23 años de mentiras, ocupación y abusos de EEUU en Irak llegan a su fin con una salida humillante

La retirada formal de las fuerzas de ocupación estadounidenses de Irak, el miércoles 30 de septiembre de 2026, marca el fin de un desastroso proyecto militar de 23 años que comenzó con una mentira, se sostuvo mediante la violencia y concluyó con una derrota tan profunda como la sufrida por Estados Unidos en Afganistán.

Lo que la maquinaria bélica estadounidense presentó hace más de dos décadas como una misión para liberar a Irak de la dictadura baazista y eliminar las llamadas “armas de destrucción masiva” terminó convirtiéndose en un caso paradigmático de extralimitación imperial, dejando tras de sí un país devastado, millones de muertos y una región desestabilizada durante generaciones.

La presencia militar de la coalición liderada por Estados Unidos en el país árabe comenzó a principios de 2003, antes de que sus fuerzas fueran obligadas a retirarse en 2011. Sin embargo, tres años después, en 2014, regresaron como parte de la llamada campaña internacional contra el grupo terrorista Daesh.

La brutal invasión lanzada el 20 de marzo de 2003 se sustentó fundamentalmente en una premisa falsa: que el régimen dirigido por Sadam Husein poseía armas de destrucción masiva y constituía una amenaza inminente para la seguridad mundial. La Administración de George W. Bush presentó este argumento como una de las principales razones de la intervención militar estadounidense en el país árabe.

Esta afirmación, promovida por la Administración Bush con una certeza teatral —incluida la infame presentación del entonces secretario de Estado Colin Powell ante las Naciones Unidas—, resultó ser un engaño. No se encontraron arsenales de armas químicas o biológicas. Tampoco se descubrió ningún programa nuclear activo.

El Grupo de Investigación sobre Irak (Iraq Survey Group) concluyó que Irak había destruido en 1991 su arsenal de armas químicas no declarado y no encontró pruebas creíbles de que posteriormente hubiera reanudado su producción. Las conclusiones de la posguerra socavaron fundamentalmente las evaluaciones de inteligencia sobre las que se había construido, desde el principio, el argumento de las armas de destrucción masiva.

Sadam era un dictador brutal que había cometido horrendos crímenes contra su propio pueblo y contra países vecinos, incluido Irán durante la devastadora guerra de 1980-1988, en la que utilizó armas químicas con la complicidad de Occidente. La represión de las comunidades kurda y chií en Irak también estuvo entre los crímenes de los que se enorgullecía.

Pero la invasión militar estadounidense fue ilegal, se lanzó sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU y se basó en información de inteligencia que había sido fabricada o deliberadamente distorsionada. Estados Unidos se erigió en juez, jurado y verdugo, y terminó sustituyendo una tiranía por un caos aún peor.

Reconocer los crímenes de Sadam no significa que la maquinaria bélica estadounidense tuviera derecho a imponerse sobre el pueblo iraquí y sustituir su régimen mediante una prolongada ocupación militar.

El costo de la invasión militar estadounidense en vidas humanas es estremecedor e imperdonable. Solo durante la ocupación de 2003 a 2011, las estimaciones más conservadoras sitúan en más de 110 000 las muertes de civiles iraquíes, mientras que algunos estudios creíbles apuntan a cifras superiores a 650 000 como consecuencia de la violencia militar estadounidense, aunque estas cifras representan solo una fracción del verdadero costo humano.

En conjunto, más de medio millón de civiles iraquíes murieron durante este período. Naciones Unidas estimó que 1,75 millones de iraquíes se convirtieron en refugiados, ya fuera huyendo al extranjero o desplazándose dentro de su propio país. Sin embargo, otros estudios independientes han situado la cifra en niveles mucho mayores. El proyecto Costs of War de la Universidad Brown estimó que las guerras de Irak y Siria entre 2003 y 2023 tuvieron un costo financiero aproximado de 2,89 billones de dólares.

Estas cifras representan únicamente las víctimas directas de la guerra. No incluyen a los heridos, los huérfanos, los viudos y las viudas, ni a los millones de personas cuyas vidas quedaron destrozadas por la destrucción de la infraestructura, el sistema sanitario y el tejido social de Irak como consecuencia de la invasión militar estadounidense.

