurídicas, el personal de las empresas, como individuos de los Estados Parte del Estatuto de Roma, podría estar bajo su alcance. Según el Artículo 25(3)(c) del Estatuto de Roma, la CPI tiene la facultad de procesar a quienes faciliten la comisión de crímenes, incluyendo mediante la provisión de medios.
La prohibición de cometer genocidio es una norma inderogable, aplicable a todas las partes, incluidas las corporaciones. En situaciones de conflicto armado, se deben aplicar normas adicionales de derecho internacional humanitario y derecho penal internacional a las corporaciones y a los líderes empresariales individuales, quienes deben evaluar si sus actividades contribuyen a violaciones graves de los derechos humanos o crímenes internacionales.
Las armas, municiones, vehículos y otros suministros militares, incluidos repuestos, tecnología y combustible, son fundamentales para las operaciones de la fuerza aérea, las fuerzas terrestres y la marina de Israel. Por ende, estos suministros juegan un papel crucial en las violaciones del derecho internacional humanitario y en los actos genocidas contra los palestinos en Gaza.
No se trata únicamente de petróleo. Por ejemplo, Caterpillar, una empresa estadounidense especializada en construcción, minería e ingeniería, está proporcionando a Israel excavadoras blindadas D9. Estas máquinas son esenciales para la invasión terrestre de Gaza y para la destrucción de edificios civiles palestinos y otras infraestructuras a lo largo de la frontera con la Franja de Gaza. En febrero, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció que la destrucción por parte del ejército israelí de todos los edificios dentro de un kilómetro de la frontera Israel-Gaza para crear una "zona de amortiguamiento" no se ajusta a la estricta "excepción de operaciones militares" establecida en el derecho internacional humanitario. Además, Türk subrayó que la "destrucción extensiva de propiedades, no justificada por la necesidad militar y llevada a cabo de manera ilegal y caprichosa, constituye una grave violación de la Cuarta Convención de Ginebra y un crimen de guerra".
Las empresas que suministran estos recursos y su personal podrían enfrentar acusaciones de complicidad en genocidio y otros crímenes internacionales, tanto en sus países de origen como en tribunales internacionales. En particular, aquellas empresas que proveen combustible para aviones y petróleo a Israel podrían estar ofreciendo apoyo material al ejército israelí, conscientes de los efectos nocivos predecibles, y por lo tanto, podrían ser responsables de complicidad en crímenes de guerra, genocidio y otras violaciones del derecho internacional. David Boyd, Relator Especial de la ONU sobre derechos humanos y el medio ambiente, advirtió: “Los países y las empresas que han continuado suministrando petróleo al ejército israelí desde la decisión de la Corte Internacional de Justicia están contribuyendo a graves violaciones de derechos humanos y podrían ser cómplices de genocidio”.
Las empresas y los estados deben suspender de inmediato cualquier actividad o vínculo financiero que pueda contribuir, ya sea de forma directa o indirecta, a los crímenes en curso cometidos por las autoridades israelíes. Asimismo, deben detener cualquier operación para la cual no puedan implementar medidas efectivas para prevenir o mitigar impactos negativos. Las empresas cuyos productos, servicios o actividades estén directamente relacionados con graves violaciones de derechos humanos en Gaza tienen la responsabilidad de actuar con rapidez y conforme a los estándares del derecho internacional.
En este contexto, los países y grandes compañías petroleras que suministran combustible para la maquinaria bélica de Israel están indirectamente implicados en el genocidio en curso contra el pueblo palestino. Al proporcionar combustible para el ejército israelí y realizar numerosas ventas de armas, Estados Unidos, en particular, debe rendir cuentas por posibles violaciones del derecho internacional.