Ali Zeraatpisheh
El 3 de enero de 2026, tropas estadounidenses llevaron a cabo una agresión militar a gran escala en Venezuela y secuestraron al presidente Nicolás Maduro Moros y a su esposa, Cilia Flores.
Bautizada como “Operación Resolución Absoluta”, comenzó en la madrugada, alrededor de las 02:01 hora venezolana, cuando aeronaves y fuerzas especiales de EE.UU. bombardearon Caracas y otros objetivos con el fin de desbordar las defensas venezolanas y secuestrar al líder democráticamente electo del país.
Ese mismo día, el presidente Donald Trump anunció públicamente la operación, presentando el secuestro ilegal como la supuesta ejecución de cargos estadounidenses por narcotráfico y narcoterrorismo contra Maduro y Flores.
Washington afirmó, sin aportar prueba alguna, que Maduro encabezaba un régimen corrupto que facilitaba el tráfico de cocaína y otros contrabandos hacia Estados Unidos.
Maduro y Flores fueron trasladados por vía aérea a Nueva York, donde comparecieron ante un tribunal federal el 5 de enero y se declararon no culpables de los cargos.
En Caracas, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez juró como presidenta interina.
La agresión estadounidense conmocionó al mundo y generó condenas generalizadas como una violación flagrante de la soberanía y del derecho internacional.
¿Cómo allanó la presión imperialista de EEUU el camino para el secuestro de Maduro?
El rapto de Maduro y Flores no fue un acto aislado, sino el punto culminante de una prolongada campaña imperialista estadounidense que combinó pretextos legales, coerción económica y la amenaza del uso de la fuerza. Los acontecimientos del 3 de enero fueron el resultado previsible de una política que hacía tiempo había desechado la soberanía y el derecho internacional.
La narrativa seudojurídica de Washington comenzó el 26 de marzo de 2020, cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. hizo públicas acusaciones que imputaban a Maduro cargos de narcoterrorismo y tráfico de cocaína, al tiempo que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por su captura.
Maduro era entonces presidente en funciones de Venezuela, con pleno control de las instituciones del Estado. No se presentó ni reconoció ninguna solicitud de extradición. Las acusaciones constituyeron una afirmación unilateral de jurisdicción estadounidense sobre un jefe de Estado extranjero, en abierta violación de las normas jurídicas internacionales.
Estas imputaciones siguieron a años de guerra económica. El 1 de agosto de 2017, EE.UU. impuso sanciones financieras que restringieron severamente el acceso de Venezuela al crédito internacional.
La presión se intensificó el 5 de agosto de 2019, cuando Washington congeló activos estatales venezolanos bajo su control y prohibió la mayoría de las transacciones con el gobierno. Caracas denunció formalmente la medida como un bloqueo económico destinado a forzar el colapso del régimen mediante el estrangulamiento financiero.
Las autoridades venezolanas también señalan la Operación Gedeón, del 3 de mayo de 2020, cuando operativos armados vinculados a una empresa privada con sede en EE.UU. intentaron capturar a Maduro por vía marítima. Pese a las negaciones de Washington, la operación evidenció que la remoción violenta del presidente venezolano ya formaba parte del pensamiento estratégico estadounidense.
A partir de agosto de 2025, Washington intensificó su postura militar, desplegando aeronaves, fuerzas navales y unidades de operaciones especiales en el Caribe, cerca de aguas venezolanas, como señal de preparación para una intervención directa.
Esta trayectoria recibió cobertura estratégica con la Estrategia de Seguridad Nacional (NSS, por sus siglas en inglés) publicada el 4 de diciembre de 2025, que reafirmó al hemisferio occidental como zona de dominación estadounidense.
Analistas describieron el documento como un resurgimiento de la lógica de la Doctrina Monroe, que concibe a América Latina no como un conjunto de Estados soberanos, sino como un territorio sujeto al imperialismo de Estados Unidos.
