Del Sáhara a Ceuta

A finales de abril de 2026, escondido entre las páginas 86 y 87 de un proyecto de presupuestos del Departamento de Estado para el ejercicio fiscal 2027, el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes firmó la frase que ningún presidente español había leído nunca en un documento oficial estadounidense: "el comité observa que las ciudades administradas por España de Ceuta y Melilla están ubicadas en territorio marroquí y siguen siendo objeto de la reclamación que Marruecos mantiene desde hace tiempo" La frase, técnicamente, no es ley. Es lo que en Washington llaman un “committee report”: un texto orientativo que acompaña a una partida presupuestaria. Pero quien quiera consolarse con eso no ha entendido cómo funciona el Capitolio. El “committee report” indica al Departamento de Estado en qué quiere que gaste el dinero el Congreso, y el Departamento de Estado tiende a obedecer porque el Congreso le firma los cheques.

El arquitecto del párrafo se llama Mario Díaz-Balart. Republicano por Florida, de origen cubano, sobrino de Fidel Castro por matrimonio, vicepresidente del Comité de Asignaciones y presidente del Subcomité de Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados. Es, en otras palabras, quien decide a dónde van los dólares de la diplomacia americana. Y es, además, uno de los hombres más cercanos a Marco Rubio en la Cámara. Tres semanas antes de que apareciera el informe, Díaz-Balart ya había avisado en una entrevista en El Español publicada el 1 de abril de 2026: Ceuta y Melilla "no están en el territorio geográfico de España" sino "en el territorio de Marruecos", y su destino "se establece, se negocia y se discute entre amigos y aliados".

El “committee report” ordena destinar a Marruecos no menos de 20 millones de dólares en el marco del Programa de Financiación Militar Extranjera, en apoyo de los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos, a los que se suma una partida equivalente del National Security Investment Program.

Lo que está pasando ahora con Ceuta y Melilla no se entiende sin volver al 10 de diciembre de 2020. Ese día, Donald Trump anunció el “reconocimiento” (pese a que ningún país tiene poder para decidir eso) de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental a cambio de que Marruecos normalizara relaciones con Israel dentro de los Acuerdos de Abraham. El acuerdo fue negociado por Jared Kushner y Avi Berkowitz. Marruecos firmó. Israel firmó. Y el Sáhara, que la ONU sigue considerando territorio pendiente de descolonización, pasó a ser, para Trump, una provincia más del reino alauí.

Cinco años después, el mismo argumento empieza a aplicarse a Ceuta y Melilla. El primer eslabón visible fue Michael Rubin, investigador del American Enterprise Institute y ex asesor del Pentágono (el mismo equipo que en 2003 vendió las armas de destrucción masiva de Sadam). En marzo de 2026 Rubin publicó dos textos seguidos donde sostiene que Marruecos podría recuperar el espíritu de la Marcha Verde para "culminar la expulsión de los colonos españoles del territorio marroquí", enviar excavadoras a la frontera y entrar desarmado a izar la bandera, sin que ni España ni la OTAN tuvieran base jurídica para responder porque los enclaves no estarían cubiertos por el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte. Su tesis sobre el artículo 5 es discutible (juristas españoles y de la propia OTAN sostienen lo contrario), pero discutir si Rubin tiene razón es perder el tiempo. Lo importante es que sus textos circularon por los pasillos del Capitolio y dieron cobertura intelectual a Díaz-Balart.

Esto no se prende solo. Lo que ha precipitado el alineamiento de Washington con Rabat es la guerra contra Irán. El 28 de febrero de 2026, EEUU e Israel lanzaron la operación Epic Fury contra Irán. Pedro Sánchez ‘prohibió’ el uso de las bases de Rota y Morón a los aviones implicados, y el Gobierno español rechazó todos los planes de vuelo relacionados, incluidos los aviones cisterna. La ministro de Defensa, Margarita Robles, lo ratificó el 30 de marzo: ni bases ni espacio aéreo. España fue, junto a Francia e Italia, el aliado más díscolo de la operación.

