La creciente concentración de funciones de verificación en manos de entidades privadas, vinculadas a desarrollos tecnológicos y estructuras empresariales complejas, plantea una pregunta incómoda: ¿Quién vigila a quienes deciden qué es verdad y qué no en el espacio público digital?
En los últimos años, la lucha contra la desinformación se ha consolidado como un nuevo eje de poder en el ecosistema informativo europeo. Bajo ese paraguas han surgido organizaciones que se presentan como árbitros neutrales del discurso público, con acceso privilegiado a plataformas digitales y reconocimiento institucional. Sin embargo, un análisis atento de su estructura societaria y de sus vínculos empresariales revela una realidad más compleja, que merece ser observada con espíritu crítico y sin prejuicios.
El caso de Newtral Media Audiovisual S.L., propiedad de Ana Pastor, es paradigmático. La compañía se define públicamente como independiente y sin socios externos. No obstante, en su propia documentación contable reconoce poseer el 58 % del capital de Inar IA Labs & Technologies S.L., conocida comercialmente como Trueflag, una empresa creada para desarrollar herramientas de inteligencia artificial orientadas a la detección de desinformación. El resto del capital social de Inaria no está públicamente identificado, ni tampoco los titulares de participaciones privilegiadas, lo que impide conocer con claridad quiénes son los socios minoritarios y qué intereses pueden concurrir en la compañía.
A esta falta de información se suma un dato relevante: Inaria presenta una prima de emisión superior al millón de euros, una aportación de capital significativa cuyo origen no consta de forma accesible en los registros públicos habituales. Se trata de una información legalmente posible, pero éticamente sensible cuando hablamos de empresas vinculadas a la verificación informativa y al diseño de herramientas que pueden influir en la visibilidad o invisibilidad de contenidos. Newtral e Inaria, además, comparten domicilio social y, según la información disponible, personal técnico, lo que refuerza la percepción de una unidad operativa más allá de la separación formal entre ambas sociedades.
Un aspecto que merece atención se refiere a la financiación y transparencia de los fact-checkers asociados al IFCN cuando poseen participaciones en otras empresas. Por ejemplo, Inaria ha solicitado subvenciones públicas, lo que genera un contraste interesante frente a la narrativa general de independencia que suelen transmitir estos proyectos.
Este modelo no es exclusivo. Maldita.es, otra de las organizaciones de referencia en el ámbito del fact-checking en España, opera a través de una fundación y una asociación sin ánimo de lucro, pero también cuenta con una sociedad mercantil: Botalite S.L., participada íntegramente por la Fundación Maldita. Botalite se dedica al desarrollo y comercialización de herramientas tecnológicas, como chatbots y soluciones automatizadas de información, que pueden ser ofrecidas a terceros. De nuevo, la coexistencia entre verificación, tecnología y actividad comercial no es en sí misma ilegítima, pero sí plantea interrogantes cuando esas mismas organizaciones gozan de un estatus cuasi-institucional para calificar contenidos como fiables o no.
El Código de Principios del IFCN enfatiza la divulgación de fuentes de financiamiento y de la estructura organizativa de los fact-checkers. Por ejemplo, exige que toda organización independiente publique en su web las fuentes de ingreso que aportan el 5 % o más del total del año anterior, y la forma jurídica (ONG, sociedad, etc.). También obliga a declarar la estructura organizativa y quién ejerce el control editorial, e indica que si el fact-checker es solo una sección de un medio mayor, debe hacer una “declaración de propiedad” para clarificar su editor o dueño principal.
En la práctica, estas exigencias suponen que los fact-checkers (o las empresas que los crean) deben autoinformar estos datos. Sin embargo, el código no incluye ninguna norma específica sobre empresas propiedad de socios/empleados, familiares u otras estructuras indirectas. Es decir, aunque pide transparencia general, no regula explícitamente que se deban revelar sociedades vinculadas a miembros clave o familiares. Gran parte de la información proviene de declaraciones responsables de las organizaciones, sin verificación contable independiente más allá de la revisión documental por los evaluadores externos.
