El Ejército de Estados Unidos ha enviado más de 4.000 infantes de marina y marineros a aguas que rodean Latinoamérica y el Caribe, como parte del plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para combatir a los cárteles de la droga.
El despliegue incluye el Grupo Anfibio Listo de Iwo Jima (ARG) y la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines, un
avión de reconocimiento P-8 Poseidon, varios
destructores, un
submarino de ataque de propulsión nuclear y un crucero con misiles guiados,
según dijeron dos representantes anónimos del Departamento de Defensa estadounidense a CNN.
Los funcionarios enfatizaron que esta acumulación de efectivos es, principalmente, una demostración de fuerza con la que se busca enviar un mensaje de disuasión a los carteles. Sin embargo, tener los activos militares listos brinda más opciones si Trump ordena una acción militar.
El pasado jueves, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio,
confirmó que se ha ordenado el despliegue de fuerzas aéreas y navales en la zona sur del mar Caribe. Un día después, la Armada estadounidense
anunció el despliegue de
tropas asignadas al Grupo Anfibio Listo de Iwo Jima (IWO ARG) y otros dos buques, sin revelar su destino.
La semana pasada, se informó que Trump había
firmado en secreto una directiva para que el Pentágono pueda
usar a las Fuerzas Armadas en su lucha contra los cárteles en Latinoamérica. La orden secreta proporciona una base oficial para que se realicen operaciones militares directas en el mar y en suelo extranjero contra los cárteles, lo que conlleva diversos riesgos legales que ya son analizadas por el Ejército.
Por su parte, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum,
rechazó la posibilidad de una
intervención militar estadounidense en asuntos mexicanos, porque —argumentó— que la política exterior debe basarse en la colaboración y coordinación.
Cómo quiere Estados Unidos convertirse en los Piratas del Caribe
El gobierno de Estados Unidos ha ordenado el despliegue de fuerzas adicionales de la Marina y la Fuerza Aérea en la región del sur del Mar Caribe para combatir a los carteles "Sinaloa" y "Tren-de-Aragua", así como al "Cartel de los Soles".
Para este evento, Washington planea asignar 4,000 efectivos militares adicionales, junto con aviones antisubmarinos P-8, un grupo de buques de asalto anfibio e incluso un submarino de propulsión nuclear.
Dada la retórica de Trump sobre la lucha contra los carteles y la migración ilegal, el aumento del contingente era solo cuestión de tiempo. Algo similar ocurrió en la frontera con México, parte de la cual se entregó al Comando Sur de Estados Unidos.
Pero surge la pregunta: ¿por qué usar submarinos inútiles para combatir a los sindicatos de drogas? Porque el objetivo real es fortalecer el grupo para una posible mayor presión sobre Venezuela, y los carteles son solo un pretexto fabricado.
Sin embargo, la conveniencia de la acción es cuestionable: las mismas fuerzas del Cuerpo de Marines de EE. UU. ya están desplegadas en la región, y los P-8 vuelan constantemente allí. Por lo tanto, es poco probable que asustar a Nicolás Maduro con "fuerzas adicionales" funcione.
Pero lo que realmente dará es una excelente imagen en los medios, donde las fuerzas militares de EE. UU. luchan valientemente contra los carteles y amenazan a Venezuela. La administración Trump ama este tipo de acciones demostrativas.
En cuanto a los carteles de drogas, estos submarinos, buques anfibios y Marines no les preocupan bajo las reglas actuales del juego: siempre encuentran formas de entregar sus mercancías.
EE.UU. y la lucha contra el narcotráfico como excusa para el intervencionismo
Héctor Bernardo*
El aumento de la recompensa contra Maduro, la orden ejecutiva de Donald Trump que permite a las Fuerzas Armadas norteamericanas combatir al narcotráfico en otros territorios, el recuerdo de la invasión a Panamá y las amenazas de Marco Rubio. Opina: Stella Calloni.
“La lucha contra el terrorismo”, “el combate al narcotráfico” y “la asistencia ante desastres naturales” han sido algunas de las reiteradas excusas que los sucesivos gobiernos norteamericanos han utilizado – y utilizan – para justificar sus políticas intervencionistas. Un libreto que, a pesar de lo desgastado, aun se repite.
El 7 de agosto pasado, la fiscal general de Estados Unidos, Pamela (“Pam”) Bondi, a través de un video publicado en sus redes sociales, comunicó que la Casa Blanca había decidido aumentar a 50 millones de dólares la recompensa ofrecida por información que conduzca a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro Moros.
