Etiopía: ¿una nueva guerra proxy por el Mar Rojo?

La guerra vuelve a Etiopía atravesada por disputas que exceden sus fronteras. El Nilo, el acceso al Mar Rojo y los intereses cruzados de potencias regionales y globales abren un interrogante: ¿está el conflicto etíope camino a convertirse en una guerra proxy?

La reanudación de la guerra en Tigray tiene raíces profundamente etíopes, pero se desarrolla sobre un escenario regional cada vez más disputado. La ruptura con Eritrea, la confrontación con Egipto por el Nilo y la búsqueda de una salida al mar se cruzan con los intereses de Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Israel y Estados Unidos. Todavía no existe evidencia suficiente para definir el conflicto como una guerra por intermediarios, pero los alineamientos comienzan a dibujar una posibilidad inquietante: que una disputa dentro de Etiopía termine convirtiéndose también en una disputa por Etiopía y por el futuro equilibrio del Mar Rojo y el Cuerno de África.

La guerra volvió a Etiopía, pero no regresó al mismo país ni al mismo Cuerno de África de noviembre de 2020. Seis años atrás, cuando el gobierno de Abiy Ahmed lanzó su ofensiva contra el Frente Popular de Liberación de Tigray (TPLF), Eritrea combatió junto al ejército federal, fuerzas amhara participaron del mismo campo militar y el conflicto podía explicarse fundamentalmente a partir de la crisis del sistema político construido después de la caída del Derg. Hoy, Etiopía y Eritrea rompieron relaciones diplomáticas, antiguos adversarios internos intentan coordinarse contra Addis Abeba y las tensiones etíopes se superponen con la disputa por las aguas del Nilo, la cuestión de Somalilandia, los puertos del Mar Rojo y la seguridad de Bab el-Mandeb. La guerra continúa teniendo causas domésticas, pero el sistema de alianzas que la rodea cambió profundamente.

Los enfrentamientos de septiembre terminaron de quebrar el frágil equilibrio surgido del Acuerdo de Pretoria de noviembre de 2022. Fuerzas tigrayanas retomaron posiciones y aeropuertos, extendieron operaciones hacia Afar y Amhara y posteriormente enfrentaron una contraofensiva de fuerzas federales y aliadas que volvió a acercar el frente a Mekelle. Al 2 de octubre, Reuters informaba que las tropas progubernamentales avanzaban hacia la capital de Tigray mientras Debretsion Gebremichael anunciaba una contraofensiva. A ello se sumaron explosiones en Addis Abeba que la nueva alianza opositora reivindicó como ataques con drones, una afirmación cuya autoría no había sido verificada independientemente. De confirmarse plenamente esa capacidad, implicaría una diferencia significativa respecto de buena parte de la guerra anterior: el conflicto podría proyectarse sobre el propio centro político etíope.

La crisis humanitaria vuelve también a mostrar características conocidas. Los combates recientes provocaron desplazamientos masivos y centenares de heridos, mientras en Mekelle comenzaron a registrarse problemas de combustible, efectivo y funcionamiento comercial. El antecedente obliga a observar esos datos con particular preocupación: una estimación académica citada por Associated Press situó en alrededor de medio millón las muertes directas e indirectas provocadas por la guerra de 2020-2022, incluyendo violencia, hambre y colapso sanitario. Pretoria consiguió detener aquella confrontación, pero no resolvió las disputas territoriales, la reintegración política de Tigray, la desmovilización completa de las fuerzas ni las tensiones con Eritrea.

