Conflicto de narrativas: El Rostro del exterminio y la estrategia de la impunidad

Israel, en un audaz despliegue de su estrategia de victimización, ha ascendido al púlpito de la fiscalía moral, denunciando a Irán por presuntos crímenes de guerra. La acusación se centra en el impacto de un misil en el Hospital Soroka de Beersheba, ocurrido hoy, 19 de junio de 2025. La escena, orquestada con una precisión mediática asombrosa, fue abierta a las cámaras del mundo por las autoridades israelíes, exhibiendo una calculada «transparencia». Una transparencia que, por cierto, contrastaba flagrantemente con el mutismo y la prohibición expresa a la prensa internacional, apenas dos días antes, para acceder a los restos de un complejo de inteligencia militar y un centro operativo del Mossad en Glilot (Herzliya), golpeado por el mismo ataque iraní.

El régimen israelí, con la complacencia de quien se sabe inmune a las consecuencias, exigió investigación y justicia internacional por el daño a una infraestructura civil. Ignoró, con deliberada elocuencia, que a escasos 300 metros del hospital se encontraba el verdadero objetivo iraní: un cuartel activo del IDF con funciones de enlace con el Mossad. El impacto en el hospital, aunque innegable, fue un efecto colateral. Irán ha sido enfático: su política es evitar daños a civiles y nunca apunta a infraestructuras civiles, buscando objetivos militares legítimos. La falta de advertencia previa al hospital, aunque lamentable, no altera la naturaleza del objetivo primario. Sin embargo, la tergiversación de los hechos por parte de Israel sí desnuda una estrategia de manipulación que busca desviar la atención de sus propias transgresiones.

Es en este punto donde la narrativa israelí se desmorona ante la cruda realidad. Israel no solo busca una apariencia; busca instaurar un precedente, un modo de acción «válido» bajo la retórica de la «autodefensa» o el «ataque preventivo». La impunidad diplomática que ha consolidado le permite violar sistemáticamente el derecho internacional humanitario, ejecutar asesinatos extrajudiciales, silenciar periodistas, bombardear hospitales y universidades, y mantener a una población entera bajo un sitio brutal sin consecuencia alguna. Este patrón no es nuevo; es una doctrina, una política de Estado que se despliega a la vista de un mundo que, con su inacción, se convierte en cómplice. Estamos presenciando no una mera distorsión, sino la ejecución de un proyecto de genocidio y apartheid, un intento por redefinir las normas internacionales a su conveniencia.

En nombre de la moral que ahora invoca, es imperativo que el mundo mire de frente la abrumadora evidencia. Un somero repaso a los acontecimientos de solo la última semana ofrece un escalofriante atisbo a la magnitud de las atrocidades y la estrategia de la aniquilación:

Más de 140 personas fueron asesinadas en menos de 24 horas. Familias enteras, hogares, sueños, reducidos a escombros en los bombardeos masivos sobre Zeitoun, Maghazi, Rafah y Khan Younis, zonas ya diezmadas y superpobladas por desplazados. Los ataques indiscriminados no distinguen entre combatientes y civiles, convirtiendo cada rincón en un objetivo.

La asistencia vital, un salvavidas para una población al borde de la inanición, es sistemáticamente atacada. Se registran numerosos incidentes de ambulancias y vehículos de ayuda alcanzados, con personal herido o muerto. Esto representa una violación directa de las provisiones del DIH que garantizan la protección del personal y los bienes humanitarios.

Una medida que agudiza la hambruna inducida en la Franja de Gaza. El uso del hambre como arma de guerra es una violación grave de los Convenios de Ginebra y un crimen de guerra.

Infraestructura civil esencial, refugios para los más vulnerables, convertida en polvo. Estas acciones no son incidentes aislados; son parte de una estrategia de devastación total que viola el principio de distinción y proporcionalidad del derecho internacional.

* Bombardeo aéreo de Ramat Gan: Una represalia contra Irán que, nuevamente, se cobró vidas civiles y dañó infraestructura, en una escalada irresponsable que expande el conflicto y vulnera la soberanía.

