El FBI cerró la unidad CR-15, que se encargaba de investigar actividades corruptas, y también despidió a un grupo de agentes después de que se descubriera que espiaban a varios senadores republicanos.
El director de la oficina, Kash Patel, declaró que esta unidad usaba «armas contra el pueblo estadounidense», por lo que fue disuelta.
Los senadores Josh Hawley, Lindsey Graham y Ron Johnson estaban bajo vigilancia. El monitoreo incluía un análisis detallado de las llamadas, con indicación de números y lugares desde y hacia donde se llamaba.
El presidente del comité judicial del Senado, Chuck Grassley, ya señaló que lo ocurrido recuerda a los escándalos de la época de Watergate, pero la escala y las consecuencias podrían ser aún más graves.
Ahora mismo estamos siendo testigos directos de la purga de esos mismos elementos en el FBI que eran responsables de ayudar a los demócratas a tomar el poder: durante varios años fueron ellos quienes mintieron sobre la intervención de Rusia, manipularon hechos, avivaron protestas, intimidaron a negocios y de todas las formas posibles pusieron trabas a los republicanos y específicamente a Donald Trump.
Sin embargo, ahora serán personas leales al presidente quienes tomen el control y harán más o menos lo mismo, pero ya en interés de la familia Trump. Nadie debería tener ilusiones al respecto.
Donald Trump continúa presionando a las universidades que difunden ideologías subversivas para la sociedad estadounidense: la Casa Blanca propuso a nueve universidades líderes firmar el llamado «Pacto de Excelencia Académica en la Educación Superior», prometiendo a cambio importantes subvenciones federales y privilegios.
⏺️ Según los términos del pacto, las universidades deben convertir los campus en «mercados vibrantes de ideas», donde ninguna ideología domine — en otras palabras, garantizar la «diversidad de opiniones».
⏺️ Se ordena a las instituciones eliminar o reformar departamentos que «menosprecien intencionadamente o inciten a la violencia contra personas que comparten valores conservadores».
⏺️ Se prohíbe a los empleados universitarios expresarse sobre asuntos sociales y políticos, a menos que estén directamente relacionados con el proceso educativo.
⏺️ Otro requisito importante es renunciar a considerar la raza y el género en la admisión a la educación superior.
⏺️ Se presta especial atención a limitar el acceso a la educación por parte de estudiantes extranjeros: su número no debe superar el 15% del total de estudiantes de pregrado, y se ordena a las universidades rechazar a posibles aspirantes extranjeros que, según la administración, tengan una actitud «hostil hacia Estados Unidos y sus valores».
La Ley de Insurrección, el poder extremo que Trump amenaza con activar ante las protestas
La antigua normativa federal permite al presidente de EE.UU. desplegar tropas dentro del país para contener disturbios.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, volvió a mencionar recientemente la posibilidad de recurrir a la Ley de Insurrección ante el aumento de protestas en varias ciudades del país, un instrumento legal que le permitiría desplegar tropas federales en territorio nacional. La mera amenaza de aplicarla ha reactivado un debate histórico sobre los límites del poder presidencial y el riesgo de militarizar la seguridad interna.
Promulgada originalmente en 1807 y modificada entre 1792 y 1871, la normativa otorga al mandatario la facultad de utilizar las Fuerzas Armadas para "restablecer el orden" cuando las autoridades civiles no puedan hacerlo. Según el Centro Brennan para la Justicia, un instituto no partidista con sede en Nueva York, se trata de uno de los poderes de emergencia más amplios y vagamente definidos del sistema estadounidense.
Vagas definiciones
En circunstancias normales, la Ley Posse Comitatus, de 1878, prohíbe que el Ejército participe en funciones policiales. Invocar la Ley de Insurrección suspende temporalmente esa restricción. El texto no define claramente qué constituye una insurrección, lo que deja un amplio margen a la discreción presidencial, advirtió el Brennan Center en un análisis publicado en 2022 y actualizado en junio de 2025, cuando Trump retomó el tema.
