El Banco de España ha dibujado el futuro de nuestra nación en términos que hielan la sangre: si queremos mantener en pie el sistema de pensiones y el mercado laboral, será necesario incorporar casi 25 millones de inmigrantes de aquí a 2053 —lo que supondría más de la mitad de la población actual—. El dato fue analizado en el programa de
Mediodía COPE. Pero no se habló de incentivar la natalidad, ni de defender la familia, ni de apostar por una cultura de la vida. La solución que se ofrece es simple y devastadora: sustituir a los españoles que no nacen por extranjeros que ocupen su lugar.
Una visión que renuncia a nuestra identidad
Mercedes Fernández, directora del Instituto de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas, explicó en su intervención radiofónica lo que para muchos se ha convertido en un dogma tecnocrático: España envejece, los baby boomers se jubilan, no hay nacimientos y los trabajos precarios sólo los aceptan los inmigrantes —como si el resto de trabajos que los españoles sí están dispuestos a hacer no lo fueran—. Por tanto —dicen los expertos— la única salida es importar millones de personas.
El Banco de España habla en cifras que sólo son comprensibles desde una idea de desaparición del pueblo español. Este enfoque vacía de valor nuestra identidad nacional y cultural. Reduce la vida de un pueblo a una estadística de mercado, en la que lo importante no son los hijos propios, sino las manos extranjeras que aseguren que la maquinaria económica siga funcionando. Y mientras tanto, se perpetúa el silencio sobre lo esencial: la natalidad más baja de Europa, la precariedad de la maternidad, el abandono de las familias y la cultura de la muerte que impregna nuestras leyes y nuestras costumbres.
Ya teníamos a
Felipe VI hace unos días en la ONU comprometiendo a España como «referente global en temas como la lucha por los derechos sexuales y reproductivos», y además, agregó sobre el tema de migración:
«Creemos que la inmigración, adecuadamente gestionada, es un vector de desarrollo mutuo para las sociedades de origen, tránsito y destino, y que los Derechos Humanos de los migrantes deben ser, en consecuencia, la referencia principal de nuestra acción».
Lo que se nos propone entonces es renunciar a nuestra continuidad y aceptar como inevitable un plan de sustitución demográfica que firmaría George Soros o el agendismo más radical.
La Iglesia que acoge
Mientras el Congreso avanza en la tramitación de una Iniciativa Legislativa Popular que busca regularizar a 500.000 inmigrantes, la Conferencia Episcopal Española, junto a Cáritas, CONFER y otras entidades,
celebran el apoyo parlamentario. Este respaldo público muestra cómo una parte significativa de la Iglesia institucional en España ha asumido como propia la agenda globalista, mientras se mantiene un silencio clamoroso sobre el drama de la natalidad y el abandono de la familia.
En paralelo,
el Papa León XIV recordaba en su mensaje para la
111.ª jornada mundial del migrante y del refugiado 2025 —que por cierto, se celebrará este 4 y 5 de octubre— que “las comunidades que acogen migrantes y refugiados pueden ser testimonio vivo de una sociedad en la que se reconoce a todos la dignidad de hijos de Dios, en la que todos son hermanos y hermanas, parte de una única familia”. Y es cierto: la caridad cristiana exige acoger y acompañar, pero la acogida no puede confundirse con la sustitución programada de un pueblo que renuncia a engendrar hijos. El Evangelio no manda desmantelar la propia casa, sino construirla sobre roca. Un país que abdica de la vida y entrega su futuro a cálculos tecnocráticos no está practicando la caridad, sino cavando su propia tumba.
Si faltan 25 millones de españoles, la respuesta lógica debería ser: recuperar las familias numerosas, abrirnos a la vida, mantener el hilo generacional que heredamos de nuestros abuelos. Cabe entonces preguntarse si cuando uno es ya sustituido la palabra es acoger o desmantelar.
Un antiguo trabajador desmonta a Accem, la multinacional de la inmigración: «La mayoría del millonario presupuesto va a pagar sueldos y sedes»
Un antiguo empleado de la ONG vinculada a la Iglesia cuenta a LA GACETA cómo la organización abandonó sus principios para convertirse en una máquina de facturar que mantuviese un crecimiento económico como si de una empresa privada se tratase.
Trabajó en Accem desde finales de los 90 hasta la pandemia, cuando cansado de la forma de trabajar optó por pasarse a la empresa privada y ejercer el voluntariado a través de Cáritas de su parroquia. No quiere dar su nombre porque «allí tengo muchos amigos, gente bien intencionada que no entendería estas críticas».
Esta persona cuenta como cuando él entró no llegaban a los 100 trabajadores y no tenían a penas dinero y «todo fue creciendo muy rápido y así ha seguido después de mi salida». «Cuando yo me fui no llegábamos a 1.700 empleados y manejábamos cerca de 80 millones de euros, era más de 20 veces lo que había cuando yo llegué allí, pero ahora hay casi 4.000 empleados y más de 200 millones de dinero». También explica que la mayoría de ese dinero no va a ayudas, sino a pagar los sueldos y las sedes.
Cuenta como antes del confinamiento, la mayor preocupación de la dirección de Accem no era establecer protocolos que garantizasen la salud en los centros, era la de mantener la entrada de dinero para poder seguir manteniendo los salarios. Es verdad que pretendía disimular, pero «varios de los antiguos de Accem decidimos irnos de allí por lo que estábamos viendo».
También explica que desde hace quince años entró una obsesión en la dirección para que la mayoría del personal fuera femenino. Llegaron a fijarse el objetivo de que «había que llegar al 75% de mujeres» en plantilla. Una cuestión que, según afirma, se hizo más significativa desde la entrada de Enrique Barbero como director general.
Y no es de extrañar, ya que Barbero compatibiliza su cargo con el de vicepresidente del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica del Ministerio de Igualdad. Se trata de un puesto de designación y de confianza que decide la ministra de Igualdad. Un organismo que se dedica a ofrecer asesoramiento y asistencia a las víctimas de discriminación racial o étnica a través de teléfonos de información gratuita y de oficinas distribuidas por todo el territorio español. Todo ello con cargo al presupuesto público.
Accem no ha hecho pública su contabilidad de 2024 todavía. Pero si nos atenemos a lo publicado del año 2023, encontramos que las afirmaciones del ex trabajador no están muy desorientadas. Aquel ejercicio supuso que casi 80 millones de los fondos públicos obtenidos por la organización fueran al pago de salarios, un incremento notable sobre el año 2022 cuando este concepto alcanzó los 60 millones de euros.
Si tenemos en cuenta que en 2023 había 2.700 empleados en nómina (además de 800 voluntarios) y en 2024 los empleados en nómina se acercaban a los 3.100, el coste de los salarios estimado sería superior a los 90 millones de euros, es decir más del 40% de los ingresos obtenidos por Accem.