¿Cómo instrumentalizó EEUU reclamaciones seudolegales para legitimar el uso de la fuerza?
Washington presentó el secuestro extrajudicial de Maduro y Flores como una acción rutinaria de aplicación de la ley, pero el razonamiento jurídico funcionó como una cobertura ex post facto de una operación militar.
Funcionarios estadounidenses aludieron a las acusaciones de 2020 para justificar el secuestro, cuando en realidad ningún tribunal de EE.UU. emitió una orden de arresto ejecutable en territorio venezolano ni autoridad venezolana alguna consintió la operación.
Los fiscales estadounidenses se apoyaron en estatutos que afirman jurisdicción extraterritorial —en particular leyes federales sobre narcóticos y terrorismo ampliadas entre 1986 y 2001— para atribuirse autoridad sobre nacionales extranjeros cuyas supuestas acciones habrían afectado a EE.UU. Estas afirmaciones se reiteraron en escritos judiciales presentados en Manhattan el 5 de enero. En ningún momento Washington afrontó la contradicción entre su legislación interna y las normas internacionales vinculantes que protegen la soberanía estatal.
Maduro, investido para su mandato más reciente el 10 de enero de 2025, gozaba de inmunidad absoluta como jefe de Estado en funciones conforme al derecho internacional, incluida la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961), de la que EE.UU. es signatario.
No se presentó, negoció ni aprobó solicitud alguna de extradición, y la operación violó el artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas (1945), que prohíbe el uso de la fuerza contra otro Estado. No se invocó ni la legítima defensa ni autorización de la ONU.
¿Cómo ha moldeado la Doctrina Monroe la arquitectura del imperialismo hemisférico estadounidense?
El secuestro de Maduro y Flores se inscribe en una larga historia de pretensiones estadounidenses de autoridad sobre América Latina. La Doctrina Monroe, anunciada el 2 de diciembre de 1823, advirtió inicialmente a las potencias europeas contra la intervención en el hemisferio occidental. Aunque formulada en clave anticolonial, evolucionó rápidamente hacia una doctrina de supremacía y hegemonía de Estados Unidos.
Esta lógica imperialista se formalizó con el Corolario Roosevelt del 6 de diciembre de 1904, que reivindicó un supuesto derecho estadounidense a ejercer un “poder de policía internacional” sobre Estados latinoamericanos calificados de inestables o corruptos. En la práctica, legitimó intervenciones militares reiteradas, como la ocupación de Haití (28 de julio de 1915), la invasión de República Dominicana (28 de abril de 1965) y el ataque a Panamá (20 de diciembre de 1989).
Aunque la Doctrina Monroe y sus corolarios son declaraciones unilaterales sin validez jurídica internacional, sucesivas administraciones estadounidenses las han tratado como mandatos estratégicos vinculantes. El 22 de enero de 2019, el entonces asesor de Seguridad Nacional John Bolton reactivó explícitamente la doctrina en referencia a Venezuela, cuando Washington reconoció al opositor Juan Guaidó como “presidente interino”, pese al control efectivo de Maduro sobre las instituciones estatales.
Esta postura culminó en la NSS de diciembre de 2025, que designó al hemisferio occidental como dominio estratégico prioritario de Estados Unidos. Altos funcionarios enmarcaron las acciones coercitivas como necesarias para bloquear a potencias rivales y presuntas redes criminales, un lenguaje que remite a la justificación histórica de la Doctrina Monroe para la intervención unilateral.
Vista en este continuo, la captura de Maduro no constituye una anomalía, sino la expresión más reciente de una política imperialista de dos siglos en la que las pretensiones estadounidenses de seguridad, orden y legalidad prevalecen sobre la soberanía latinoamericana.
¿Cómo tradujo el “corolario Trump” la doctrina en intervención directa?