Trump respondió en caliente. El 3 de marzo, en una reunión en el Despacho Oval con el canciller alemán Friedrich Merz, anunció: "Vamos a cortar todo el comercio con España. No queremos tener nada que ver con España", calificó al país de "terrible" y ordenó al secretario del Tesoro Scott Bessent cortar todos los tratos. A finales de abril, Reuters publicó una filtración de un correo interno del Pentágono donde se barajaban opciones para suspender a España de la OTAN. El propio documento no describía ningún mecanismo concreto que existiera dentro de la Alianza para suspender a un país, lo que reduce la amenaza a un gesto, pero un gesto que circula por los despachos militares de Washington da qué pensar.

Mientras Díaz-Balart trabajaba la Cámara, el Senado abría el otro frente. El 13 de marzo de 2026, los senadores Ted Cruz, Tom Cotton y Rick Scott registraron el Polisario Front Terrorist Designation Act of 2026. La ley exige al secretario de Estado designar al Frente Polisario como organización terrorista si confirma que el grupo coopera con organizaciones iraníes ya designadas como terroristas. Cruz justificó la iniciativa con una frase: “el régimen iraní quiere convertir al Polisario en los hutíes de África Occidental". El proyecto, que ya ha sumado nueve copatrocinadores entre los que figuran Mario Díaz-Balart, Joe Wilson, Jefferson Shreve, Randy Fine, Lance Gooden, Pat Harrigan, Zachary Nunn, Don Bacon y Claudia Tenney, replica el texto que Wilson y el demócrata Jimmy Panetta habían introducido en la Cámara en junio de 2025.

La maniobra es la clásica del lobby marroquí en Washington: quitarle al Polisario su estatus de movimiento de liberación y convertirlo en proxy iraní para que la disputa por el Sáhara deje de ser un asunto de descolonización y pase a ser un asunto de antiterrorismo. Si la designación prospera, España queda en una posición en la que cualquier ONG que mande un convoy humanitario a los campamentos de Tinduf podría caer en sanciones del Tesoro estadounidense. Es una manera elegante de cerrar el debate saharaui por la puerta trasera, y de paso desactivar a quienes en Madrid aún recuerdan que el Sáhara Occidental es responsabilidad histórica española.

El 28 de abril de 2026, Ynet Global publicaba un análisis de Amine Ayoub, miembro del Middle East Forum, sosteniendo que Israel ha emergido como un actor dispuesto a respaldar diplomáticamente a Marruecos en sus aspiraciones sobre Ceuta y Melilla, en un mecanismo similar a una ampliación de los acuerdos firmados hace seis años para reconocer su dominio en el Sáhara Occidental.

Ayoub no es portavoz del gobierno israelí. Pero el Middle East Forum sí tiene línea directa con la administración Trump, y el patrón se repite. Primero un think tank lanza la propuesta, después un congresista la recoge, después un secretario de Estado la convierte en política.

Además, en enero de 2026, Israel y Marruecos firmaron un plan de trabajo militar conjunto y el 16 de abril, Marruecos y Estados Unidos rubricaron un plan de cooperación en defensa para diez años. El acuerdo lo firmaron el ministro marroquí Abdelatif Loudyi y el subsecretario de Defensa estadounidense Elbridge Colby, principal estratega de seguridad del gobierno Trump, y vincula a ambos países entre 2026 y 2036.

La empresa israelí BlueBird Aero Systems, además, va a abrir planta en Marruecos para fabricar drones kamikaze SpyX. Es decir, Marruecos se está convirtiendo en plataforma manufacturera de armamento israelí en suelo africano, justo a unos kilómetros de Ceuta.

El reconocimiento de un Estado palestino por parte de España en 2024 ha pasado factura. Tel Aviv no perdona. Y la posición española sobre Gaza es, hoy, parte de las cuentas que Trump y Netanyahu se traen entre manos con Sánchez.