Sin embargo, describir lo que ocurre simplemente como una segunda guerra de Tigray sería insuficiente. El cambio en las alianzas permite formular una pregunta que durante la confrontación de 2020-2022 hubiera resultado mucho más difícil de sostener: ¿está Etiopía comenzando a convertirse en escenario de una guerra proxy? No existe hasta ahora evidencia pública suficiente para demostrar que dos coaliciones exteriores estén financiando, armando y dirigiendo sistemáticamente a los diferentes bandos. Pero sí existen Estados con intereses estratégicos contrapuestos cuyo posicionamiento comienza a coincidir con algunas de las líneas de fractura de la guerra. Reuters advierte precisamente que las rivalidades que atraviesan Etiopía, Eritrea, Egipto, Sudán y las monarquías del Golfo pueden convertir el nuevo conflicto etíope en una crisis regional mucho más amplia.

La hipótesis no supone buscar una mano extranjera detrás de cada insurgencia. Tigray, las diferentes organizaciones Fano y las fuerzas armadas oromo poseen historias, reivindicaciones y conflictos propios con el Estado federal; la crisis del federalismo, las disputas territoriales y la centralización impulsada por Abiy preceden a los actuales alineamientos regionales. Una lectura que explicara la guerra exclusivamente desde el exterior terminaría quitando capacidad política a los propios actores africanos. Lo que interesa observar es otra cosa: si esas contradicciones internas están comenzando a resultar funcionales para Estados que encuentran en el resultado de la guerra una oportunidad para modificar el equilibrio regional sin enfrentarse directamente entre sí.

El punto de partida continúa estando dentro de Etiopía. La Constitución de 1995 organizó al país mediante un federalismo basado en nacionalidades, territorios y gobiernos regionales, reconociendo lenguas propias e incluso el derecho constitucional a la autodeterminación. Durante casi tres décadas aquella estructura funcionó bajo la hegemonía del Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF), dentro del cual el TPLF ejercía una influencia política muy superior al peso demográfico de Tigray. El sistema permitió institucionalizar parte de la extraordinaria diversidad etíope, aunque también convirtió la representación territorial de las nacionalidades y el control del aparato estatal en elementos centrales de la disputa por el poder.

La llegada de Abiy en 2018 alteró aquel equilibrio. La posterior creación del Partido de la Prosperidad buscó reemplazar una coalición organizada alrededor de partidos regionales por una estructura nacional más integrada. El cambio coincidió con un proyecto que pretendía aumentar la capacidad de decisión del Estado central, reformar la economía y transformar la enorme escala demográfica etíope en poder regional efectivo. La guerra de Tigray fue la manifestación más violenta de esa ruptura, pero las posteriores insurgencias en Amhara y la continuidad de la rebelión del Oromo Liberation Army demostraron que la crisis excedía ampliamente al enfrentamiento entre Addis Abeba y Mekelle.

La nueva coalición opositora vuelve todavía más evidente esa complejidad. Siete organizaciones anunciaron en septiembre la formación de la Alianza de las Fuerzas de los Pueblos Etíopes, para la Supervivencia entre ellas el TPLF, el Movimiento Nacional Fano de Amhara y el Ejército de Liberación Oromo. La alianza resulta particularmente significativa porque reúne a fuerzas que durante la guerra anterior estuvieron enfrentadas entre sí y que continúan manteniendo profundas diferencias territoriales y políticas. Associated Press señala precisamente que la convergencia entre antiguos enemigos constituye una de las novedades fundamentales de la nueva etapa.

La coalición, por lo tanto, no debería confundirse con una alternativa política homogénea. Sus integrantes no necesariamente imaginan la misma organización futura de Etiopía y, en algunos casos, mantienen reivindicaciones incompatibles. Su principal elemento aglutinador parece ser la oposición al gobierno de Abiy. ACLED muestra hasta qué punto se volvieron fluidas las alianzas: durante 2026 registró situaciones en las que fuerzas habitualmente enfrentadas llegaron a combatir temporalmente del mismo lado, mientras la actividad armada de Fano en Oromia occidental aumentó significativamente respecto del año anterior.