La NSS del 4 de diciembre de 2025 formalizó lo que analistas denominan el “corolario Trump” de la Doctrina Monroe, reafirmando explícitamente la autoridad de EE.UU. sobre el hemisferio occidental. El documento presentó a la región como un espacio de competencia estratégica en el que tanto las potencias rivales como los propios gobiernos independientes eran caracterizados como amenazas a la seguridad estadounidense.
En conferencias de prensa del 5 y 15 de diciembre de 2025, altos funcionarios sostuvieron que la “estabilidad” hemisférica exigía acciones preventivas para bloquear influencias externas. Este corolario reempaquetó las doctrinas de Monroe y Roosevelt como un mandato operativo: EE. UU. se reserva el derecho de intervenir militar, económica o políticamente para remover gobiernos considerados hostiles, desafiantes o insuficientemente complacientes.
En la práctica, esta doctrina orientó la escalada de acciones contra Venezuela mucho antes del 3 de enero de 2026. El 20 de diciembre de 2025, un funcionario del Pentágono declaró que “todas las opciones están sobre la mesa” para impedir que Venezuela se convirtiera en un punto de apoyo estratégico de potencias rivales, una alusión velada a la presencia económica china y rusa.
El corolario reformuló la coerción como defensa. Al etiquetar a Estados independientes como “amenazas”, EE.UU. normalizó el despliegue de inteligencia, fuerzas especiales y guerra económica. La NSS operacionalizó el control hemisférico sin declaraciones de guerra ni autorizaciones multilaterales.
El secuestro de Maduro y Flores se derivó directamente de esta lógica. Combinado con sanciones y operaciones encubiertas, el corolario proporcionó el andamiaje jurídico e ideológico para la intervención, presentando el rapto militar como una medida de seguridad legítima mientras relegaba la soberanía, la inmunidad y el derecho internacional.
¿Por qué Venezuela es estratégicamente central en la política imperialista de EEUU?
La relevancia de Venezuela para la política estadounidense se fundamenta en el poder material y la geografía. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo crudo del mundo, estimadas en 303 000 millones de barriles —alrededor del 17 % de las reservas globales—, superando incluso a Arabia Saudí. Concentradas principalmente en la Faja del Orinoco, estas reservas representan una riqueza inmensa y un apalancamiento energético de largo plazo.
El petróleo estructuró durante generaciones las relaciones bilaterales. Estados Unidos fue uno de los principales compradores de crudo venezolano hasta comienzos de la década de 2000. Esa relación se quebró tras las sanciones impuestas a PDVSA (empresa estatal Petróleos de Venezuela) en enero de 2019, que cortaron el acceso a refinerías estadounidenses y congelaron miles de millones de dólares en activos.
La geografía intensifica aún más el interés estadounidense. La costa caribeña de Venezuela, su acceso a rutas marítimas clave y su proximidad a Colombia, Guyana y la cuenca atlántica la convierten en un nodo logístico crítico para el tránsito energético, el control migratorio y la planificación militar. Evaluaciones del Comando Sur de EE.UU. han identificado reiteradamente el norte de Sudamérica como un corredor estratégico para operaciones de seguridad y energía.
La guerra económica ha sido sistemática. Entre 2017 y 2024, EE.UU. impuso cientos de sanciones a funcionarios, instituciones y sectores clave venezolanos, asfixiando el acceso a la banca internacional, bloqueando aditivos y repuestos para combustibles y restringiendo la financiación humanitaria. Observadores independientes documentaron que estas medidas agravaron significativamente el colapso económico estructural del país.
La NSS vinculó explícitamente esta presión a la competencia estratégica, subrayando la necesidad de impedir que potencias rivales ganen posiciones en el hemisferio. Las alianzas energéticas y de infraestructura de China y Rusia en Venezuela fueron implícitamente presentadas como amenazas, militarizando aún más la política estadounidense.
¿Cómo fracturó el secuestro de Maduro las normas hemisféricas y la diplomacia internacional?
El secuestro de Maduro desencadenó una crisis diplomática inmediata, poniendo de relieve profundas divisiones globales en torno a la soberanía, el uso de la fuerza y los límites del poder estadounidense en el hemisferio occidental.