El Comité ha incluido también un apartado sobre la "esclavitud moderna" de los médicos cubanos, mencionando expresamente la explotación de doctores de la isla en países como México, Qatar, Sudáfrica, España, Venezuela y Vietnam, y pide al secretario de Estado restringir visados a quienes se beneficien de ese esquema. España aparece nombrada junto a Venezuela. Esa equiparación, hace dos años, habría desatado una crisis diplomática. Hoy se acepta.

EEUU mantiene unos 3.200 efectivos militares en España, repartidos entre Rota y Morón. Esa presencia, durante décadas, ha sido el ancla de la relación bilateral, el activo que protegía a España de cualquier veleidad americana sobre el contencioso africano. Ahora la pregunta es: ¿y si Trump decide que Tánger o Alcazarseguir le sirven mejor que Rota? Diversos ‘analistas’ vinculados a think tanks conservadores, como Amine Ayoub, sugieren que esta alianza podría desplazar el peso estratégico de bases europeas como Rota hacia instalaciones marroquíes en Alcazarseguir, entre Tánger y Ceuta. La amenaza, aunque operativamente improbable a corto plazo (Rota tiene una infraestructura que no se replica en cinco años), ya está sobre la mesa.

Lo que está pasando no es una decisión oficial del gobierno estadounidense. La Casa Blanca no ha reconocido nada, Marco Rubio no ha convocado a las partes y el Departamento de Estado mantiene formalmente que Ceuta y Melilla son territorio bajo administración española. Aún así, el cerco existe. Tres frentes simultáneos (el “committee report” de la Cámara, la ley contra el Polisario en el Senado y los textos de Rubin desde los think tanks).

Lo que era impensable en 2023 hoy aparece impreso en un documento del Capitolio. Y este precio lo está pagando España, no por casualidad, sino por dos decisiones concretas. La de marzo de 2022, cuando Sánchez aceptó el plan marroquí de autonomía sobre el Sáhara Occidental y abandonó cinco décadas de neutralidad, regalándole a Rabat la lógica del "realismo" que ahora se vuelve contra Madrid. Y la de febrero de 2026, cuando Sánchez bloqueó el uso de Rota y Morón en la guerra de Irán, dándole a Trump el motivo personal que necesitaba para ajustar cuentas.

El expediente Ceuta y Melilla, que Marruecos sostiene desde el discurso del Trono de Mohamed VI en julio de 2002, ha encontrado en Washington el aliado que llevaba décadas buscando. La pregunta es qué piensa hacer España cuando llegue el siguiente paso.

En noviembre de 2001, José Luis Rodríguez Zapatero, entonces jefe de la oposición, desoyó las llamadas del Gobierno de José María Aznar y realizó una visita a Rabat para reunirse con Mohamed VI. Por entonces, la crisis diplomática entre España y Marruecos ya atravesaba un momento álgido, después de que Marruecos retirara a su embajador en Madrid en octubre de ese mismo año. La excusa: los supuestos malos tratos a inmigrantes marroquíes y un referéndum simbólico sobre el Sáhara Occidental promovido por asociaciones pro saharauis en Andalucía.

Zapatero fue recibido por Mohamed VI con un enorme mapa detrás, en el cual el Sáhara Occidental aparecía como parte de Marruecos. A partir de ese momento, el líder socialista ya era el político carismático y amigo de Marruecos que su prensa no dejaba de adular.

Ya como presidente del Gobierno, en noviembre de 2004, recibió en la sede del PSOE al entonces presidente de la República Saharaui y líder del Frente Polisario, Mohamed Abdelaziz. No lo hizo en La Moncloa, para evitar darle un carácter oficial al encuentro y, de paso, no molestar a Marruecos. Aquel recibimiento buscaba simplemente apaciguar a las bases del PSOE simpatizantes de la causa saharaui y mostrar cierto distanciamiento con Rabat, tras las informaciones que implicaban a los servicios de inteligencia marroquíes en los atentados del 11M, que terminaron beneficiando la llegada del PSOE al Gobierno.