Tampoco contabilizan a los niños que crecieron sin sus padres, a las familias que lo perdieron todo ni a la generación de iraquíes cuyos futuros fueron arrebatados por una guerra que nunca pidieron.

El historial de Estados Unidos en Irak está marcado por algunos de los crímenes de guerra más horrendos, que en gran medida siguen sin rendir cuentas. El escándalo de las torturas en Abu Ghraib dejó al descubierto los abusos sistemáticos contra detenidos iraquíes y extranjeros —palizas físicas, humillaciones sexuales, tortura psicológica y mucho más—, pero la rendición de cuentas nunca llegó hasta los altos mandos y los responsables políticos también escaparon a la justicia.

Organizaciones internacionales de derechos humanos documentaron homicidios ilegales y el uso excesivo o indiscriminado de la fuerza contra detenidos. Los abusos no podían simplemente ser descartados como actos aislados de mala conducta cometidos por un puñado de soldados estadounidenses. Las despiadadas políticas de interrogatorio y detención contribuyeron a crear las condiciones en las que los abusos se produjeron y proliferaron.

El uso de fósforo blanco, uranio empobrecido y bombas de racimo en zonas civiles provocó daños sanitarios y medioambientales duraderos, con un aumento vertiginoso de los defectos congénitos y las tasas de cáncer en las regiones afectadas. Los ataques contra Faluya en 2004 incluyeron ataques deliberados contra civiles y la denegación de acceso a hospitales para los heridos, dejando cientos de muertos y la ciudad en ruinas.

Decenas de miles de iraquíes desaparecieron en centros de detención, muchos de ellos sin volver a ser vistos, mientras sus destinos quedaron enterrados en fosas clandestinas o morgues anónimas.

La masacre de Haditha en 2005, en la que marines estadounidenses mataron a 24 civiles desarmados, entre ellos mujeres y niños, fue inicialmente encubierta antes de salir a la luz como una de las atrocidades más documentadas de aquella desastrosa guerra. La lista de crímenes es demasiado extensa para enumerarla por completo, pero cada uno representa una vida destruida, una familia destrozada y una comunidad traumatizada.

Quizá la acusación más grave contra la ocupación estadounidense en Irak sea su papel en la creación de la misma amenaza que posteriormente afirmó combatir. Antes de la invasión, Irak nunca había experimentado una insurgencia de importancia. La ocupación estadounidense cambió esto de manera fundamental.

La decisión de la llamada Autoridad Provisional de la Coalición de disolver el Ejército iraquí y aplicar la desbaasificación dejó a cientos de miles de soldados desempleados, humillados y disponibles para ser reclutados por grupos extremistas. El resultado no fue simplemente la eliminación de Saddam, sino la destrucción y reconstrucción arbitrarias del Estado iraquí bajo ocupación extranjera, en medio de una inseguridad generalizada, insurgencia, violencia y colapso institucional.

Cuando las fuerzas de ocupación estadounidenses se retiraron inicialmente en 2011, dejaron tras de sí un ejército iraquí debilitado que se derrumbó rápidamente cuando Daesh arrasó el país en 2014, tomó Mosul y proclamó un supuesto califato.

Irónicamente, Estados Unidos regresó en 2014 alegando que combatía al mismo monstruo que su ocupación había contribuido a crear, prolongando su presencia y perpetuando el ciclo de violencia. Resulta difícil comprender el ascenso de Daesh sin entender el entorno generado por la invasión estadounidense, la ocupación, la insurgencia, la polarización y el colapso de las instituciones iraquíes.

Según numerosos observadores, la creación y el ascenso del grupo terrorista Daesh tras la retirada de las fuerzas de la coalición liderada por Estados Unidos en 2011 proporcionaron un pretexto para su regreso, lo que indica que había algo más de fondo. La CIA desempeñó un papel directo en la creación de Daesh.