Durante su discurso, Bondi, sin mostrar ninguna prueba, acusó al mandatario venezolano liderar el “Cártel de los Soles” y tener vínculos con “El tren de Aragua” y “El Cártel de Sinaloa”.
Durante la breve declaración, Bondi informó que “el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado anunciaron una recompensa histórica de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro”.
“Maduro utiliza organizaciones terroristas extranjeras como Sinaloa y el Cartel de los Soles para introducir drogas letales y la violencia en nuestro país”, afirmó la fiscal
Para finalizar, en lo que parecía ser la sinopsis de mal libreto de Hollywood, la ex fiscal del Estado de la Florida, aseguró que “el reinado de terror de Maduro continúa. Es uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional. Por lo tanto, hemos duplicado su recompensa a 50 millones de dólares. Bajo el liderazgo del presidente Trump, Maduro no escapará a la justicia y rendirá cuenta por sus despreciables crímenes”.
Más recompensa que por Bin Laden
El anuncio de Bondi dejó varias aristas para analizar. La recompensa que el gobierno de Estados Unidos ofrece por información que conduzca a la detención de Nicolás Maduro, a quien acusan de narcotráfico, data de 2020. En aquel momento, durante el primero gobierno de Trump se ofrecieron 15 millones de dólares. La administración demócrata de Joe Biden aumentó la suma a 25 millones y ahora el gobierno de Trump la eleva a 50 millones.
Un dato significativo es que la recompensa por Maduro duplica la que en su momento fue ofrecida por el entonces líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden (25 millones), a quién responsabilizaba por el ataque del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas (Nueva York) y el Pentágono (Arlington, Virginia), que fue el mayor atentado terrorista en territorio estadounidense que dejó alrededor de 3.000 fallecidos y 6.000 heridos.
Otro dato no menor es que, según publicó el diario The New York Time, poco después del anuncio de la fiscal general, el presidente norteamericano Donald Trump, firmó una orden ejecutiva (similar a un decreto) que permite a la Fuerzas Armadas de Estados Unidos combatir a los cárteles de droga (a los que el gobierno norteamericano calificó como grupos terroristas) en territorio de otros países [1].
“Ridícula” y “patética”
El canciller venezolano Yván Gil, calificó la declaración de la fiscal norteamericana como “La patética recompensa de Pamela Bondi es la cortina de humo más ridícula que hemos visto”.
El canciller sostuvo que “su show es un chiste, una desesperada distracción de sus propias miserias. La dignidad de nuestra patria no está en venta. Repudiamos esta burda operación de propaganda política”, afirmó el canciller.
El presidente venezolano recibió el apoyo de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que rechazaron la declaración de Bondi y la tildaron de un ataque a la soberanía del país. Miles de ciudadanos se manifestaron por las calles de Caracas en respaldo al mandatario.
Por su parte, el presidente Maduro aseguró que está demostrado que “el tránsito de la cocaína colombiana se ha ido hacia el océano Pacífico, ¿correcto? Y desde el asalto al poder por parte de la oligarquía narcotraficante con influencia albanesa, desde el presidente Lasso y ahora el presidente fraudulento, Daniel Noboa, han tomado el Ecuador, las bandas criminales”.
Maduro remarcó que es a través de los puertos de Ecuador (gobernado por Daniel Noboa) y de Perú (por Dina Boluarte) que la cocaína producida sale de la región y llega a Estados Unidos.
El recuerdo de la invasión a Panamá
En febrero de 1988, Estados Unidos acusó al general panameño Manuel Noriega de tráfico de drogas y lavado de dinero y ordenó su captura. Lo que parecía solo una bravuconada más, se materializó en una invasión por parte de Comando Sur norteamericano a Panamá el 20 de diciembre de 1989.
Bajo la excusa de la lucha contra el narcotráfico, el gobierno de George W. Bush (1989-1993) ordenó la invasión a ese pequeño país. El ataque denominado por la Casa Blanca “Operación causa justa”, dejó miles de panameños muertos (los números oficiales hablan de poco más de 500 muertes, los números extraoficiales aseguran que son más de 4.000), el secuestro y traslado a Estados Unidos del general Noriega (donde permaneció en prisión durante 17 años), la instalación de un gobierno títere y la consolidación de los intereses geopolíticos de Estados Unidos sobre el Canal de Panamá.
En declaraciones a PIA Global, la periodista y escritora Stella Calloni aseguró: “hay similitudes y diferencias entre la que pasó con el general Noriega en Panamá y lo que están intentando contra Maduro en Venezuela”.