En diciembre de 2007, durante la Reunión de Alto Nivel entre España y Marruecos, Zapatero defendió públicamente, y ante el primer ministro marroquí, la propuesta de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, aunque seguía sin hacerla la postura oficial de su Gobierno. Muy probablemente lo evitó por el rechazo que dicha posición suscitaría entre los votantes y las bases del PSOE, teniendo en cuenta que solo faltaban tres meses para las elecciones generales de 2008.

Cuando el PSOE dejó el Gobierno tras la derrota de 2011, Marruecos activó su maquinaria de lobby reclutando a buena parte de los exministros de Zapatero, incluido él mismo. Al frente de la Alianza de Civilizaciones —financiada a medias por España y Marruecos— colocaron al exministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos. A partir de entonces, la mayoría de los congresos de esta iniciativa se celebraron en Marruecos, con fuerte presencia de propaganda marroquí. Tanto es así que, en 2021, durante un congreso en Tetuán con la presencia de Rodríguez Zapatero y Moratinos, la exministra de Vivienda María Antonia Trujillo reclamó la “devolución de Ceuta y Melilla a Marruecos, ya que eran presidios coloniales del pasado”. Ni Zapatero ni Moratinos, presentes en el acto, le contradijeron ni la reprendieron durante sus intervenciones; guardaron un vergonzoso y cómplice silencio.

Trujillo, antaño defensora de la causa saharaui y que lleva años residiendo en Marruecos, se ha convertido en una de las mayores defensoras del expansionismo marroquí en el Sáhara, Ceuta y Melilla. En 2019, el Gobierno de Sánchez la nombró consejera de Educación en la embajada española en Rabat. Su descaro y servilismo con los intereses de Marruecos provocaron que el CNI advirtiera al embajador de su sospechosa actividad de espionaje. Posteriormente, una mayoría de trabajadores de la embajada firmaron una petición para destituirla. Finalmente, fue cesada en mayo de 2022. Actualmente dirige una fundación en Larache financiada por la Casa Real marroquí.

Otro de los recién incorporados al lobby marroquí es José Bono, exministro de Defensa de Zapatero, quien recientemente inauguró su nueva mansión en la costa atlántica de Tánger. Antes de 2021, era conocido por sus críticas al régimen marroquí, al que llegó a calificar de “dictadura criminal que ocupa el Sáhara Occidental”. Sin embargo, en abril de 2022, en una entrevista en La Sexta Noche, comenzó a cambiar su discurso, describiendo a Marruecos como un socio fiable y necesario, y defendiendo el giro de Sánchez al apoyar oficialmente la propuesta de autonomía para el Sáhara.

El artífice de este cambio fue Rachad Andaloussi, un joven empresario marroquí afincado en Valencia. En septiembre de 2021, invitó a Bono a su boda en Tánger y le organizó un tour por las ciudades saharauis ocupadas, donde se reunió con autoridades locales. El nombre de Andaloussi aparece en un auto de la Fiscalía de Zaragoza como uno de los denunciantes contra la exministra de Exteriores Arancha González Laya y su jefe de gabinete, por la acogida en 2021 de Brahim Gali. Según un informe del CNI publicado por El País en octubre de ese año, Andaloussi habría presentado la denuncia por encargo directo de la DGED (Dirección General de Estudios y Documentación), el servicio de espionaje exterior marroquí. ¿Un exministro de Defensa de España y exresponsable del CNI colaborando con un agente marroquí en España?

Pero no acaba ahí. Este espía disfrazado de empresario tuvo que huir a Marruecos en abril de 2023, tras emitirse una orden de arresto por parte de la Audiencia Nacional por su implicación en la venta ilegal de armamento español a grupos armados en Libia.