En cuestión de horas, Venezuela denunció la operación como un “secuestro armado” y un acto de agresión, anunciando que llevaría el caso por vías diplomáticas y jurídicas internacionales. El 4 de enero de 2026, Caracas obtuvo una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para impugnar formalmente la acción.
En la sesión del 6 de enero, potencias importantes condenaron la incursión estadounidense como una violación manifiesta de la soberanía y del derecho internacional. China calificó la operación de “unilateral, ilegal y coercitiva”. Rusia la describió como “agresión armada”, advirtiendo que señalaba un retorno a la ilegalidad imperialista. Argelia y otros países expresaron preocupaciones similares, mientras que el embajador de Colombia afirmó que la intervención evocaba “las peores injerencias” de la historia regional.
Más allá del Consejo de Seguridad, decenas de países —entre ellos Brasil, Chile, México y Sudáfrica— emitieron condenas públicas, calificando la acción como una ruptura de las normas internacionales y no como una aplicación legítima de la ley. Gobiernos de África y Asia advirtieron que la operación socavaba el orden jurídico internacional posterior a 1945. Funcionarios de la ONU alertaron de que tratar el derecho penal extraterritorial como justificación para el uso de la fuerza sentaba un precedente peligroso.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán emitió un comunicado formal condenando enérgicamente el ataque militar estadounidense contra Venezuela, calificándolo de claro acto de agresión y de violación flagrante de la soberanía y la integridad territorial venezolanas.
Las reacciones en América Latina fueron dispares. Bolivia, Cuba y Nicaragua denunciaron la incursión y reafirmaron su apoyo a la legitimidad de Maduro. En Cuba, manifestaciones masivas equipararon la operación con una agresión neoimperialista. En contraste, gobiernos alineados con Washington emitieron comunicados cuidadosamente redactados instando al respeto de los “procesos judiciales”, evitando condenar el uso de la fuerza.
Los organismos multilaterales regionales reflejaron esta fractura. Una sesión especial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) evidenció una profunda inquietud por el precedente sentado por la acción estadounidense, pero no logró una declaración unificada. La Organización de Estados Americanos (OEA) declinó convocar una reunión de emergencia.
Juristas y diplomáticos advirtieron que la incursión erosionó principios del orden posterior a 1945, en el que la soberanía y la no injerencia debían contener la violencia de las grandes potencias. Muchos sostuvieron que lo que Washington denominó aplicación de la ley fue, en realidad, el uso unilateral de la fuerza sin consentimiento ni mandato multilateral.
El secuestro ha pasado a ser percibido no como una disputa bilateral, sino como un caso de prueba para el propio sistema internacional, en el que la soberanía del Sur Global queda supeditada a la aprobación de EE.UU., en lugar de estar protegida por normas universales.
Mr. Marco Rubio: Un charnego agradecido
Jorge García-Contell
Me disponía a escribir sobre el monumental puñetazo que el pasado 3 de enero dio Donald Trump sobre la ya maltrecha mesa del derecho internacional público y, materialmente, sobre la cabeza de Nicolás Maduro. Después de garabatear unas cuantas líneas, tuve que admitir que no iba a aportar novedades sobre un asunto que otros antes ya abordaron, probablemente con profundidad y acierto superiores a mis capacidades. A fin de cuentas, ya se ha escrito sobre el pertinaz desprecio de los EE. UU. a la soberanía de las naciones terceras, al menos desde la anexión en 1819 de la Florida española e, ininterrumpidamente, hasta anteayer. Y sobre sus estrategias de falsas bandera, tan repetidamente empleadas por el coloso yanqui. Y sobre la cínica sinceridad del hoy presidente gringo, al proclamar a los cuatro vientos que la usurpación y dominio del petróleo venezolano son el principal y apremiante propósito de su agresión militar. Y sobre la servil sumisión de Abascal y su partido a cualesquiera tropelías que el magnate anglocabrón pueda perpetrar. Y sobre el triste papel de perrillo dócil que la Unión Europea desempeña meneando el rabo y mirando de reojo a su amo. Sobre todo esto y algunas cosas más ya otros razonaron y explicaron prolijamente, pero no en cambio sobre la memorable rueda de prensa posterior a la «Operación Resolución Absoluta», la incursión de las fuerzas norteamericanas en la ciudad de Caracas y el secuestro del presidente de aquella república.