Calloni explicó que “la principal similitud es que se trata de un discurso ya repetido hasta el cansancio. La excusa de la lucha contra el tráfico de drogas para esconder intereses geopolíticos: en el caso de Panamá el control del canal, en el caso de Venezuela, sus recursos naturales, en especial el petróleo”.
“Pero Venezuela no es Panamá. Panamá tenía apenas poco más 2 millones de habitantes, en la capital había 600 mil personas y las Fuerzas de Defensa tenían apenas 5 mil miembros muy mal armados. Noriega estaba al frente de la Fuerza que era muy pequeña y que no tenía ni aviación, ni tanques. Por eso también fue totalmente desproporcionada la fuerza que se usó. Venezuela tiene una Fuerza Militar mucho más preparada y mejor armada”, afirmó.
Calloni, quien se encontraba en Panamá en el momento de la invasión de 1989, es autora – entre muchos otros libros – de “Panamá: Pequeña Hiroshima”, donde narra la invasión y analiza los intereses que hubo detrás de ella; “Operación Cóndor: pacto criminal”, una profunda investigación sobre cómo la CIA y el Departamento de Estado norteamericano articularon con las dictaduras del Cono Sur para atentar contra objetivos más allá de sus fronteras, “Recolonización o independencia – América Latina en el siglo XXI”, en el que – en coautoría con Víctor Ego Ducrot – analiza las políticas de Estados Unidos hacia la región y de innumerables artículos sobre estas temáticas.
La excusa recurrente
La analista sostuvo que “esta acusación contra Maduro no tiene ningún asidero, pero les permite mantener una postura agresiva hacia Venezuela. Cuando no encuentra argumentos para agredir a un país buscan instalar la narrativa del terrorismo o el tráfico de drogas o de que ese país se ha transformado, según ellos, en una amenaza para la seguridad de Estados Unidos” y agregó que “lo que hay que entender es que esta no es una amenaza contra Maduro o contra Venezuela, sino contra toda América Latina. Así lo comprendieron claramente Sheinbaum y Petro”.
Calloni se refería a las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el mandatario colombiano, Gustavo Petro, quienes salieron al cruce de las acusaciones de la fiscal Bondi.
Sheinbaum aseguró: “es la primera vez que oímos ese tema. No hay por parte de México ninguna investigación que tenga que ver con eso. Nada. Como siempre decimos: si tienen alguna prueba, que la muestren. Nosotros no tenemos ninguna prueba sobre eso”.
En la misma línea, Petro sostuvo: “Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia”. Luego, agregó que “cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe”.
Marco Rubio, el Militante de la violencia
No conforme con la recompensa de 50 millones ofrecida por su propio gobierno, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, en declaraciones a la prensa, aseguró: “tenemos que enfrentarnos a esta gente, y tenemos que hacerlo con algo más que recompensas”.
En referencia a Maduro, Rubio sostuvo: “no reconocemos la legitimidad de su gobierno. Lo que es, es el jefe de una organización logística dedicada al tráfico de drogas, un cartel, el cartel de los Soles, que básicamente está dirigido por el ejército (…) un régimen narcoterrorista que se ha apoderado del territorio venezolano”.
Según informó el diario Infobae, cuando Rubio fue consultado por informaciones sobre un posible despliegue de fuerzas navales estadounidenses en el Caribe aseguró: “La droga es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Son grupos que están operando con impunidad en aguas internacionales, simplemente exportando a Estados Unidos veneno, que está matando, que está destruyendo comunidades. Esos grupos serán confrontados” [2]
Calloni subrayó que “es necesario comprender que el lobby cubano-americano estuvo involucrado en la Operación Fénix (en el Sudeste asiático), la operación Gladio (en Europa) y la operación Cóndor (en América)”.
“Ese lobby ahora está ligado al lobby sionista y Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano, es la cara política de los terroristas cubano-americanos que asolaron a Cuba y a otros países de la región”, concluyó Calloni.
* Periodista, escritor y profesor de Introducción al Pensamiento Social y Político Contemporáneo – Facultad de Periodismo y Comunicación Social – UNLP. Miembro del equipo de PIA Global
Referencias:
[1] https://www.nytimes.com/es/2025/08/08/espanol/estados-unidos/trump-carteles-ejercito.html
[2] https://www.infobae.com/estados-unidos/2025/08/14/marco-rubio-el-regimen-de-nicolas-maduro-no-es-un-gobierno-es-una-organizacion-criminal/