Cada año, un grupo llamado Movimiento Saharaui por la Paz celebra un congreso en Canarias, al que suelen asistir Zapatero, Bono y Juan Fernando López Aguilar, exministro de Justicia de Zapatero y actual eurodiputado por el PSOE. Este movimiento, creado en 2019 por Hach Ahmed, un exmiembro del Polisario, promueve la autonomía marroquí como solución al conflicto. Sus escasos miembros contrastan con el generoso presupuesto del que disponen. Para sus congresos en Las Palmas, alquilan hoteles enteros, cubren billetes, dietas, alojamiento y pagan generosos honorarios a sus invitados estrella: Bono, Zapatero y López Aguilar.

En noviembre de 2021, los periodistas de El País, José Bautista y Óscar López-Fonseca, publicaron el contenido de un informe clasificado del CNI, donde se detallaba una lista de grupos y organizaciones contrarios al Polisario en España que estaban siendo financiados por los servicios de inteligencia marroquíes. Entre ellos figuraba el Movimiento Saharaui por la Paz, al que el CNI considera una “pantalla de la inteligencia marroquí”. Por lo tanto, Bono, Zapatero y López Aguilar estarían apadrinando —y cobrando por participar en— actividades financiadas directamente por los servicios de espionaje de Marruecos.

El lujoso hotel Le Mirage, en la costa de Tánger, es el paraíso escogido por Marruecos para alojar con todo incluido a exmiembros del PSOE. Allí se hospedan con frecuencia Zapatero y su familia, Bono, Moratinos, la exministra de Exteriores Trinidad Jiménez —quien también viró de defensora de la causa saharaui a simpatizante del régimen—, Bernardino León, Elena Valenciano, entre otros. Todos, en mayor o menor medida, forman parte del lobby marroquí, que exige no solo respaldo público a la “marroquinidad” del Sáhara, sino también apoyo a futuras propuestas como una «cosoberanía» en Ceuta y Melilla, paso previo a una eventual anexión.

En el actual Gobierno de Pedro Sánchez son conscientes de lo lucrativo que puede resultar integrarse en este lobby una vez dejen el poder. Un lobby que ya no se conforma con declaraciones favorables al Sáhara marroquí o el lavado de imagen del régimen, sino que exige posturas diplomáticas concretas. A esto se suma el escándalo del caso Pegasus: el sistema de espionaje israelí que, según informes, la inteligencia marroquí usó para extraer 2,6 GB de información del móvil de Sánchez durante la crisis de Ceuta en mayo de 2021. Marruecos podría tener bajo control nada menos que a un presidente español en ejercicio.

También causó sorpresa el nombramiento de José Manuel Albares como ministro de Exteriores en septiembre de 2021, meses después de la invasión de Ceuta y del espionaje con Pegasus. Albares, entonces embajador en Francia, mantenía vínculos con el lobby marroquí en ese país. Él y su esposa, de nacionalidad francesa, eran habituales en las celebraciones organizadas por este grupo, como el aniversario de la Marcha Verde o la entronización de Mohamed VI. La elección de Albares podría haber sido incluso sugerida por Marruecos, teniendo en cuenta que, según publicó El Confidencial en octubre de 2021, fue el propio Mohamed VI quien exigió a Sánchez la destitución de Arancha González Laya por considerarla “hostil a Rabat”. Esa presión se tradujo en su cese en septiembre, tras una campaña mediática organizada por la prensa marroquí y algunos voceros afines en España.

E incluso con ello tienen las de ganar, pues tienen un vecino débil como lo es España, que hace mucho tiempo parece resignarse a desaparecer. Los medios de comunicación ya están impulsando la narrativa humanitaria para ocultar las razones geopolíticas de esta crisis. ¿Pagados por Marruecos? Algunos sí. Otros solo responden a la mentalidad decadente de esta sociedad.