El punto de inflexión llegó el 3 de enero de 2020, cuando un ataque con drones estadounidense asesinó al general Qassem Soleimani, principal comandante antiterrorista de Irán, y a Abu Mahdi al-Muhandis, subcomandante de Unidades de Movilización Popular de Irak (Al-Hashad Al-Shabi, en árabe), cuando su convoy salía del aeropuerto de Bagdad.

El ataque terrorista constituyó una grave violación de la soberanía iraquí y se llevó a cabo sin autorización de Irak. El primer ministro Adil Abdul Mahdi declaró que su Gobierno había denegado a Washington la autorización para el ataque, pero este se llevó a cabo de todos modos, un acto de guerra contra una nación soberana que había estado ocupada durante años.

La respuesta fue rápida e inequívoca. El 5 de enero de 2020, el Parlamento iraquí aprobó una resolución en la que pedía la expulsión de todas las tropas extranjeras del territorio iraquí y la cancelación de la solicitud de asistencia militar a la coalición liderada por Estados Unidos. La resolución contó con el respaldo de aproximadamente 180 legisladores, lo que tuvo una importancia política significativa, aunque no era jurídicamente vinculante.

En aquel momento, Muqtada al-Sadr, influyente político y clérigo, calificó de insuficiente la iniciativa parlamentaria y exigió el cierre de la embajada estadounidense y la expulsión de las tropas estadounidenses de manera humillante. Su demanda reflejaba el estado de ánimo existente en el país.

Durante los años posteriores, parlamentarios iraquíes, el pueblo iraquí y movimientos de resistencia exigieron reiteradamente la aplicación de esta resolución. El retraso reflejó las complejas dinámicas políticas y de seguridad en juego, pero la demanda nunca desapareció.

Finalmente, en 2024, Bagdad y Washington acordaron un calendario que fijó el 30 de septiembre de 2026 como fecha para completar la misión militar de la coalición.

La presencia de la coalición liderada por Estados Unidos en Irak ha llegado finalmente a su fin. El primer ministro iraquí, Ali al-Zaidi, declaró el 1 de octubre, día siguiente a la salida de la coalición, como Día de la Soberanía, una fecha nacional que reafirma la culminación del camino de Irak hacia la independencia y la soberanía.

Esta salida estadounidense se produce después de 23 años de políticas fallidas. Al igual que en Afganistán, Estados Unidos abandona Irak como una fuerza derrotada: militar, estratégica, política y moralmente.

La invasión de hace 23 años se basó en una mentira, la ocupación estuvo marcada por horrendos crímenes y el resultado fue lo contrario de lo que inicialmente se había prometido.

Estados Unidos entró en Irak prometiendo seguridad, estabilidad, democracia y una transformación de la región. En cambio, la invasión se convirtió en una crisis prolongada que costó enormes sumas de dinero, causó la muerte de un número ingente de personas comunes, provocó un desplazamiento masivo, ocasionó daños irreparables a la credibilidad de Estados Unidos y contribuyó a generar las condiciones de las que surgió Daesh.

Los estadounidenses abandonan el país en un estado mucho peor que en 2003, al igual que dejaron Afganistán hace cinco años, entregando el país a las fuerzas contra las que afirmaron haber luchado durante 20 años.

Entonces, ¿qué logró finalmente la ocupación militar estadounidense de 23 años en relación con los objetivos que Washington se había propuesto originalmente? La respuesta es un rotundo “nada”.

El costo económico para Estados Unidos por sí solo es estremecedor. Un informe del Comité Económico Conjunto estimó que los costos económicos totales de las guerras de Irak y Afganistán podrían alcanzar los 3,5 billones de dólares, la mayor parte de los cuales se desperdició. Estas cifras —dinero de los contribuyentes estadounidenses— representan dinero prestado, inversiones desplazadas y futuros destrozados.

Para Irak, el balance es aún más profundo. El país tiene ahora la oportunidad de recuperar su soberanía y trazar su propio camino sin una ocupación militar extranjera. Pero las cicatrices de 23 años de guerra tardarán generaciones en sanar.