Para comprender la magnitud de lo que se ha perpetrado, es crucial trascender la frialdad de las estadísticas y reconocer el rostro humano de esta tragedia. Desde el 7 de octubre de 2023 hasta hoy, 19 de junio de 2025, la cifra de víctimas inocentes es un testimonio demoledor de una política de exterminio. No hablamos de «daños colaterales»; hablamos de miles de personas, en su inmensa mayoría niños y civiles, siendo deliberadamente eliminados, muchos de ellos aún bajo los escombros. Esto no es un conflicto en el sentido tradicional; es una masacre a gran escala, un genocidio que se desarrolla bajo la mirada del mundo.

Las cifras, compiladas a partir de fuentes directas en las zonas de conflicto y de organismos humanitarios que operan en condiciones extremas, revelan la magnitud de la catástrofe:

Las estimaciones más conservadoras hablan de decenas de miles de muertos, con cifras que superan ampliamente las 40.000 vidas perdidas en Gaza, la gran mayoría de ellos civiles. Sin embargo, las fuentes locales y humanitarias que trabajan sobre el terreno estiman que la cifra real de víctimas mortales, incluyendo a aquellos que yacen bajo los escombros y no han podido ser recuperados, podría ascender a más de 70.000 personas. Cada uno de estos números es una vida segada, un futuro arrebatado.

La cifra de niños asesinados, que representa un porcentaje desproporcionadamente alto de las víctimas, supera las 15.000 vidas, marcando a Gaza como uno de los lugares más peligrosos del mundo para la infancia. Muchos más sufren mutilaciones, discapacidades permanentes y traumas psicológicos irreversibles.

Miles de mujeres han sido asesinadas, dejando a familias enteras sin sus pilares y a miles de niños huérfanos. Su muerte no solo es una tragedia individual, sino que desgarra el tejido social de una comunidad ya vulnerable.

La cifra, oscilante entre 185 y 225 periodistas y trabajadores de medios asesinados, es un clamoroso testimonio de la voluntad de silenciar la verdad y controlar la narrativa. Cada uno de estos números es un nombre, una cámara, una pluma, una historia que no pudo ser contada. Sus muertes no son accidentales; son el resultado de un patrón sistemático que busca suprimir la información y eliminar a los testigos.

El asesinato de Issam Abdallah (Reuters), capturado por un ataque directo en Líbano; Samer Abu Daqqa (Al Jazeera), quien sangró durante horas sin acceso médico tras un ataque en Khan Younis; y el precedente de Shireen Abu Akleh (Al Jazeera), asesinada en Cisjordania con un patrón de impunidad ya establecido, no son meras estadísticas. Son heridas abiertas en el cuerpo del periodismo global, casos paradigmáticos que la justicia internacional debe investigar a fondo como crímenes de guerra. La persecución sistemática de quienes buscan documentar la verdad es una violación directa del derecho internacional humanitario y un ataque a la libertad de prensa.

Aproximadamente 1.400 trabajadores sanitarios y más de 16 médicos de Médicos Sin Fronteras (MSF) asesinados. Este número no es una abstracción; es el colapso deliberado de un sistema de salud. Son manos que ya no pueden curar, voces que no pueden consolar. Cada muerte en este sector es una sentencia de muerte para innumerables enfermos y heridos, violando la sacrosanta protección de la que gozan estos héroes bajo los Convenios de Ginebra y el Estatuto de Roma.

Ya van 305 miembros del personal de las Naciones Unidas asesinados por Israel. Este número, alarmante y sin precedentes en la historia de la ONU, es una afrenta directa a la ley internacional que protege a quienes sirven bajo la bandera azul de la paz. No son víctimas colaterales; son el resultado de ataques que ignoran su estatus protegido, sembrando el terror entre quienes buscan aliviar el sufrimiento.

412 personas, entre personal de Cruz Roja, Media Luna Roja, UNRWA, MSF y otras entidades independientes, han sido asesinadas. Son los rostros de la compasión, silenciados por la violencia indiscriminada. Sus muertes no solo representan la pérdida de vidas valiosas, sino también el desmantelamiento de la ayuda vital en una de las mayores crisis humanitarias de nuestro tiempo.

Estos números, estas vidas, constituyen una prueba irrefutable de la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad por parte de Israel en Líbano, Gaza, Cisjordania y ahora en Irán.

