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El equilibrio entre la soberanía nacional y la integración supranacional representa uno de los desafíos que definen la política europea contemporánea. En todo el continente, los gobiernos democráticos deben gestionar la compleja relación entre la representación de los intereses de sus ciudadanos y la participación en la toma de decisiones colectiva europea.
La cuestión de cuánta soberanía conservar y cuánta compartir no tiene respuestas fáciles. La interdependencia económica, los desafíos de seguridad y la competencia global presionan para la acción colectiva, mientras que la rendición de cuentas democrática y la identidad nacional exigen un control local significativo. La mayoría de los líderes europeos intentan equilibrar estas demandas contrapuestas mediante una negociación cuidadosa, acuerdos estratégicos y una cooperación selectiva.
Sin embargo, el caso de la España de Pedro Sánchez presenta un enfoque marcadamente diferente. En lugar de negociar este equilibrio, el presidente del Gobierno español ha adoptado una doctrina de cumplimiento preventivo que cede voluntariamente la soberanía incluso antes de que se le solicite.
El fenómeno Sánchez de la genuflexión institucional
La Doctrina Sánchez, como podría llamarse, representa un enfoque revolucionario de la soberanía en el siglo XXI. ¿Para qué molestarse en el tedioso proceso de representar los intereses de los ciudadanos cuando se puede pasar directamente a implementar lo que sugiera la Comisión Europea? Esta innovadora estrategia le ha otorgado a España una posición única en la política europea: el Estado miembro del que Bruselas nunca tiene que preocuparse, porque Madrid ya se ha preocupado por él.
Lo más destacable del gobierno de Sánchez no es lo que ha logrado, sino lo que ha cedido sin que nadie se lo pidiera. En marzo de 2025, durante su comparecencia ante el Congreso de los Diputados, Sánchez pronunció la que podría ser la
declaración más sincera de su carrera política: «Cumpliremos con la Unión Europea. Porque nadie como Europa para cuidar de Europa». Esta declaración, pronunciada con la seguridad de quien jamás ha cumplido una directiva de Bruselas que no pudiera aceptar, captura a la perfección la esencia de su filosofía de gobierno.
No se trataba de una postura negociadora ni de una cortesía diplomática. Era una rendición general, anticipada a cualquier exigencia específica de la UE. Mientras el presidente francés, Emmanuel Macron,
se involucra en complejas negociaciones sobre las normas fiscales de la UE, Sánchez ha descubierto un enfoque más eficiente: simplemente anunciar su cumplimiento y esperar instrucciones.
Las implicaciones prácticas de esta doctrina se hicieron evidentes en el enfoque español del gasto en defensa. Cuando la OTAN y los socios de la UE presionaron a los Estados miembros para que aumentaran el gasto militar, Sánchez no negoció las condiciones ni solicitó exenciones. En cambio, se
comprometió a aumentar la inversión en seguridad y defensa "por europeísmo y responsabilidad", enmarcando explícitamente el gasto militar español no como una decisión de seguridad nacional, sino como un tributo a la unidad europea. El aumento de 10 000 millones de euros en la inversión estatal en seguridad se presentó no como un servicio a los intereses españoles, sino como el cumplimiento de las obligaciones de España con Bruselas.
El sector energético ofrece un ejemplo aún más contundente de esta genuflexión institucional. Cuando Bruselas
aprobó el plan de transición energética de España, de 699 millones de euros, en marzo de 2025, Sánchez no lo celebró como una victoria para la independencia energética ni para el desarrollo económico español. En cambio, lo presentó como el fiel cumplimiento de España con el Pacto Verde Europeo y la Directiva de Energías Renovables,
declarando que «el futuro energético de España será verde o no habrá futuro». Esta declaración resumió a la perfección su enfoque: en lugar de posicionar a España como líder en innovación en energías renovables, presentó al país como un estudiante diligente que seguía los deberes de Bruselas. Cuando los legisladores españoles rechazaron posteriormente el proyecto de ley de su gobierno sobre los cortes de electricidad en julio de 2025, la respuesta de Sánchez fue reveladora:
culpó a la oposición de socavar el compromiso de España con los estándares energéticos europeos en lugar de defender la legislación por sus propios méritos. Incluso la soberanía energética de España se había subordinado a la aprobación europea.