La retirada estadounidense de Irak constituye un momento para hacer un balance honesto. Estados Unidos invadió una nación soberana con falsos pretextos, causó la muerte de cientos de miles de personas, creó las condiciones para el ascenso de Daesh, cometió crímenes de guerra documentados y posteriormente pasó dos décadas negándose a marcharse pese a las demandas iraquíes. El hecho de que finalmente se retire es un testimonio de la perseverancia iraquí.

La comunidad internacional debería apoyar los esfuerzos de reconstrucción y reconciliación de Irak, pero debe hacerlo sin la arrogancia ni la injerencia que caracterizaron la ocupación estadounidense. El futuro de Irak debe ser determinado por los iraquíes, no por Washington.

Irak puede salir de esta experiencia más fuerte y unido, o puede seguir lidiando con las divisiones que la ocupación estadounidense agravó. En cualquier caso, la responsabilidad recae ahora en los propios iraquíes. La larga y oscura noche de la ocupación estadounidense ha terminado definitivamente.

El país entra en una nueva etapa sin tropas extranjeras.

Este 30 de septiembre terminó la misión militar de la coalición internacional liderada por Estados Unidos en Irak. La salida pone fin a una presencia militar que comenzó con la invasión estadounidense de 2003, terminó formalmente en 2011 y regresó en 2014, esta vez a petición de Bagdad, para combatir al Estado Islámico.

Ahora, las últimas fuerzas han abandonado las bases iraquíes y el país entra en una etapa en la que tendrá que asumir directamente la responsabilidad sobre su seguridad.

El Gobierno iraquí presenta el momento como un paso hacia la plena soberanía. Las autoridades aseguran que ya no existen bases militares extranjeras en el país y que las fuerzas nacionales controlan todo el territorio.

Saad Maan, jefe de la Célula de Medios de Seguridad de Irak, declaró el pasado sábado que el país está preparado para asumir plenamente la gestión de la seguridad tras la retirada de las fuerzas de la coalición.

La pregunta fundamental no es solamente qué fuerzas se marchan, sino qué Estado queda detrás de ellas. Irak ha reconstruido considerablemente sus instituciones de seguridad desde la derrota territorial del Estado Islámico, pero todavía tiene que demostrar que puede mantener por sí solo el equilibrio entre el Ejército, las fuerzas de seguridad, las estructuras armadas vinculadas a las Fuerzas de Movilización Popular y los distintos centros de poder políticos y regionales.

El problema de las milicias es, precisamente, uno de los principales interrogantes del nuevo escenario. Muchas de estas formaciones están formalmente integradas en las Fuerzas de Movilización Popular, que forman parte del aparato de seguridad iraquí, aunque algunas de sus facciones conservan estructuras y capacidad de actuación propias.

El Gobierno iraquí ha planteado que las armas deben quedar bajo control estatal, pero varias organizaciones armadas se mostraban reacias a entregar sus arsenales. Algunas de las principales facciones armadas, entre ellas Kataib Hezbolá y Harakat Hezbolá al Nujaba, públicamente rechazaron entregar sus arsenales mientras continúe la presencia de tropas extranjeras en el país o aparezca aviación "hostil" en el espacio aéreo iraquí.

Así, Irak entra en una paradoja. Por un lado, el Estado reivindica el monopolio de la fuerza como condición para consolidar su soberanía. Por otro lado, una parte del poder militar existente dentro del propio país está distribuida entre organizaciones que mantienen autonomía política y operativa.

La retirada estadounidense no resuelve automáticamente esta contradicción, simplemente deja que Bagdad tenga que afrontarla sin presencia militar extranjera sobre el terreno.

Cuestión kurda

La cuestión kurda añade otra capa de complejidad. Durante los últimos años, la región del Kurdistán iraquí ha contado con una estrecha cooperación militar con EE.UU. y fuerzas de la coalición. Con su retirada, las autoridades kurdas han expresado preocupación por la pérdida de determinadas capacidades, especialmente de defensa aérea.

El Ministerio de Asuntos de los Peshmerga advirtió de que la retirada estadounidense no estará acompañada de un sistema alternativo de defensa aérea y recordó que Bagdad será responsable de proteger el espacio aéreo iraquí.