En el ámbito de la auditoría y la ética profesional existe el concepto de “amenaza de familiaridad”, recogido en marcos internacionales como el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del IESBA (IFAC), ampliamente reconocido como referencia en materia de independencia y objetividad. Este concepto describe el riesgo de que un evaluador pierda imparcialidad cuando mantiene relaciones personales, familiares o profesionales prolongadas con la entidad evaluada, lo que puede llevarle —consciente o inconscientemente— a ser menos crítico o más indulgente en sus juicios. Aunque el IFCN no menciona explícitamente la “amenaza de familiaridad” en su Código de Principios, sí exige imparcialidad, transparencia y la declaración de conflictos de interés. Sin embargo, no establece un mecanismo específico ni criterios técnicos claros para identificar, evaluar o mitigar este tipo de relaciones cercanas, como sí ocurre en auditorías profesionales. En este contexto, aplicar el concepto de amenaza de familiaridad al sistema de evaluación del IFCN resulta pertinente, ya que permite señalar una zona gris ética: la posible influencia de vínculos personales, ideológicos o laborales en la objetividad de los verificadores, sin que exista una regulación expresa que lo controle de forma sistemática.
Otro aspecto que se pasa por alto en el funcionamiento de las agencias de verificación es la posible existencia de intereses económicos de su personal clave y de personas vinculadas, como familiares o socios, que puedan influir directa o indirectamente en su actividad. En el ámbito contable y fiscal, este riesgo está expresamente reconocido y se imponen obligaciones de transparencia que exigen revelar las relaciones vinculadas, los conflictos de interés y las participaciones económicas relevantes. Sin embargo, en el caso de las agencias de verificación, no se exige un nivel equivalente de información a revelar, a pesar de que su labor incide de forma directa en el debate público y en el ejercicio de la libertad de expresión. El análisis no puede limitarse en exclusiva a la forma jurídica que adopta la agencia de verificación. Por ejemplo, no aportaría nada informar de los principales clientes de una empresa de verificación si se omite los interes que pudieran tener el personal clave mediante lo que suele denominarse la red ( salarios, empresas, familiares, acuerdos, relación, etc)
Ejemplos que han generado debate en España incluyen:
- Ana Pastor, directora de Newtral, ha reconocido públicamente que La Sexta posee una línea editorial definida, aunque ha defendido su intención de desarrollar su labor de verificación “sin ideología”. No obstante, Pastor está casada con Antonio García Ferreras, director de La Sexta, quien ha manifestado en distintas ocasiones que la cadena no oculta su orientación editorial, sosteniendo que esta es conocida por la audiencia y que no existe voluntad de engañar al espectador respecto a su posicionamiento ideológico. Estas declaraciones refuerzan la idea de que La Sexta no se presenta como un medio neutral, sino como un proyecto editorial con una identidad política clara y reconocible, lo que resulta relevante al analizar posibles conflictos de interés y la llamada amenaza de familiaridad.
- Clara Jiménez (Maldita.es) y Antonio Maestre.La cofundadora de Maldita.es trabajó 9 años en el área informativa de La Sexta. Maldita admite que su equipo fundacional provino en “su inmensa mayoría” de profesionales de laSexta. Además, Antonio Maestre – conocido tertuliano de izquierdas– fue asesor externo de Maldita. Estos lazos refuerzan la identidad ideológica percibida de esos fact-checkers
- Mercedes Pastor (hermana de Ana).La propia hermana de Ana Pastor, Mercedes Pastor, ha ocupado puestos de comunicación en varios gobiernos de la oposición (PSOE) y consultoras vinculadas al PSOE. Se destaca que “Mercedes Pastor es una experta en comunicación muy próxima al PSOE”, habiendo desempeñado cargos institucionales bajo gobiernos socialistas. Esto sugiere un círculo de influencias políticas en el entorno de La Sexta y sus colaboradores.