Este patrón de cumplimiento preventivo se extiende mucho más allá del gasto en defensa. Cuando la Comisión Europea sugirió adelantar un año el
Pacto de la UE sobre Migración y Asilo, hasta 2025, España no evaluó el impacto de la propuesta en su política migratoria ni consultó con las regiones afectadas. En cambio, Sánchez
respaldó de inmediato la aceleración, posicionando a España como el principal defensor de la UE de políticas que otros Estados miembros abordaron con cautela.
El contraste con otros líderes europeos es sorprendente. Cuando la italiana Giorgia Meloni
discrepa de las políticas migratorias de la UE, lo manifiesta públicamente y negocia alternativas. Cuando el húngaro Viktor Orbán
se opone a las directivas de la UE, las impugna ante los tribunales europeos. Sánchez, sin embargo, ha sido pionero en un enfoque diferente: un acatamiento entusiasta seguido de una celebración pública de las credenciales europeas de España.
Esta estrategia le ha dado a España una reputación única en Bruselas. Como
afirmó una fuente de la UE , existe una gran preocupación en la UE con el gobierno nacional y la desconfianza es total, refiriéndose no a la fiabilidad de España en la implementación de las políticas de la UE, sino a la creciente preocupación de que el gobierno de Sánchez carezca de la competencia básica para representar los intereses españoles en las negociaciones europeas. Cuando el principal argumento de venta de un gobierno es su disposición a cumplir, inevitablemente pierde el respeto que le otorga ser un socio negociador serio.
El aspecto más perjudicial de este enfoque es cómo ha debilitado sistemáticamente la posición de España en las instituciones europeas. Al posicionarse como el principal apoyo de Bruselas, Sánchez, paradójicamente, ha restado influencia a España en la toma de decisiones europeas. ¿Por qué las instituciones de la UE tendrían que consultar seriamente con un gobierno que ya ha anunciado su intención de acatar cualquier decisión que tomen?
El baile de la presidencia española de Huawei entre la UE y China
Si el entusiasmo de Sánchez por el cumplimiento de las normas de la UE fuera genuino, cabría esperar que se extendiera a áreas donde los intereses de seguridad europeos están en juego. En cambio, el gobierno español ha demostrado una notable capacidad para ignorar las preocupaciones de la UE y sus aliados cuando entran en conflicto con otras prioridades. El
contrato de 12 millones de euros adjudicado al gigante tecnológico chino Huawei para almacenar datos confidenciales de escuchas telefónicas judiciales representa quizás el ejemplo más flagrante de este cumplimiento selectivo.
La decisión, anunciada en julio de 2025, desató la alarma inmediata en Bruselas y Washington. Funcionarios de la Comisión Europea calificaron el contrato de "decisión nacional", al tiempo que enfatizaron que Huawei "representa riesgos considerablemente mayores" en infraestructuras críticas. Los comités de inteligencia del Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos solicitaron una revisión del intercambio de inteligencia con España, ante el temor de que se filtraran secretos al Partido Comunista Chino. Madrid respondió con un silencio ensordecedor.
Mientras Pedro Sánchez se preparaba para su retiro veraniego anual en Canarias, su gobierno simplemente se negó a comentar las crecientes críticas internacionales. Esto no se debió a discreción diplomática, sino a una ignorancia deliberada de las legítimas preocupaciones de seguridad planteadas por los aliados más cercanos de España.