La imagen permanecerá grabada indeleblemente en nuestra memoria: en su mansión de Mar-a-Lago (Florida), Trump comparece ante un selecto grupo de periodistas para dar cuenta de la última tropelía perpetrada por los «hombres de ojos sajones y alma bárbara» en «la América ingenua que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla en español»; así cantaba Rubén Darío y su canto era profecía. Trump presidía la escena, flanqueado por sus notables, sus barones: sus ricoshombres diríamos, si de un rey cristiano se tratase. No es el caso, pues ni la testa del yanqui ha sido ungida con óleo, ni cristiano es el judeocalvinismo constitutivo de los EE. UU., y tampoco quienes le acompañaban eran honorables gentilhombres. Nada de eso; el plutócrata de modales de arrabal y arrogancia de gañán se personaba rodeado de una tríada de secuaces, de sicarios prestos a cualquier desmán y prestos al contradiós. Los dos primeros fueron Pete Hegseth, secretario de Guerra, que intervino para informar sobre la incursión filibustera en Caracas, y Dan Caine, general de la fuerza aérea y presidente del estado mayor conjunto, quien proporcionó información técnica sobre los pormenores tácticos de la captura de Nicolás Maduro. Pero el que me interesa especialmente es Marco Rubio, secretario de Estado (ministro de Exteriores) y antiguo rival de Trump en las primarias republicanas de 2015, que ofreció detalles sobre el gobierno transitorio -y títere- de Venezuela.
Hijo de emigrantes cubanos, ambos camareros instalados en Miami desde antes de la revolución castrista, licenciado en Derecho con meteórica carrera política en las filas conservadoras hasta hoy. Rubio ofreció la coartada que necesitaba Trump: sostuvo que Maduro no era presidente legítimo, sino prófugo de la justicia estadounidense, imputado desde 2020 por delitos de narcoterrorismo y corrupción. Señaló que la intervención se sustentaba en estas acusaciones y en la necesidad de afrontar lo que Washington considera una amenaza directa para la seguridad hemisférica: «Esto es algo muy simple: se trata de los intereses nacionales de Estados Unidos […] mantendremos nuestra postura de fuerza para asegurar que se detenga el flujo de drogas y que los recursos del país beneficien al pueblo venezolano, no a la corrupción». Seguidamente, mencionó que los EE. UU. tienen un plan para incautar y vender entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo para financiar la «transición y estabilización» de Venezuela y dirigirla «hacia donde EE. UU. considera beneficioso tanto para los venezolanos como para sus propios intereses nacionales».
Existe una coincidencia sustancial entre la razia en territorio venezolano y el centenar largo de anteriores incursiones yanquis en Hispanoamérica a lo largo de la historia: invariablemente, los Estados Unidos se atribuyen el papel de víctima agredida. Las tramas de narcotráfico, supuestamente organizadas por Maduro, inevitablemente, nos evocan la voladura del Maine (1898), el incidente del golfo de Tonkín (1964) o los atentados del 11-S en Nueva York (2001) como pretexto para la invasión de Irak. Pero son insoslayables dos diferencias sumamente llamativas. En primer lugar, se ha renunciado a invocar la defensa de los derechos humanos, la libertad o la democracia, palabrería vacua muy querida y usada por el sheriff global. En segundo término, aquí y ahora figura un hispano al mando. Un hispano incuestionable: no ha abandonado su lengua materna y sigue usando el español con soltura y fluidez, está casado con otra hispana -colombiana por más señas- y profesa públicamente el catolicismo. Y lo más importante -desde el punto de vista del establishment gringo- es que se trata de un buen hispano, entusiasta de la hegemonía norteamericana, por encima y a despecho de los estados hispánicos al Sur del río Bravo. Al margen de su identidad étnica y lingüística, Rubio asumió como propios y preferentes los principios y la cosmovisión de la (todavía) mayoría anglosajona. Con nombre y apellido inequívocamente foráneos, pero ideológicamente indistinguible del grupo dominante, se ha esforzado desde la infancia por asimilarse al paradigma dominante y acreditar su fiabilidad inequívoca en defensa de los intereses de los EE. UU. Ha vencido la instintiva repugnancia de los anglos hacia los inmigrantes grasientos.
