En agosto de 2009, el investigador Policarpo Sánchez, usuario habitual del Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, que guarda el archivo de la Guerra Civil, comprobó que la devolución de documentos incautados a la Generalitat de Cataluña se estaba produciendo de forma arbitraria, en algunos casos. En septiembre de 2009 envía una carta al Ministerio de Cultura expresando su preocupación e inquietud por cómo se está aplicando la ley que establecía la devolución a la Generalitat catalana de los documentos apropiados por los organismos represivos durante la Guerra Civil a las personas y entidades que sufrieron su incautación. No hubo respuesta. En julio de 2011 decide hacer pública su denuncia, acompañada de testimonios documentales.
En los primeros años, trabajó prácticamente solo, pero con un apoyo documental exhaustivo. Ahora le respalda un abogado, un acta notarial levantada en el Archivo de Salamanca y el convencimiento de que se ha cometido "fraude de ley" en buena parte del proceso. La sentencia del Tribunal Constitucional del pasado año declarando conforme a la ley la transferencia de documentación, introducía un matiz fundamental que apoya toda sus tesis. Dice el Alto Tribunal que la entrega no es incondicional, sino que tiene como objetivo su restitución a los propietarios originarios o a sus sucesores. Y añade: "Si la transferencia de los documentos se produce a los efectos de ser restituidos, y esta restitución no se puede producir, por no haberse podido acreditar la titularidad de los mismos, tales documentos siguen integrando un archivo de titularidad estatal".
Entre esa documentación entregada a la Generalitat figuran cientos de papeles de la Agrupación de Socialistas Asturianos en Barcelona y del Centro Asturiano de Barcelona. La Junta General del Principado aprobó por unanimidad, en abril de 2013, que Asturias reclame a Cataluña su devolución.
-¿Qué solicitó a la Generalitat de Cataluña?
-En febrero de 2013 solicitamos oficialmente la devolución de los papeles que la Generalitat recibió vulnerando la ley. Lo que le pedíamos es que cumpliera la ley y como, días antes, también se había publicado la sentencia del Tribunal Constitucional en la que se indica que toda documentación que no ha sido restituida a sus legítimos propietarios sigue siendo parte del archivo estatal y tiene que ser devuelta al Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, le pedíamos que cumpliera la ley y la sentencia. En definitiva, lo que solicito a Cataluña, lo que Cataluña rechaza y lo que voy a pedir al juez es el acatamiento de una sentencia.
-¿Ha recibido ya la respuesta de la Generalitat?
-Tras once meses de estrategia dilatoria y la presentación de un recurso de alzada ante el silencio administrativo, volvimos a reclamar la devolución y el pasado 14 de enero, el consejero de Cultura de Cataluña, Ferra Mascarell, nos respondió rechazando nuestra solicitud. Persiste en el incumplimiento de la ley y en el no acatamiento de las sentencias del Constitucional, como viene ocurriendo con la enseñanza de español y otras.
-¿Qué hará ahora?
-En esa misma respuesta, el consejero nos informa que, contra esa resolución, cabe un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y nos da un plazo de dos meses. Nosotros recibimos la comunicación el día 24 de enero y tenemos de plazo hasta el 24 de marzo para denunciar a la Generalitat. Y presentaré la denuncia.
-¿Reclama sólo en su nombre o cuenta con el respaldo de particulares o instituciones expoliadas?
-Este problema afecta a diecisiete provincias de ocho comunidades autónomas. Estoy hablando con muchos de los afectados y ya tenemos autorización para representarles de varios particulares.
-La pasada semana la consejera de Cultura de Asturias dijo en la Junta que reclamaría a la Generalitat la devolución de los documentos de la Federación Socialista Asturiana, pero para que volvieran a Asturias y no al Archivo de Salamanca. ¿Es eso posible?
-Siguiendo estrictamente el cumplimiento de la ley, la devolución de los papeles debe ser al archivo de origen, es decir al estatal de Salamanca. Hoy por hoy, lo único que puede hacer el juez es devolverlos al lugar del que salieron. Su posterior retorno a Asturias requeriría otro procedimiento.
-¿Confía en su retorno al archivo estatal?