El contrato con Huawei se vuelve aún más preocupante si se analiza en el contexto de la relación más amplia de España con China. El expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, considerado ampliamente como el mentor político de Sánchez, ha sido acusado de
presionar a favor de los intereses chinos dentro del gobierno español. Las conexiones de Zapatero con Pekín a través del centro de estudios Gate Center, que promueve los intereses chinos en España, y sus múltiples viajes a China para promover las relaciones diplomáticas y comerciales han llevado a los críticos a cuestionar si la política española hacia China sirve a los intereses españoles o chinos.
Este patrón de ignorar las preocupaciones de seguridad de la UE mientras se acomodan los intereses chinos se extiende más allá del contrato con Huawei. La abstención de España en Bruselas cuando la UE votó sobre medidas arancelarias contra los vehículos eléctricos de fabricación china en octubre de 2024 estuvo supuestamente influenciada por la presión de Zapatero. Mientras otros Estados miembros de la UE reconocieron la necesidad de proteger a las industrias automotrices europeas de la competencia desleal china, España optó por priorizar su relación con Pekín sobre la solidaridad económica europea.
La contradicción es flagrante: un gobierno que anuncia con orgullo su intención de cumplir con las directivas de la UE sobre gasto de defensa y política migratoria ignora simultáneamente las advertencias de la UE sobre las amenazas chinas a la seguridad. Este cumplimiento selectivo revela la naturaleza hueca de la retórica europea de Sánchez. Cuando las políticas de la UE se alinean con sus necesidades políticas, las adopta con entusiasmo. Cuando entran en conflicto con otras prioridades, simplemente finge que no existen.
Las implicaciones internacionales de este enfoque han sido graves. El Financial Times
informó que la controversia sobre Huawei llegó en un momento delicado para Sánchez, destacando los vínculos inusualmente estrechos de España con China en un momento en que la UE endurece su postura hacia un país al que ha calificado de 'rival sistémico'. Al priorizar los intereses comerciales chinos sobre las preocupaciones de seguridad europeas, España se ha posicionado al margen del creciente consenso europeo sobre la política hacia China.
No se trata solo de un desacuerdo diplomático. Cuando los aliados europeos cuestionan el compromiso de España con los intereses de seguridad compartidos, se socavan los cimientos del proyecto europeo que Sánchez dice defender. ¿Cómo puede España ser un socio europeo fiable si adjudica contratos de seguridad sensibles a empresas que las instituciones de la UE han identificado como riesgos para la seguridad?
Cuando Bruselas dejó de fingir que España importaba
La reivindicación definitiva de los críticos que advertían sobre la Doctrina Sánchez llegó en julio de 2025, durante lo que los medios españoles denominaron la semana negra de Sánchez en Bruselas. En tan solo cuatro días, el gobierno español recibió cuatro importantes reveses de las instituciones de la UE, cada uno de los cuales puso de manifiesto la erosión sistemática de la influencia española en la toma de decisiones europea.
La semana comenzó con un informe demoledor de la UE sobre la salud democrática, que destacó
las alertas sobre casos de corrupción que acechan al PSOE, al Gobierno y al círculo íntimo de Sánchez. La Comisión Europea señaló que la financiación de los partidos políticos persiste como un área de alto riesgo y que no se han tomado medidas para reformar la legislación electoral.
A esto le siguió la humillante
retirada de la candidatura del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a la presidencia del Eurogrupo por falta de apoyo de los Estados miembros. El fracaso no fue solo un revés personal para Cuerpo; representó una evaluación devastadora de la credibilidad de España en la gobernanza económica europea. Cuando un importante Estado miembro de la UE ni siquiera logra que se considere a su ministro de Hacienda para liderar la coordinación económica europea, se desmorona por completo su influencia diplomática.
El tercer golpe llegó con la
congelación de más de mil millones de euros en fondos Next Generation EU debido al incumplimiento por parte de España de las reformas prometidas. No se trató de un retraso técnico ni de un descuido burocrático, sino de una consecuencia directa de la incapacidad del gobierno español para cumplir los compromisos adquiridos con sus socios europeos. La congelación de fondos representó un coste concreto de los fallos de gobernanza del gobierno de Sánchez, pagado por los contribuyentes españoles que no recibirán las inversiones prometidas.
