Redacción
El documento se titula ‘Panorámica del argumentario economicista a favor de la independencia de Cataluña: mitos y realidad’ y se incluye en la II Parte del último análisis del IEE sobre la ‘cuestión catalana’ (‘La cuestión catalana II. Balanzas fiscales y tratamiento fiscal de Cataluña’). En el acto de presentación, que tuvo lugar el pasado 3 de marzo en el Círculo Ecuestre de Barcelona, participó el propio profesor Polo, acompañado de José Luis Feito, presidente del IEE, y de Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA).
La primera parte de este trabajo del IEE ya fue utilizada por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, para desacreditar las demandas soberanistas catalanas.
En esta segunda parte del estudio, Clemente Polo argumenta algo que trasciende el debate económico y es de público conocimiento: que, en caso de secesión, la Constitución prevé la intervención de las Fuerzas Armadas para garantizar la integridad territorial. Asimismo, sostiene que el Gobierno central llevaría a cabo otra serie de medidas, como ilegalizar a los partidos que apoyasen la independencia, encarcelar a sus líderes, clausurar el Parlament y dejar en suspenso el Estatut.
Claro está que cada persona tiene libertad para opinar sobre el tema en cuestión, pero cuando esa opinión personal se vincula a instituciones de representación colectiva, conviene que sean lo más prudentes posibles y adecuadas al ámbito de su actividad, que en el caso del IEE y de FEDEA se limita estatutariamente al de la economía y la empresa. No parece por tanto adecuado que Clemente Polo ni el IEE enreden con un tema tan delicado como el de la intervención militar en Cataluña, aunque en su caso ésta tuviera causa constitucional.
Las alusiones a actuaciones extremas de las Fuerzas Armadas, innecesarias y que más bien son llamadas al ‘calentamiento’ del problema, no son bien vistas por el ministro de Defensa, Pedro Morenés, ni por los altos mandos de la Institución Militar, que se saben sometidos a la autoridad civil incluso en la interpretación de sus funciones y cometidos constitucionales, sin necesidad de que nadie promueva gratuitamente la animosidad contra ellas de ningún sector de la población española.
Si a los militares no se les está permitido opinar sobre cuestiones políticas ni participar en las organizaciones partidistas, sería cuando menos deseable que desde posiciones ideológicas interesadas (y fuera del Parlamento o del ámbito gubernamental) nadie intente utilizar al Ejército en apoyo de sus ideas personales o como instrumento arrojadizo contra sus adversarios. Exasperando además a los partidarios del independentismo, en vez de intentar concitar la unidad nacional con ideas y argumentos positivos.