Estos ejemplos ilustran cómo relaciones familiares o laborales pueden crear una red de familiaridad e intereses que incide en la línea editorial. La propia Pastor admitió la existencia de línea editorial en su cadena, confirmando que no es neutral. En conjunto, los vínculos estrechos entre los fundadores de fact-checkers españoles y LaSexta (canal abiertamente alineado a la izquierda) alimentan sospechas de sesgo editorial no explícito.
El IFCN está patrocinado por actores globales y forma parte de redes internacionales. Por un lado, el IFCN es un programa del Poynter Institute, un centro de periodismo con sede en EE. UU. que lidera iniciativas mundiales de verificación. Poynter y el IFCN reciben donaciones de fundaciones internacionales influyentes: en 2019 se informó que IFCN obtuvo fondos de la Fundación Bill & Melinda Gates, Google, Facebook, el National Endowment for Democracy, la Open Society de George Soros, entre otros. En concreto, se señala que “Poynter’s IFCN has received funding from … the Bill & Melinda Gates Foundation … the Omidyar Network, the Open Society Foundations”.
Por otro lado, algunos de los propios fact-checkers afiliados al IFCN están vinculados a organizaciones globales de emprendedores sociales. Un ejemplo es Maldita.es: su cofundadora Clara Jiménez fue reconocida en 2019 como Ashoka Fellow (programa mundial de emprendedores sociales) De este modo, la red de IFCN se alimenta tanto de financiamiento de filántropos internacionales como de conexiones institucionales (Poynter, Ashoka, etc.) que modelan indirectamente su agenda.
Ashoka, aunque se presenta como una red independiente de emprendimiento social, forma parte de un ecosistema global de fundaciones, empresas y actores filantrópicos que comparten agendas, valores y prioridades comunes. Según sus propios informes de impacto y transparencia, en España y Portugal, por ejemplo, el 53 % de sus ingresos proviene de fundaciones internacionales y un 34 % de empresas privadas, mientras que el resto proviene de donaciones individuales y subvenciones públicas. Entre sus principales colaboradores a nivel global se incluyen la Fundación Bill & Melinda Gates, Google.org, la Omidyar Network y la Open Society Foundations de George Soros, además de alianzas estratégicas con consultoras como McKinsey & Company y firmas de comunicación y auditoría. Estas relaciones de interdependencia generan vínculos de influencia que pueden afectar la orientación de los proyectos y líderes que Ashoka apoya, incluyendo aquellos que participan en redes de fact-checking, lo que plantea un debate legítimo sobre la independencia real o percibida de estas organizaciones frente a ciertos intereses globales y agendas filantrópicas.
En cuanto a los evaluadores externos que revisan a los fact‑checkers bajo el Código de Principios del IFCN, la última auditoría de Maldita.es fue realizada por Marcela Costache, sobre la cual no se dispone de información pública adicional. En el caso de Newtral, la evaluación fue realizada por Marcelo Crispim da Fontoura, periodista con experiencia en medios digitales y comunicación móvil, y Professional Fellow del International Center for Journalists (ICFJ), una red global de formación de periodistas financiada en parte por fundaciones y agencias internacionales. Aunque ambos actuaron como asesores para certificar el cumplimiento de criterios de independencia y transparencia, la IFCN no publica perfiles completos de sus auditores, lo que limita la visibilidad de posibles vínculos o influencias externas.
El International Center for Journalists (ICFJ) es una organización sin ánimo de lucro con sede en Washington D.C. fundada en 1984, dedicada a promover el periodismo independiente a nivel mundial mediante programas de formación, talleres, intercambios y becas que capacitan a profesionales de más de 177 000 en unos 95 países. Aunque el ICFJ no publica exhaustivamente su lista de financiamiento en cada perfil de evaluador, se sabe por informes públicos que recibe apoyos significativos, incluidas subvenciones multimillonarias de organizaciones privadas como la Knight Foundation, que aportó 4,4 millones de dólares para programas de periodismo internacional, y fondos gubernamentales de agencias como el Departamento de Estado de EE. UU. que han financiado proyectos específicos de desarrollo de medios en diversas regiones del mundo.