La semana concluyó con la amenaza de la Comisión Europea de abrir un procedimiento sancionador contra España por los obstáculos a la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell. La postura de la Comisión fue clara: la injerencia de España en la fusión bancaria contradecía los objetivos de la UE de crear líderes bancarios internacionales para competir a nivel mundial. Cuando el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, afirmó no tener conocimiento de dicho procedimiento, solo puso de manifiesto el aislamiento del gobierno español de los procesos de toma de decisiones europeos.
La ironía es profunda. La estrategia de Sánchez de cumplimiento preventivo pretendía fortalecer la credibilidad europea de España y aumentar su influencia en Bruselas. Sin embargo, ha logrado lo contrario. Al posicionar a España como un cliente fiable en lugar de un socio serio, Sánchez ha debilitado sistemáticamente la influencia española en las negociaciones europeas. Las instituciones de la UE ya no necesitan tomar en serio las preocupaciones españolas porque saben que España, en última instancia, cumplirá con lo que decidan.
Esta dinámica ha creado un círculo vicioso. A medida que la influencia de España en las instituciones europeas ha disminuido, Sánchez ha respondido mostrándose aún más complaciente, con la esperanza de restaurar la credibilidad española mediante demostraciones de lealtad. Pero la complicidad sin influencia no es colaboración; es subordinación. Cuanto más dispuesta esté España a aceptar las decisiones de la UE, menos razones tendrán las instituciones europeas para considerar los intereses españoles al tomarlas.
Los reveses de julio de 2025 representaron el punto final lógico de este proceso. Tras años de considerar la asociación europea como una relación unilateral, España descubrió que sus socios europeos habían dejado de considerarla un actor importante en la política europea. La "semana negra" no fue una aberración; fue el resultado inevitable de una política exterior basada en la sumisión, no en la negociación.
La Doctrina Sánchez representa más que una serie de fracasos políticos o desaciertos diplomáticos; encarna un desafío fundamental a los principios de gobernanza democrática y representación nacional que sustentan el proyecto europeo. Al subordinar sistemáticamente los intereses españoles a las preferencias de Bruselas, Pedro Sánchez no ha fortalecido la integración europea, sino que la ha debilitado, demostrando cómo la búsqueda de la aprobación institucional puede corromper los mismos valores democráticos que la cooperación europea debe proteger.
Conclusión
La Doctrina Sánchez, en definitiva, representa una advertencia sobre los peligros de confundir la obediencia institucional con el liderazgo político. En una época en la que los gobiernos democráticos se enfrentan a desafíos sin precedentes debido a rivales autoritarios, la desigualdad económica y la fragmentación social, la tentación de buscar legitimidad mediante la aprobación institucional en lugar de la representación democrática es comprensible, pero en última instancia contraproducente.
La Unión Europea, en su máxima expresión, representa un experimento único de cooperación democrática que fortalece, en lugar de debilitar, la soberanía nacional al posibilitar la acción colectiva ante desafíos compartidos. Sin embargo, este experimento requiere gobiernos nacionales que comprendan su papel como representantes de los intereses de sus ciudadanos, no como correas de transmisión de decisiones tomadas en otros ámbitos.
Hasta que España desarrolle un gobierno capaz de defender sus intereses y, al mismo tiempo, impulsar la cooperación europea, la Doctrina Sánchez seguirá erosionando la soberanía española mientras pretende fortalecerla. El precio de esta sumisión institucional no lo pagan los políticos que la practican, sino los ciudadanos españoles, que merecen representación y no la capitulación de sus líderes electos.
La lección más amplia para la democracia europea es clara: la sumisión institucional no sustituye al liderazgo político, y la integración europea no puede tener éxito si exige que los gobiernos nacionales abandonen su responsabilidad primordial de representar los intereses de sus ciudadanos. El futuro de la democracia europea depende de encontrar líderes que comprendan esta verdad fundamental y estén dispuestos a actuar en consecuencia.