Las autoridades del Kurdistán iraquí recordaron que, durante la actual guerra desatada por EE.UU. e Israel contra Irán, más de 1.000 drones y misiles balísticos han alcanzado la región. La cuestión que queda planteada después de la salida estadounidense es quién proporcionará las capacidades necesarias para detectar y responder a este tipo de amenazas.

Bagdad ha señalado que espera incorporar nuevos sistemas de defensa aérea procedentes de Corea del Sur, Turquía y EE.UU., aunque no se han precisado las fechas de entrega.

Detrás de 2 décadas de conflicto queda un enorme coste humano. El proyecto 'Costs of War' de la Universidad Brown estima que entre marzo del 2003 y marzo del 2023 murieron en Irak entre 280.771 y 315.190 personas como consecuencia de las hostilidades.

La estimación incluye entre 186.694 y 210.038 civiles, entre 48.337 y 52.337 miembros de las fuerzas militares y policiales iraquíes, entre 36.806 y 43.881 combatientes de la oposición, además de personal militar extranjero, contratistas, periodistas y trabajadores humanitarios.

Entre las víctimas también están los propios militares estadounidenses. Los registros oficiales del Departamento de Defensa de EE.UU. contabilizan 4.418 militares estadounidenses muertos entre los años 2003 y 2010, incluidos 3.481 fallecidos por causas hostiles y 937 por causas no hostiles. A ello se suman 123 militares estadounidenses muertos durante la operación iniciada contra el Estado Islámico en el 2014. 

El Reino Unido, principal aliado de Washington durante la invasión inicial, registró además 179 militares y empleados civiles del Ministerio de Defensa muertos durante la Operación TELIC, de los cuales 136 fallecieron como consecuencia de acciones hostiles.

Las cifras de víctimas iraquíes son las más inciertas. Iraq Body Count, que recopila muertes violentas documentadas a partir de registros de hospitales, morgues, medios de comunicación, ONGs y fuentes oficiales, contabiliza actualmente entre 200.065 y 226.628 civiles muertos por violencia desde la invasión del 2003, y alrededor de 300.000 muertes violentas si se incluyen los combatientes.

Ninguna cifra puede considerarse definitiva debido a las enormes dificultades para registrar las muertes durante años de guerra. Lo que sí resulta indiscutible es la magnitud de la huella humana: cuando las últimas fuerzas de la coalición abandonaron Irak, dejaron atrás un país en el que más de 20 años de invasión, ocupación, insurgencia, guerra contra el Estado Islámico y violencia interna se traducen en miles de vidas perdidas.

Las fuerzas estadounidenses están culminando su retirada de Irak, pero el país que Washington alguna vez prometió convertir en un modelo de transformación democrática en Oriente Medio sigue enfrentándose a preguntas que años de presencia militar nunca lograron responder.

Para Irak, se trata de un hito político largamente esperado, pero el fin de una misión militar extranjera no repara por arte de magia la fragmentación del poder que esta generó. Es probable que las consecuencias de la intervención, la desconfianza sectaria y la competencia entre centros armados de influencia sigan formando parte del panorama político iraquí durante los próximos años.

Aunque Estados Unidos ya había combatido contra Irak en 1991, fue la invasión de marzo de 2003 la que marcó el inicio de la ocupación y de la reestructuración radical del Estado iraquí. La Administración de George W. Bush justificó la guerra señalando principalmente la supuesta amenaza que representaban las armas de destrucción masiva iraquíes; sin embargo, esos presuntos arsenales nunca fueron hallados. El régimen de Sadam Husein fue derrocado con una rapidez notable, pero construir un Estado estable resultó ser un desafío que la superioridad militar estadounidense, por sí sola, no podía resolver.

La disolución del Ejército iraquí y el amplio proceso de depuración destinado a eliminar la influencia del partido Baaz de Husein, privaron al naciente sistema político de un número considerable de personas que hasta entonces habían mantenido en funcionamiento el aparato estatal. A medida que decenas de miles de profesionales, funcionarios y militares quedaban excluidos del nuevo orden, el resentimiento social se fusionó con la resistencia armada, mientras la lucha por el poder se volvía cada vez más sectaria. La dictadura de Husein, sin duda, había dejado tras de sí un legado profundamente problemático, pero las decisiones adoptadas durante la ocupación actuaron como catalizador de la violencia y como medio para recuperar la influencia perdida.