Lo más fascinante de este fenómeno de elección y correlativa aceptación es su paralelismo con casos muy próximos al lector español. El País Vasco y Cataluña, las dos regiones de precoz y privilegiada industrialización, recibieron la numerosa afluencia de mano de obra procedente de otras regiones no tan afortunadas de una España y estas masas de trabajadores humildes no tardaron en convertirse en objeto del desprecio y la animadversión de las élites locales, aquellas oligarquías que desde finales del siglo XIX elaboraban su constructo ideológico etnoseparatista, verdadera palanca de presión que -más de cien años después- sigue procurando privilegios y beneficios. Los andaluces, extremeños o murcianos, que bailaban otros ritmos y cantaban en otra lengua, no tardaron en recibir el estigma del epíteto denigrante: maketo (invención personal del desequilibrado Sabino Arana) en el País Vasco y xarnego en Cataluña. Precisamente en tierras catalanas surgiría un tipo humano singular -manso, sumiso, dúctil- cuyo afán de ser admitido por los poderosos le llevaría a asumir los prejuicios identitarios de la oligarquía, hasta el punto de sobresalir en un sobrevenido afán separatista. Me refiero al llamado xarnego agraït (charnego agradecido): un aragonés -o manchego, o castellano- que renegaba de su origen y de la que hasta entonces consideraba su patria, que se expresaba preferentemente en catalán, despreciaba a sus paisanos y adulaba a los oligarcas micronacionalistas con la intención de que estos últimos llegasen a considerar su oscuro ombligo charnego tan digno de obsesiva contemplación como los níveos ombligos de soca i arrel (de pura cepa). Un ejemplo contemporáneo muy representativo es el dirigente y parlamentario Juan Gabriel Rufián Romero, de ERC, nacido en Santa Coloma de Gramanet y descendiente de jienenses y granadinos. Por su parte, el presidente autonómico vasco, Imanol Pradales Gil, encarna como maketo voluntarioso el perfecto correlato del charnego agradecido. Nacido en Santurce, declarado e indisimulado independentista, ostenta dieciséis apellidos castellanos de Burgos, Valladolid y Santander y no ceja en su propósito de erradicar el uso oficial del español y convencer a los inmigrantes de Ghana, Senegal y Marruecos de que el vascuence, y no el idioma de Unamuno y Baroja, es el idioma de todo buen vasco. En cualquier caso, Rufián y Pradales son apenas mequetrefes irrelevantes, vocingleros de caserío, matasietes aldeanos y no son comparables con Rubio. En una competición de charnegos agradecidos Rubio sería campeón indiscutible, mientras Rufián y Pradales le servirían café y llevarían la prensa, a lo sumo. El mérito debe determinar la jerarquía y es justo que los próceres de valía sean recordados por sus logros: la memoria de Marco Rubio -además de ser asociada a la de otros traidores insignes, como Marco Junio Bruto, Judas Iscariote o el conde Don Julián- debe perpetuarse con un sobrenombre. Humildemente, propongo que en lo sucesivo nos refiramos a Mr. Marco Rubio con el apelativo de «el charnego agradecido cum laude».