-En esta batalla legal me habría gustado que no hubiera ni vencedores ni vencidos. Habría bastado con que la Generalitat catalana acatara la ley y cumpliera la sentencia del Constitucional, ahora nos vemos obligados a acudir a los tribunales. En el propio escrito que nos ha enviado, el consejero Ferra Mascarell reconoce que han recibido documentación que no cumple la ley. Según el Constitucional si salieron de manera ilegal sólo queda un camino, su retorno al archivo estatal.
-Uno de los aspectos más sólidos de su denuncia son los documentos. En alguno de ellos demuestra que Rogelio Blanco, director general del Libro con el gobierno socialista de Zapatero y en el actual de Mariano Rajoy, mintió. Y lo hizo sobre documentos asturianos.
-Hay una orden ministerial del 19 de julio de 2011 firmada por Rogelio Blanco de envío de documentos, con un anexo documental en el que se dice que van, entre otras, dos cajas de documentos de la Agrupación de Socialistas de Asturias en Barcelona, concretamente la 1191,2 y la 1192,2, como yo había denunciado. El 5 de octubre, Blanco remite una carta al entonces consejero de Cultura de Asturias, Emilio Marcos Valllaure, en la que le dice que mi acusación es falsa y que nunca ha salido de Salamacanca la documentación de los socialistas asturianos. Con fecha 6 de octubre, un día después, se devuelven en secreto al Archivo de Salamanca desde Barcelona esas dos cajas, "por error en el envío" dice un informe del director del archivo Manuel Melgar. Días después Rogelio Blanco se fotografía con los documentos de esas dos cajas para demostrar que esos papeles siguen en Salamanca "porque no le corresponden a Cataluña y porque Asturias no los pidió en su momento". Mintió y lo pondré en conocimiento del juez.
-¿Hay más documentación en Cataluña de las mismas características?
-Sí. El 22 de febrero de 2013 se personó un notario en el Archivo de Salamanca para levantar acta y compró que no están en el archivo estatal varios expedientes relacionados con los papeles de Asturias.
-Una comisión mixta del gobierno del Estado y de la Generalitat se encargó de seleccionar el material que debía ser enviado a cataluña. ¿Cómo es posible tanta ligereza?
-Identificaron incorrectamente la documentación para que encajara dentro de la ley y, una vez en Cataluña, otorgaron la titularidad de la documentación a una personalidad jurídica diferente a la realmente titular, con el objetivo de que la documentación se quedara en la Generalitat. Y esto es un fraude de ley.
-Cite algunos ejemplos.
-La Agrupación de Socialistas Asturianos crea una filial en Sabadell para atender a los evacuados de la Guerra Civil en la ciudad catalana, y la Generalitat la atribuye a la Agrupación de Socialistas de Sabadell. Otro es el libro de actas del Centro Asturiano de Barcelona, que se constituye en 1930. Aquel centro como personalidad jurídica desapareció y el actual se constituye en 1953 con otra personalidad jurídica. Otro caso es el de la CNT. Se inventan una CNT creada en 1995 y le otorgan la titularidad de la documentación de ese sindicato de la guerra. La CNT también lo ha llevado a los tribunales. Otros más, el "Frente rojo" era un periódico del PCE, hay correspondencia de sus responsables con un tal Luis Bonell, receptor de las cartas, y es a este último a quien atribuyen la propiedad. También hay cosas chuscas. En la caja 46 del PSOE de Barcelona, expediente 9 hay documentación del Centro de Asturias en Cataluña y uno de los folios, el número 25, pertenece al Ministerio de Cultura actual, como se puede ver en el escudo constitucional. Esos son los controles rigurosos y científicos de los que hablaba Rogelio Blanco.
-¿Es mucha la documentación de los socialistas asturianos trasladada a Cataluña?
-Es una cantidad voluminosa, generada por los socialistas asturianos que se refugiaron en Barcelona a partir de octubre de 1937. Fue ilegal su envío, como el propio gobierno estatal reconoce al devolver esas dos cajas al Archivo de Salamanca, y el propio consejero de Cultura catalán admite en el escrito que nos envió el pasado mes que la documentación de los refugiados no les puede pertenecer. Hay, además, papeles del propio gobierno de Asturias que opera en el propio Centro Asturiano de Barcelona. No podemos determinar con exactitud cuántos documentos de Asturias están en Cataluña porque no han dejado copia digital de todos en Salamanca, tal y como obliga la ley y la propia Orden Ministerial de salida. Por otra parte, esto no pertenece a la memoria de Cataluña sino a la de Asturias.