Esta fragmentación interna resulta relevante para nuestra hipótesis porque las guerras por intermediarios no necesariamente comienzan con actores locales creados desde el exterior. Con frecuencia aparecen cuando organizaciones que poseen objetivos propios necesitan recursos para sostener una confrontación prolongada y encuentran Estados dispuestos a proporcionarlos porque el debilitamiento del adversario coincide con sus intereses. Que existan esas condiciones no demuestra todavía que el proceso esté ocurriendo sistemáticamente en Etiopía, pero explica por qué la evolución de los apoyos exteriores será uno de los elementos decisivos para determinar la naturaleza futura de la guerra.

La política de Abiy, al mismo tiempo, adquiere mayor coherencia si se observan conjuntamente tres transformaciones que suelen analizarse por separado. Hacia adentro busca fortalecer la capacidad del centro político frente al sistema de autonomías regionales; en materia energética, la Gran Presa del Renacimiento Etíope pretende proporcionar electricidad para industrialización, urbanización y exportación; y hacia afuera intenta reducir la vulnerabilidad de un país de más de 130 millones de habitantes que carece de litoral y depende abrumadoramente de corredores extranjeros para acceder al comercio marítimo.

Centralización, energía y acceso al mar forman así parte de una transformación más amplia del poder etíope. El problema es que cada movimiento modifica un equilibrio diferente. La centralización genera resistencias dentro del país; la GERD enfrenta a Addis Abeba con Egipto; la búsqueda de una salida marítima despierta temores en Eritrea y repercute sobre la disputa entre Somalia y Somalilandia. Abiy intenta resolver vulnerabilidades reales del Estado etíope, pero las soluciones elegidas redistribuyen poder dentro y fuera de sus fronteras. La crisis actual aparece precisamente en el punto donde esas resistencias comienzan a conectarse.

Ningún caso demuestra mejor el cambio del mapa regional que Eritrea. En 2018, Abiy Ahmed e Isaias Afwerki protagonizaron una reconciliación que puso fin formalmente a dos décadas de hostilidad posteriores a la guerra fronteriza de 1998-2000. Dos años después, fuerzas eritreas participaron junto al ejército federal en la guerra contra Tigray. En octubre de 2026, ambos Estados volvieron a romper relaciones diplomáticas después de que Addis Abeba cerrara su embajada en Asmara y expulsara a diez diplomáticos eritreos. Eritrea respondió cortando las relaciones y rechazó las acusaciones etíopes de apoyo a la nueva insurgencia.

La inversión de alianzas no puede explicarse solamente mediante las relaciones personales entre Abiy y Afwerki. Eritrea quedó fuera del acuerdo de Pretoria que terminó la guerra anterior y observó posteriormente la recomposición de las relaciones entre Addis Abeba y sectores tigrayanos. A ello se agregó un problema todavía más profundo: la creciente insistencia etíope en la necesidad de obtener un acceso estable al Mar Rojo. Para Addis Abeba, la condición mediterránea representa una restricción económica y estratégica; para Asmara, cualquier insinuación sobre Assab afecta directamente una soberanía territorial conquistada después de décadas de guerra independentista.

Reuters señala que el deterioro de las relaciones está estrechamente relacionado con esa disputa y que Eritrea teme una eventual pretensión etíope sobre Assab. Addis Abeba acusa además a Asmara de apoyar a sus adversarios, algo que Eritrea niega. Esa diferencia entre lo comprobado y lo denunciado resulta fundamental: puede demostrarse la convergencia objetiva entre el interés eritreo por limitar el poder etíope y las necesidades de la oposición a Abiy, pero todavía no toda la dimensión operacional de esa relación.

Egipto posee razones diferentes, aunque igualmente estructurales, para observar con preocupación el fortalecimiento de Etiopía. La Gran Presa del Renacimiento modificó una relación histórica sobre las aguas del Nilo construida durante el período colonial y posteriormente consolidada mediante acuerdos en los que Etiopía y otros países aguas arriba no participaron. Para Addis Abeba, la GERD representa soberanía, desarrollo y el derecho a utilizar recursos hídricos originados en su territorio; para El Cairo, cuya seguridad hídrica depende decisivamente del Nilo, la operación de la presa constituye una cuestión estratégica nacional.