Aunque el IFCN promueve la transparencia respecto a financiamiento y propiedad de las organizaciones de fact-checking, sus normas no contemplan todos los posibles vínculos indirectos, como sociedades de familiares, relaciones laborales previas o conexiones con redes globales de influencia filantrópica y corporativa. El ecosistema de fact-checking, por tanto, puede estar influido por relaciones personales, ideológicas, políticas o internacionales que merecen un análisis crítico. Para fortalecer la independencia y la confianza pública, sería recomendable que el IFCN ampliara sus requisitos de transparencia incluyendo: la declaración explícita de vínculos familiares y relaciones previas con medios o entidades políticas, la verificación documental de la financiación significativa, la publicación de posibles conflictos de interés de directivos y auditores, y la creación de mecanismos de control externo para supervisar estas relaciones. Además, sería útil implementar un protocolo formal para evaluar la amenaza de familiaridad, de manera que cualquier vínculo estrecho que pudiera comprometer la objetividad quede registrado y mitigado, garantizando así que las decisiones de verificación se basen únicamente en criterios técnicos y no en influencias externas.
El problema de fondo no son los intereses —todas las empresas y organizaciones los tienen—, sino el poder que se les otorga sin exigirles estándares de transparencia equivalentes a los de otras profesiones reguladas. A un auditor financiero se le exige declarar no solo sus intereses personales, sino también los de su red profesional y societaria. A un juez se le obliga a abstenerse ante cualquier apariencia de conflicto. Sin embargo, las entidades que hoy influyen de manera directa en la moderación del debate público digital no están sometidas a obligaciones comparables, pese a que su impacto social es enorme. Este poder concentrado es especialmente problemático porque la libertad de expresión, garantizada por la Constitución como derecho fundamental, no puede ni debe estar supeditada a la discrecionalidad de actores privados. Conceder a empresas privadas la capacidad de decidir qué opiniones se publican, qué voces se silencian y qué narrativas se amplifican equivale a delegar en manos privadas un control sobre un derecho que debería ser protegido y regulado por el Estado, bajo criterios claros, transparentes y auditables, y siempre amparado en el artículo 20 de la Constitución Española. Cuando la defensa de la libertad de expresión depende de intereses comerciales o de sesgos internos de estas entidades, se erosiona la esencia misma del debate público democrático.
El debate no debería centrarse en la transparencia formal de las agencias de verificación, sino en el poder estructural que se les ha conferido para intervenir en la circulación de información, afectando a la libertad de expresión reconocida constitucionalmente, sin mecanismos de control ni rendición de cuentas equiparables.
Este hecho evidencia que la cuestión no se resuelve simplemente regulando los estándares internos de estas organizaciones privadas, sino cuestionando el poder y la autoridad que se les otorga para certificar la veracidad y la independencia de terceros, especialmente cuando su influencia puede afectar la percepción pública de medios y fact‑checkers.
La noción de “imparcialidad” se resiente cuando quienes verifican también desarrollan tecnología comercializable, participan en proyectos financiados por instituciones públicas o colaboran con grandes plataformas, y todo ello sin un control externo robusto ni auditorías plenamente transparentes en el plano contable y fiscal. En este contexto, la independencia deja de ser una declaración de principios para convertirse en una cuestión que debe demostrarse con hechos verificables.
La defensa de la libertad de información no pasa por negar la existencia de la desinformación, sino por evitar que su combate derive en un sistema de concentración de poder informativo, donde unos pocos actores privados, poco fiscalizados, deciden los límites de lo decible. La pregunta ya no es solo quién informa, sino quién verifica al verificador. Y esa es una cuestión que una democracia madura no puede permitirse ignorar.
Fuentes: