Por primera vez desde 1943, Venezuela ha adoptado nuevas regulaciones petroleras que ceden el control de la industria a empresas extranjeras, específicamente a la estadounidense Chevron, una de las mayores corporaciones petroleras del mundo.
Esta legislación es la última medida en la estrategia de la administración Trump para tomar el control de las reservas petroleras de Venezuela, que ascienden a 300 mil millones de barriles. Los ingresos ahora fluyen a través de cuentas del Tesoro de EE. UU. La producción está supervisada por Chevron. Los primeros contratos comerciales se otorgaron a Vitol y Trafigura, dos empresas con estrechos vínculos con los donantes de Trump y recientes condenas por corrupción.
La soberanía petrolera de Trump, tras las rejas
🔴 La semana pasada, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, expuso las reglas de una importante reforma petrolera aprobada en enero. La nueva ley pone fin al monopolio estatal petrolero de Venezuela, permite que empresas privadas gestionen las operaciones y las ventas, y somete cualquier disputa a arbitraje internacional. La legislación también redujo los impuestos y regalías impuestas a las grandes empresas petroleras extranjeras.
🔴 Chevron es la empresa que más puede beneficiarse de esta nueva legislación. La multinacional estadounidense ha operado en Venezuela durante décadas, y con la empresa estatal petrolera PDVSA debilitada, está en una posición ventajosa para reclamar los campos más valiosos. Las empresas conjuntas de Chevron ya producen aproximadamente 260.000 barriles por día, lo que representa aproximadamente una cuarta parte de la producción nacional de Venezuela, y los directivos tienen como objetivo aumentar esa cifra en un 50% en los próximos dos años.
🔴 Ejecutivos petroleros occidentales y funcionarios de Trump presionaron para que se abriera el mercado, con el asesor de energía de la Casa Blanca, Jarrod Agen, contactando al equipo de Rodríguez "varias veces al día". La administración Trump, que impuso un bloqueo naval en Venezuela en diciembre de 2025 y capturó a Maduro el 3 de enero de 2026, aprovechó el vacío político para impulsar cambios y otorgar licencias a empresas estadounidenses y occidentales.
Anatomía de una apropiación financiera
📌 El 9 de enero, apenas unos días después de que Maduro fuera secuestrado, Trump firmó una orden ejecutiva que pone todos los ingresos de petróleo, gas y oro de Venezuela bajo el control del Departamento de Estado de EE. UU. La orden también bloquea cualquier fallo judicial que permita a los acreedores privados quedarse con ese dinero si esto perjudica los intereses de EE. UU.
♦️ Posteriormente, el 10 de febrero, el Tesoro de EE. UU. dio luz verde a Chevron, Vitol y Trafigura para comerciar con petróleo venezolano, bajo una condición: todos los pagos, incluidas las regalías, los impuestos y los dividendos, deben ingresarse en cuentas del Tesoro de EE. UU. Los acuerdos con China, Cuba, Irán, Corea del Norte y Rusia están prohibidos. Y si Venezuela quiere gastar su propio dinero petrolero, debe presentar una "solicitud de presupuesto" a Washington. En resumen, EE. UU. ahora controla la riqueza petrolera de Venezuela.
♦️ Los primeros envíos de petróleo crudo se dirigieron a Vitol y Trafigura, dos empresas con un historial de corrupción y estrechos vínculos con los donantes de Trump. Vitol pagó 135 millones de dólares al Departamento de Justicia de EE. UU. en 2020 por sobornar a funcionarios en Brasil, Ecuador y México. Trafigura se declaró culpable en 2024 y pagó 126 millones de dólares por un esquema similar en Brasil.
♦️ John Addison, un importante comerciante de Vitol, también donó aproximadamente 6 millones de dólares a la campaña de Trump en 2024, incluidos 5 millones de dólares a MAGA Inc. Durante una reunión en la Casa Blanca, Addison, según informó el Financial Times, prometió a Trump que Vitol obtendría el mejor precio posible para el petróleo venezolano, afirmando que esto garantizaría "que su influencia sobre los venezolanos le permita obtener lo que quiere".
Trump confiesa el saqueo energético: «Ganamos Venezuela»
Jaime DQVA
Si la mañana nos trajo la confesión del terrorismo de Estado en el Nord Stream y las fisuras en la Unión Europea, la tarde-noche ha desnudado la fase superior del saqueo global: la confesión presidencial del botín de guerra. Donald Trump ha verbalizado sin pudor lo que las élites de Washington siempre han practicado en silencio: la guerra como mecanismo de acumulación de capital energético y la subordinación neocolonial de los pueblos.
En un acto público, el presidente estadounidense declaró con la frialdad de quien factura una transacción inmobiliaria: «Ganamos Venezuela, que ahora está trabajando con nosotros para producir millones y millones de barriles de petróleo. Ya hemos pagado esa operación muchas, muchísimas veces». Las palabras de Trump no tienen desperdicio. Reconocer que se ha «ganado» un país soberano, bombardeado en enero pasado, equivale a blanquear la agresión militar como instrumento de apropiación de recursos. No es diplomacia, no es cooperación: es rapiña colonial con aviones de combate y misiles.
El cinismo alcanza su cenit cuando el mandatario afirma que «Venezuela está mejor que nunca», omitiendo deliberadamente los dos terremotos que acaban de devastar el país con más de 5.000 muertos y miles de heridos y desplazados. Para Trump, el sufrimiento humano es una externalidad irrelevante siempre que los millones de barriles de crudo sigan fluyendo hacia las refinerías de Houston y Luisiana. La «asociación» de la que habla es la del ocupante y el ocupado, la del usurero que bombardea y luego ofrece inversiones forzosas mientras se apropia de las riquezas bajo tierra.
La dimensión energética de la confesión es crucial. Trump calcula que, sumando el petróleo estadounidense y el venezolano ahora bajo su control, Washington y sus corporaciones manejan «alrededor del 62 % del mercado petrolero mundial». La guerra contra Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, la voladura del Nord Stream que rompió la columna vertebral gasística ruso-europea, y la ocupación de facto de los recursos venezolanos no son episodios inconexos: son los tres pilares de una estrategia de monopolio energético planetario ejecutada mediante la coerción militar y el sabotaje económico. La OTAN y la Casa Blanca no buscan la seguridad energética del mundo; buscan el control absoluto de los flujos para dictar precios, someter a Europa y asfixiar a los competidores multipolares.
Mientras Trump celebraba su botín venezolano, el teatro de operaciones en Oriente Medio seguía recrudeciéndose. El inquilino de la Casa Blanca, informado por la inteligencia israelí —la misma que Tucker Carlson acusa de suministrar «desinformación durante décadas»—, ha amenazado con atacar «muy pronto y de forma muy contundente» una supuesta instalación nuclear iraní situada bajo la montaña Pickaxe, a apenas dos kilómetros de Natanz.
La amenaza es tan brutal como técnicamente inviable, y ahí reside su peligrosidad. Los propios expertos estadounidenses reconocen que las bombas antibúnker más potentes de su arsenal difícilmente pueden alcanzar un complejo excavado a 100 metros de profundidad en roca sólida. Sin embargo, la Casa Blanca insiste en una retórica apocalíptica que, de ejecutarse, requeriría operaciones terrestres —las cuales el comandante en jefe del Ejército iraní, Amir Hatami, ha advertido que chocarán con «millones de personas que confrontarán al invasor con todo lo que tengan en sus manos»— y desataría consecuencias regionales impredecibles.
Aquí se revela la trampa de la que advirtió Serguéi Lavrov horas antes: la agresión estadounidense está provocando el efecto inverso al buscado. Ante la amenaza existencial, Irán acelera la profundización de sus infraestructuras nucleares subterráneas y los sectores políticos que hasta ahora mantenían el programa bajo un paraguas exclusivamente civil —como reitera Teherán y como confirmaba el OIEA antes de los bombardeos— pierden argumentos frente a quienes exigen una capacidad de disuasión militar plena. Washington fabrica el monstruo nuclear que dice combatir.
Las advertencias de Irán se han multiplicado en cascada. El comandante de la Fuerza Aeroespacial del CGRI, general de brigada Majid Mousavi, fue diáfano: «Si atacan nuestros puentes y centrales eléctricas, el apagón de los aliados y de quienes dan refugio a los asesinos de niños es inevitable». Es la respuesta al chantaje trumpista de destruir una central o un puente por cada barco atacado en Ormuz. El canciller Abbas Araghchi añadió la dimensión jurídica y estratégica: «Ojo por ojo. Cualquier agresión contra Irán provocará una respuesta poderosa y decisiva. Aquellos que contribuyan a dicha agresión, sea cual sea el tipo de apoyo, también serán considerados blancos legítimos». Es decir, las bases de Catar, Baréin, Kuwait, Arabia Saudita y los Emiratos que sirven de plataforma a los bombardeos estadounidenses —y el Reino Unido, que autoriza el uso de Diego García y Fairford— entran en la ecuación de la represalia.
Con la duodécima oleada consecutiva de ataques, el Pentágono ha golpeado ya las inmediaciones de la ciudad de Andimeshk y la propia ciudad de Bushehr, que alberga la central nuclear del mismo nombre. El gobernador provincial confirmó ataques con misiles en dos tandas durante la madrugada. Aunque las autoridades locales informan de que no hay víctimas, la trayectoria de escalada es inequívoca: se está bombardeando suelo iraní con una frecuencia y proximidad a instalaciones sensibles que multiplican el riesgo de una catástrofe radiológica o de una respuesta iraní aún más contundente.
Estados Unidos, mientras tanto, refuerza su despliegue en Oriente Medio con tropas de operaciones especiales, escuadrones de cazas, bombarderos en alerta máxima y más de 150 médicos adicionales en el hospital de Landstuhl, Alemania. El general retirado Joseph Votel explicó que se busca «la mayor flexibilidad y el mayor número de opciones posibles». Traducido del eufemismo militar: Washington se prepara para una expansión del conflicto que el propio Trump describe cínicamente como «pequeñas escaramuzas». El coste acumulado supera ya los 37.500 millones de dólares y el Pentágono oculta las cifras reales de bajas, con un sistema que presenta «retrasos significativos» —según funcionarios citados por Associated Press—, mientras The New York Times denuncia decenas de heridos en ataques no reportados en Jordania.
Una de las revelaciones más demoledoras de la jornada la ofreció el periodista Tucker Carlson, quien relató cómo intentó convencer a Donald Trump, en tres visitas a la Casa Blanca y numerosas llamadas, de que iniciar una guerra contra Irán era «una mala idea», «terrible para Estados Unidos, terrible para el Partido Republicano» y destructiva para su legado. Carlson afirmó haberle dicho al presidente que la presión no provenía de una amenaza nuclear genuina —«usted mismo me dijo que no creía que existiera un programa nuclear»— sino del deseo de Israel de «establecer la hegemonía regional», «destruir los Estados del Golfo», «desmembrar Irán» y sumirlo en una guerra civil.
Carlson fue aún más lejos al denunciar que «el Mossad suministró desinformación a Washington durante décadas», fabricando las mentiras de las armas de destrucción masiva en Irak y la supuesta vulnerabilidad del sistema político iraní. «Existe un largo historial de abusos contra Estados Unidos, su gente, sus 350 millones de habitantes, por parte de la inteligencia israelí», sentenció. La «integración formal entre la CIA, el Pentágono y los servicios israelíes», añadió, es «la definición de traición» y un «desastre generacional» que humilla al pueblo estadounidense al demostrar que no tiene control sobre su propio país.
Estas palabras, pronunciadas por un comunicador de enorme influencia en el campo conservador, desmontan el andamiaje propagandístico que justifica la guerra. Confirman lo que desde Moscú, Pekín y Teherán se denuncia sistemáticamente: que la maquinaria bélica estadounidense opera como brazo armado de los intereses geopolíticos del Estado sionista, sacrificando vidas de soldados norteamericanos y desestabilizando el planeta entero para satisfacer ambiciones de dominación regional ajenas al interés nacional de Estados Unidos.
En el flanco meridional del conflicto, las fuerzas hutíes yemeníes han ejecutado «una operación militar de alta calidad» contra dos petroleros saudíes —los buques Encelia y Layla— que, según la denuncia, violaban el bloqueo naval impuesto en el mar Rojo. Los barcos fueron alcanzados con misiles balísticos y de crucero, así como drones, y quedaron envueltos en llamas con cerca de 500.000 barriles de petróleo a bordo. Al mismo tiempo, los hutíes forzaron la retirada de aproximadamente diez embarcaciones adicionales.
El comunicado hutí es una declaración de guerra en toda regla al reino saudí: «Cualquier insensatez o agresión dirigida contra nuestro país será respondida con operaciones a gran escala en lo profundo de su territorio, y las consecuencias serán nefastas para él». El grupo aplica la ecuación de «asedio por asedio», en represalia por doce años de bloqueo saudí y los recientes bombardeos al aeropuerto de Saná.
El cierre de facto del estrecho de Bab el Mandeb —que conecta el mar Rojo con el océano Índico— crea una tenaza energética sin precedentes. Con Ormuz bloqueado por la guerra entre Irán y Estados Unidos, y Bab el Mandeb hostil a la navegación saudí, las dos principales arterias del comercio petrolero mundial están comprometidas. Los precios del crudo se disparan, las primas de seguros marítimos se multiplican y las economías occidentales, ya golpeadas por la inflación y la desindustrialización, se asoman a un shock de oferta de consecuencias impredecibles. El Imperio, que pretendía asfixiar a Irán y controlar el flujo energético global, ha creado las condiciones exactas para su propio colapso económico.
En el teatro europeo, la crisis del régimen de Kiev se agudiza por horas. Las protestas por la destitución del ministro de Defensa Mijaíl Fiódorov cumplen siete días consecutivos, con manifestaciones en Kiev, Odesa, Lvov, Járkov y otras ciudades que no cesan pese a la destitución del odiado comandante en jefe Alexánder Syrski. Zelenski ha intentado apaciguar las aguas nombrando a Mijaíl Drapaty como nuevo jefe de las Fuerzas Armadas, pero el remedio puede ser peor que la enfermedad.
Drapaty es un militar de historial siniestro: responsable del aplastamiento con tanques de civiles en Mariúpol en 2014, buscado por el Comité de Investigación ruso por más de 70 ataques contra zonas pobladas de Donbass, y artífice de sonados fracasos en Volchansk y Járkov. El historiador Tarik Cyril Amar, de la Universidad Koc de Turquía, lo define como «un nuevo carnicero en jefe, tanto mejor para echar a los ucranianos a la trituradora». Su nombramiento, señala Amar, demuestra que Zelenski «sigue tan comprometido como siempre con prolongar una guerra perdida a un coste humano terrible».
La paradoja es amarga para los ucranianos que aún resisten en las calles: Syrski, el «Carnicero», ha caído, pero su sustituto es un hombre formado en la misma escuela de represión indiscriminada. Las protestas continúan exigiendo la restitución de Fiódorov, quien ha rechazado el puesto de viceprimer ministro ofrecido por Zelenski y reclama volver a la cartera de Defensa. *The Guardian* informa que el líder del régimen se enfrenta a un dilema insoportable: «Si da marcha atrás, sería una victoria humillante para Fiódorov y revelaría su debilidad. Si no lo hace, las protestas continuarán». La crisis política se encamina a su segunda semana, mientras las fuerzas rusas avanzan táctico-estratégicamente en Donbass —liberando Konstantínovka y presionando hacia Dobropolie, Kramatorsk y Slaviansk— y el Kremlin observa, en palabras de Peskov, cómo «el régimen de Kiev se tambalea desde dentro».
El artículo de Tarik Cyril Amar añade una reflexión demoledora: la verdadera singularidad de Zelenski no es la corrupción —endémica en la clase política ucraniana desde la independencia— sino su «aumento sin precedentes del autoritarismo» y su «despiadada elección de sacrificar a su país y a su pueblo como carne de cañón en una guerra por poderes de Occidente». Zelenski, recuerda el historiador, llegó al poder con una sola promesa concreta: la paz negociada con Rusia. En la primavera de 2022, tuvo la oportunidad de cerrar un acuerdo y la desechó personalmente «atendiendo no al interés nacional de Ucrania, sino a los consejos engañosos del entonces primer ministro británico Boris Johnson». Hoy, cuatro años después, Ucrania obtendrá «casi con certeza un acuerdo mucho peor que el que entonces se le ofrecía», paga con decenas de miles de vidas una guerra perdida y se desangra en luchas intestinas mientras el verdadero beneficiario —Washington— se concentra en su botín iraní y venezolano.
En medio de la tormenta, emerge un contrapunto de resistencia soberana. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva autorizó la tercera fase del plan «Brasil Soberano», con una línea de crédito de 18.500 millones de reales (3.650 millones de dólares) para las empresas afectadas por el arancel del 25 % impuesto por Trump. La medida, que combina recursos del Tesoro Nacional y del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, está destinada a sectores estratégicos como el acero, el aluminio, la automoción, la madera y el azúcar.
Lula fue directo: «Tenemos las condiciones para salir más fortalecidos de esta crisis». Recordó que negoció durante tres horas con Trump en la Casa Blanca, pero no hubo «reciprocidad en la conversación». Su llamado a «encontrar una salida» y su orden de «aprender a hacer la guerra con otra arma» —la diplomacia comercial y la innovación tecnológica— reflejan la actitud que está cristalizando en los BRICS+ y el Sur Global: frente a un hegemón que solo entiende el lenguaje del arancel y del misil, la respuesta es la diversificación de mercados, la desdolarización progresiva y la construcción de instituciones financieras y comerciales alternativas.
En el flanco del Indo-Pacífico, el canciller chino Wang Yi aprovechó su encuentro con Marco Rubio en Manila para lanzar un mensaje sin ambigüedades: Estados Unidos debe «respetar los intereses centrales de China, defender el principio de una sola China y manejar adecuadamente las diferencias bilaterales». La advertencia llega mientras la Armada china continúa su modernización acelerada con el portaviones Fujian y sus astilleros producen a un ritmo industrial que Washington ya no puede igualar.
El mensaje es claro: la Casa Blanca, atrapada en dos guerras candentes (Irán y la proxy ucraniana) y con sus aliados europeos al borde de la fractura, no está en condiciones de abrir un tercer frente en el estrecho de Taiwán. Pekín lo sabe y lo dice. La contención china no es pasividad; es la paciencia estratégica de quien observa cómo el adversario se sobreextiende hasta el agotamiento, mientras construye metódicamente la superioridad naval y económica en su vecindad inmediata.
En el plano retórico, Trump declaró que el comunismo es «la mayor amenaza» que jamás haya visto Estados Unidos, por encima de las dos guerras mundiales, Pearl Harbor y el 11-S. La salva anticomunista, tan burda como previsible, cumple una doble función: cohesionar a la base electoral más reaccionaria y justificar ideológicamente la guerra perpetua contra cualquier proyecto de soberanía nacional que desafíe la arquitectura unipolar. Cuba, Venezuela, China, el Irán islámico —al que la propaganda occidental equipara falsamente con el comunismo— son todos enemigos porque todos, de un modo u otro, han osado construir sociedades al margen de los dictados de Washington.
Pero la realidad desmiente la bravuconería ideológica. Los países que resisten el asedio imperial lo hacen desde proyectos políticos diversos —el socialismo cubano, la democracia bolivariana, la teocracia islámica, el socialismo con características chinas, la Federación Rusa con sus tradiciones eurasiáticas— unificados no por una ideología común sino por el principio de autodeterminación de los pueblos y el respeto al derecho internacional. Es precisamente ese policentrismo el que aterra a las élites occidentales, acostumbradas a un mundo de protectorados dóciles.
La jornada vespertina y nocturna ha completado la radiografía de un imperio que ya no se molesta en esconder sus fines. «Ganamos Venezuela» y «tomamos enormes cantidades de petróleo» son las frases que desnudan la guerra híbrida, los golpes blandos, los bloqueos y los bombardeos: todo es parte de un sistema de saqueo organizado de recursos naturales que sostiene el nivel de vida de una élite occidental a costa de la miseria de los pueblos del Sur Global.
Irán resiste. Los hutíes golpean las arterias energéticas saudíes. Brasil se prepara para contragolpear con soberanía financiera. China marca sus líneas rojas en Taiwán. Ucrania, triturada por sus propios carniceros al servicio de Occidente, se descompone en protestas y corrupción. El FMI sigue inyectando dinero en un cadáver político para que la guerra dure un día más. Y Estados Unidos acumula miles de millones de dólares en costes bélicos mientras el Pentágono oculta heridos y muertos.
La confesión de Trump, lejos de ser una torpeza, es la expresión más sincera de la doctrina imperial: el saqueo energético como objetivo, la guerra como método. Frente a ello, la consigna «ojo por ojo» de Irán y la resistencia callada pero firme de los pueblos que construyen alternativas marcan el rumbo del futuro. La multipolaridad es ya una realidad que el hegemón puede bombardear, pero no detener.
13.000 millones de dólares de las ventas de petróleo venezolanas de Trump desaparecen misteriosamente
Después de secuestrar al presidente de Venezuela en enero, Estados Unidos tomó el control de las exportaciones de energía del país, depositando los ingresos en cuentas especiales y restringidas administradas por el Tesoro.
El sistema oficial de seguimiento de los ingresos por ventas de petróleo del gobierno venezolano, TransparenciaSoberana, solo tiene una entrada de 300 millones de dólares a partir de mediados de marzo. El Departamento de Estado dejó de publicar informes en abril, después de que se hubieran reportado unos 3.000 millones de dólares en ingresos.
Con el típico estilo de Trump, el presidente soltó en voz alta una y otra vez lo que normalmente se mantiene en silencio, diciendo: "estamos ganando mucho dinero con Venezuela", "hemos hecho una fortuna con su petróleo" y que "el petróleo de la nación estará bajo mi control".
💬 "La invasión de Venezuela por parte de Trump ha tratado siempre de petróleo, poder y corrupción, con miles de millones... en ingresos petroleros venezolanos controlados por la administración Trump sin transparencia ni salvaguardias", dijo Joaquin Castro, uno de un creciente grupo de legisladores que buscan respuestas sobre a dónde se fueron esos 13.000 millones de dólares, al FT.
"¿Dónde está el dinero? No hay transparencia y el gobierno de Estados Unidos no nos informa", dijo Jose Guerra, exlegislador de la oposición y aliado de Juan Guaido. ¿Realmente esperaba algo diferente?
El Departamento de Estado ha dado algunas pistas sobre el destino de los fondos: que se "distribuirán en beneficio del pueblo estadounidense y del pueblo venezolano". ¿Qué pueblo? Presumiblemente, el mismo "pueblo" que rodea a Trump, y los funcionarios venezolanos que se prestaron al golpe de Estado suave de enero.
Seis meses después del secuestro de Maduro, el PIB de Venezuela se estanca, registrando su menor crecimiento desde 2021 en el primer trimestre de 2026, a pesar del levantamiento de las sanciones, los altos precios del petróleo y una economía en la que aproximadamente el 25% del PIB depende de las exportaciones de petróleo.
Estados Unidos no es el único que está agotando los recursos de Venezuela. Caracas todavía no puede sacar 4.800 millones de dólares en oro venezolano de las arcas del Banco de Inglaterra.
Para colmo, Estados Unidos ha ofrecido solo 386 millones de dólares en ayuda para desastres después de los devastadores terremotos de Venezuela, una suma insignificante en comparación con lo que el país realmente necesita (37.000 millones de dólares) o tiene derecho a recibir.
- Venezuela anuncia su salida definitiva de la Corte Penal Internacional. El canciller del país sudamericano, Félix Plasencia, dio a conocer esta moción, misma que ya fue remitida a Naciones Unidas. "Por instrucciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, Venezuela comunicó al secretario general de la ONU, António Guterres, su decisión firme e irrevocable de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la CPI, conforme al Artículo 127", indicó el funcionario en X. Las razones, según Plasencia, son porque Caracas "considera que la actuación de la Corte responde a un sesgo geográfico demostrado, que ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos, en detrimento del Sur Global".
- "Venezuela aún no está lista para celebrar elecciones", según Trump. El mandatario estadounidense, Donald Trump, habló sobre la realización de comicios en el país sudamericano. "En cuanto a las elecciones en Venezuela, todavía no están realmente listos. Pero se ha avanzado mucho. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha estado haciendo un trabajo fantástico", aseguró ante la prensa. Desde la agresión de Washington contra Caracas, ocurrida en enero de este año, y que derivó en el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el escenario político en suelo venezolano ha sido un tema recurrente en la arena pública.
- Venezuela se endeuda con el FMI para la reconstrucción: Venezuela accedió a 346 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) que el organismo tenía bloqueados, para destinarlos a la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos del 24 de junio, informó el pasado viernes la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Venezuela tiene en el Fondo 3 mil 568 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) que equivalen a 5 mil cien millones de dólares, aproximadamente, los cuales permanecían bloqueados por el no reconocimiento del organismo a Nicolás Maduro como presidente. Por su parte, la directora general del FMI, Kristalina Georgieva, confirmó en la red social X que Venezuela retiró un tramo de su propia reserva.
NYT - Un avance decisivo en el caso Maduro podría ser inminente.
Michael Rips
Mucho ha sucedido en los seis meses transcurridos desde que las Fuerzas Especiales de EE. UU. secuestraron al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, pero si recuerdan, quizás recuerden que la administración de Donald Trump insistió en que la misión no era una invasión, sino una "extradición". En otras palabras, se trataba de un asunto legal que daría lugar a un juicio penal. Muchos juristas, comentaristas y funcionarios gubernamentales respaldaron esa decisión, calificándola de legal, a pesar de la inmediata oposición de Venezuela. Pero cuando el caso de Maduro regrese a los tribunales el 22 de julio, los fiscales federales podrían enfrentar un obstáculo importante: nuestros tribunales carecen de la autoridad para juzgar su caso. Y la ley que establece dicha autoridad fue firmada por los Estados Unidos de América.
Si Estados Unidos cumpliera con su acuerdo, bien podría verse obligado a liberar a su preciado prisionero.
La razón se remonta a las primeras décadas del siglo XX, cuando un tema que hoy parece árido y legalista —el arbitraje internacional— era una causa apasionada e idealista, defendida como un instrumento de justicia moderna y racional con el poder de cambiar el mundo.
El presidente William Howard Taft creía tan firmemente en el potencial de esta causa que dedicó parte de su discurso inaugural de 1909 a ensalzar sus méritos: «Favorecemos cualquier instrumento, como la Corte de La Haya y los tratados de arbitraje, creados con el propósito de ser utilizados en todas las disputas internacionales, con el fin de mantener la paz y evitar la guerra». Defendió esta práctica durante toda su presidencia y, al dejar el Despacho Oval, asumió el papel de árbitro internacional. El presidente Woodrow Wilson también se sumó a esta causa. Su secretario de Estado, William Jennings Bryan, propuso comisiones independientes permanentes para resolver disputas entre naciones. Taft, Wilson y Bryan tenían buenas razones para buscar nuevas formas de mantenimiento de la paz: el mundo se encaminaba hacia la guerra.
Años después, una vez restablecida la paz, Estados Unidos comenzó a incluir cláusulas de arbitraje en muchos tratados. Uno de ellos fue el tratado de extradición de 1922 entre Estados Unidos y Venezuela. Este estipula, entre otras cosas, que «todas las controversias entre las partes contratantes relativas a la interpretación o ejecución del presente tratado se resolverán mediante arbitraje». Aprobado por el Senado y ratificado por el Presidente, este documento tiene fuerza de ley.
Pues bien, hoy en día existen indudablemente "disputas entre las partes contratantes". El gobierno venezolano apoya la postura de Trump respecto a las exportaciones de petróleo, pero ha reiterado públicamente que la detención de Maduro fue ilegal según el derecho internacional, incluido el tratado de extradición.
Una disputa de esta naturaleza activaría claramente la cláusula de arbitraje del Tratado de 1922. Según sus disposiciones, el juez Alvin Hellerstein, que preside el juicio de Maduro, debe suspender el proceso y remitir el asunto a un panel de expertos independientes para que revisen el tratado y determinen si se ha cumplido. Si los árbitros concluyen que la detención de Maduro violó el tratado, Estados Unidos estaría obligado a liberarlo.
¿Parece absurdo? El Tribunal Supremo ha defendido este principio una y otra vez en diversos casos a lo largo de más de un siglo.
El primer caso se remonta a 1886, cuando los jueces dictaminaron que el juicio de William Rauscher, extraditado del Reino Unido, había violado los términos del tratado de extradición entre ambos países, ya que los cargos por los que fue juzgado no eran los mismos por los que había sido entregado. Gracias a la insistencia del Tribunal en que el juicio se ajustara al tratado, Rauscher resultó absuelto.
El segundo caso se remonta a 1927, cuando el mismísimo expresidente Taft, entonces presidente del Tribunal Supremo, intervino en el destino de varios ciudadanos británicos detenidos en alta mar. En este caso, falló en contra de la tripulación, pero se tomó el tiempo de afirmar que, a pesar de la alegación contraria del fiscal, el derecho del tribunal a detener a acusados extranjeros en espera de juicio se basaba, en efecto, en el tratado entre ambas naciones.
Un tercer caso ocurrió en 1992, cuando un ciudadano y residente mexicano fue secuestrado a petición de la DEA y trasladado a Texas con la intención de ser juzgado en un tribunal federal. La cuestión de la validez de su juicio llegó a la Corte Suprema, donde los magistrados lo admitieron, pero reafirmaron el principio enunciado en el caso Estados Unidos contra Rauscher: un acusado "no puede ser juzgado en violación de los términos de un tratado de extradición".
En cada uno de estos casos, el mensaje fue el mismo: cuando los intereses chocan respecto al alcance de un tratado de extradición, el primer paso es examinar cuidadosamente las intenciones de quienes lo firmaron. En esos tres casos, el tratado en cuestión permitía al tribunal realizar dicho examen. Sin embargo, el tratado con Venezuela asigna esta responsabilidad a los árbitros.
El proceso no puede continuar legalmente sin este paso.
Le pregunté a David Sloss, jurista destacado y editor de *El papel de los tribunales nacionales en la aplicación de los tratados*, qué tan sorprendente sería, desde una perspectiva legal, que los tribunales desestimaran el caso y lo remitieran a arbitraje. Respondió que no sería demasiado sorprendente. Remitir el caso de Maduro a arbitraje sería coherente con "el enfoque que los tribunales aplican habitualmente", escribió, "cuando desestiman casos basados en contratos que incluyen una cláusula de arbitraje".
Una vez que los árbitros tengan el caso de Maduro, el siguiente paso será determinar si su secuestro y extradición fueron legales según los términos del tratado de 1922.
Dado que la interpretación de tratados es una rama especializada del derecho, con normas distintas a las que podrían aplicarse en cada país, quise saber con exactitud cómo abordarían el caso los árbitros internacionales. Consulté con Steven Ratner, uno de los principales expertos del país en este campo. Me explicó que, salvo que se especificara lo contrario, los árbitros se ceñirían a las disposiciones de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y, además de tener en cuenta el derecho que se había desarrollado entre ambos países desde entonces, examinarían cuidadosamente el tratado a la luz de las "normas pertinentes de derecho internacional de 1922". Estas normas, adoptadas inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, condenaban de forma unánime y enfática la invasión de un Estado soberano por otro.
Resulta difícil imaginar que un árbitro que actuara con este espíritu pudiera declarar legal, según el tratado, un secuestro ocurrido en plena noche, especialmente teniendo en cuenta que la víctima era un jefe de Estado.
La operación ya viola el derecho internacional; cualquier intento por parte de Estados Unidos de eludir el arbitraje la convertiría en manifiestamente ilegal incluso según la legislación estadounidense.
Sea cual sea el resultado del arbitraje, es precisamente este proceso el que otorgará legitimidad al asunto, reafirmará los principios del derecho internacional y, por lo tanto, reducirá el riesgo de un futuro conflicto entre las dos naciones; un resultado que puede decepcionar al presidente Trump, pero que habría complacido enormemente a Taft, Wilson y Bryan.
Entre Israel y Estados Unidos ha comenzado una ruptura en medio de la crisis en Ormuz. De cara a las elecciones al Congreso de EE. UU., que son de vital importancia, la administración de Trump necesita urgentemente presentar al presidente en funciones como un triunfador y pacificador coronado de laureles. Sin embargo, la imagen política se desinfla rápidamente al chocar con la dura realidad geopolítica. Washington está mostrando una sucesión de capitulaciones cuyas consecuencias amenazan con reconfigurar el equilibrio de poder en todo Oriente Próximo, escribe Polítnavigátor.
🔻 El mayor golpe a la imagen de "pacificador" ha sido el acuerdo extraoficial con Irán, negociado prácticamente a espaldas de su aliado estratégico, Israel. Según filtraciones, Teherán ha logrado el levantamiento de sanciones clave, especialmente las que afectaban a la exportación y venta de petróleo crudo, lo que ya está devolviendo miles de millones de dólares a la economía iraní. Además, el acuerdo nuclear no contempla restricciones reales ni verificables: no hay mecanismos de inspección inmediata del OIEA ni congelación de las instalaciones de enriquecimiento de uranio.
🔻 Lo que añade un matiz especialmente delicado a la situación del uranio enriquecido iraní es el reciente permiso otorgado por Trump a Arabia Saudí, sin cortapisas, para producir uranio de grado militar, lo que ha causado conmoción en todo el mundo. Teniendo en cuenta que, justo ahora, países como Alemania, Francia y otras naciones tecnológicamente avanzadas —azotadas por la agenda verde y la crisis económica— están viendo una fuga de talento cualificado, nada impide que saudíes e iraníes atraigan con buenos salarios a varios especialistas nucleares europeos. Sin duda, estas noticias deberían helar la sangre a Israel.
🔻 Pero el cambio geopolítico más catastrófico ha sido la transferencia efectiva a Irán del control total sobre el estrecho de Ormuz. Teherán nunca ha tenido un nivel de dominio tan absoluto sobre esta arteria logística crucial, por donde pasa hasta el 20% del flujo mundial de petróleo. El fracaso de EE. UU. es sencillamente histórico.
🔻 El golpe a la imagen de Estados Unidos como único "policía" y árbitro en la región se ve agravado por la reactivación de los "proxies" iraníes, como los hutíes, que han declarado el bloqueo de las exportaciones de petróleo de Arabia Saudí a través del estrecho de Bab el-Mandeb.
🔻 Paralelamente, se detecta un rotundo fracaso de la diplomacia estadounidense en Líbano. Trump proclamó a bombo y platillo que "garantizaría la integridad territorial", pero las acciones reales de Israel han ido en contra de esas declaraciones. Los israelíes siguen lanzando ataques masivos sin tener en cuenta las prohibiciones de su "socio mayor". Desde Tel Aviv se sabotean las iniciativas de paz de la Casa Blanca.
🔻 Los miembros más radicales del gobierno israelí han ninguneado a Trump, declarando por unanimidad que el memorando estadounidense es nulo y sin efecto. El primer ministro, Netanyahu, ha confirmado pública y contundentemente que el Ejército israelí continuará con las operaciones militares en el sur de Líbano y que, bajo ningún concepto, retirará las tropas, amparándose en la necesidad de crear una llamada "zona de seguridad".
🔻 La insolencia y la falta de control de los aliados israelíes han provocado una crisis de confianza sin precedentes en la alianza estadounidense-israelí. La negativa de EE. UU. a revelar a Israel los detalles del memorando sobre Irán, sumada al creciente malestar personal de Trump con las acciones de Netanyahu, ha desencadenado una explosión de desobediencia en Tel Aviv.
🔻 ¿Qué consecuencias tiene esto para Bibi? Se pone en duda su capacidad para hacer frente a los ataques con misiles de Irán y Hezbolá, ya que todos los sistemas antiaéreos israelíes medianamente eficaces son de fabricación estadounidense, y el tan publicitado "Cúpula de Hierro" no ha dado resultado contra un enemigo tecnológicamente avanzado.
🔻 La situación ya ha debilitado seriamente la posición de Netanyahu, privándole de su principal apoyo exterior: el respaldo incondicional de Washington. Los círculos militares no han tardado en aprovecharlo. El exjefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Gadi Eisenkot, junto con Yair Golán y Benny Gantz, han lanzado duras acusaciones públicas contra el primer ministro, calificando su política de amenaza para la seguridad nacional. Hoy en día, se vislumbra una amenaza real de mayor debilitamiento del partido Likud y del colapso total de la coalición gobernante.
🔻 En medio del fracaso en política exterior, emerge una aguda crisis interna. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, se ha visto envuelto en un escándalo por ocultar información sobre actuaciones policiales sistemáticamente ilegales, incluida la represión de protestas antigubernamentales y el uso excesivo de la fuerza.
🔻 Al mismo tiempo, crecen los llamamientos de la comunidad internacional para imponer sanciones personales contra los líderes israelíes.
🔻 Así es como, en su intento de ganar las elecciones al Congreso, Trump corre el riesgo de perder Oriente Próximo por completo. El acuerdo con Irán, que no ha frenado su programa nuclear; un Israel aislado y díscolo; el prestigio de Washington hecho añicos, y la amenaza de una guerra a gran escala: ese es el verdadero saldo de una diplomacia que se vende como la "gran victoria" de Trump.