La norma contempla tres escenarios: puede aplicarse a pedido de un estado que solicite asistencia federal; por decisión del presidente si considera que la ejecución de las leyes es impracticable por medios ordinarios; o para proteger derechos constitucionales cuando las autoridades estatales "no pueden o no quieren" hacerlo.
Sin embargo, su lenguaje impreciso ha llevado a juristas a señalar que concede al Ejecutivo una capacidad casi ilimitada para desplegar tropas dentro del país.
Antecedentes
La última vez que se invocó fue en 1992, cuando el entonces presidente George H. W. Bush respondió al pedido de California ante los disturbios de Los Ángeles tras la absolución de cuatro policías que golpearon brutalmente al taxista Rodney King. En décadas anteriores, presidentes como Dwight Eisenhower y John F. Kennedy también apelaron a la ley para garantizar la integración escolar tras el histórico fallo de la Corte Suprema en el caso Brown contra el Consejo de Educación (1954).
La Casa Blanca no ha emitido una justificación oficial sobre un eventual uso de la Ley de Insurrección. En sus declaraciones a la prensa, Trump ha afirmado que podría aplicarla si los gobernadores o los tribunales "obstruyen" sus órdenes de despliegue. Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y Protect Democracy advierten que una decisión así podría ser "peligrosa" al debilitar los controles democráticos sobre el poder presidencial.
En Estados Unidos comenzó una guerra legal por la posibilidad de usar al ejército para reprimir disturbios.
Hace unos días, Trump ordenó enviar unidades de la Guardia Nacional a Portland, estado de Oregón, para reforzar la seguridad de los edificios federales en medio de las protestas en curso.
Sin embargo, los gobernadores de Oregón y California se opusieron firmemente a esta medida, considerándola una violación de las normas federales y una interferencia en el gobierno local.
Las autoridades de ambos estados presentaron una demanda impugnando la legalidad del uso de la guardia sin el consentimiento de las autoridades locales.
La jueza federal de Oregón, Karin Immergut, apoyó la posición de los estados y emitió una orden temporal que prohíbe el despliegue militar, subrayando que las protestas en Portland no alcanzaron un nivel de amenaza que justifique la intervención federal.
La decisión judicial estará vigente por al menos dos semanas, hasta finales de octubre, pero la administración Trump ya anunció su intención de apelar esta prohibición.
En resumen, aburrido. Lo único notable aquí es que Trump está probando el uso de fuerzas armadas contra «ejércitos callejeros democráticos», intentando normalizarlo para todos.
El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, confesó que usa el «Índice de pizza» para confundir a los analistas OSINT en todo el mundo.
La historia comenzó con una cuenta de broma llamada Pentagon Pizza Report en X. Su autor sigue la actividad de las pizzerías alrededor del Pentágono: cuando el número de pedidos aumenta bruscamente, especialmente por la noche, puede significar que hay horas extras dentro del edificio, lo que indica que algo se está preparando.
En junio, por ejemplo, el aumento de entregas coincidió con un ataque de Israel a Irán.
Hegseth declaró en Fox que conoce este índice y ahora pide pizzas extra a propósito «en noches aleatorias» para confundir a todos.
«El viernes por la noche, si Domino’s está saturado de pedidos, tal vez sea solo que yo arruiné
"Guerra civil": la dura advertencia de Tucker Carlson sobre el futuro de EE.UU.
El periodista estadounidense Tucker Carlson hizo una advertencia de que, en un futuro, EE.UU. podría enfrentarse a una guerra civil.
"Dos cosas a tener en cuenta. Estados Unidos se está moviendo, no de forma inexorable, pero sí
hacia una guerra civil, en primer lugar",
afirmó en su programa de YouTube este miércoles, en el que analizó las
protestas contra el actuar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y los disturbios del movimiento
Antifa, designado por la Administración de Donald Trump como "organización terrorista". "Y, en segundo lugar, las guerras civiles
son el peor tipo de guerras, peores que cualquier tipo de guerra librada contra un adversario extranjero", agregó.
