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¿Qué pasaría si cualquier ciudadano, en lugar de entregar su declaración de la renta, enviase una carta al ministro de Hacienda explicando que no tiene intención alguna de pagar sus impuestos? Podemos estar casi seguros de que sobre el díscolo insensato caería - y con razón - todo el peso de la ley (el casi es por si se tratara de alguna persona influyente del establishment, de aquellas a las que Montoro dispensa un trato personalizado).
Redacción
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¿Qué pasaría si cualquier ciudadano, en lugar de entregar su declaración de la renta, enviase una carta al ministro de Hacienda explicando que no tiene intención alguna de pagar sus impuestos? Podemos estar casi seguros de que sobre el díscolo insensato caería - y con razón -
todo el peso de la ley (el
casi es por si se tratara de alguna persona influyente del establishment, de aquellas a las que
Montoro dispensa un trato personalizado).
El gobierno autonómico de Cataluña no se limita a incumplir las sentencias judiciales que le molestan - muchas de ellas relacionadas con la inmersión lingüística - sino que anuncia sin ningún pudor que piensa desacatarlas. ¿Qué consecuencias hay? Ninguna. Hasta tal punto que lo que sorprendería a estas alturas sería lo contrario: que reconociera su error y aplicara lo que dicen los tribunales y lo que dice la ley.
El Gobierno español renuncia a iniciar cualquier tipo de acción, dejando en suspenso el Estado de Derecho y desamparados a los ciudadanos a los que la justicia ha dado la razón. Tal y como ha señalado la portavoz de
Unión Progreso y Democracia,
Rosa Díez, es como si ya se hubiera producido la secesión
de facto.
Nada hay más desmoralizador para la sociedad que las leyes y las sentencias que no se cumplen, porque todos los miembros de esa sociedad se preguntan por qué les obliga a ellos lo que es optativo para otros. El asunto es todavía más grave cuando los que incumplen sin siquiera disimular son los que tienen la obligación, por su parte, de hacer cumplir sentencias y leyes. Estamos ante otra forma de corrupción. Puede que la consejera de Educación de Cataluña o el propio
Artur Mas no se enriquezcan con esta ilegalidad, pero
están cometiendo el mayor de los robos: privatizando el Estado de Derecho. En efecto, instauran la independencia despojando de sus derechos a todos los ciudadanos catalanes, incluso a los que están a favor de la inmersión.
Este desprecio por el ordenamiento jurídico es natural en el nacionalismo, para el que no existe más ley que la voluntad de un pueblo de la que ellos son los únicos intérpretes y administradores. Como los sacerdotes de un culto antiguo, justifican todas sus acciones, por absurdas, injustas o perjudiciales que sean, mediante la supuesta voz de un ente superior.
Todo el despliegue independentista que vivimos parte de que la ley es prescindible. Puede parecer paradójico que semejante esperpento lo dirija el tradicional partido de la burguesía catalana. Pero no lo es: cierto conservadurismo rancio del que CiU sigue siendo un magnífico exponente no ha estado nunca interesado en el Estado de Derecho, sino en el privilegio (etimológicamente,
ley privada).
En cambio, más estupor debería provocar la actitud del Gobierno de España.
Rajoy ha situado una única línea de defensa contra el secesionismo: la ley. Así lo dice siempre que puede: que el está obligado a hacer que se respete la Constitución. Al hacerlo, reduce de forma negligente el papel de la política a lo que debería ser el punto de partida, el mínimo exigible.
Y renuncia así a la batalla de la razón y de las ideas. El mejor ejemplo lo dio hace apenas dos días el ministro de Exteriores, quien se negó a revelar la posición de España frente a una posible incorporación de Escocia a la Unión Europea en el caso de que se segregara de Reino Unido por una vía legal. Es decir, que no sabemos qué opina el PP de la independencia en sí misma, incluso si fuera legal. Al menos, creíamos saber que el PP considera que la secesión unilateral al margen de la ley es mala.
Creíamos saber, pero no podemos estar seguros. Porque ni siquiera este Álamo innegociable que parecía ser la legalidad está a salvo si el Gobierno sigue sin hacer nada contra el incumplimiento reiterado de las sentencias por parte de un ejecutivo autonómico. Da idea de la degeneración política de España que a algunos les parezca escandaloso pedir la aplicación de un artículo de la Constitución como el 155 y no proclamar con descaro que se está por encima de la ley; y que esta renuncia, esta rendición del Estado apenas merezca más reproche que el de UPyD.
Si no ejerce el papel que le corresponde en una democracia, el Gobierno pasará de la negligencia a la traición.
Fuente: UPyD