Durante los últimos años la respuesta egipcia comenzó además a proyectarse sobre el Cuerno. El Cairo fortaleció su cooperación con Somalia y Eritrea, dos Estados cuyas relaciones con Addis Abeba se deterioraron alrededor de la cuestión marítima y territorial. Desde la perspectiva egipcia, esas relaciones constituyen asociaciones soberanas y, en el caso somalí, un respaldo a la integridad territorial del país; desde Etiopía, el mismo mapa puede interpretarse como una estrategia destinada a limitar su capacidad de acción desde el Nilo hasta el Mar Rojo.

El jefe del ejército etíope, Birhanu Jula, llevó esa interpretación mucho más lejos al acusar a Eritrea, Sudán y Egipto de respaldar a las fuerzas tigrayanas. Eritrea y Sudán negaron las acusaciones, mientras Egipto también ha rechazado las imputaciones etíopes de injerencia. No existe hasta ahora evidencia pública suficiente para presentar esas denuncias como hechos demostrados. Su importancia política, sin embargo, es enorme: el gobierno de Addis Abeba ya interpreta abiertamente su guerra interna como parte de una confrontación regional.

La Unión Africana parece observar el mismo peligro. El 1 de octubre, la Comisión manifestó su preocupación por el aumento de las tensiones entre Etiopía, Eritrea y Egipto, reclamó “máxima moderación” y pidió evitar acciones o declaraciones capaces de comprometer la paz regional. La formulación resulta significativa porque coloca explícitamente a los tres Estados dentro de una misma crisis diplomática y de seguridad.

La búsqueda etíope de una salida alternativa al mar conduce inevitablemente hacia Somalilandia. Desde la independencia eritrea de 1993, Etiopía perdió su litoral y actualmente depende de Yibuti para la enorme mayoría de su comercio marítimo. Berbera ofrece una alternativa geográficamente atractiva, pero cualquier acuerdo directo entre Addis Abeba y Hargeisa introduce inmediatamente otra disputa de soberanía porque Somalia continúa considerando Somalilandia parte integral de su territorio.

El problema, entonces, no puede reducirse a una cuestión logística. Para Etiopía, Berbera significa diversificación portuaria y mayor autonomía estratégica; para Somalilandia, la relación con el gigante etíope proporciona mercado, inversiones y potencialmente reconocimiento; para Somalia, cualquier negociación estatal realizada sin su consentimiento afecta su integridad territorial. La búsqueda etíope de una solución a su mediterraneidad termina trasladando parte de su problema hacia otra de las fracturas políticas fundamentales del Cuerno.

Sobre ese mismo territorio convergen además intereses externos. Emiratos desarrolló una importante presencia portuaria y logística en Berbera; Israel profundizó sus vínculos con Somalilandia; Estados Unidos aumentó durante 2026 sus contactos de seguridad con actores de la costa somalí. Del otro lado, Egipto fortaleció su asociación con Mogadiscio y se presenta como defensor de la soberanía somalí. La cuestión del acceso etíope al mar comienza así a reproducir sobre el litoral algunas de las mismas convergencias que aparecen alrededor de la guerra interna.

La importancia de Berbera aumenta todavía más cuando se observa el mapa completo. Frente a Somalilandia se encuentra Yemen; hacia el oeste, Bab el-Mandeb conecta el Golfo de Adén con el Mar Rojo y Suez; hacia el interior aparece el gigantesco mercado etíope. Un puerto situado allí puede cumplir simultáneamente funciones comerciales, logísticas y eventualmente de seguridad. Por eso la cuestión marítima dejó de involucrar solamente a Etiopía, Somalia y Somalilandia y comenzó a intersectarse con estrategias desarrolladas desde Abu Dhabi, Riad, Tel Aviv y Washington.

Assab y Berbera representan, por lo tanto, dos caminos diferentes para resolver la misma vulnerabilidad etíope, pero cada uno altera un equilibrio regional distinto. El primero toca directamente la soberanía eritrea; el segundo introduce la disputa Somalia-Somalilandia y los intereses de potencias externas sobre el Golfo de Adén. La necesidad etíope de acceder al mar deja así de ser solamente una cuestión económica y se convierte en uno de los ejes alrededor de los cuales empieza a reorganizarse el Cuerno.

Emiratos Árabes Unidos constituye uno de los actores externos más próximos al gobierno etíope. Reuters lo describe como un importante respaldo de Addis Abeba y ubica esa relación dentro de una competencia regional más amplia que incluye a Arabia Saudita, Sudán, Eritrea y las costas somalíes. El vínculo, sin embargo, no debería interpretarse exclusivamente como una asociación política con Abiy: durante la última década Abu Dhabi construyó una red de inversiones portuarias, corredores logísticos y relaciones de seguridad sobre ambas costas del Mar Rojo y el Golfo de Adén.

La complementariedad con Etiopía resulta evidente. Addis Abeba posee un enorme mercado interior pero carece de litoral; Somalilandia dispone de Berbera y necesita inversiones; Emiratos posee capital, operadores portuarios y una estrategia marítima capaz de conectar África oriental con la Península Arábiga y el océano Índico. La coincidencia de intereses tiene, por lo tanto, una base material que trasciende la guerra de Tigray y ayuda a explicar por qué Abu Dhabi observa con particular atención cualquier modificación del equilibrio etíope.

La otra cara aparece en Sudán. EAU ha sido acusado de respaldar a las Fuerzas de Apoyo Rápido, acusación que niega, mientras Arabia Saudita y Egipto mantienen vínculos más próximos con las Fuerzas Armadas sudanesas. Reuters señala que la rivalidad saudí-emiratí, ya visible en Yemen y Sudán, comienza a superponerse con las tensiones del Cuerno: Abu Dhabi mantiene fuertes relaciones con Etiopía y actores del litoral somalí, mientras Riad aparece más cercano a Egipto, Eritrea y el ejército sudanés.

Aquí comienza a adquirir mayor densidad la hipótesis de una posible guerra proxy. No estamos ante dos bloques rígidos que hayan distribuido dos ejércitos subordinados, sino frente a una red de alianzas superpuestas donde cada actor persigue objetivos propios. EAU puede considerar importante la estabilidad del gobierno etíope porque protege corredores e inversiones; Arabia Saudita puede aproximarse a Eritrea y Egipto desde sus propias necesidades de seguridad marítima. Ninguno necesita controlar completamente a sus socios africanos para que la competencia entre ambos termine influyendo sobre sus decisiones.

Israel agrega otra dimensión. Su interés fundamental no se encuentra en Tigray, sino en la costa africana situada frente a Yemen y en la seguridad de Bab el-Mandeb. La capacidad demostrada por los hutíes para afectar la navegación y proyectar ataques sobre objetivos vinculados con Israel aumentó el valor estratégico del Golfo de Adén. En ese contexto, la profundización de la relación israelí con Somalilandia conecta directamente con el mismo espacio hacia el cual Etiopía pretende proyectarse.

Eso no demuestra una intervención israelí en la guerra etíope ni permite afirmar que Tel Aviv dirija las decisiones de Addis Abeba. La importancia del vínculo es estructural: Etiopía necesita corredores marítimos, Emiratos posee intereses logísticos sobre esos corredores, Somalilandia necesita socios externos e Israel busca profundidad estratégica frente a Yemen. Las cuatro agendas son diferentes, pero convergen geográficamente sobre un territorio cada vez más importante para la seguridad del Mar Rojo.

Estados Unidos demuestra por qué sería un error convertir esas convergencias en dos alianzas perfectamente delimitadas. Washington mantuvo importantes tensiones con Abiy durante la guerra de 2020-2022, conserva una asociación militar histórica con Egipto y al mismo tiempo considera fundamental evitar una desestabilización general de Etiopía. Su interés más permanente parece residir menos en garantizar la supremacía de Addis Abeba que en preservar una arquitectura regional que mantenga abiertas las rutas marítimas, permita operaciones antiterroristas y evite una fragmentación generalizada del Cuerno.

El centro de esa arquitectura continúa siendo Yibuti. Allí se encuentra Camp Lemonnier, la principal instalación militar estadounidense permanente en África, desde la cual Washington proyecta capacidades sobre Somalia, Yemen y el Golfo de Adén. El mismo pequeño Estado constituye además el principal corredor marítimo etíope. La estabilidad de Etiopía, la seguridad de Yibuti y la libertad de navegación por Bab el-Mandeb terminan formando así parte de un mismo problema estratégico.

Durante 2026, Washington amplió también sus contactos de seguridad con Puntlandia y Somalilandia, especialmente alrededor de cooperación antiterrorista y marítima. ACLED señala además un movimiento que puede resultar importante para el conflicto: el 18 de septiembre expiraron sanciones estadounidenses impuestas al ejército eritreo y al partido gobernante. La organización interpreta la decisión en el contexto de la preocupación estadounidense por la seguridad del Mar Rojo y advierte que una Eritrea con mayor capacidad de adquirir armamento podría modificar indirectamente el equilibrio etíope. Esto último debe entenderse como un escenario planteado por ACLED, no como evidencia de que esas armas hayan sido transferidas a fuerzas rebeldes.

La aparente contradicción ayuda a comprender la política estadounidense. Washington puede necesitar que Etiopía no colapse, compartir con Israel y EAU preocupaciones sobre la seguridad marítima y mantener contactos crecientes con Somalilandia, pero simultáneamente conservar relaciones estratégicas con Egipto y encontrar utilidad en mantener canales con Eritrea. Su objetivo no necesita ser la victoria absoluta de uno de los actores; puede consistir precisamente en impedir que cualquiera altere de manera descontrolada un equilibrio que sostiene la presencia militar estadounidense sobre una de las principales rutas comerciales del planeta.

China vuelve todavía más difícil cualquier lectura binaria. Beijing es uno de los principales socios económicos de Etiopía, participó en la construcción de infraestructura fundamental y mantiene precisamente en Yibuti su primera base militar permanente en el extranjero. Una guerra regional que interrumpiera las conexiones etíopes con el puerto o amenazara la navegación por Bab el-Mandeb afectaría directamente inversiones y comercio chinos. Por eso China posee un fuerte interés en la estabilidad regional aunque ese interés no implique respaldar cada uno de los objetivos geopolíticos de Abiy.

La composición de BRICS demuestra igualmente la insuficiencia de interpretar el conflicto como una nueva Guerra Fría. Etiopía, Egipto y EAU pertenecen al mismo agrupamiento y, sin embargo, poseen intereses diferentes y en algunos casos enfrentados dentro del Cuerno. Egipto continúa siendo un socio militar histórico de Estados Unidos y Emiratos mantiene una relación estratégica con Washington. Las fracturas actuales atraviesan las categorías convencionales de Occidente y Sur Global y responden fundamentalmente a intereses concretos sobre agua, territorio, puertos, comercio y seguridad.

La pregunta puede formularse con mayor precisión después de reconstruir este mapa. Una guerra por intermediarios supone que actores externos utilizan financiamiento, armamento, inteligencia, entrenamiento, logística, acceso territorial o respaldo diplomático para fortalecer actores locales capaces de avanzar sus intereses sin necesidad de enfrentarse directamente. Etiopía presenta ya algunos elementos compatibles con esa dinámica, pero todavía no todos están suficientemente documentados como para afirmar que la transformación se haya completado.

Lo que sí está comprobado es la existencia de una guerra interna con múltiples organizaciones armadas; una alianza opositora que reúne antiguos adversarios; Estados vecinos con razones estratégicas para limitar o fortalecer el poder etíope; un respaldo emiratí importante a Addis Abeba; acusaciones etíopes de apoyo eritreo, egipcio y sudanés a sus adversarios; intereses israelíes y estadounidenses sobre el espacio marítimo conectado con Somalilandia; y una competencia saudí-emiratí que ya atraviesa otras guerras de la región. Reuters considera que esa superposición aumenta el riesgo de que la nueva confrontación etíope termine desencadenando una crisis regional mucho mayor.

Lo que todavía necesita demostrarse es la conexión operacional entre esos intereses y los diferentes bandos. Saber quién proporciona armas, quién financia estructuras militares, quién facilita inteligencia, qué corredores permiten mover recursos y hasta qué punto los patrocinadores pueden condicionar las decisiones de sus aliados marcará la diferencia entre una guerra civil regionalizada y una verdadera guerra proxy. Confundir las acusaciones existentes con pruebas terminaría debilitando precisamente la hipótesis que los acontecimientos obligan a investigar.

Sin embargo, el incentivo para cruzar esa frontera aumenta a medida que la guerra se prolonga. Una coalición insurgente que intenta mantener simultáneamente diferentes frentes necesita municiones, drones, combustible, dinero y corredores logísticos; un gobierno que enfrenta rebeliones en distintas regiones necesita armamento, financiamiento y respaldo diplomático. Cuantos mayores sean esas necesidades, mayor será la oportunidad para que los actores externos conviertan recursos materiales en influencia política. Y cuantos más dependientes se vuelvan los contendientes de esos respaldos, más difícil será resolver la guerra exclusivamente mediante una negociación interna.

El peligro reside precisamente en que existen intereses externos suficientemente importantes como para alimentar esa dinámica. Eritrea tiene razones para evitar que una Etiopía fortalecida presione sobre Assab; Egipto busca preservar su posición sobre el Nilo; EAU posee intereses sobre corredores portuarios que pueden beneficiarse de una Etiopía conectada con Somalilandia; Arabia Saudita intenta proteger su propia arquitectura de seguridad sobre el Mar Rojo; Israel observa la costa africana desde su confrontación con los hutíes; Estados Unidos necesita preservar Bab el-Mandeb y sus posiciones militares; China protege inversiones y rutas comerciales. Ninguno de esos intereses creó las contradicciones etíopes, pero todos pueden terminar condicionando la manera en que se desarrollen.

El Mar Rojo constituye el espacio donde esas disputas terminan encontrándose. Ya no funciona simplemente como frontera geográfica entre África y Medio Oriente, sino como un sistema estratégico integrado en el que Yemen, Sudán, Eritrea, Etiopía, Yibuti, Somalia y Somalilandia están conectados por puertos, bases militares, corredores comerciales y conflictos. Arabia Saudita y EAU actúan sobre ambas costas; Estados Unidos y China poseen infraestructura militar; Israel observa el litoral africano desde la amenaza hutí; Egipto conecta el Nilo con sus alianzas en el Cuerno; Turquía posee una importante presencia en Somalia y Rusia mantiene aspiraciones de acceso naval vinculadas con Sudán.

En el centro de ese sistema aparece una paradoja fundamental: Etiopía es la principal potencia demográfica del Cuerno de África y al mismo tiempo carece de un solo kilómetro de costa. La búsqueda de una salida marítima no constituye únicamente una obsesión personal de Abiy, sino que responde a una vulnerabilidad económica y geopolítica estructural que probablemente sobreviva a su gobierno. Lo que vuelve explosiva esa aspiración es que cualquier modificación del statu quo afecta necesariamente la soberanía, los recursos o la seguridad de otros Estados.

La GERD y la salida al mar pueden entenderse, desde esta perspectiva, como dos caras de una misma estrategia. La primera intenta reducir una vulnerabilidad energética y transformar a Etiopía en potencia hidroeléctrica; la segunda busca reducir la dependencia logística de terceros Estados. Ambas incrementan potencialmente la autonomía etíope y ambas producen resistencias regionales. Egipto aparece frente a la primera; Eritrea y la disputa Somalia-Somalilandia frente a la segunda. El Nilo y el Mar Rojo terminan conectándose a través de un mismo interrogante: cuánto poder regional puede acumular Etiopía sin provocar una coalición destinada a contenerla.

Por eso resulta útil pensar la crisis como el posible tránsito de una guerra en Etiopía hacia una guerra por Etiopía. La primera continúa teniendo causas esencialmente domésticas: federalismo, distribución del poder, territorios, nacionalidades, recursos y centralización estatal. La segunda comenzaría cuando el resultado de esas luchas internas se vuelva suficientemente importante para que otros Estados decidan sostener sistemáticamente a los contendientes capaces de proteger sus intereses sobre el Nilo, Assab, Berbera o Bab el-Mandeb.

La diferencia no es solamente conceptual. Una guerra interna todavía puede encontrar una solución fundamentalmente política entre actores nacionales; una guerra por intermediarios obliga también a modificar los cálculos de los patrocinadores externos. Pretoria consiguió en 2022 detener una confrontación entre Addis Abeba y Tigray. Si la guerra actual termina incorporándose plenamente a la competencia regional, una nueva negociación debería enfrentar además un problema mucho más complejo: impedir que Eritrea, Egipto, las potencias del Golfo u otros actores encuentren beneficios estratégicos en la continuidad del enfrentamiento.

La reacción de la Unión Africana muestra que ese riesgo dejó de ser abstracto. Su llamado a la moderación no estuvo dirigido solamente a los contendientes dentro de Etiopía, sino específicamente a Etiopía, Eritrea y Egipto. La organización continental reclamó que los tres Estados preserven los canales diplomáticos y eviten acciones capaces de desestabilizar la región. La guerra de Tigray y las disputas exteriores todavía pueden diferenciarse analíticamente, pero políticamente comienzan a resultar cada vez más difíciles de separar.

A comienzos de octubre sería prematuro afirmar que Etiopía ya se convirtió definitivamente en una guerra proxy por el control del Mar Rojo. Pero también sería insuficiente continuar describiéndola exclusivamente como una nueva guerra civil. Los acontecimientos muestran una etapa intermedia mucho más peligrosa: contradicciones internas que empiezan a superponerse con rivalidades regionales y actores externos que poseen incentivos concretos para influir sobre el resultado.

La guerra de 2020 fue fundamentalmente una lucha por el poder dentro de Etiopía. La de 2026 puede terminar decidiendo también cuánto poder será capaz de proyectar Etiopía fuera de sus fronteras y qué Estados conseguirán limitarlo, aprovecharlo o asociarse con él. Si los alineamientos actuales terminan convirtiéndose de manera sistemática en financiamiento, armas, inteligencia, entrenamiento y corredores logísticos para los distintos contendientes, la regionalización habrá dado un salto cualitativo y la hipótesis de una guerra proxy dejará de ser solamente una pregunta.

En ese escenario, detrás de Mekelle ya no se discutiría únicamente el futuro de Tigray ni la organización del federalismo etíope. Estarían también en juego la capacidad de Addis Abeba para proyectarse hacia el Mar Rojo, la soberanía territorial de Eritrea, la posición egipcia sobre el Nilo, los corredores logísticos emiratíes, la profundidad estratégica israelí frente a Yemen y la arquitectura de seguridad que Estados Unidos, China y otras potencias intentan preservar alrededor de Bab el-Mandeb.

El verdadero peligro no reside simplemente en que actores externos intervengan en una guerra etíope. Reside en que lleguen a considerar que sus propios intereses dependen de que alguno de los bandos etíopes gane. Ese sería el punto exacto en el que una guerra nacida dentro de Etiopía comenzaría definitivamente a convertirse en una guerra por Etiopía.