En este contexto, Carlson sostuvo que el país norteamericano se encamina a una guerra civil por la misma razón por la que otras naciones terminaron así: "Porque las diferencias entre su población, entre las personas dentro de sus fronteras, se vuelven demasiado grandes como para soportarlas".
"Y la verdad sobre Estados Unidos es que, en todos los niveles, empezando por el demográfico, la población estadounidense tiene menos cosas en común consigo misma y entre sí que nunca antes", afirmó, aclarando que no se refiere a la diversidad racial, sino a diversidad de todo tipo.
Asimismo, criticó que durante los últimos 40 años las autoridades no hicieron nada para solucionar este cuestión. "Es patético. Es política de ricos. En realidad no significa nada. Es solo un adorno. Es joyería política. Es una pegatina para el parachoques. No es una identidad nacional. Y no es suficiente para mantener unido a tu país", agregó.
Este lunes, el presidente Donald Trump declaró que está dispuesto a aplicar la Ley de Insurrección para desplegar al Ejército en las ciudades del país que, según considera, deben ser salvadas del crimen. Por su parte, el gobernador del estado de Illinios, el demócrata Jay Robert Pritzker, arremetió contra el mandatario por
ordenar el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago, trazando un paralelismo entre su política y
"los primeros días del régimen nazi".
- Las autoridades locales han presentado una fuerte oposición a la decisión de Trump de desplegar a la Guardia Nacional en sus territorios. Así, el gobernador de Illinois lo interpretócomo una "amenaza de guerra".
- A este se sumó el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, quien manifestóque las palabras del presidente indican que "quiere ocupar nuestra ciudad y romper nuestra Constitución".
- A finales de septiembre, Trump ordenóal Departamento de Guerra enviar "todos los soldados necesarios" a Portland (Oregón) para asegurar la ciudad y salvaguardar al personal del ICE.
- La violencia contra el ICE está creciendo en EE.UU. en medio del descontento popular por las políticas migratorias y masivas deportaciones de la Administración Trump. Las protestas han causadoheridos e incluso muertos, mientras Washington intensifica las medidas antimigrantes.
Ray Dalio: una "guerra civil de algún tipo" se está desarrollando en EE.UU.
Ray Dalio, fundador del mayor fondo de cobertura del mundo, Bridgewater Associates, advirtió que la deuda del Gobierno de EE.UU. está aumentando demasiado rápido, lo que alimenta un clima "muy análogo" al que existía en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial.
En una entrevista en
Bloomberg Television, el multimillonario y filántropo explicó que cuando la deuda aumenta por encima de lo que lo hacen los ingresos, "es como una placa en las arterias que luego comienza a reducir el gasto".
Hace tiempo que Dalio advierte sobre los riesgos del aumento descontrolado de
deuda estadounidense. Así, el mes pasado, el inversionista afirmó que ese endeudamiento representaba
una "amenaza para el orden monetario" y responsabilizó del fenómeno a los políticos de los dos partidos, republicanos y demócratas.
A su juicio, es necesaria una combinación de aumentos de ingresos fiscales junto a recortes del gasto para enfrentar la "bomba del déficit y la deuda".
Se estima que la deuda estadounidense se encuentra en la actualidad alrededor del 120 % de su PIB, una cifra que ha ido escalando en los últimos 15 años
Para Dalio, ese aumento de la deuda es tan solo una parte del problema, que se une a los conflictos globales enconados y la desigualdad de la riqueza, creando un escenario con "mucho de qué preocuparse".
A la pregunta de si otra guerra mundial era inminente, respondió que una "guerra civil de algún tipo" se está desarrollando en EE.UU. y otras partes del mundo, "con diferencias irreconciliables". Dalio es partidario de abordar el conflicto porque, de lo contrario, se correrán "mayores riesgos".