La lista de violaciones no se limita a Gaza. Se extiende por la región, como una sombra ominosa, evidenciando una estrategia global de agresión y desestabilización que desafía los pilares del derecho internacional:

El bombardeo israelí a Irán, un Estado soberano que no ha iniciado agresión directa, constituye un crimen de agresión y una violación flagrante de la Carta de la ONU. Los objetivos impactados incluyen estaciones de televisión y radio, hospitales y centros de investigación, todos ellos blancos civiles. La infiltración de comandos tácticos y de inteligencia para llevar a cabo operaciones letales contra civiles, como es el caso de científicos iraníes, agrava la situación, revelando una política de terrorismo de Estado.

Los ataques indiscriminados contra poblaciones civiles en Gaza, la destrucción masiva y sistemática de infraestructuras vitales (hospitales, escuelas, viviendas), el uso desproporcionado de la fuerza letal, el bloqueo de ayuda humanitaria como método de guerra, y el asesinato de periodistas, personal sanitario y de la ONU, son crímenes de guerra según el Estatuto de Roma y los Convenios de Ginebra. En Líbano, los bombardeos continuos que afectan a civiles y sus propiedades, y en Cisjordania, la expansión de asentamientos ilegales junto con la violencia y desplazamiento forzado de la población palestina, son violaciones constantes del derecho internacional humanitario.

La magnitud, la extensión y la sistematicidad de los ataques contra la población civil en Gaza –incluyendo el asedio prolongado, la hambruna inducida como método de guerra, los desplazamientos forzados masivos y el asesinato deliberado a gran escala de civiles– podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Estos actos, perpetrados como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, exigen la máxima atención de la justicia internacional.

Las declaraciones públicas de Benjamin Netanyahu y Donald Trump, amenazando con asesinar al líder de Irán, revelan una intención criminal que contraviene los principios fundamentales del derecho internacional. Tales amenazas no solo violan el principio de no intervención y la soberanía de los Estados, sino que también pueden calificarse como incitación a un crimen de agresión según el Estatuto de Roma. Además, transgreden el Derecho Internacional Humanitario al carecer de principios de distinción y proporcionalidad, buscando la eliminación extrajudicial de un líder.

Ante este panorama, la invitación a revisar las acusaciones formales contra Israel y, de manera específica, contra Benjamin Netanyahu, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, se vuelve perentoria. La estrategia de Israel de pretender erigirse en víctima y denunciar crímenes de guerra ajenos, mientras sus propias acciones son objeto de una abrumadora documentación y señalamientos por parte de la comunidad internacional, es un ejercicio de hipocresía que socava los cimientos mismos de la justicia global.

Como broche de oro a esta obscena estrategia, es imprescindible recordar, con la más aguda de las ironías, que el propio Benjamin Netanyahu es un prófugo de la justicia internacional. El Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) ha solicitado una orden de captura contra él por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Entre los cargos se incluyen el exterminio, el uso de la hambruna como método de guerra, la persecución y otros actos inhumanos. Este hecho es un recordatorio flagrante de la doble moral que se busca imponer, un intento desesperado por manipular el relato y, en última instancia, desdibujar la verdad hasta hacerla perecer.

La cruda verdad reflejada en estas cifras y datos es el único punto de inicio para obtener la paz que emana de la justicia. ¿Es posible la paz sin justicia para los miles de niños, mujeres y hombres masacrados, cuyo exterminio es una realidad cotidiana? ¿Puede haber estabilidad cuando la impunidad se erige como norma, y la ley es una sugerencia convenientemente ignorada?

La ley internacional no es una opción; es el cimiento indispensable de la coexistencia civilizada. Asumir esta verdad, por dolorosa que sea, es el primer paso para desmantelar la estrategia de la impunidad y construir un futuro donde la ley prevalezca sobre la barbarie. La comunidad internacional no puede seguir jugando al empate, ni permitiendo que la verdad sea una víctima más de este conflicto. La paz, una paz duradera y justa, solo puede brotar del reconocimiento de la verdad, la aplicación rigurosa de la ley y la rendición de cuentas. Solo así, con la asunción de esta cruda realidad y la firmeza de la justicia, se podrá sentar un precedente para el fin de la impunidad, sentando las bases para una paz genuina.