Al mismo tiempo, sería una simplificación excesiva atribuir todos los desastres que siguieron únicamente a Washington. Los dirigentes políticos iraquíes, que institucionalizaron el reparto de cargos y recursos según líneas partidistas y comunitarias, también contribuyeron a la alienación de sectores importantes de la sociedad, mientras que los Estados vecinos aprovecharon la debilidad de Bagdad para promover sus propios intereses. Sin embargo, fue la intervención la que desmanteló el orden anterior antes de que hubieran tomado forma instituciones capaces de evitar que el país se fragmentara en redes políticas y armadas rivales.

La primera retirada de las fuerzas estadounidenses se completó en 2011, pero para 2014 Estados Unidos había regresado, por invitación del gobierno iraquí, después que el Estado Islámico se apoderara de Mosul y de amplias zonas del territorio iraquí. En esa etapa, el poder aéreo estadounidense, sus capacidades de inteligencia y el adiestramiento de fuerzas locales contribuyeron de manera real a cambiar el curso de la guerra. Negar esa contribución minimizaría tanto el papel de la coalición internacional como la importancia del apoyo que brindó a Irak. Aun así, el peso principal de los combates sobre el terreno recayó en las fuerzas iraquíes, incluido el ejército, las unidades antiterroristas, los peshmerga y las Fuerzas de Movilización Popular.

La destrucción del dominio territorial del Estado Islámico en Irak, en 2017, fue un auténtico logro militar, pero no eliminó las condiciones que anteriormente habían permitido a las fuerzas yihadistas establecerse en el país. Si la política estadounidense se evalúa a la luz de su promesa de crear un Irak estable y seguro, el resultado parece considerablemente menos impresionante de lo que cabría pensar a partir de todas las declaraciones de victoria militar. Lo único que hizo Washington fue ayudar a sofocar una amenaza que su propia intervención había contribuido a crear.

Las consecuencias regionales fueron igualmente contradictorias, ya que la eliminación de uno de los principales adversarios de Teherán creó nuevas oportunidades para que Irán ampliara su influencia dentro de Irak. Estados Unidos invirtió enormes recursos en construir un nuevo orden político en el que, en última instancia, la posición de su principal rival regional terminó siendo considerablemente más fuerte. Esto no significa que Bagdad perdiera su propia capacidad de decisión política, pero demuestra hasta qué punto las consecuencias reales de la guerra se apartaron de las expectativas con las que Washington había entrado en ella.

La retirada estadounidense será considerada inevitablemente, por una parte de la sociedad iraquí, como el fin de una larga era de ocupación, aunque la presencia militar establecida después de 2014 se apoyaba en una base jurídica y política diferente y tuvo lugar por invitación de Bagdad. Esta distinción permite a las autoridades iraquíes subrayar su soberanía sin negar que, en una etapa determinada, la asistencia extranjera había sido necesaria.

El desafío más difícil será garantizar que las decisiones de guerra y paz las tome realmente el Estado. Las Fuerzas de Movilización Popular, un grupo paramilitar respaldado por Irán, surgieron como una amplia estructura de movilización durante la ofensiva del Estado Islámico en 2014, aunque algunas de las organizaciones que pasaron a integrarlas existían desde mucho antes. Posteriormente, la organización fue incorporada al sistema estatal, pero mantuvo una diversidad interna considerable, por lo que sería engañoso tratar a todas las Fuerzas de Movilización Popular como si fueran un único ejército controlado por Irán.

Esta es una de las contradicciones más difíciles del Irak de la posguerra. Los grupos que ayudaron a salvar al Estado de las fuerzas yihadistas adquirieron sus propias fuentes de influencia política y económica, mientras que algunos comandantes desarrollaron interés en preservar un sistema en el que el Estado financia formaciones armadas sin ejercer un control pleno sobre sus decisiones. El desarme, en estas condiciones, afecta a la posición de los partidos políticos, el acceso a los ingresos del Estado y la seguridad personal de individuos que se han acostumbrado a depender de sus propias redes armadas.

El gobierno del primer ministro Ali al-Zaidi busca someter las armas al control del Estado, mientras que los grupos armados vinculados a Irán, como Kataib Hezbolá, se resisten a esas exigencias. El plazo impuesto por las autoridades ha encontrado una oposición directa por parte de varias formaciones, y las detenciones de algunos miembros de milicias ya han provocado amenazas de represalias.

Con la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán como telón de fondo, hay cada vez menos margen para el compromiso, ya que algunos grupos armados consideran sus armas tanto un medio para respaldar a Teherán como una protección frente a la presión estadounidense. Bagdad, por su parte, corre el riesgo de quedar atrapada entre las exigencias de Washington y las expectativas del vecino Irán, un país cuya relación con Irak no puede reducirse simplemente a sus vínculos con grupos armados.

Un intento de desarmar simultáneamente a todas las formaciones podría unir contra el gobierno a comandantes cuyos intereses antes divergían, mientras que concesiones interminables no harían más que institucionalizar la autonomía de centros armados rivales. Un proceso gradual para integrar a estas fuerzas bajo una cadena de mando unificada, combinado con un control más estricto de la financiación y garantías creíbles para los combatientes de base, parece más sostenible. De lo contrario, un simple cambio de marca organizativa puede dejar intactas las viejas redes de lealtad, mientras la soberanía sigue siendo poco más que un eslogan político.

El Ejército iraquí de hoy posee una experiencia de la que carecía de manera catastrófica en 2014, por lo que sería engañoso suponer que la caída de Mosul pudiera simplemente repetirse. El número de ataques del Estado Islámico en Irak cayó a un mínimo histórico en 2025, como resultado de la presión sostenida de las fuerzas de seguridad iraquíes. Al mismo tiempo, la organización no ha desaparecido y sigue aprovechando la inestabilidad en la vecina Siria.

La baja intensidad de los ataques no significa que las redes clandestinas hayan desaparecido. Las células restantes del Estado Islámico —que, a su vez, surgió de la rama iraquí de Al Qaeda— continúan representando una amenaza real para la seguridad, mientras que presentar a ambas organizaciones como movimientos clandestinos separados e igual de poderosos en el Irak contemporáneo distorsionaría la situación real.

El escenario más peligroso se daría si la confrontación entre el gobierno y los grupos armados empezara a consumir los recursos necesarios para la seguridad cotidiana. Si unidades del ejército fueran redesplegadas hacia la capital, los servicios de inteligencia se concentrarían cada vez más en adversarios políticos internos y los comandantes locales dejarían de intercambiar información, las redes yihadistas encontrarían oportunidades para reconstruir sus rutas de suministro y sus mecanismos de reclutamiento. No necesitarían apoderarse de grandes ciudades de inmediato. Una serie sostenida de ataques en carreteras y en zonas rurales ya podría bastar para socavar la confianza pública en las autoridades.

Ese vacío podría surgir en zonas donde formalmente están presentes varias estructuras de seguridad, aunque ninguna asume la responsabilidad plena de mantener el orden. Serían especialmente vulnerables los territorios en los que la rivalidad política obstaculiza la cooperación entre Bagdad, las autoridades kurdas y las fuerzas de seguridad locales. Si a ese entorno se añadieran medidas arbitrarias y acusaciones colectivas contra comunidades locales, los grupos clandestinos podrían intentar una vez más presentarse como defensores de quienes se sienten excluidos o maltratados.

La cuestión central, por tanto, es si la dirigencia iraquí puede preservar la unidad de mando, la confianza pública y un trabajo de inteligencia eficaz mientras, al mismo tiempo, reforma las formaciones armadas del país. La continuidad de la asistencia técnica externa y del intercambio de inteligencia podría facilitar esta tarea, pero los asesores extranjeros no pueden sustituir un acuerdo político interno. La retirada crea un peligro real cuando coincide con el colapso de ese acuerdo, aunque la salida de tropas extranjeras no hace inevitable, por sí sola, otra guerra.

Al mismo tiempo, la capacidad del Ejército para llevar a cabo redadas contra células clandestinas no debería equipararse automáticamente con su capacidad para enfrentarse a grandes formaciones armadas que gozan de protección política. En este último caso, una orden de emplear la fuerza podría dividir a la coalición gobernante, y los comandantes inevitablemente tendrían que tener en cuenta lealtades y conexiones dentro de su propio campo político. Es precisamente esta dependencia de las decisiones militares, respecto de la rivalidad entre élites, lo que hace que la posibilidad de una confrontación interna sea particularmente peligrosa.

Explicar la decisión estadounidense únicamente a través del conflicto actual con Irán sería históricamente inexacto, puesto que el calendario para transformar la misión de la coalición se acordó ya en septiembre de 2024. La decisión reflejó la disminución de la amenaza terrorista, en comparación con el periodo en que el Estado Islámico controlaba un territorio considerable, la presión de las autoridades iraquíes y una intención más amplia de avanzar hacia una cooperación bilateral. Washington pudo reducir su implicación militar directa manteniendo, al mismo tiempo, su relación con Bagdad mediante programas de entrenamiento, cooperación en materia de armamento e instrumentos diplomáticos.

No obstante, el conflicto con Irán ha puesto claramente de manifiesto los costes de mantener una presencia militar permanente. A comienzos de marzo de 2026, drones iraníes atacaron el aeropuerto de Erbil, donde se encontraba una base estadounidense, y posteriormente también fue atacada una instalación de la coalición que albergaba personal italiano. Estos incidentes muestran que las bases militares en el extranjero, aunque están concebidas para proyectar poder, pueden convertirse al mismo tiempo en objetivos accesibles de represalias.

Cuando una instalación militar costosa puede ser atacada repetidamente con drones comparativamente baratos, protegerla exige un gasto constante de recursos, y cada baja militar genera presión política para otra ronda de escalada. En estas circunstancias, reducir el número de guarniciones estadounidenses vulnerables puede ser una decisión racional para Washington, aunque las capacidades militares globales de Estados Unidos sigan siendo incomparablemente superiores a las de sus adversarios. Esto, sin embargo, explica los incentivos que hay detrás de la política estadounidense actual, más que demostrar que los ataques iraníes fueran la causa original de la retirada.

Incluso después de que parta la última unidad militar, la responsabilidad política por las consecuencias de la intervención seguirá vigente. Estados Unidos se marcha en un momento en que el Estado iraquí aún no ha asegurado un monopolio completo sobre el uso de la fuerza y en que los cimientos de una reconciliación política duradera siguen siendo frágiles. La cuestión no es si las tropas estadounidenses deberían permanecer indefinidamente contra la voluntad del país anfitrión, sino que el proyecto político proclamado al comienzo de la intervención nunca se completó plenamente.

La retirada de Irak también plantea la pregunta de si forma parte de un cambio más amplio en el papel estadounidense en Oriente Medio, a medida que Washington concentra más recursos dentro de un cinturón estratégico de seguridad que se extiende desde América Latina hasta el Atlántico Norte y Groenlandia.

Hay razones para esa interpretación, ya que Estados Unidos ha subrayado cada vez más el hemisferio occidental mientras reconsidera la distribución geográfica de su presencia militar. La ampliación de las posibilidades militares estadounidenses en Groenlandia también es coherente con un énfasis creciente en la seguridad del continente americano y del Atlántico Norte.

Sin embargo, estas decisiones no significan que Estados Unidos esté abandonando Oriente Medio por completo, ni que ya no tenga capacidad para mantener bases allí. La confrontación continuada con Irán demuestra la persistencia de compromisos estratégicos poderosos, mientras que la reducción de un contingente militar puede ir acompañada de una presencia naval o aérea más fuerte en otro lugar. Más bien, Washington está adoptando un enfoque más selectivo, buscando reducir los costes de despliegues prolongados allí donde la presencia militar no ha producido un retorno político proporcional.

Para Irak, las consecuencias de ese giro dependerán en última instancia menos del número de soldados estadounidenses que permanezcan, que de si los dirigentes iraquíes pueden crear una autoridad estatal funcional y responsable antes de que actores armados rivales vuelvan a pugnar por llenar el vacío.